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Del blanqueo a la Coparticipación: los cinco proyectos económicos que apura el Gobierno para 2023

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El 2022 llega a su fin y en el Gobierno empiezan a delinear sus objetivos de gestión para 2023. Por eso, el Ejecutivo impulsará una serie de iniciativas para tratar en el Congreso. Se trata de cinco proyectos que servirán para cumplir con sus metas económicas y que prevén, entre otras cosas, mejorar las inversiones y resolver cuestiones urgentes, como la disputa de la Coparticipación.

En primer lugar, tras el fallo de la Corte que desató el conflicto entre Ciudad y Nación por el pago de los fondos de la Coparticipación a la administración porteña, el Gobierno debe definir de dónde conseguirá los $200.000 que necesita para hacer frente al pago a CABA.

Ante la imposibilidad de resolver en el corto plazo el conflicto entre Ciudad y Nación tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó devolverle a CABA los recursos coparticipables que habían sido recortados en 2020, el Gobierno prepara un proyecto para enviar al Congreso que sirva para obtener los recursos necesarios para cumplir con la sentencia y pagarle al gobierno porteño.

Días atrás, el jefe de Estado anunció en Twitter que pagará con bonos “el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.

Entre las alternativas que evalúa el Palacio de Hacienda se encuentran elevar la alícuota del impuesto al juego online y extender el impuesto que cobran los bancos por los intereses de las Leliq. Sin embargo, aún resta definir los detalles de la medida, que el Gobierno prepara para enviar al Congreso, según pudo saber TN.

Blanqueo de capitales
Por otro lado, el Gobierno argentino enviará un proyecto de ley que refiere al blanqueo de capitales para que sea tratado por el Congreso en la última semana del 2022 y funcione de manera plena desde el 1° de enero hasta septiembre del 2023.

Este proyecto -al que accedió este sitio- tiene previstos algunos puntos principales:

Quienes opten por blanquear sus activos hasta el 31 de marzo pagarán un impuesto del 2,5%. La misma cifra aplicará a quienes tengan cuentas en el exterior, pero decidan traer los fondos al país. Mientras tanto, si se opta por mantener el dinero afuera, el porcentaje será del 5%.
Para quienes lo hagan entre el 1 de abril y el 30 de junio, la alícuota subirá al 5% en caso de quienes traigan sus activos a la Argentina y será del 10% si deciden dejarlos en el exterior.
En caso de blanquear entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los impuestos a pagar serán, en el primer caso, 7,5% y si no los repatría 15%. A su vez, aquellos que declaren sus activos en el exterior a partir del 1° de octubre tendrán sanciones económicas y penales.
Leé también: Economía 2023: cuáles son los sectores que impulsarán la actividad el próximo año

Ley de GNL y Ley de Hidrógeno
Además, también se prevé enviar dos proyectos de ley ligados al desarrollo del sector energético: uno para el gas natural licuado (GNL) y otro para el hidrógeno. Con estas iniciativas, se busca dar previsibilidad a la industria por 30 años y atraer inversiones.

Con un horizonte de US$27.000 millones anuales producto de la exportación de GNL, según datos de Fundar, el objetivo es estimular la inversión en GNL para producir y vender al exterior, teniendo en cuenta que por la guerra en Ucrania la demanda mundial de gas se encuentra en aumento.

Para el caso del hidrógeno, el proyecto intenta dar un marco regulatorio y de promoción para que el país participe en todos los eslabones de la cadena productiva: desde la extracción del recurso natural hasta la producción de bienes de capital como generadores y electrolizadores.

En concreto, la iniciativa apunta a la construcción de una Estrategia Nacional de Hidrógeno bajo en emisiones 2030, que permita presentar una hoja de ruta que contemple la articulación público-privada y el diálogo estratégico de industrias asociadas junto al sector científico-tecnológico.

Ley de Agroindustria
Hace más de un año, el Presidente presentó un proyecto que tiene por objetivo incrementar la producción agropecuaria, las exportaciones y conservar el capital natural del suelo en el marco de las buenas prácticas y las medidas de adaptación al cambio climático.

La Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial busca dar beneficios impositivos para impulsar inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago de impuestos a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para la producción sustentable con fertilizantes e insumos. Además de garantizar la devolución del IVA para quienes inviertan en el sector.

Plan de pagos de ANSES
Otro de los objetivos del Gobierno es aprobar en el Congreso un plan de pagos de ANSES para que las personas en edad de jubilarse puedan hacerlo, aunque no cuenten con los años necesarios.

Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), explicaron que “todos los años de aportes efectivizados se tendrán en cuenta para el haber inicial. De esta manera, no será igual la situación de quien deba regularizar 20 años, que la de quienes deban regularizar 10 o 5 años de aportes”.

(TN)

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Reunión y Capacitación sobre Inteligencia Artificial y Salud Mental

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Con el objetivo de abordar la Inteligencia Artificial, sus alcances y efectos en la vida cotidiana, se concretó hoy por la mañana en el recinto de sesiones de Sarmiento 12 , un plenario conjunto entre el Observatorio de Redes Sociales, la Mesa de Prevención del Suicidio y la Mesa de Salud Mental.

Al respecto, la concejal y vocera Fabiana Ungaro explicó que la iniciativa surgió a partir de las reuniones periódicas que mantienen los tres espacios para analizar temas que atraviesan sus respectivas áreas de trabajo.

“Cada tanto, nos reunimos las dos Mesas y el Observatorio y evaluamos qué temas tenemos en común. En esta oportunidad, surgió la Inteligencia Artificial, una temática que interesa al Observatorio de Redes Sociales, pero que también impacta de manera directa en la salud mental de niños, jóvenes y adultos. Incluso, se han registrado casos vinculados a información errónea o engañosa que han tenido consecuencias graves”, señaló.

En ese marco, continuó Fabiana Ungaro, se convocó al doctor Diego Carletti, Médico Pediatra, quien brindó una capacitación destinada a comprender mejor el funcionamiento de las distintas herramientas de Inteligencia Artificial, sus aplicaciones y los desafíos que plantean.

Durante la exposición, se abordaron aspectos relacionados con el uso responsable de estas tecnologías, la forma en que son entrenadas, el origen de los datos que utilizan y las precauciones que deben tenerse en cuenta para un uso saludable.

Carletti expuso situaciones que observa en su práctica profesional, vinculadas al creciente uso de dispositivos y herramientas digitales por parte de niños y adolescentes, entre las que mencionó el aumento de consultas de padres preocupados porque sus hijos pasan gran parte del tiempo aislados en sus habitaciones, muestran menor interés por actividades recreativas al aire libre, o han abandonado la práctica de deportes.

Finalmente, la edil informó que también se analizaron los riesgos que la Inteligencia Artificial presenta para la población adulta, especialmente en relación con las estafas que utilizan voces, e imágenes para engañar a las personas.

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La Cámara de Gimnasios afirmó que “como dueños, somos los responsables de lo que ocurra en el interior”

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Luego de lo ocurrido en el gimnasio Sport Club, desde la Cámara de Gimnasios opinaron ante una situación tan delicada y que hoy pone el ojo en todos los gimnasios de la ciudad.

José María Rodríguez, titular de la Cámara de Gimnasios, CA.B.GI.y A, afirmó que se sorprendieron por lo ocurrido, ya que pudo haberse evitado, como dijo el fiscal, “nosotros somos responsables de tomar diferentes tipos de recaudos, capacitaciones, cursos de RCP. No se trata solo de una habilitación, aunque también hay que tenerlo en regla”.

Destacó que, como referente de la Cámara de Gimnasios, son los responsables de todo lo que ocurre dentro de cada entidad y tienen que tener capacidades para entrenar y resguardar a cada persona que acude al lugar.

“Está bueno que se hagan controles y desde la Cámara siempre nos informamos de lo que va ocurriendo, hay que tener todas las medidas de seguridad”, admitió Rodríguez.

Fuente: BVC Noticias

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Oficializaron la renuncia del presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y Electricidad

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Mediante el Decreto 437/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a menos de un mes de haber sido designado.

La salida se produjo en medio de una interna en el directorio con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Según trascendió, las diferencias entre ambos venían de antes de la constitución formal del ENRGE y se profundizaron en las últimas semanas.

Sin embargo, la renuncia de Lamboglia se atribuye a “motivos estrictamente personales y su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”. A su vez, está previsto que se inicie un nuevo concurso para la selección del próximo presidente del ENRGE, a fin de asegurar un proceso ordenado en la designación de autoridades.

“La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad. Tras la dimisión, el vicepresidente Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia, garantizando que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”, comentaron fuentes oficiales.

Lamboglia comunicó su decisión al resto de los miembros del directorio y también la formalizó con un memo enviado a través del sistema oficial GEDO. El ENRGE había iniciado recientemente su proceso de conformación tras la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad.

Lamboglia había sido designado presidente del ENRGE por un período de cinco años, el más prolongado entre los integrantes del directorio. Antes de asumir ese cargo, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Con una trayectoria de más de 30 años en el sector energético, Lamboglia es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos por la Universidad Austral. Entre sus antecedentes figuran funciones como secretario letrado del Directorio y gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá.

En tanto, el ingeniero Vicente Serra había sido nombrado vicepresidente por un plazo de cuatro años, mientras que el licenciado Marcelo Alejandro Nachón asumió como vocal primero con un mandato de tres años. Los cargos de vocal segundo y tercero fueron asignados a la doctora Griselda Lambertini y al ingeniero Héctor Sergio Falzone, quienes cumplirán funciones durante dos y un año, respectivamente. Todos los nombramientos se realizaron bajo el artículo 6° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025 y entraron en vigencia en la misma fecha.

El ENRGE se creó en julio de 2025 como parte de un proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley de Bases. El organismo busca unificar las funciones de los antiguos entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (ENRE), con el objetivo de mejorar la coordinación y el control de ambos sectores. De esta forma, el ENRGE depende de la Secretaría de Energía y busca optimizar la fiscalización de los servicios públicos, alineándose con estándares internacionales como los propuestos por la OCDE.

El organismo nació con un plazo máximo de 180 días, a partir de julio del años pasado, para iniciar formalmente sus operaciones. Según fuentes del sector, el proceso de designación de directores presentó dificultades debido a los altos requisitos de calificación profesional para los cargos y al congelamiento salarial en el sector público, factores que complicaron la cobertura de las vacantes.

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