En medio de la creciente preocupación por la calidad institucional en Argentina, un nuevo capítulo se suma a la intrincada trama que parece unir a dos figuras aparentemente antagónicas: Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, y la ex presidenta Cristina Kirchner. El denominador común en esta historia es el apellido Eskenazi y el controvertido juicio por la estatización de YPF.
La reciente decisión del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, de ser relevado de intervenir en la causa que se sigue en un tribunal de Nueva York, donde el fondo Burford reclama un resarcimiento por la violación del estatuto de YPF durante la estatización, ha despertado suspicacias. Burford adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi, que estaría asociada en un 30% del cobro si la justicia falla a favor del fondo.
Néstor Kichner y Cristina Kirchner “obligaron” a los Eskenazi a comprar parte del paquete accionario de Repsol-YPF sin poner un dólar. Increíble pero eso ocurrió en la Argentina mientras que Sebastián Eskenazi y allegados postean en sus redes sociales una vida de emprendedores exitosos.
La excepción Rodolfo Barra
Lo que genera inquietud es que, tras la salida de Barra, la defensa del Estado queda en manos deAndrés De la Cruz, quien durante años formó parte del estudio jurídico que defendía los intereses del Grupo Petersen, propiedad de los Eskenazi. Este aparente conflicto de intereses pone en juego nada menos que 16.000 millones de dólares.
Pero la historia se remonta a 2008, cuando la familia Eskenazi se hizo con el 25% de YPF sin desembolsar dinero, sino apalancándose en fondos del Credit Suisse y pagando con los dividendos de la empresa. Años después, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se produjo la polémica estatización del 51% de YPF, lo que desencadenó la demanda de los Eskenazi a través del fondo Burford.
El rol de Carlos Zannini
Durante la gestión de Mauricio Macri, el procurador Federico Saravia Frías cosechó éxitos defendiendo al Estado en este caso. Sin embargo, con el regreso del kirchnerismo, fue reemplazado por Carlos Zannini, quien curiosamente es señalado como responsable de los errores jurídicos en los que Burford sustenta su demanda. Zannini, además, ocupó un cargo en el banco propiedad de la familia Eskenazi.
Ahora, con Javier Milei en el gobierno, surge la pregunta: ¿Qué papel juega el apellido Eskenazi en la relación entre el líder de La Libertad Avanza y Cristina Kirchner? Las dudas sobre la independencia de quienes deben defender los intereses del Estado argentino en este juicio, y las sospechas de conflictos de interés y favoritismos, plantean un oscuro panorama.
Eslabón Eskenazi
El eslabón perdido que parece unir a Milei y Kirchner tiene nombre y apellido: Eskenazi. Mientras la calidad institucional se ve cuestionada, la ciudadanía exige transparencia y claridad en un caso que podría tener un impacto significativo en las arcas del Estado. ¿Podrá el gobierno de Milei garantizar una defensa justa y libre de influencias?.
El Concejo Deliberante realizará este mediodía una sesión preparatoria para la asunción de 12 nuevos concejales electos tras la contienda electoral del 7 de septiembre.
Durante la ceremonia no solo se espera la jura de los nuevos ediles, que tendrán mandato hasta diciembre de 2029, sino que hay expectativa por un posible cambio de autoridades tras varios acuerdos políticos.
En la previa de la sesión, en los pasillos del deliberativo se menciona el posible reemplazo del actual presidente, Mauro Reyes (LLA), por la concejal Gisela Caputo, electa en la lista libertaria pero referente del Pro que encabeza Cristian Ritondo.
Vale recordar que las elecciones del domingo 7 de septiembre pasado en Bahía Blanca arrojaron una victoria de La Libertad Avanza con el 46,23 % de los votos, lo cual le permitirá fortalecer al principal bloque de oposición al gobierno del intendente Federico Susbielles (Fuerza Patria).
El peronismo pese a la derrota (obtuvo 31,05 %) ganará una banca porque dejaba 3 lugares y logró meter 4 escaños
La nueva composición tendrá 9 concejales de La Libertad Avanza, que serán Franca Grippo, Felipe Ferrández, Fernando Compagnoni, Araceli Valenzuela y Luciano Cagiao que se sumarán a Mauro Reyes, Marité Gonard, Vanina Linzuain y Marcos Streitenberger.
El peronismo quedará con 9 ediles porque ingresan Florencia Molini, Gustavo Lari, María Belén Rodríguez y Claudio Carucci que se suman a Álvaro Díaz, Micaela Tomassini, Lucía Martínez Zara, Roberto Arcángel y Lucía Velaustegui, quien asumió la semana pasada en reemplazo de Jonatan Arce.
El bloque de Somos Buenos Aires contará con 3 escaños. Lograron su puesto en estas elecciones Martín Salaberry y Adriana Cecilia Borelli (UCR) que se suman a Fabiana Ungaro (Coalición Cívica).
En tanto Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo, reelecta en septiembre por la lista LLA-Pro, confirmaron que tendrán un bloque propio con el nombre del Pro.
Finalmente, el espacio Unión y Libertad será representado Carlos Alonso, que ingresó al Concejo en 2023 por las listas de La Libertad Avanza pero luego se abrió a un espacio diferente.
Esta mañana en diálogo con Radio Altos Sebastián Mazza esposo de Juliana, una de las víctimas fatales de la tragedia de Bahiense del Norte, y su abogado Jorge Otharán se refirieron a la declaración el pasado viernes de la responsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca, Laura Fabiana Soberón.
“Fue una declaración pobre que lejos de mejorar la situación procesal, reafirmó el motivo por el cual esta mujer está imputada. Ratificó que no hizo, más allá de que pretende desligarse del área, lo que tenía que hacer”, consideró Mazza.
Cuestionó que la funcionaria haya manifestado que la norma que la fiscalía imputa como incumplida, no se aplica y que ella como titular del área de Habilitaciones no tenía obligación de prohibir el desarrollo de actividades. “La norma es clara: la ordenanza 8002 prohíbe que los clubes estuviesen abiertos previamente a tener la habilitación municipal. Pero ella dice que esa norma no se aplica”, criticó.
Sobre la indagatoria mañana del presidente del club Bahiense del Norte, Leandro Ginóbili, dijo que él sabrá si presta o no declaración. “Dejó a las víctimas tiradas y no hizo absolutamente nada, uno que va a esperar de su declaración”, expuso.
En tanto, Otharán planteó que tras la declaración de Ginóbili, el fiscal Cristian Aguilar es probable que realice la requisitoria de elevación a juicio.
“Estamos conformes con el proceso, en los últimos meses hubo un gran trabajo por parte de la fiscalía, fue una labor intensa. Y también estamos conformes con las decisiones que adoptó el fiscal a raíz del escrito que presentó un grupo de particular damnificados”, señaló sobre el pedido para imputar al presidente del club, Leandro Ginóbili, y a la jefa de Habilitaciones del Municipio, Laura Soberón.
Agregó que del año pasado a la actualidad, el cambio procesal de la causa fue muy grande y subrayó que “va por el camino que tiene que ir”.
Según manifestó, ese cambio se dio por la propia actividad procesal y por la cantidad de pruebas recolectadas por parte de la Fiscalía. “Entiendo que fue ese cúmulo de pruebas lo que llevó al fiscal a cambiar de parecer o a adoptar otra decisión en el sentido que decían los particulares damnificados. En una primera oportunidad a la causa la había cerrado en relación al club y a los funcionarios municipales, y luego de este intenso trabajo probatorio y de merituar toda esta prueba, fue lo que llevó al fiscal, a mi criterio atinadamente, a tomar la decisión de imputar a estas dos nuevas personas”, analizó y estimó que el proceso judicial hasta su finalización será largo.
El Municipio informó que General Daniel Cerri tiene nuevo delegado. Se trata de Carlos Michelangeli quien asumirá en reemplazo de Néstor Fabrizzi que inició su proceso de jubilación.
Aclararon que asumirá formalmente el cargo la semana próxima y que desde hoy se pone en marcha un período de transición “con el objetivo de garantizar continuidad y orden en cada una de las áreas de la Delegación”.
Desde el Ejecutivo señalaron que Michelangeli es una figura ampliamente reconocida en la comunidad cerrense, especialmente por su rol como presidente del Club de Pesca y Náutica, institución en la que participa desde 1982 y donde ha tenido una trayectoria sostenida en distintos cargos de conducción.
Además, se desempeña como secretario del Consejo Consultivo del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, lo que refuerza su vínculo con el desarrollo productivo y la actividad náutica de la región.
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