En su afán por disciplinar y poner bajo la lupa a los trabajadores del Estado, el Gobierno nacional terminó cosechando un resultado inesperado: más del 98% de los empleados públicos que rindieron los exámenes del Sistema de Evaluación Pública (SEP) los aprobaron sin dificultades. Lejos de evidenciar deficiencias, el proceso reveló la capacidad de quienes fueron estigmatizados durante meses desde el discurso oficial.

La respuesta no tardó en llegar por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestionó con dureza no solo el sentido de la evaluación, sino también el gasto que implicó. “Los reyes del achique y los recortes se gastaron más de 2.500 millones de pesos para estigmatizarnos y no pudieron, fracasaron porque todos rindieron bien”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.

El reclamo del sindicato

Según un informe de ATE, la implementación del SEP ya demandó al menos $2.570 millones, entre pagos directos y el tiempo laboral perdido de los empleados que debieron dejar sus tareas para presentarse a las evaluaciones. Para Aguiar, se trata de un uso ineficiente de los fondos públicos, que “provienen del pago de impuestos de todos los argentinos”, lo que hace aún más injustificable el operativo.

Desde el gremio también remarcaron que existen mecanismos de evaluación establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional, por lo que consideran que el SEP es innecesario. En ese sentido, Aguiar pidió que no se extienda al resto del país y que se dé marcha atrás con su implementación

Pese a los resultados positivos obtenidos por los trabajadores, la polémica continúa. “A esta altura podríamos hablar de criptoexámenes, porque terminaron siendo una verdadera estafa para toda la sociedad”, sentenció Aguiar. Para ATE, lejos de poner en evidencia fallas, el Gobierno quedó expuesto por insistir en una política que, en sus palabras, “fracasó desde el inicio”.