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El Gobierno apretó el acelerador y está cerca de reunir los votos en Diputados para privatizar Aerolíneas

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Repentinamente, sin mediar aviso previo, el Gobierno retomó con fuerza el proyecto para reprivatizar Aerolíneas Argentinas, luego de que fracasara meses atrás el intento de incluirlo dentro de la Ley Bases.

En plena escalada del conflicto con los gremios de la aeronáutica comercial, el Poder Ejecutivo activó el botón privatizador y en principio contaría con los votos para la media sanción en la Cámara de Diputados.

La intención del Gobierno es terminar con la metodología de los “paros salvajes” que dejan a miles de pasajeros varados, con todos los problemas derivados de la reprogramación de los vuelos.

Con la amenaza de privatización, se busca disciplinar a los sindicatos para que moderen sus formas de protesta y también poner coto a sus pretensiones de mejora salarial.

Más allá de si logran ese primer objetivo en lo inmediato, la apuesta de fondo es vender los activos de la empresa a operadores privados, en un proceso de adecuación administrativa que demandará al menos varios meses.

El primer paso será este miércoles en la Cámara de Diputados, a través de un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto, con la presentación de altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

Si se firman los dictámenes, la idea es llevar la votación al recinto el próximo miércoles 2 de octubre, junto al tratamiento de los proyectos de Ficha Limpia y Boleta Única de Papel.

La decisión de apurar este plenario se tomó anoche en una reunión que mantuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con diputados de la La Libertad Avanza y sus socios del PRO y el MID de Oscar Zago.

Lo ideal para el Gobierno sería avanzar con el proyecto del macrista Hernán Lombardi, que no establece demasiadas exigencias de control en el proceso de privatización.

El plan B es el proyecto de Juan Manuel López (Coalición Cívica), que apoya buena parte del radicalismo.

Esta iniciativa exige que se respeten las disposiciones incluidas en la ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la
Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN).

En La Libertad Avanza son 39 integrantes y 38 votos dado que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no vota salvo desempate.

Después se suman otros 38 del PRO y tres del MID. A esta aritmética hay que incorporar al bloque Independencia de Tucumán, de tres miembros, Paula Omodeo de Creo y Lourdes Arrieta de FE.

De la oposición dialoguista habría que sumar a cerca de 25 radicales. “Hay dudas, sobre todo por el tema de garantizar los vuelos al interior. El chaqueño Gerardo Cipolini, por ejemplo, que es de Sáenz Peña, planteó la preocupación. Los que son de lugares menos rentables son los que más van a estar atentos”, admitieron fuentes del radicalismo, que de todas maneras garantizaron que la mayor parte del bloque acompañará la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Consultado por NA, uno de los diputados de la UCR que se inclinaría por el rechazo, fundamentó su postura: “No me gusta delegarle nada al ejecutivo que promete destruir el Estado”

En Innovación Federal, que son ocho miembros, están mayormente en contra de la iniciativa, pero al menos los cuatro misioneros se abstendrán, supo Noticias Argentinas, para no abrir una fuente de tensión con el Gobierno en medio de la negociación del Presupuesto.

Los votos en contra del proyecto vendrán mayoritariamente de Unión por la Patria, que tiene 99 representantes. Tampoco el Frente de Izquierda, de cinco integrantes, avala la venta o cesión de la aerolínea de bandera a manos privadas.

En Encuentro Federal los dos socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein no van a acompañar la privatización. “El debate no pasa por si queremos una Aerolínea privada o estatal. Sino por la eficiencia, que hoy garantiza conectividad. Aerolíneas Argentinas es la única que llega a 21 destinos del país, donde no llega otra compañía”, argumentaron los dos santafesinos en una declaración de prensa conjunta.

Natalia de la Sota también está por el rechazo. “Ella está en contra de la privatización y a favor de la aerolínea de bandera que cubra las rutas con un carácter federal que ningún privado va a tomar por falta de rentabilidad”, señalaron a Noticias Argentinas desde el entorno de la cordobesa.

El resto de Encuentro Federal, salvando a Ricardo López Murphy, tiene dudas. “Que vengan a explicar qué quieren hacer, pero por un conflicto gremial no se puede privatizar una aerolínea. Tienen que explicar qué quieren hacer, qué formato, qué metodología, qué beneficios al comprador”, señalaron altas fuentes de este bloque presidido por Miguel Pichetto.

Fuente: Noticias Argentinas.

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Aprobado el Presupuesto 2026 bonaerense: $43 billones y rebaja de la patente

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El Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley Fiscal Impositiva, garantizando así la hoja de ruta financiera para el próximo año. La “ley de leyes” proyecta una inversión total de más de 43 billones de pesos y prioriza el gasto social y la infraestructura.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto busca garantizar la sostenibilidad fiscal, proteger a los sectores vulnerables y continuar con las inversiones clave. Se contemplan asignaciones de recursos esenciales como Promoción y Asistencia social ($1.7 billones), Salud ($1.7 billones), y Seguridad ($1.4 billones).

Un punto político central del Presupuesto es la creación de un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, destinado a reclamar recursos adeudados por el gobierno federal.

Alivio fiscal: rebaja de la Patente

En materia de recaudación, el proyecto Fiscal se enfocó en la progresividad y la reducción de distorsiones, sin incrementar la presión tributaria general.

  • Automotores: se proyecta una rebaja nominal en la patente que beneficiará al 75% de los contribuyentes de la provincia (aproximadamente 1,5 millones de automotores).
  • Impuesto Inmobiliario: se eliminan cuotas adicionales para el cien por ciento de los propietarios y se estima una reducción de impuestos a pagar en términos reales debido a las actualizaciones nominales.

El senador Marcelo Feliú destacó que la aprobación del Financiamiento garantiza “la viabilidad de la ejecución del plan de Gobierno” e incluye fondos necesarios para los 135 municipios. En la misma sesión, se aprobó la designación de Flavia Terigi como nueva Directora General de Cultura y Educación.

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Diputados aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero se postergó el debate por el endeudamiento

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La Legislatura bonaerense se disponía este jueves a la madrugada a aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal que envió el gobernador Axel Kicillof, mientras que se propuso un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 por el proyecto de financiamiento.

Los diputados provinciales le dieron media sanción a la norma y ahora se esperaba idéntica respuesta en la Cámara alta bonaerense.

Según indicaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, la ley de leyes y la impositiva están en condiciones de ser aprobadas con mayoría simple, aunque sectores de la oposición, como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, votarán en contra.

Con esta postergación, el oficialismo busca estirar los plazos de la negociación con la oposición por lugares en el directorio del Banco Provincia y otros organismos públicos.

El aplazamiento también abre una ventana de tiempo para continuar las tratativas con los intendentes por los fondos para realizar obra pública en los municipios, que buscan recibir el 8% de los USD 3.685 millones del endeudamiento.

De acuerdo a lo que pudo saber NA de fuentes legislativas, el Senado bonaerense podría tratar en espejo las iniciativas que envió el gobernador.

La convocatoria en la Cámara Alta bonaerense era a las 19, pero el horario se atrasó hasta la aprobación de este miércoles por la noche en Diputados.

Paralelamente, el titular del bloque del PRO en Diputados bonaerenses, Matías Ranzini ya anticipó que el bloque amarillo va a votar en contra la Ley Fiscal que envió Kicillof a la Legislatura.

Ranzini acusó al kirchnerismo de “imponer” la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires.

“Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir”, sostuvo Razini en redes sociales, al tiempo que adelantó que su espacio rechaza la ley impositiva del gobernador.

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Ruido del Consejo de la Magistratura: Lista Bordó advierte medidas antirreglamentarias en expedientes

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La Lista Bordó del Consejo de la Magistratura expresó este miércoles su “creciente preocupación” por resoluciones adoptadas en las Comisiones de Disciplina y Acusación que, según afirmó, habilitaron la recepción de testimonios de cargo en expedientes sin haber dado previamente traslado de las denuncias a las juezas involucradas, situación que -advirtió- vulnera el derecho de defensa y el debido proceso.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas el pronunciamiento se difundió pocas horas después de una votación ajustada en la Comisión de Disciplina, que resolvió -con el voto doble del presidente César Grau– rechazar el planteo de nulidad presentado por la jueza María Eugenia Capuchetti en el sumario disciplinario que impulsó en su contra el kirchnerismo.

La magistrada había denunciado que se había avanzado en la investigación, incluso con la convocatoria de testigos, sin haber sido notificada conforme al artículo 11 del reglamento, que obliga a informar al juez investigado para que pueda ejercer su defensa.

En ese expediente, los consejeros Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provítola -los tres jueces-, junto con Eduardo Vischi y Hugo Galderisi, votaron a favor de Capuchetti.

Sin embargo, fueron derrotados por la postura de Luis Juez, Alberto Lugones, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y el propio Grau, cuyo voto de desempate definió la resolución.

La Lista Bordó remarcó que tanto en el caso de Capuchetti como en el de la jueza Sandra Arroyo Salgado -investigada por su actuación en la causa de la agresión al diputado José Luis Espert- se verificó la recepción de declaraciones testimoniales en procesos donde aún no se les había dado vista de las denuncias, lo que, según la agrupación, “priva a las magistradas de ejercer su defensa y controlar la prueba”.

El sector advirtió además que en ambos expedientes se tomaron testimonios a personas imputadas en causas penales radicadas en los juzgados donde las juezas investigadas ejercen su función, lo que crea “escenarios propicios para que los acusados intenten mejorar su situación procesal mediante testimonios falaces brindados ante un órgano administrativo”.

La agrupación afirmó que seguirá de cerca el desarrollo de ambos procesos disciplinarios y que sus representantes, Barroetaveña y Díaz Cordero, continuarán reclamando que se respeten las garantías constitucionales y el debido proceso de las magistradas involucradas.

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