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Demoran la ley de libre elección del IOMA en medio del conflicto con los municipios

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En medio de conflicto que mantiene el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) con varios municipios bonaerense que derivó en un quiebre de la cobertura en localidades como San Nicolás, Capitán Sarmiento y Tigre, un proyecto que establece la libre elección de la mutual de los trabajadores estatales sigue sin encontrar tratamiento en la Cámara de Diputados bonaerense.

Se trata de un proyecto ingresado en julio del 2022 por la diputada del Partido Demócrata que representa las ideas de Javier Milei, Constanza Moragues, junto a otro pelotón de iniciativas tendientes a normalizar el servicio asistencial de la obra social de los bonaerenses, en la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja.

Si bien la comisión que preside el diputado del unibloque 17 de Noviembre, Fabio Britos, comenzó a fines de marzo a estudiar una serie de proyectos vinculados al IOMA, no hubo avances significativos en la iniciativa de la legisladora del Partido Demócrata desde aquel entonces a esta parte.

“La cautividad de afiliados a IOMA hizo permeable el desvío de fondos para actividades políticas y sindicales, y la falta de incentivos facilitó el ejercicio corrupto de la administración de fondos. La mala calidad de los servicios, hace que sus afiliados deban contemplar una doble cobertura: obra social y prepaga”, argumentó la diputada bonaerense.

Con relación a esto, el proyecto de Moragues establece en que “el acceso a los servicios del IOMA será de manera libre y voluntaria, para todos los agentes y funcionarios, incluidos el Gobernador, Vicegobernador, intendentes e integrantes de la Suprema Corte de Justicia bonaerense”.

Además, la propuesta legislativa de Moragues también especifica en uno de sus artículos que “todas aquellas afiliaciones anteriores a la entrada en vigencia de la ley podrán, dentro del plazo de 12 meses, acogerse a la voluntariedad que plantea esta norma”.

Es preciso señalar que, el municipio de Tigre, gobernado por el peronista Julio Zamora, se acopló esta semana a los partidos bonaerenses que decidieron desafiliar a los trabajadores estatales de IOMA a través de una ordenanza emitida por el Concejo Deliberante.

Hasta el momento, la medida sólo había logrado avanzar en las localidades en dónde gobierna Juntos por el Cambio como San Nicolás y Capitán Sarmiento.

Por parte del Ejecutivo bonaerense, el presidente de IOMA, Homero Giles, salió a criticar a los intendentes que promueven la desvinculación de la obra social de la Provincia. “El contrato entre IOMA y el municipio debe ser por todo el grupo de trabajadores, no puede ser parcial”, fundamentó.

Qué municipios bonaerenses en conflicto con IOMA
Durante el año pasado, escaló a nivel nacional la decisión del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, de desafiliar a los 750 trabajadores municipales del IOMA. De acuerdo a lo informado desde el municipio, la intención es que el personal municipal cuente con “una cobertura médica más amplia, más turnos y centros médicos para atenderse y una mejor atención”.

Otro dirigente del Pro que avanzó en una decisión similar, fue el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, quién habilitó la posibilidad de que los trabajadores del municipio tengan libertad de elección de cuál será su cobertura de salud.

En el caso más reciente de Tigre, la iniciativa votada en el Concejo Deliberante permite a los empleados municipales la alternativa de continuar aportando al IOMA, pero obliga a la municipalidad a acordar convenios con obras sociales nacionales como opción. En tanto, el intendente Zamora puede vetar la ordenanza, o promulgarla.

Como informó este medio, desde Tandil, donde gobierna el intendente radical Miguel Ángel Lunghi, desde enero que los afiliados convocan a protestas frente a las sedes de la obra social en reclamo de la normalización de las prestaciones.

A fin de año, las autoridades del IOMA pusieron fin a un convenio con el Círculo Médico de Tandil, lo que resintió la oferta de profesionales disponibles para atenderse, y obligó a los afiliados a trasladarse a otras ciudades para conseguir un turno. En febrero se alcanzó un acuerdo con La Mutual 23 de Diciembre, una entidad intermediaria con el Círculo Médico, pero el malestar persiste.

En otras localidades, como Bahía Blanca, las quejas apuntaron por los “cobros indebidos”, es decir, toda prestación de salud que implica un gasto adicional para los afiliados. La situación irregular generó la protesta de organizaciones como la Asociación Judicial Bonaerense en varios distritos del sudoeste bonaerense.

(DiputadosBsAs)

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La industria usó el 59,9 % de su capacidad instalada: el rol de Bahía en el repunte de la actividad

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La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 59,9% en abril, según informó este martes el INIDEC. El indicador mostró una mejora de 0,1 puntos con respecto a marzo de este año, cuando había alcanzado 59,8%. Además, el nivel registrado también se ubicó por encima del 58,3% observado en abril de 2025.

En este marco, en la comparación interanual resalta la elaboración de sustancias y productos químicos, que mostró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,9%, debido a que en abril de 2025 la actividad del polo bahiense estuvo afectada por la trágica inundación del 7 de marzo.

El indicador mide qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales está en uso. El acumulado del primer cuatrimestre de 2026 presentó una mejora con respecto a igual período de 2025, impulsada principalmente por refinación de petróleo, industrias metálicas básicas y sustancias y productos químicos.

El dato de abril fue el mejor desde octubre del año pasado. No obstante, el nivel general se mantiene bajo en términos históricos, en un contexto de menor demanda y caída en distintos rubros productivos.

Fuente: La Nueva.

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Posteriormente, se replicará la siguiente crónica sobre la Segunda Sesión Territorial del 2026

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El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca llevó adelante una nueva Sesión Territorial en el Club Libertad de Villa Rosas, con la participación de vecinos, instituciones del sector, concejales de los distintos bloques políticos y áreas del Ejecutivo Municipal que brindaron asesoramiento previo a la jornada.

La iniciativa forma parte de una política impulsada por el Cuerpo para acercar el Concejo Deliberante a los barrios, promover la participación ciudadana y garantizar que las problemáticas de cada sector puedan ser escuchadas, debatidas y canalizadas de manera directa.

Durante la sesión se abordaron expedientes vinculados a necesidades planteadas por vecinos e instituciones de Villa Rosas y barrios cercanos, resultado del trabajo previo realizado en reuniones abiertas mantenidas durante las últimas semanas.

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Gisela Caputo, destacó que “el objetivo de las sesiones territoriales es que el Concejo esté cada vez más cerca de los vecinos. Queremos escuchar de primera mano cuáles son sus preocupaciones y transformar esos planteos en acciones concretas”.

Asimismo, señaló que la experiencia viene mostrando resultados positivos.

“Los vecinos reciben muy bien esta propuesta porque sienten que las instituciones se acercan a escucharlos. Pero, además, muchos de los planteos que surgen en estos encuentros se transforman en proyectos que llegan al Ejecutivo Municipal y varios de esos reclamos ya encontraron respuesta y solución”, afirmó.

Desde el Concejo Deliberante remarcaron que esta modalidad busca fortalecer el vínculo entre los representantes y la comunidad, construir una agenda legislativa conectada con la realidad de cada barrio y generar un seguimiento institucional de las demandas vecinales.

PRINCIPALES EXPEDIENTES APROBADOS

Reconocimiento a instituciones y vecinos destacados de Villa Rosas

• Declaración de Interés Municipal del 110° aniversario del Club Libertad.
• Declaración de Interés Municipal del 41° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Rosas.
• Distinción como Personalidad Destacada de la Ciudad a Rafael Luis Gallichio.
• Habilitación del salón del Centro de Jubilados de Villa Rosas, fortaleciendo las actividades sociales y comunitarias que desarrolla la institución.

Producción, trabajo y desarrollo urbano

• Autorización de excepción urbanística para el desarrollo de actividades productivas de Moroni Packaging S.A.S.
• Autorización de excepción urbanística para una actividad comercial de distribución y venta mayorista y minorista de productos alimenticios.
• Autorización para el desarrollo del uso “Depósito de lana embolsada”.
• Autorización para el desarrollo del uso “Venta de leña embolsada”.

Bienestar animal

• Creación del Centro Veterinario Municipal de Bahía Blanca, una herramienta destinada a fortalecer las políticas públicas de atención, prevención y cuidado de los animales de compañía en la ciudad.

Espacios públicos para las familias

• Convalidación del convenio entre la Fundación Cargill y la Municipalidad de Bahía Blanca para la donación de juegos infantiles destinados a espacios públicos de la ciudad.

La sesión en Villa Rosas constituyó la segunda experiencia territorial desarrollada por el Concejo Deliberante, consolidando una herramienta que busca acercar la labor legislativa a los barrios y convertir las inquietudes vecinales en iniciativas concretas para mejorar la calidad de vida de los bahienses.

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El mensaje que le mandó la escribana de Adorni a una de las testigos en la causa por enriquecimiento ilícito

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Manuel Adorni

Un emoji de fuerza salió desde el teléfono celular de Adriana Nechevenko, escribana de Manuel Adorni, y llegó hasta el móvil de Isabel Molina, acreedora del funcionario y testigo en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. La comunicación ocurrió esta mañana y quedó incorporada a la causa.

La mañana de este lunes, en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py, la atención se centró en la declaración de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes figuran como acreedoras de un préstamo otorgado en efectivo a Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete. Mientras ambas se preparaban para declarar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, un mensaje de WhatsApp enviado por Adriana Nechevenko, la escribana que ofició en la operación, irrumpió en el teléfono de Molina. El contenido era breve, pero significativo: un bracito que en significa fuerza en la popular aplicación de mensajería. El gesto quedó incorporado al expediente judicial.

La comunicación digital, junto con el resto del chat entre Nechevenko y las acreedoras, fue sumada a la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. Según reconstruyó Infobae a partir de fuentes cercanas al caso, la escribana mantiene un vínculo previo con las policías, lo que habría facilitado el contacto con Adorni y la concreción del préstamo. El contexto de esta interacción, en el mismo día en que las testigos prestaban declaración, sumó un nuevo elemento a la pesquisa judicial y generó interrogantes sobre la relación entre los involucrados.

El préstamo en cuestión se realizó en noviembre de 2024 y ascendió a 100.000 dólares, suma que Molina y Cancio entregaron personalmente en la escribanía de Nechevenko, cuando Adorni todavía ejercía solo como vocero presidencial. Como garantía del crédito, el funcionario hipotecó su primer departamento en la avenida Asamblea, ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. La comisario retirada Molina aportó 85.000 dólares, mientras que su hija, aún en actividad dentro de la fuerza y contadora de formación, sumó 15.000 dólares. Ambas evitaron hacer declaraciones a los medios al ingresar y salir de los tribunales, donde permanecieron cerca de tres horas aportando testimonio, documentación y registros de conversaciones.

Durante la audiencia, Molina y Cancio ratificaron que la deuda original pactada con Adorni fue de cien mil dólares, y que el funcionario se comprometió a devolverla en un plazo de dos años con un interés anual del 11%. El pago de intereses se realizó durante los primeros meses en cuotas mensuales de 900 dólares, cifra que se redujo a 600 dólares tras la cancelación parcial del capital, luego de que Adorni abonara 30.000 dólares de forma directa. En la actualidad, la deuda remanente asciende a 70.000 dólares, monto que deberá ser saldado antes de noviembre de 2026, incluyendo los intereses acumulados.

De acuerdo a la reconstrucción realizada, el dinero prestado fue parte del capital utilizado por Adorni para adquirir una vivienda en Indio Cuá, en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La compra se realizó en el mismo mes en que se otorgó el crédito, y fue la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, quien trasladó personalmente el efectivo a una sucursal del Banco Galicia para su posterior transferencia al vendedor, Juan Ernesto Cosentino. Esta secuencia de movimientos financieros motivó que la fiscalía solicitara información patrimonial y bancaria de todos los participantes, con el fin de determinar la procedencia de los fondos y la capacidad económica de cada uno.

El fiscal Pollicita dispuso una serie de medidas para profundizar en la investigación sobre el origen y justificación del dinero involucrado. El juez Ariel Lijo accedió al pedido de la fiscalía y autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Adorni, su esposa y las acreedoras. Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue requerida para aportar datos sobre los movimientos económicos, patrimoniales y fiscales de los sujetos implicados, en especial respecto a los préstamos, créditos y garantías hipotecarias que surgen de la documentación.

Por su parte, Molina y Cancio anticiparon parte de las explicaciones requeridas por la fiscalía, detallando que el origen de los fondos provino de ahorros propios, fondos recibidos por un juicio sucesorio y una demanda por diferencias salariales tras el fallecimiento del esposo de Molina. Ambas testigos presentaron documentación que respalda la procedencia del dinero prestado, aunque será la fiscalía la que evalúe la suficiencia y veracidad de esos argumentos en el marco de la investigación.

En paralelo, el expediente sumará nuevos testimonios en los próximos días. El miércoles será el turno de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, jubiladas que vendieron a Adorni un departamento sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. En esa operación, el funcionario pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 dólares a saldar en noviembre próximo, aunque en este caso el acuerdo no contempla intereses. También deberá declarar Pablo Feijoo, hijo de una de las vendedoras, quien participó en la negociación.

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