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Cristina Kirchner aceptó la convocatoria para presidir el PJ

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La ex presidenta Cristina Kirchner anunció este lunes que aceptará la convocatoria para presidir el PJ con el objetivo “debatir en unidad”, aunque aclaró que esa confluencia necesita “dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposiblepara la mayoría de sus habitantes”.

Así lo expresó la ex mandataria a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde sostuvo que, si bien milita en el peronismo desde muy joven, “nunca vio, en la Argentina contemporánea y democrática, que nuestro país en general y el peronismo en particular vivieran un momento como el actual”.

Sobre el mandatario Javier Milei, sostuvo que “aquel presidente que, en febrero de este año, definimos como un ´showman economista en la Rosada´ y que, aferrado a la teoría del ajuste permanente convocaba a las audiencias televisivas prometiendo la dolarización ´porque el peso es un excremento´ y repetía que el ajuste sólo lo iba a pagar ´La Casta´; ha devenido en un espectáculo de mala calidad”.

“El actor principal no sólo vocifera e insulta desde el escenario en forma cada vez más agresiva, violenta y soez a todo aquel que exprese una opinión diferente a la suya, sino que, además, avanza a hachazos sobre jubilados, universidades y hasta hospitales de salud mental”, añadió.   Y sostuvo que “la figura del Presidente de la Nación gritando y agraviando a diestra y siniestra, ha comenzado a generar un clima de violencia generalizada que atraviesa todas las capas de la comunidad”.

“Todo ello con un telón de fondo donde el feroz programa de ajuste desestabiliza a una sociedad que sigue siendo golpeada con tarifas impagables y salarios que no alcanzan; mientras el Presidente, desde un mundo paralelo que solo existe en su imaginación, afirma que los salarios y las jubilaciones le ganaron a la inflación y que las tarifas son baratas”, añadió.

Y se preguntó: “¿Cómo llegamos a este momento inédito? ¿Es solo por el fracaso de los dos últimos gobiernos democráticos? ¿O es que una parte de nuestra sociedad está dispuesta a soportar cualquier cosa antes de que gobierne un peronista?”.

“¿Es una casualidad que los únicos dos presidentes con fuerte impronta anti peronista o anti kirchnerista -como más te guste-, sólo hayan podido llegar a la Casa Rosada a través del balotaje, como fueron los casos de (Mauricio) Macri y Milei?”, añadió.

Al hacer una lectura del presente, graficó que “hoy el peronismo sólo gobierna 5 de las 23 provincias argentinas y perdió la mayoría en la Cámara de Senadores; siendo esta una situación de pérdida de representación institucional inédita en el período democrático”.

“Más allá de eso, el peronismo sigue siendo la fuerza con mayor cantidad de diputados y senadores nacionales y ello exige, por comprensión histórica y responsabilidad política, su propia reconstrucción abordando todos y cada una de las nuevas demandas sociales”.

Y reflexionó que “en esta etapa”, el PJ es el “lugar más apropiado para desarrollar el continente que genere el contenido y que este, además, tenga dirección y objetivos”.

Si bien aclaró que “no basta con los cuadros partidarios”, dijo tener “esperanzas” a partir de que “el mes pasado el peronismo ganó los centros de estudiantes en cuatro facultades de la UBA conquistando, por primera vez desde 1973, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que es la segunda más grande de dicha casa de estudios”.

“Debemos poner en marcha el segundo trasvasamiento, incorporando las nuevas generaciones en los secundarios, universidades, sindicatos, movimientos sociales y, desde ahí, recomponer la presencia en las barriadas populares junto a las iglesias, las sociedades de fomento, los clubes de barrio y todas aquellas instituciones organizadas desde la comunidad”, convocó.

Al agradecer el “operativo clamor” para que ocupe el sillón de presidenta del PJ, que debe renovar autoridades el 17 de noviembre, la ex mandataria dijo estar “dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie”.

Sin embargo, dijo, “la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes”.

“Lograr ello no es un objetivo en sí mismo, sino concebir a nuestro partido como el instrumento que debe dar el primer paso para reagrupar a todas las fuerzas políticas y sociales detrás de un programa de gobierno que devuelva a esta Argentina sumida en la crueldad y el odio de los necios, la esperanza y el orgullo de ser argentinos”, agregó.

La conducción del PJ se encuentra vacante desde la renuncia del ex presidente Alberto Fernández, que se apartó del cargo el 14 de agosto último debido al escándalo por la denuncia por violencia de género presentada en su contra por la ex primera dama Fabiola Yañez.

Hasta el momento hubo un solo dirigente que manifestó sus deseos de competir contra Fernández de Kirchner en unas eventuales internas del partido: el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, un dirigente cercano al mandatario bonaerense, Axel Kicillof.

Fuente: Noticias Argentinas.

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El oficialismo consolida el control de Diputados: se quedó con el 50% de las presidencias de las comisiones

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El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley denominado Hojarasca y anunció que en los próximos días presentará nuevas iniciativas para avanzar en una agenda propia. La estrategia inició con la incorporación de diputados del PRO y la UCR a las filas de LLA, lo que permitió al oficialismo quedarse con la primera minoría de la Cámara. Los libertarios completaron la conformación de 35 de las 46 comisiones permanentes de la Cámara baja, logrando ocupar buena parte de los cargos clave junto a sus socios.

Al analizar la distribución, el bloque de La Libertad Avanza obtuvo la presidencia en 17 comisiones y la vicepresidencia en otras 13. De las cinco comisiones restantes ya conformadas, en las que no preside, tres quedaron en manos del PRO y la UCR.

De este modo, LLA detenta el 48,5% de las presidencias y el 37% de las vicepresidencias. Si se consideran los cargos de sus aliados, el porcentaje asciende al 57,14% de los puestos que determinan cuándo y con qué temario se reúne cada comisión. La semana próxima se prevé la conformación de otras ocho comisiones, entre ellas la de Juicio Político, para la cual el oficialismo impulsa a la diputada Lilia Lemoine como presidenta.

El oficialismo también busca presidir la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Con esta estructura, La Libertad Avanza no solo controla comisiones de “gobernanza” como Presupuesto, sino que también avanzó sobre aquellas donde pueden surgir conflictos, como Discapacidad y Educación, con el objetivo de manejar la agenda de la Cámara de Diputados. “Nunca nos pasó algo así, ni siquiera con el kirchnerismo teníamos un oficialismo que avanzara de esta manera con una clara intención de bloquear cualquier tipo de agenda de la oposición”, señaló un legislador de la oposición con varios años de experiencia en la Cámara.

“Ya nos estamos organizando y trabajamos con otros bloques para intentar romper este esquema. Nos espera un año muy largo y difícil para impulsar temas que no provengan del Ejecutivo, como los fondos para educación o discapacidad”, agregó otro diputado opositor. Los legisladores reconocen que el modelo promovido por La Libertad Avanza representa un desafío y que deberán coordinar acciones para consensuar un temario propio.

“Desde que asumió LLA, impulsar otros asuntos por fuera de los que plantea el Ejecutivo resulta muy difícil y lleva mucho tiempo. Hay que convocar a una sesión, reunir 129 diputados para el quórum, la misma cantidad para votar el emplazamiento a una comisión, conseguir las firmas necesarias para dictaminar —la mitad más uno para obtener mayoría—, volver a pedir una sesión, lograr el quórum y los votos para su aprobación y que luego pase al Senado. Si el Presidente lo veta, como lo viene haciendo, debemos reiniciar todo el proceso”, explicó el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Entre los referentes opositores ya comenzaron las conversaciones para intentar romper este bloqueo y anticipan “muchos llamados” a sesión para avanzar en este contexto. El Gobierno nacional, mientras tanto, definió un cronograma de temas. Además del debate sobre la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción, ya remitió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca y el de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que habilita la compra de tierras por parte de extranjeros y restringe el alcance de la ley de manejo del fuego.

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Un fallo judicial suspendió dos artículos de la reforma laboral en los convenios del Sindicato de Comercio

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El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó este viernes la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.

La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas en el marco de las relaciones laborales comprendidas en estos acuerdos hasta que exista una sentencia definitiva.

El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos y establecen límites a los aportes y contribuciones sindicales.

Según la presentación judicial, el artículo 131 de la reforma laboral reemplaza el artículo 6 de la Ley 14.250, lo que restringe la vigencia de las denominadas cláusulas “obligacionales” tras el vencimiento de un convenio, mientras que sólo las cláusulas “normativas” (referidas a condiciones y beneficios individuales de los trabajadores) permanecerían activas.

El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto tuvo en cuenta que la nueva ley distingue entre ambos tipos de cláusulas, pero advierte que la definición legislativa resulta imprecisa, lo que, según la documentación presentada, podría generar situaciones de inseguridad jurídica sobre la vigencia efectiva de las paritarias vencidas y los aportes gremiales establecidos en ellos.

Por otro lado, el artículo 133 de la Ley 27.802 fija un tope máximo del 2% para las cuotas solidarias, aplicables tanto a trabajadores afiliados como no afiliados. El monto de la cota solidaria actualmente previsto en el artículo 100 del CCT 130/75 es de 2,5%, por lo que el sindicato argumenta que la reducción impactaría en los recursos destinados al financiamiento de la actividad gremial y la prestación de servicios sociales, asistenciales, culturales y sanitarios en conjunto con la obra social OSECAC.

Además, el sindicato advirtió que la entrada en vigencia de ambos artículos coincide con el vencimiento del acuerdo paritario vigente, el 31 de marzo de 2026, lo cual, según su planteo, generaría efectos inmediatos en los haberes de los trabajadores a partir del mes siguiente y afectaría el desarrollo de la próxima negociación colectiva.

En su resolución, el juez consideró que los argumentos expuestos por la parte actora —“en esta etapa liminar, presentan entidad suficiente para tener por configurado el requisito de verosimilitud del derecho”— y que la inminencia en la aplicación de las nuevas disposiciones “configura un escenario en el cual la aplicación de los arts. 131 y 133 de la Ley 27.802 podría producir efectos inmediatos sobre la vigencia de cláusulas convencionales y sobre el régimen de aportes y contribuciones sindicales”.

La vigencia de la medida cautelar fue establecida por 6 meses desde la notificación de la resolución. El fallo consigna que se trata de una suspensión “provisoria y acotada a un ámbito específico”, sujeta al resultado del proceso principal, y que no se advirtió que pueda generar una afectación al interés público impeditiva de su dictado.

Según el fallo, el Estado Nacional será notificado oficialmente y deberá cumplir con la suspensión dispuesta en el ámbito de los convenios colectivos alcanzados.

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Ley de propiedad privada: el Gobierno busca eliminar las restricciones para la compra de tierras a extranjeros

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El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley titulado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para establecer un marco sobre el derecho de propiedad, destrabar inversiones y dinamizar el mercado inmobiliario.

El proyecto se estructura en seis áreas, desde la recuperación de inmuebles hasta la modernización del registro de la propiedad. En el primero de los casos, la medida propone un procedimiento sumarísimo para la restitución de inmuebles basado exclusivamente en la acreditación del título, sobre la base de una iniciativa de los diputados Christian Ritondo y Martín Yeza ambos del PRO. El procedimiento incluye garantías de debido proceso y control judicial en todas las etapas.

Desde el Ejecutivo señalan que “el acceso rápido a la recuperación de inmuebles aumentará la oferta y absorberá mejor la demanda habitacional”.

Otro de los puntos es que el Ejecutivo delega responsabilidad a provincias y municipios. El texto del proyecto señala la “preocupante ineficiencia de la ley 27.453: Solo el 0,08% del suelo de los barrios del RENABAP tiene título de propiedad privada”. Según el Gobierno, el mecanismo vigente bloqueaba rutas de regularización y dejaba a los habitantes de barrios en informalidad crónica, sin acceso progresivo a títulos legales.

Desde diciembre pasado circuló un borrador de esta nueva ley en la página del Consejo de Mayo. El texto enviado al Congreso opta por dejar atrás el “mecanismo centralizado que no funcionó”: transfiere la conducción del proceso de regularización a provincias y municipios e incorpora instrumentos jurídicos para la negociación entre partes como el acceso de las familias a la titularidad legal.

Un punto clave es la eliminación de la restricción general para la titularidad extranjera de tierras rurales. La ley vigente limitaba estas operaciones en zonas de frontera en busca de frenar la extranjerización de la tierra.

El nuevo esquema solo mantiene requisitos de autorización previa para Estados extranjeros y empresas con participación estatal. “Quien representa un riesgo para la seguridad o la soberanía nacional sigue sin poder comprar”, sostiene el texto. Queda eliminado el trato igual entre Estados y particulares privados extranjeros, que ahora estarán sujetos a las mismas reglas que cualquier inversor.

En materia de expropiaciones, las modificaciones buscan limitar la discrecionalidad del Estado. El nuevo régimen determina criterios precisos para la valuación: “actualización por IPC, reconocimiento de lucro cesante cuando corresponda y determinación del valor antes de que el acto estatal deprima el precio del bien”. Se fija en 60 días el límite para las ocupaciones temporales anormales, prorrogables solo ante emergencias.

En 2025, las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 70 % frente al 2023. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, la infraestructura de los registros inmobiliarios no acompaña esa dinámica: la mayoría opera aún sobre soporte físico, lo cual produce demoras y eleva los costos de transacción. El proyecto incorpora la digitalización integral, firma digital y la creación de una “Ventanilla única Federal Inmobiliaria” para la gestión remota de certificados e informes en cualquier registro del país.

El proyecto modifica también la llamada “ley del fuego” de autoría del diputado Máximo Kirchner. Desde 2020, las restricciones alcanzaban no solo a bosques nativos, sino también a bosques implantados y tierras productivas.

La nueva norma restringe la prohibición a bosques nativos y áreas específicas según el ordenamiento territorial.

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