El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reafirmó su postura frente a la gestión del espacio público y la seguridad al afirmar que “nos quisieron hacer creer que el caos era inevitable” y que su administración puso fin a esa lógica. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario porteño repasó una serie de medidas implementadas durante su gestión, con énfasis en el restablecimiento del orden y la recuperación de valores tradicionales en la ciudad.

Jorge Macri apuntó contra discursos que, según él, naturalizaban situaciones como la usurpación de propiedades, la realización de piquetes y la presencia de manteros en el espacio público. “En esta ciudad nos quisieron hacer creer que el desorden era normal, que se podía usurpar una propiedad sin consecuencias. Que se podía hacer un piquete y joderle el día a millones de personas. Que los delincuentes tenían más derechos que las personas de bien. Que los manteros eran parte del paisaje y no había manera de sacarlos”, planteó el funcionario, marcando distancia respecto de gestiones anteriores.

Entre los logros de su gestión, Macri resaltó la recuperación de más de seiscientas propiedades, la eliminación de cuarenta comedores fantasmas y el avance en la lucha contra lo que denominó “curros de los gerentes de la pobreza”. A su vez, remarcó el fin de los bloqueos callejeros: “Se terminó la extorsión de los piquetes y las calles volvieron a ser de los vecinos”, afirmó el jefe de Gobierno.

El mensaje posteado con el video que abre esta nota en redes sociales va en línea con el discurso que brindó el propio Jefe de Gobierno este último lunes en el recinto de la Legislatura porteña durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Ciudad. Durante su oratoria expresó que las políticas de su gestión se basan en recuperar el orden sin resignar libertades, combatiendo las prácticas que vulneran la convivencia, como los cortes de calle, piquetes, tomas y usurpaciones.

La administración de Jorge Macri también impulsó cambios en el acceso a los servicios de salud. El mandatario señaló: “Los extranjeros ahora pagan para atenderse y los porteños tienen prioridad por primera vez en la historia”. Además, en materia de seguridad, destacó la incorporación de tres mil ochocientos treinta y nueve policías y el alcance de la videovigilancia en el ochenta y dos por ciento de la ciudad. Según el funcionario, estos avances permitieron una baja en homicidios, robos y delitos en general.

El debate sobre la ley de glaciares en la Cámara de Diputados avanza hacia la celebración de dos audiencias públicas previstas para finales de marzo.

El oficialismo intentó avanzar en una audiencia pública para sortear el requisito constitucional, pero los bloques de la oposición presentaron contrapropuestas. Finalmente, hubo un consenso y se estableció una hoja de ruta que asegura que la Casa Rosada no va a contar la norma por lo menos hasta mediados de abril.

En el debate del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales los legisladores de distintos sectores políticos consideran imprescindible adoptar un mecanismo que garantice la participación federal de las provincias involucradas en la gestión de cuencas hídricas afectadas.

El reloj institucional marca el 25 de marzo como la primera fecha de audiencia, con la posibilidad de extender el proceso el día siguiente a través de una modalidad virtual, en lo que se configura como un paso clave para asegurar el cumplimiento de la ley general de ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional.

La diputada Beatriz Estévez de Unión por la Patria cuestionó la ausencia de representantes del Poder Ejecutivo durante el tratamiento del proyecto. “Nunca vino ningún representante del Ejecutivo a explicar este proyecto. Le pedimos que en el cronograma se ponga qué día va a venir un funcionario del Ejecutivo”, expresó en una de las intervenciones centrales del encuentro, según consta en las actas consultadas.

La propuesta del oficialismo llegó en boca del diputado de LLA Nicolás Mayoraz que anticipó los detalles del plan de trabajo respecto a la modalidad y los plazos propuestos. “Vamos a hacer una audiencia pública el 25 de marzo para dar plazo suficiente para la difusión. De 10 a 19 horas. Puede ser presencial o por zoom, cumplimos con el requisito federal sin la necesidad que se traslade las personas ni las comisiones”, explicó.

Sin embargo, luego de que se fueran sumando voces de los bloques opositores que pedían audiencias en las provincias con cuencas hídricas que estaban comprometidas por ley, los libertarios cedieron y Mayoraz confirmó que “a la redacción le vamos a hacer cambios. Pensamos desdoblar y hacer dos jornadas: una el 25 y otra el 26, una presencial y la otra por zoom”.

El mecanismo está diseñado para favorecer la “amplia participación”, permitiendo presentaciones por escrito y estableciendo cinco minutos de exposición por persona, con una eventual reducción si la inscripción supera las previsiones. Para anotarse, se habilitó el correo electrónico de la comisión de recursos naturales. El encuentro requerirá la presencia de al menos cuatro diputados por cada comisión convocada, lo que eleva el estándar de legitimidad institucional.

En la previa a las modificaciones del cronograma de trabajo, el diputado del bloque CC, Maximiliano Ferraro remarcó la necesidad de federalizar el proceso: “Tiene que realizarse en distintos días, con criterio federal de participación de las provincias donde hay comprometidas las cuencas hídricas. No puede ser un día acá en la Cámara de Diputados, tenemos que armar un sistema. Vamos a exigir una audiencia pública con carácter federal no solo de las provincias con desarrollo minero sino de aquellas que no, porque vamos a tener un debate interjurisdiccional constitucional”.

La diputada Sabrina Selva de UP señaló la existencia de consenso en torno a la realización de la audiencia, pero advirtió sobre diferencias en su implementación: “Ahora hay diferencia en cómo se va a llevar. La audiencia tiene que ser pública y tiene que ser federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas”, afirmó. Consideró pertinente establecer límites de días y horarios, en línea con el antecedente de las audiencias federales organizadas en el debate de la ley de medios.

Quien intentó defender la idea inicial de una sola jornada de audiencia pública fue la diputada Silvana Giudici de LLA quien recordó: “Agradezco muchísimo que el bloque del kirchnerismo que antes no quería audiencia pública hoy lo pida. Hubo un sistema que fue de la misma manera que se propone hoy. Lo que corresponde es considerar la propuesta de las presidencias de la comisión”, sostuvo. Finalmente, su posición no tuvo acompañamiento.

Durante la sesión, la participación de actores sociales también ocupó el centro del debate. Juan Grabois exigió asegurar el acceso de comunidades indígenas: “Todas las comunidades indígenas que estén registradas y que estén en las cuencas afectadas tienen que tener asegurada su participación. Propongo que se garantice la participación de esas comunidades”.

El debate abierto expone interrogantes sobre el alcance real del mecanismo participativo. La legisladora María Zigarán de Provincias Unidas interpeló a la comisión sobre los objetivos de la convocatoria: “¿Quieren garantizar la participación pública o quieren enmascarar con una ritualidad la participación? Si la verdadera vocación es lo primero hay que regionalizar las audiencias públicas en cada una de las cinco zonas”, planteó.

El diputado Diego Guliano cuestionó la manera en que se desarrolló la discusión en comparación con el tratamiento previo en el Senado: “Es muy raro, nos convocan a una reunión conjunta y no hay que hablar del proyecto. Nos sorprenden bastante, cuando sus referentes trataron esto en el Senado votaron a libro cerrado. Ahora nos están planteando la audiencia pública y a nosotros nos parece muy bien”.

Las comisiones acordaron que la reunión inicial comenzará solo si participan al menos cuatro diputados por comisión, asegurando pluralidad y control parlamentario dentro del proceso.

Hasta ahora, el cronograma establece el 25 y 26 de marzo como las fechas pautadas para el debate abierto, con el objetivo de lograr una “amplia participación” de las partes interesadas, incluidas provincias, sectores productivos y comunidades indígenas directamente vinculadas a los glaciares y sus cuencas.

El juez Ricardo Gutiérrez, integrante del Tribunal Oral Criminal N.º 1, condenó este mediodia a la ex consejer escolar de la Libertad Avanza, Fiorella Damiani, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, por el delito de falso testimonio agravado.

Además, el magistrado le impuso una inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, para declarar como testigo y reglas de conducta por tres años entre las que se encuentran constituir domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados.

En el fallo, el magistrado detallo que “se acreditó que la imputada, en las oportunidades que fueron acreditadas, afirmó falsamente haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal -agravado por la intervención de dos sujetos- en el marco de la causa criminal”.

“Se trató en el caso de afirmar como verdadero algo que no lo era, teniendo conocimiento que sus manifestaciones incriminatorias hacia quienes fueran imputados de aquel proceso, no eran verdaderas, y que tales declaraciones fueron brindadas en el marco de un proceso criminal que los perjudicó”.

La causa 

Se inició en el 2017 tras una denuncia por abuso sexual con acceso carnal radicada por Damiani, en la cual señalaba a dos personas que, más tarde, fueron detenidas.

La denunciante ratificó lo que había denunciado en tres oportunidades en sede fiscal y realizó una ampliación de los hechos.

Sin embargo en el 2021, con los imputados ya privados de su libertad, se le recibió nueva declaración en sede fiscal donde Damiani mantuvo lo denunciado y en el acto se le exhibieron videos obtenidos de los teléfonos celulares de los acusados, donde la mujer confirmó ser la persona que se observa y dijo que el fragmento donde fue violada no estaba en esas grabaciones.

Tras el análisis de las pruebas incorporadas, la fiscalía solicitó la libertad de los acusados, el sobreseimiento de los mismos y la concurrencia del delito de falso testimonio agravado por parte de Damiani, por lo que se solicitó su detención y, si bien más tarde fue excarcelada, la causa se elevó a juicio para que los hechos sean analizados en debate oral y público.