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Dura derrota de Milei en el Senado: son ley el paquete previsional completo y la emergencia en discapacidad

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El Senado convirtió hoy en ley el proyecto que aumenta los haberes jubilatorios en un 7,2 por ciento y eleva bono de 70.000 pesos a 110.000, además del proyecto que extiende de la moratoria previsional, con lo que aplicó un duro golpe al gobierno del presidente Javier Milei, quien ya había advertido que vetaría esas iniciativas por atentar contra el equilibrio fiscal. Además, dieron el OK a la emergencia en discapacidad.

El proyecto que incrementa las jubilaciones y el bono fue sancionada por 52 votos y 4 abstenciones; los votos fueron aportados por peronistas, radicales y partidos provinciales, con lo que se superaron los dos tercios de los sufragios. Del mismo modo, la moratoria resultó aprobado por 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención.

Una de las tantas particularidades de la sesión fue que se cayó el sistema, lo que podría abrir más frentes de discusión.

Antes de la votación, La Libertad Avanza (LLA), el grueso del PRO y otros representantes de partidos provinciales decidieron ausentarse: los libertarios no reconocen la sesión y sostienen que la judicializarán.

La sesión inició pasadas las 14:15, luego de que la oposición lograra reunir el quórum aportado por los 34 senadores del interbloque peronista, a los que se sumaron el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y sus pares de bancada Martín Lousteau, Favio Fama, Pablo Blanco y Maximiliano Abad.

También lo hicieron el jefe de la bancada Las Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; la cordobesa Alejandra Vigo y la rionegrina Mónica Silva; se sumaron los santacruceños que responden al mandatario Claudio Vidal, Natalia Gadano y José Carambia.

Después de una hora y media de discusión para imponer el temario, primó la iniciativa del peronista José Mayans que también impuso con mayoría su criterio de considerar válidos los despachos -objetados por los libertarios-, por lo que de esa manera se inició el debate por los proyectos aprobados.

El primero en tomar la palabra fue el senador peronista Mariano Recalde, que defendió proyecto aprobado por Diputados, aunque reconoció que esa mejora “es mínima” ya que alcanza a “cubrir solo” para pequeños gastos, aunque destacó que ese incremento está solventado con las propuestas de financiamiento que se han incluido en esa iniciativa.

“El proyecto cuenta con fuente de financiamiento propia que permitiría llevar un pequeño alivio a los jubilados y responder fiscalmente a esta necesidad. También se plantea el redireccionamiento de las partidas que el Poder Ejecutivo asignó para la SIDE”, agregó Recalde.

A su turno, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero expresó su rechazo al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y dijo que se deben estudiar otras propuestas si se quiere ayudar a los jubilados, como la situación del empleo, para tratar el problema del trabajo sin registrar.

Señaló que le “preocupan los jubilados y si de verdad queremos ayudarlos debemos tomar el toro por la astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan”.

Por su parte, Tagliaferri se lamentó que el año pasado un grupo de diputados hayan avalado el veto Milei y sostuvo: “La casta para el Gobierno son los jubilados. Por mas que digan desde el relato cosas distintas”, aunque votó contra la moratoria previsional.

A su vez, la senadora Silva indicó que “es muy importante que hoy logremos la aprobación de esta ley y apelemos a la sensibilidad del Gobierno para que sea aplicable”.

El proyecto de jubilaciones ratificó el decreto presidencial 274/2024 que establece que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo al índice inflacionaria.

En su paso por la Cámara baja, a propuesta del diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, se incorporaron artículos para financiar el aumento de las jubilaciones y del bono.

En ese sentido, se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas, de ganancias a las sociedades de garantías reciprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.

También propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.

Otro punto del proyecto se refiere a las cajas jubilatorias y en ese sentido dispone que la Anses transferirá antes del 20 de cada mes a las Provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año.

La moratoria previsional establece que las personas personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes puedan regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.

Sin la moratoria, solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez, en tanto accederán a este plan unos 440 mil trabajadores en dos años ya que solo lo podrán acceder quien cumplan determinados requisitos.

La emergencia

El Senado también convirtió en ley la declaración de emergencia en materia de atención pública a las personas con discapacidad. Fue por unanimidad de los 56 legisladores presentes.

La iniciativa fue sancionada luego de un breve debate en el que se destacó la intervención de Luis Juez (Pro-Córdoba), que con la voz quebrada, es padre de una niña que tiene parálisis cerebral, abogó por el voto a favor de actualizar los valores que perciben transportistas, terapeutas y maestras integradoras.

“El estado tiene que hacerse responsable y esto no es un gasto. No importa cuanto afecta, nuestros hijos no son un numero, no son parte de una contabilidad”, sentenció Juez, rebatiendo los argumentos del Poder Ejecutivo en defensa del equilibrio fiscal.

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La nafta sigue en aumento y le mete presión a la inflación de marzo

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Como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y la suba en el valor del petróleo, las compañías petroleras que operan en la Argentina extendieron un nuevo aumento a los surtidores, por lo que el litro de nafta Premium ya supera los $2.000 en casi todas las estaciones del país.

Según datos de EcoGo, ya que las empresas han dejado de informarlo hace tiempo, el incremento es en torno al 9% en lo que va de marzoy abarca a todas las petroleras. El impacto en los surtidores se refleja en el bolsillo de los consumidores y anticipa una mayor presión sobre la inflación de marzo.

Según la serie actualizada, el índice de precios promedio (un índice con base 100 en enero 2025) de las naftas y gasoil escaló de 136,3 el 26 de febrero a 148,2 el 16 de marzo, con base enero de 2025 igual a 100. Esto implica una suba del 8,67% desde que se profundizó el conflicto en Medio Oriente y el barril de Brent superó los 100 dólares.

Si se toman los valores de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, la nafta Súper promedia los $1.833, la premium $2.015 y el gasoil Infinia $02.033. En el caso de Shell, que siempre es más alta, la Súper ronda $1.890, la Premium $2.081 y el gasoil Power $2.129. En el interior bonaerense, el precio es un poco más alto.

En la nafta Súper de YPF, que subió $145 en solo siete días, el avance representa un salto del 8,3%. El gasoil premium de Shell tuvo un incremento de $131, equivalente al 6,6%.

Más allá del impacto en el bolsillo del usuario, la suba de los combustibles trasciende los surtidores y alcanza a la inflación general. Según los modelos de GMA Capital, un ajuste del 10% en el precio de los combustibles se traduce en 0,37 puntos porcentuales adicionales de inflación. Pero el traslado de los mayores costos al consumidor dependerá de la estrategia comercial de las petroleras y de la evolución del conflicto internacional.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó días atrás que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero de 2026 una variación mensual de 2,9%. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre del año alcanzó el 5,9%, mientras que la comparación interanual se ubicó en 33,1 %.

Fuente: Agencia DIB

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La Provincia dio otro paso clave para hacer la revisión tarifaria de la luz

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La medida formaliza el Anexo III del acuerdo celebrado con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), dependiente de esa Facultad, que brinda servicios de consultoría para el desarrollo técnico y económico de la revisión tarifaria que comenzó en 2024. En este caso, el anexo establece en detalle las fases, contenidos, hitos y porcentajes de pago correspondientes a la Etapa 2 del proceso.

El proceso de RTI había sido iniciado por la Provincia mediante la Resolución N° 1133/2024 y contempla distintas instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica provincial. El objetico es conocer en detalle los costos de la distribución de energía de las cuatro compañías de energía: Edelap, EDES, EDEA y EDEN.

En concreto, con este proceso se busca definir un plan de inversiones que garantice un servicio eléctrico de calidad, actualice la infraestructura según la demanda actual, y reafirme el rol activo del Estado provincial en el control de las empresas.

Según informaron desde la Provincia, otra de las metas que persigue la RTI es mejorar los parámetros de calidad del servicio y al mismo tiempo garantizar a los usuarios tarifas asequibles y geográficamente homogéneas.

El análisis de los costos de la energía elécrtrica

De acuerdo con lo previsto en el acuerdo, la Etapa 1 está vinculada a la valuación física de los activos de las distribuidoras y a la recopilación de información técnica para garantizar la prestación del servicio en condiciones adecuadas. En tanto, la Etapa 2 comprende el análisis económico y regulatorio, incluyendo la valorización de la base de capital, la determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, la definición del plan de inversiones obligatorio y la propuesta de estructura tarifaria.

Según la documentación oficial, esta etapa es fundamental para todo el proceso porque va a culminar en un informe final en el cual el Ceare va a sugerir un nuevo cuadro tarifario a aplicar. El cronograma contiene numerosas tareas específicas subdivididas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para llegar hasta las conclusiones.

La resolución también establece que los pagos vinculados a la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez verificado el cumplimiento de los hitos establecidos para esta segunda etapa del proceso.

La decisión se adoptó con intervención de los organismos de control provinciales y en el marco de las facultades previstas en la Ley de Ministerios, el marco regulatorio eléctrico provincial y la normativa administrativa vigente.

Fuente: Agencia DIB

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Taxistas reclamaron en el Municipio por una flexibilización a la norma que regula a Uber

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Un grupo de taxistas se manifestó esta mañana en la Municipalidad para reclamar por una flexibilización de último momento en la reglamentación de la ordenanza de Uber que había sido aprobada semanas atrás en el Concejo Deliberante.

En las últimas horas y a través de un decreto, el intendente Federico Susbielles le otorgó a los choferes de aplicación un año de prórroga para registrarse en la comuna y eso desató la ira de los taxistas.

“Hay una necesidad laboral de estos choferes de apps que nosotros no podemos desconocer y por eso se decidió flexibilizar la reglamentación anterior”, explicaron fuentes del Municipio.

Según los manifestantes, esa flexibilización los deja en desventaja respecto de los conductores de Uber.

Luego de media hora de gritos y pedidos de una reunión con el intendente, se hicieron presentes el jefe de Gabinete y la secretaria de Gobierno, Luis Calderaro y Florencia Molini, quienes dialogaron con los taxistas y los invitaron a una conversación en privado. También apareció el representante regional del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Montero.

“Nos mandaron al muere a 1.400 familias, a ustedes no les importa porque cobran igual su sueldo”, les dijo el dirigente del Centro de Propietarios de Taxis, Roberto de Barrenechea, antes de pasar a la reunión.

El mes pasado se aprobó una ordenanza que establece, entre otras cosas, que los choferes de apps deben contar con carnet profesional y autos que no superen los 13 años de antigüedad, para asimilar los requisitos con los taxistas.

Asimismo, tienen que enviar una nota dirigida al intendente y certificada con firma ante Escribano o Notario Público, solicitando la autorización para la prestación del Servicio de Transporte Privado con la intermediación de Plataformas Independientes (STPPI).

Fuente: La Nueva.

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