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Del blanqueo a la Coparticipación: los cinco proyectos económicos que apura el Gobierno para 2023

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El 2022 llega a su fin y en el Gobierno empiezan a delinear sus objetivos de gestión para 2023. Por eso, el Ejecutivo impulsará una serie de iniciativas para tratar en el Congreso. Se trata de cinco proyectos que servirán para cumplir con sus metas económicas y que prevén, entre otras cosas, mejorar las inversiones y resolver cuestiones urgentes, como la disputa de la Coparticipación.

En primer lugar, tras el fallo de la Corte que desató el conflicto entre Ciudad y Nación por el pago de los fondos de la Coparticipación a la administración porteña, el Gobierno debe definir de dónde conseguirá los $200.000 que necesita para hacer frente al pago a CABA.

Ante la imposibilidad de resolver en el corto plazo el conflicto entre Ciudad y Nación tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó devolverle a CABA los recursos coparticipables que habían sido recortados en 2020, el Gobierno prepara un proyecto para enviar al Congreso que sirva para obtener los recursos necesarios para cumplir con la sentencia y pagarle al gobierno porteño.

Días atrás, el jefe de Estado anunció en Twitter que pagará con bonos “el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.

Entre las alternativas que evalúa el Palacio de Hacienda se encuentran elevar la alícuota del impuesto al juego online y extender el impuesto que cobran los bancos por los intereses de las Leliq. Sin embargo, aún resta definir los detalles de la medida, que el Gobierno prepara para enviar al Congreso, según pudo saber TN.

Blanqueo de capitales
Por otro lado, el Gobierno argentino enviará un proyecto de ley que refiere al blanqueo de capitales para que sea tratado por el Congreso en la última semana del 2022 y funcione de manera plena desde el 1° de enero hasta septiembre del 2023.

Este proyecto -al que accedió este sitio- tiene previstos algunos puntos principales:

Quienes opten por blanquear sus activos hasta el 31 de marzo pagarán un impuesto del 2,5%. La misma cifra aplicará a quienes tengan cuentas en el exterior, pero decidan traer los fondos al país. Mientras tanto, si se opta por mantener el dinero afuera, el porcentaje será del 5%.
Para quienes lo hagan entre el 1 de abril y el 30 de junio, la alícuota subirá al 5% en caso de quienes traigan sus activos a la Argentina y será del 10% si deciden dejarlos en el exterior.
En caso de blanquear entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los impuestos a pagar serán, en el primer caso, 7,5% y si no los repatría 15%. A su vez, aquellos que declaren sus activos en el exterior a partir del 1° de octubre tendrán sanciones económicas y penales.
Leé también: Economía 2023: cuáles son los sectores que impulsarán la actividad el próximo año

Ley de GNL y Ley de Hidrógeno
Además, también se prevé enviar dos proyectos de ley ligados al desarrollo del sector energético: uno para el gas natural licuado (GNL) y otro para el hidrógeno. Con estas iniciativas, se busca dar previsibilidad a la industria por 30 años y atraer inversiones.

Con un horizonte de US$27.000 millones anuales producto de la exportación de GNL, según datos de Fundar, el objetivo es estimular la inversión en GNL para producir y vender al exterior, teniendo en cuenta que por la guerra en Ucrania la demanda mundial de gas se encuentra en aumento.

Para el caso del hidrógeno, el proyecto intenta dar un marco regulatorio y de promoción para que el país participe en todos los eslabones de la cadena productiva: desde la extracción del recurso natural hasta la producción de bienes de capital como generadores y electrolizadores.

En concreto, la iniciativa apunta a la construcción de una Estrategia Nacional de Hidrógeno bajo en emisiones 2030, que permita presentar una hoja de ruta que contemple la articulación público-privada y el diálogo estratégico de industrias asociadas junto al sector científico-tecnológico.

Ley de Agroindustria
Hace más de un año, el Presidente presentó un proyecto que tiene por objetivo incrementar la producción agropecuaria, las exportaciones y conservar el capital natural del suelo en el marco de las buenas prácticas y las medidas de adaptación al cambio climático.

La Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial busca dar beneficios impositivos para impulsar inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago de impuestos a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para la producción sustentable con fertilizantes e insumos. Además de garantizar la devolución del IVA para quienes inviertan en el sector.

Plan de pagos de ANSES
Otro de los objetivos del Gobierno es aprobar en el Congreso un plan de pagos de ANSES para que las personas en edad de jubilarse puedan hacerlo, aunque no cuenten con los años necesarios.

Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), explicaron que “todos los años de aportes efectivizados se tendrán en cuenta para el haber inicial. De esta manera, no será igual la situación de quien deba regularizar 20 años, que la de quienes deban regularizar 10 o 5 años de aportes”.

(TN)

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Con diversos reclamos, Suteba realiza una jornada de protesta

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Hoy habrá dictado de clases dispar en las instituciones educativas de la ciudad por la jornada de protesta que lleva adelante Suteba.

“Con independencia de todos los gobiernos, universidades y escuelas provinciales nos movilizamos en unidad en defensa de la educación pública, contra la motosierra nacional y el ajuste educativo en la Provincia”, advirtieron desde el gremio.

Entre los reclamos enumeraron:

  • Reapertura inmediata de paritarias y aumento de salarios equiparados a la canasta familiar.
  • Contra la sobrecarga laboral y la precarización pedagógica.
  • En rechazo al régimen académico en el nivel secundario.
  • Contra el cierre de cursos y por la cobertura de todos los cargos en los distintos niveles y modalidades.

“Más plata para la educación pública. La deuda es con el pueblo”, aseveraron.

Se suman a la movilización durante la mañana en la Plaza Rivadavia ADUNS (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur), CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina).

Fuente: Frente al cano.

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Plan Calor: resultados de la edición 2025 y lo que proyectan para este invierno

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El pasado miércoles en el Palacio comunal fueron presentados los resultados de la segunda edición del programa Plan Calor que se concretó el año pasado.

Se trata de una política pública que comenzó a implementar la gestión de Federico Susbielles, que contó con la participación tanto en el diseño como en la puesta en marcha de la Dra. María María Ibáñez Martín y la Lic. Milena Poggiese, integrantes del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS), dependiente de Universidad Nacional del Sur (UNS) y CONICET. El objetivo principal es acompañar a los hogares vulnerables en los meses más fríos. Incluye banco de leña, estufa social, garrafas y provisión de frazadas y elementos de abrigo.

“Fuimos las encargadas de diseñar todo el protocolo de asignación, de criterios de decisión, capacitamos a los selectores, hicimos la evaluación técnica posterior a la primera edición y también fuimos convocadas para rediseñar el Plan Calor 2026 en función de los aprendizajes que tuvimos del protocolo que implementamos por primera vez en 2025”, destacó Ibáñez sobre lo trabajado junto a Poggiese.

Sobre los resultados del año pasado, afirmó que fueron muy buenos, en primer lugar, porque el 98% de las solicitudes se hicieron a través de la aplicación Mi Bahía (en 2024 las inscripciones se recepcionaban a través de WhatsApp y luego el Municipio se contactaba con cada familia por teléfono y les hacían preguntas para decidir qué recurso otorgarles).  Y sumó que en total recibieron asistencia 7.100 familias, un 92% de las solicitudes que tuvo el programa.

“Se logró una cobertura muy amplia”, enfatizó en diálogo con Radio Altos.

De cara a la edición 2026, estimó que la cantidad de pedidos de asistencia será muy similar, aunque advirtió que “es probable que veamos solicitantes con niveles de vulnerabilidad un poco más severos que el año anterior”.

El motivo, remarcó, es el contexto económico con quita de subsidios, aumento sustancial en el precio de los energéticos, precios estacionales con subas del orden del 20% en abril y sumó “una vulnerabilidad socioeconómica más desfavorable que el año anterior”.

“Quizás haya un crecimiento en la cantidad de solicitudes, pero también es probable que las mismas solicitudes que recibimos años anteriores verifiquen un nivel de necesidad un poco más profundo”, insistió.

Sobre el programa, explicó que para definir si una familia accedía o no a los beneficios, se analizaban dos factores clave. El primero el nivel de vulnerabilidad social y para ello se elaboró un indicador multidimensional. “El objetivo fue priorizar y estandarizar los grados de vulnerabilidad y poder identificar a aquellas familias que tenían una vulnerabilidad mucho más severa para atenderlas con más premura y que la cantidad de recursos que se les otorgaran fueran mayores”, señaló.

Y en segundo lugar, para decidir el tipo de recurso a otorgar, diseñaron un indicador de vulnerabilidad energética en el que se contemplaron dimensiones que afectan a la calidad que las familias satisfacen sus necesidades energéticas: tipo de acceso a electricidad, si cuentan con conexión a la red de distribución de gas, el equipamiento del hogar y el confort térmico.

“Fue un diseño muy ambicioso en términos de que la decisión pasaba por la construcción de dos indicadores multidimensionales que además estaban digitalizados. Que esté digitalizado, en la misma base y que los criterios de decisión estén homogeneizados hacen que sea una política 100% trazable. Tener esa transparencia en una política de asistencia a emergencias es realmente algo novedoso para nuestro municipio, pero también a nivel nacional. La verdad que estamos muy contentos con el resultado”, expuso, por último.

Fuente: Frente al cano.

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Discapacidad: Susbielles le reclamó a Nación que envíe fondos adeudados a las instituciones bahienses

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El intendente Federico Subsielles informó que se reunió con instituciones que prestan cuidado y atención a personas con discapacidad en Bahía Blanca debido a la compleja situación que atraviesan por la decisión del gobierno de Javier Milei de cortar el envío de fondos a partir de diciembre pasado.

Se trata del Pequeño Cottolengo José Nascimbeni, Hogar Don Orione e INCUDI.

“Desde diciembre no reciben los aranceles que el gobierno nacional abonaba a través de ANDIS y su situación es insostenible”, expuso el jefe comunal.

En un video publicado en sus redes sociales pidió a toda la dirigencia de la ciudad que realice las gestiones pertinentes para lograr que el Ministerio de Salud de Nación “cumpla con urgencia” con sus obligaciones.

Además, afirmó que ya solicitó una audiencia con el ministro Mario Lugones.

Asimismo, indicó que les solicitó al director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, Dr. Diego Palomo, y a la responsable del área de Discapacidad del Municipio, Mara Recondo, que conforme una mesa de trabajo permanente con las instituciones para activar planes de emergencia.

“La ciudad, como históricamente lo ha hecho, no le va a soltar la mano a nadie, pero cada uno tiene que hacerse cargo de las responsabilidades que le competen”, subrayó.

Fuente: Frente al cano.

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