La CGT ajusta los detalles organizativos de la movilización de este jueves contra la reforma laboral del Gobierno: los sindicalistas creen que podrán llevar a unas 150 mil personas a la Plaza de Mayo como una demostración de fuerza, pero el desafío que se plantean además es cómo evitar que haya infiltrados que ocasionen disturbios.

Aunque se terminará de resolver este miércoles, lo más probable es que se lea un documento muy crítico de la administración libertaria ante los manifestantes y que cada cotitular de la CGT hable unos 5 minutos.

La dirigencia cegetista quedó muy preocupada luego de que la sede central del Sindicato de Empleados del Vidrio (SEIVARA), ubicada en la ciudad de Buenos Aires, fue vandalizada este lunes, en un episodio al que la central obrera vinculó con una supuesta señal intimidatoria dirigida a todo el sindicalismo, en un contexto de creciente tensión por la reforma laboral.

El líder del SEIVARA es Cristian Jerónimo, uno de los cotitulares de la CGT junto con Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros), por lo que el ataque contra las oficinas del sindicato, en la avenida Juan de Garay 371, en CABA, puso en alerta a todos los dirigentes ante la posibilidad de que se produzca una escalada de episodios similares contra otros gremios.

En el sindicato de Jerónimo, los atacantes rompieron muebles y documentación, en particular de su oficina, y se llevaron 3 discos rígidos de computadoras.

Ese episodio hizo que los sindicalistas decidieran reforzar el dispositivo de seguridad en la zona de Plaza de Mayo para minimizar la posibilidad de incidentes y tratar de detectar a tiempo si hay infiltrados que causen disturbios para dejar asociada a la CGT con la violencia.

También existe temor de que haya enfrentamientos de las columnas de los sindicatos con las agrupaciones de izquierda, que se movilizarán a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral y reclamar a la CGT que defina un paro nacional en contra del proyecto del Gobierno.

En la CGT creen que podría haber funcionarios detrás del ataque contra el sindicato de Jerónimo, aunque no están seguros de que hayan estado involucrados agentes de la SIDE porque está bajo el control del asesor presidencial Santiago Caputo, de buena relación con los sindicalistas.

Los mismos recaudos de seguridad se tomarán en el interior del país ya que habrá movilizaciones de la CGT contra la reforma laboral en todas las provincias.

En los últimos días, el triunvirato de la CGT mantuvo reuniones con diputados nacionales de Unión por la Patria y con intendentes bonaerenses del PJ para coordinar acciones en contra de la reforma laboral y su presencia en la movilización hacia la Plaza de Mayo.

En el primer caso, las autoridades cegetistas recibieron en la sede de Azopardo 802 a los diputados de Primero la Patria que integran el bloque de Unión por la Patria: Guillermo Snopek, Nicolás Trotta, José Glinsky, Santiago Roberto, Pablo Todero, Cristiano Andino, Jorge Chica y Raúl Hadad. Allí hablaron sobre una estrategia común contra una reforma laboral que “profundiza la precarización y consolida un modelo de ajuste regresivo”.

Los diputados, según trascendió, advirtieron que la iniciativa oficial no sólo no generará empleo genuino, sino que implica “un retroceso deliberado en derechos laborales y debilita la negociación colectiva”. A su vez, los dirigentes gremiales destacaron que el proyecto impulsado por el Gobierno “apunta al corazón mismo del modelo de relaciones laborales argentino”.

Allí se acordó avanzar en una articulación política y parlamentaria con la CGT para frenar la reforma laboral y defender “un modelo de desarrollo basado en trabajo digno, producción nacional y derechos plenos”.

Este lunes, por otra parte, el triunvirato de la CGT y su secretario adjunto, Andrés Rodríguez (UPCN), también estuvieron con intendentes del PJ para coordinar acciones vinculadas con la movilización a Plaza de Mayo.

Los intendentes que asistieron fueron Waldemar Giordano (Colón), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Fernando Raitelli (Brandsen), Juan Mancini (Suipacha), Federico Achával(Pilar), Julián Álvarez (Lanús), Mayra Mendoza (Quilmes) y Damián Selci (Hurlingham).

“Estaremos acompañando al movimiento obrero organizado en las calles el próximo jueves 18 para impedir que avance la reforma laboral precarizadora que el oficialismo nacional pretende imponer en el Congreso“, dijo Mayra Mendoza al finalizar la reunión.

La ambición oficialista por asegurarse un primer éxito poselectoral en el Congreso, con la sanción del Presupuesto 2026, colocó a media docena de gobernadores aliados en una situación al menos incómoda. Se trata de la presión para acompañar la derogación de leyes sobre temas sensibles -emergencia en discapacidad y financiamiento universitario- que fueron votadas por sus legisladores este mismo año, a contramano de Olivos. De golpe, quedó encendida para ellos la luz amarilla de la contradicción, en el marco -también como señal fuerte- del reparto de fondos y promesas desde el Gobierno para sellar el pacto legislativo.

La enorme movida puesta en marcha después del reacomodamiento inicial del gabinete –con Diego Santilli como principal operador para negociar con los gobernadores- hizo posible el primer paso efectivo en Diputados. El bloque violeta, junto a aliados, logró dictamen para el Presupuesto, pero con disidencias. Por eso mismo, las tratativas se prolongaron después de la reunión de comisión. Y como dato mayor, apareció la promesa de cumplir con el envío a la Ciudad de Buenos Aires de los fondos podados en la última etapa K. La intención es obvia: que eso afirme el voto en bloque del PRO. Este miércoles será la prueba del recinto.

En la misma línea, frente a los acompañamientos condicionados, fueron añadidos otros mensajes. Se hizo circular que el Gobierno giraría una partida extra a las universidades. También, que haría un recálculo de subsidios en el área de discapacidad. No parecieron propuestas muy sólidas. Los recelos son tantos -por incumplimientos previos y por el papel de última palabra que se le concede a Luis Caputo– que hasta fue tomado con cautela el párrafo que debería ser incluido ahora en el Presupuesto para atender el reclamo porteño por los fondos de coparticipación adeudados.

Desde mediados de la semana pasada, el Gobierno comenzó a dar pruebas concretas de voluntad para hacer efectivos los tratos políticos. “Están cumpliendo”, resumieron cerca de varios gobernadores acuerdistas. El resumen es elocuente: reactivación del reparto de ATN, después de meses de congelamiento o escasas transferencias; atención de pedidos específicos de provincias o regiones, reanimación de compromisos incumplidos sobre obra pública.

Los apoyos para el dictamen sobre Presupuesto y los votos prometidos para coronar el tema en el recinto exponen el juego de gobernadores que cuentan con legisladores disciplinados. El reciente reparto de ATN es expresivo: la lista, ordenada por cifras, es integrada por Tucumán (Osvaldo Jaldo), Misiones (Hugo Passalacqua, en base al esquema de Carlos Rovira), Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz). El impulso a la discusión de la ley de Glaciares, o el traspaso de alguna empresa -como el Yacimiento Aguas de Dionisio- y la reactivación de obra pública son gestos hacia socios, como ocurre con mendocinos, entrerrianos y chaqueños.

Afuera, desde el primer día poselectoral, quedaron los jefes provinciales más alineados con UxP. Otros motivos -en especial, la decisión de construir un perfil diferenciado frente al juego del mileismo y la elección de la contraparte K- provocaron tensiones con Provincias Unidas y un par de provinciales.

El tejido de acuerdos proyecta para el oficialismo una votación favorable del Presupuesto. El número asomaba por encima del quórum desde la semana pasada en el punteo de la presidencia de la Cámara, pero en las últimas horas la inquietud se focalizó en el tratamiento en particular. Lo dicho: el artículo que establece la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, aprobadas por mayorías muy amplias.

Aquellas votaciones se produjeron en meses que marcaban para el Gobierno una serie de derrotas legislativas. Pero a diferencia de iniciativas estrictamente vinculadas a reclamos y cuentas de las provincias en materia de coparticipación, se trató de temas de impacto social, sobre todo discapacidad y la situación del Garrahan. Las votaciones fueron contundentes y provocaron vetos presidenciales e insistencias del Congreso. El dato significativo, proyectado al actual tablero, es que el aval incluyó a diputados tucumanos, mendocinos, misioneros, catamarqueños, salteños y entrerrianos que responden a sus jefes provinciales.

Con todo, el principal interrogante hace a los alcances de los compromisos políticos más allá del Presupuesto. La prueba en paralelo remite al Senado, es decir, a la reforma laboral. La intención violeta -según transmite la jefatura del bloque, a cargo de Patricia Bullrich– es darle un trámite muy veloz, que le permita lograr dictamen el viernes. La comisión debe reunirse este miércoles y cumplir con la presentación formal de invitados: funcionarios, empresarios y jefes sindicales. La ex ministro plantea como objetivo votar en el recinto el viernes posterior a Navidad, junto con el Presupuesto.

El interrogante de arrastre tiene que ver con el recorrido previo del proyecto. Existían negociaciones reservadas y no tanto con gobernadores y algunos integrantes de la CGT, con la intención de garantizar apoyo de provincias, a pesar de las inquietudes por cierto costo en materia de recaudación, y lograr una protesta contenida en el frente sindical. Esa vía quedó dañada porque, dicho linealmente, se impuso el criterio de Federico Sturzenegger, por encima del “ala política”, que esta vez incluía criterios similares de Karina Milei y Santiago Caputo, en medio de otras tensiones y reparto de áreas de gestión.

Expertos en la materia que son críticos del proyecto dicen que el texto fue elaborado básicamente por abogados vinculados al mundo empresarial, sin profundidad en el tema. Y más allá de cuestionamientos de fondo, advierten algo que ya se señalaba en medios legislativos: el riesgo de judicialización de puntos como el desarmado de la Justicia Nacional del Trabajo -que supera las conversaciones sobre el traspaso al ámbito porteño-, el amplio alcance del concepto de “servicio esencial” en caso de huelgas y el Fondo de Asistencia Laboral -para indemnizaciones- que sería integrado por las empresas descontando el 3% del aporte al sistema de seguridad previsional.

¿Hay margen de negociación? Una mirada apunta a “borradores” conversados con algunos mandatarios y sindicalistas. Al revés, otros señalan la foto de Javier Milei firmando el proyecto como señal de cerrazón. Arrancan las extraordinarias.