Después de los cambios en el Gabinete, Patricia Bullrich dejó a un lado las discusiones internas, dio un giro y se puso espalda con espalda con los Milei. Eligió un enemigo en común, la vicepresidenta Victoria Villarruel, que terminó de ubicarse como opositora. Y en la Casa Rosada, conformes con el repliegue, le devolvieron el gesto.

Los chats de ayer de la (autodenominada) “socia” de PRO contra Victoria Villarruel y el mensaje nocturno responsabilizando a la vice por la postergación del debate sobre el polémico proyecto de propiedad privada en el Senado fueron muestras de la estrategia de la jefa del bloque libertario en la Cámara alta de volver a sintonizar con la dupla presidencial.

En el entorno de Bullrich, lejos de hacer un mea culpa por la forzada dilación, dijeron que el oficialismo fracasó por un combo de razones, entre las cuales descartaron cualquier error de cálculo propio y apuntaron principalmente a Villarruel. Según dijeron, por sus “fuertes operaciones” para que no hubiera quórum (cosa que finalmente se consiguió, y por eso se pudieron votar los pliegos de jueces).

Karina Milei acaba de empoderar a Diego Santilli, que se transformó en el principal interlocutor con los aliados amarillos, además de Cristian Ritondo en Diputados. Y dio varias señales de que planea intervenir de manera personal o por medio de alfileres propios en el Congreso, como se vio con las convocatorias de los diputados y senadores violetas en Balcarce 50 o la visita de la hermana presidencial a la Cámara baja, fotos mediante.

Bullrich, apuntan en el planeta libertario, corre riesgo de quedarse sin lugar en el oficialismo mientras juega a plantarse frente a los Milei y analiza pros y contras de sus posibles destinos políticos. Uno de ellos es ser candidata a vice en la búsqueda de la reelección, pero si los Milei ya no confían en ella, puede llegar a costarle que le aseguren ese puesto. Un lugar por el cual hay otros competidores como, dicen aunque ellos lo nieguen, Martín Menem o Sandra Pettovello.

La caída de la sesión no sólo fue un fracaso para el Gobierno sino que se festejó como un triunfo en el kirchnerismo y el PJ, que salieron a apropiarse de la derrota oficialista. Y los festejos en el campamento enemigo generaron una oleada de ira en el oficialismo. Aún así, en la Casa Rosada evitaron cualquier tipo de cuestionamiento en contra de Bullrich. “Podría haber sido peor”, se limitó a decir un funcionario anoche, sobre la sesión. En el karinismo se cuidaron de criticarla, pero no la defendieron. Mientras que en el sector de Santiago Caputo se comprometieron un poco más: dijeron que “por supuesto” no la culpaban, sino a Villarruel.

Por la noche, en la Bolsa de Comercio, Milei habló del traspié senatorial por encima y sin referencias puntuales: “Véanlos hablar, véanlos actuar. Esos son los responsables de la decadencia argentina. Esos son los que violentaron el derecho de propiedad, son los que nos hundieron”, dijo vagamente, en aparente referencia a la oposición.

No es extraño ni nuevo que elijan cuidarla. En la etapa de los cruces por Adorni, Karina se dejó cuestionar por Bullrich sin tomar represalias, en una actitud muy ajena a sus tajantes costumbres políticas. A pesar del malestar con sus desmarques, como es ya box populi, los Milei sostienen el vínculo con Bullrich cueste lo que cueste mientras necesitan de su respaldo como líder del sector “republicano” de los votantes, en especial, y seguir para sumar adhesiones en las próximas elecciones.

Usar a Villarruel como chivo expiatorio de los traspiés en el Senado es un clásico de La Libertad Avanza. De hecho, así lo hicieron en cada tropiezo: desde el financiamiento a las universidades hasta los pliegos de jueces hasta los vetos presidenciales fueron colocados en los hombros de la vice. Que, sin dudas, terminó de transformarse en un miembro más de la oposición.

Cerca de Bullrich también se defendieron con otros argumentos: la escasez de senadores propios y el faltazo de dos soldados de LLA. “Se prefirió pasarlo para estar más tranquilos”, dijeron en el bloque violeta, para bajarle el dramatismo a la derrota.

Y pasaron una cuota de la factura a uno de los principales autores del proyecto de reforma, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Tendremos más tiempo para seguir analizando las dudas. Es real también que había dividendos de Sturzenegger con algún tema”, deslizaron.

Cerca de Villarruel se defendieron y aseguraron que Bullrich filtró el diálogo sobre la postergación de la deuda para “quedar bien con la Rosada” porque, según aseguraron, perdió manejo sobre el bloque. “Le tienen controlado el bloque desde el Ejecutivo, si hasta van los funcionarios a la sesión”, dijeron. Se referían a la presencia de Ignacio Devitt en los palcos del recinto, ayer, mientras los senadores debatían los pliegos de los jueces.

“Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, dijo la Vicepresidenta en X ayer por la tarde. Pero no negó el contenido de la conversación que circuló durante la jornada.

De fondo está la discusión sobre el futuro de Bullrich. En la Casa Rosada le prometen la vicepresidencia, pero ella no está segura de querer ese lugar. Tampoco se decide por la Ciudad, mientras Karina Milei sopesa la posibilidad de generar un acuerdo, o no, con Jorge Macri.

Por lo pronto, la secretaria general gestó un encuentro con legisladores porteños propios en la Casa Rosada para hablar de la agenda de CABA, donde deslizó fuertes críticas contra la gestión. Bullrich no fue de la partida.

A principios de año, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei prometió “nueve meses ininterrumpidos de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”. Si bien los libertarios estuvieron muy lejos de tratar los “90 paquetes de reformas estructurales” que prometió el Presidente, el oficialismo cerró un primer semestre positivo en la arena legislativa, con grandes victorias, como la reforma laboral, y bloqueado casi todos los intentos opositores de controlar la agenda.

La principal victoria política de La Libertad Avanza fue la Ley de Modernización Laboral 27.802, sancionada el 27 de febrero tras una sesión maratónica en el Senado y ratificada luego en Diputados. Esta norma, eje central del programa de gobierno, modificó de manera sustancial las reglas del mercado de trabajo.

La nueva normativa abarató los despidos, introdujo el banco de horas y alivió las cargas empresariales a través de la reducción de aportes y la creación de un fondo de asistencia laboral financiado por los empleadores. Además, la ley eliminó la llamada ultraactividad de los convenios colectivos, priorizando acuerdos por empresa y permitiendo que los convenios sectoriales dejen de tener vigencia si no se renuevan. Otra novedad fue la creación de la figura del trabajador independiente fuera de la ley de contrato laboral, habilitando formas de contratación basadas en servicios puntuales.

Uno de los cambios más debatidos fue la restricción al derecho de huelga en servicios esenciales como salud, educación, transporte, energía y agua, donde ahora debe garantizarse un servicio mínimo del 75%. Para sectores considerados trascendentales, como bancos, minería, industria y comercio electrónico, el piso es del 50%.

Por otro lado, el Gobierno logró avanzar con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años tras un debate de casi dos décadas. También aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, que le otorgó a las provincias la facultad de establecer criterios propios para determinar qué glaciares y ambientes periglaciares serán preservados, una demanda sostenida por distritos con actividad minera. Mientras la ley original establecía una protección general, la reforma limitó su resguardo a aquellos cuerpos y geoformas que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”.

En tanto, la ley de Inocencia Fiscal, que apunta a sacar “los dólares del colchón”, elevó el umbral de evasión simple a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. Asimismo modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuyó de 5 años a 3 años. Esta es la normativa que el Gobierno buscará reformar nuevamente en la segunda mitad del año para ampliar el universo de contribuyentes que puedan adherir al régimen.

En los últimos dos meses acumuló una seguidilla de victorias con la rectificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la sanción definitiva del acuerdo con un grupo de holdouts (fondos buitres), la media sanción la reforma del régimen de Zonas Frías; de el Super RIGI, que busca fomentar inversiones en las “industrias del futuro” y de la Ley Hojarasca.

Además, tras la sesión del último jueves, el gobierno de Milei acumula más de cien nombramientos judiciales para resolver el profundo problema de juzgados, fiscalías y defensorías vacantes. Según trascendió el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques tiene listos otros 300 pliegos que buscarán aprobación del Senado antes de fin de año.

Sin embargo, a pesar de su exitoso primer semestre, el oficialismo acumula una batería de proyectos de gran impacto político y económico para la segunda mitad del año. Sin lugar a dudas, el de mayor importancia para el Poder Ejecutivo será la reforma política, cuyo punto principal es la eliminación de las elecciones primarias (PASO). Paso que los libertarios consideran fundamental para asegurar la reelección del Presidente.

Esta iniciativa no termina de juntar masa críticas entre gobernadores afines y bloques aliados, algo similar a lo que ocurre que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego, la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros y modificaciones a la ley de expropiaciones. Su tratamiento se postergó por cuarta vez y el oficialismo ya trabaja en el borrador número 16.

Después de las vacaciones también llegarán al Congreso una batería de iniciativas anunciadas por Milei para garantizar la estabilidad financiera y presupuestaria. A la ampliación de la ley de Inocencia Fiscal se sumarán una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar su independencia -prohibir el financiamiento del Tesoro- y un mecanismo de “shutdown”, al estilo norteamericano para limitar la capacidad del Estado de gastar por encima de lo presupuestado.

Al interior del Gobierno afirman que “falta muy poco” para la publicación de los pliegos para la privatización del Belgrano Cargas y Logística, una de las compañías públicas que había sido dispuesta para su venta en la sanción de la Ley Bases. Tres fuentes de diferentes sectores del Poder Ejecutivo afirman que, a diferencia de instancias anteriores, debería ser cuestión de días para que las condiciones de privatización de la empresa salgan en el Boletín Oficial.

“Debería estar pronto”, confirmó una fuente inobjetable a Infobae, que agrega que el timing de la publicación sigue estando en la revisión en manos de las plumas legales del Ministerio de Economía. Desde esta última área se limitaron a decir que “todas las medidas que se toman se anuncian oficialmente”.

La Casa Rosada quería comenzar a mostrar avances en las privatizaciones dispuestas en la Ley Bases a comienzos de año, pero el inicio de ese proceso para el Belgrano Cargas tuvo una serie de revisiones cruzadas entre diferentes áreas del Gobierno que forzó a demorarlo más.

Y es que se trata de una de las concesiones más importantes que se pueden poner en juego en la Argentina debido tanto al impacto que supone a nivel de infraestructura y en la matriz productiva como por los 50 años que se estipula en el pliego licitatorio. Se espera que haya un plazo de 90 días para que las empresas interesadas se presenten y que para fin de año o comienzos del próximo se determinen las adjudicatarias.

El proceso abarcará las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que hoy integran Belgrano Cargas y Logística S.A., la empresa estatal que transporta granos, insumos industriales y otras mercaderías desde las economías regionales hacia puertos y centros de consumo. La compañía también administra la infraestructura ferroviaria, el material rodante y los talleres del sistema.

La licitación cambiará el formato de las concesiones ferroviarias de los años 90, porque el negocio se dividirá en tres procesos independientes: la administración de las vías, los talleres y el material rodante. Ese diseño permitirá que una empresa compita por una operación integrada o que distintos actores se repartan cada unidad de negocio.

La novedad que se conoció por estos días es que se habilitará la opción que una empresa o grupo pueda presentarse para todas las unidades en simultáneo.

Es algo que interesa de particular manera a la compañía Ferromex (Grupo México), el principal postulado extranjero para operar de manera integral la red ferroviaria del Belgrano Cargas en Argentina. La compañía impulsa un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares para modernizar las líneas estatales.

Pero también figuran otros actores de relevancia en la compulsa, aunque no están precisamente interesados en todas las ramas del negocio. El principal competidor es el consorcio de cerealeras integrado por Bunge, Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD) y Louis Dreyfus Company (LDC). También aparecen empresas argentinas ligadas a la infraestructura ferroviaria, como Grupo Roggio.

Para incentivar las presentación de compañías, el Gobierno publicó meses atrás el decreto 282/2026, el cual oficializó la decisión de vender el material rodante -como vagones y locomotoras- y que el monto que ingrese a las arcas estatales sea direccionado directamente para financiar y pagar obras sobre las vías que buscan ser concesionadas.

La transferencia de la operación de la principal red ferroviaria de cargas del país a capitales privados busca, a su vez, forzar un ciclo de inversiones para revertir la baja densidad de carga, los altos costos fijos y el deterioro de la infraestructura. La búsqueda ideal de todo el proceso es incrementar el volumen de capacidad de los transportes para mejorar costos operativos y de rentabilidad del servicio.

Se estima que el plan de obras ferroviarias propiciadas por el Estado sean cercanas a los 800 millones de dólares y que la venta del material rodante cubra algo más de la mitad de este monto.

Otro de los atractivos que colocó el Gobierno para los inversores será que los montos destinados a la concesión por parte de los privados se encuadrarán en los beneficios del RIGI.

Asimismo, el nuevo esquema aplicará plenamente el sistema de acceso abierto previsto en la Ley 27.132 de 2015 para los servicios ferroviarios de cargas. Esa modalidad permite que cualquier operador transporte mercaderías entre distintos puntos de la red, sin depender de la titularidad de las instalaciones de carga o destino, mediante el pago de un canon. El modelo habilita a que una compañía pueda utilizar locomotoras y vagones propios o contrate a un operador privado y pague un peaje por usar las vías.