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El Gobierno define la agenda legislativa: la Ley de Glaciares será prioridad y evalúa insistir con Hojarasca

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Con intención de dar curso al año legislativo, el Gobierno Nacional revisa el proyecto de Código Penal, anunciado en diciembre como una de las claves del período, y el paquete en defensa de la propiedad privada, que girarán al Congreso en el primer envío del período ordinario. Según supo Infobae, el oficialismo analiza insistir también con la Ley de Hojarasca para concretar la eliminación de 70 leyes, que fueron sancionadas por distintas administraciones.

Luego de la reunión de mesa política del pasado martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Poder Ejecutivo insitirá con la modificación del Código Penal, en el que trabajó el saliente tándem de Justicia Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, y que revisa el equipo que lidera Juan Bautista Mahiques con intención de implementar algunos cambios, y el paquete que contempla la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.

A los anunciados proyectos, podría sumarse la Ley Hojarasca que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contempla la eliminación de 70 leyes, y que fue enviada al Congreso Nacional en octubre de 2024, cuyo tratamiento no prosperó. El funcionario argumentó que la normativa “busca quitarle a la ciudadanía barreras que afectaron libertades individuales y generaron costos inútiles a través de diversas sobrerregulaciones”.

Con tan solo tres días hábiles en la semana, luego del fin de semana XLL por el 24 de marzo, que conmemora el 50° aniversario del último golpe cívico militar de 1976, el reducido equipo que coordina Adorni, bajo supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volverá a verse las caras la próxima semana. Sin embargo, este miércoles accederán al detalle de las normativas anunciadas a ser enviadas en la primera tanda, que hasta entonces permanecen en las oficinas de un puñado de funcionarios.

Asimismo, en el oficialismo destacan la Ley de Glaciares, prevista para ser tratada durante las extraordinarias, pero finalmente postergada para ordinarias, como una de las prioridades de la Casa Rosada. El cronograma legislativo incluye el desarrollo de una audiencia pública sobre el tema que contó con más de 65000 inscriptos a repartirse entre el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, con un cupo de solo 200 expositores.

Se trata de uno de los principales reclamos de un puñado de gobernadores mineros aliados, varios de los que participaron de la Argentina Week, y configura una cuenta pendiente que quedó del temario de la prórroga veraniega.

Por estas horas, hay quienes sostienen que podría discutirse en el recinto el próximo 8 de abril, y si bien estaba previsto que ingresara por la Cámara de Senadores, aún no hay garantías de que eso ocurra. Es que, según expuso un integrante de la mesa política a este medio, varios legisladores cuestionan la determinación al sostener que “(Patricia) Bullrich quiere absorver todo y llevarse los laureles”.

Todavía hay detalles de la hoja de ruta legislativa que restan definir en Balcarce 50. En este grupo figuran las modificaciones en las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad que prometieron impulsar para contener la bronca de los sectores involucrados, pero también la reforma política que fue anunciada por el presidente Javier Milei durante su discruso de la apertura de sesiones ordinarias.

Los cambios en el sistema democrático actual también son materia de debate interno. Como contó este medio, el oficialismo resolvió postergar para “más adelante” el envío al Congreso con intención de tantear los respaldos con los que cuenta antes de su tratamiento. Varias voces del ecosistema libertario promente que figurará en la segunda tanda de proyectos que girará el Ejecutivo, luego de que resuelva el futuro de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Las posturas, delimitadas en función de la composición del Congreso, son diversas. “Nosotros queremos la eliminación porque es un gasto inmenso para el contribuyente”, argumenta un habil negociador violeta. Sin embargo, la realidad parece empañar los deseos del mandatario y limitar su alcance: algunos piensan en repetir la suspensión de las PASO, como ocurrió en 2025, y otros en eliminar su caracter obligatorio. Con el correr de los días, y feriados mediante, deberán ajustar la línea antes de enviar los proyectos.

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Bahía Blanca será cabecera regional de Defensa Civil

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Se desarrolló en la localidad de Pigüé un encuentro de trabajo que reunió a los representantes de las direcciones de Defensa Civil de todos los distritos que integran la Sexta Sección Electoral.

En ese marco, Sebastián Sepúlveda (Director de Defensa Civil de Bahía Blanca) asumió como nuevo jefe regional.

“Con este nombramiento, el Municipio de Bahía Blanca asume formalmente el rol de cabecera seccional, consolidando su posición como nodo estratégico en la coordinación de emergencias”, destacaron desde el Ejecutivo.

Como subjefe regional, en tanto, fue electo Rodrigo Fuhr, titular de Defensa Civil del distrito de Tornquist.

Según explicaron, la iniciativa surgió como respuesta directa a la necesidad de implementar un esquema de trabajo articulado, preventivo y solidario entre las distintas localidades frente a la complejidad de las diversas emergencias que afectan al Sudoeste Bonaerense.

“Con esta nueva estructura, nuestra ciudad y la Sexta Sección, optimizarán los tiempos de respuesta y potenciará la capacitación continua de sus cuerpos operativos, consolidando un bloque regional fuertemente preparado ante cualquier contingencia”, agregaron.

Fuente: Frente al cano.

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El Gobierno deja de actualizar la cobertura de la tarifa social en la SUBE ante los aumentos de boleto

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El Gobierno cambió la forma en que el Estado Nacional financia el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social en todo el país y dejará de actualizar constantemente la cobertura en la SUBE ante los aumentos de boleto.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen “tarifas de referencia” que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.

La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.

El fundamento principal de esta decisión radica en la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado Nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.

Al resaltar el nuevo esquema implementado, el Ejecutivo sostuvo que “la incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento”.

La decisión no modifica el universo de beneficiarios de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

La implementación técnica de estos cambios estará a cargo de Nación Servicios S.A., que deberá adecuar los sistemas centrales de la red SUBE para procesar los nuevos mecanismos de cálculo. La medida ya se encuentra plenamente vigente desde este miércoles. (N/A)

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El Municipio avanza con la limpieza de un importante pluvial clave de la zona norte

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El Municipio de Bahía Blanca realiza tareas de limpieza en un pluvial necesario para el desagote del sector de la obra hidráulica principal, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio.

Se trata de un recorrido de 295 metros de una cañería de hormigón de 100 mm que se encontraba totalmente obstruida por la acumulación de sedimento, lo que provocaba inundaciones frecuentes en el sector.

“Este trabajo es una continuación de la obra hidráulica principal en este sector, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio”, explicó el intendente Federico Susbielles durante una recorrida por el lugar donde se desarrollan las tareas.

“Cuando finalizamos esa obra y se dispuso conectarla con el pluvial que corre por Rizzo advertimos que éste estaba completamente obstruido, por lo que el agua que llegara del nuevo colector no tenía donde derivar e iba a generar más anegamientos”, agregó.

“Es por eso que se licitó y adjudicó esta obra complementaria que ya está avanzando y que es tan importante para los vecinos de esta zona. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad y con planificación, porque es lo que los bahienses se merecen. Vivir con la tranquilidad de sentirse protegidos”, manifestó Susbielles.

Los trabajos, a cargo de la empresa GEOMAC S.A. , también incluyen la limpieza de sumideros y de los caños de empalme que estaban totalmente obstruidos, e implican una inversión de  93.9 millones de pesos y un  plazo de ejecución de 60 días.

Fuente: La Nueva.

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