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El Gobierno endurece las medidas de seguridad y control para la marcha contra la reforma laboral en el Congreso

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El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, endurecerá los controles en la marcha piquetera y sindical hasta ahora prevista para el jueves 19 de febrero, fecha en que la Cámara Baja tratará de transformar en ley la reforma laboral que ya tiene media sanción.

Para ese mismo día, la CGT convocó a un paro general al cual se adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales no movilizarán al Congreso. En cambio, sí lo harán las organizaciones de izquierda, los piqueteros, los gremios y sindicatos enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, integrado, entre otros, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto a las dos CTA, que han convocado a una movilización que intentarán que sea numerosa. A estos se suman algunas organizaciones populares, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), liderada por Juan Carlos Alderete.

Según pudo establecer este medio, la cartera de Seguridad elabora medidas para extremar el control de estos manifestantes, luego de los incidentes registrados el miércoles pasado frente al Congreso, durante una marcha contra la Reforma Laboral. Allí, grupos extremos y encapuchados arrojaron bombas molotov sobre los efectivos policiales.

Por esos hechos de extrema violencia fueron judicializadas 26 personas, entre ellas un menor de 16 años con antecedentes de robo.

Si bien aún está en estudio, entre las opciones que se barajan se incluyen:

-la revisión de mochilas

-regulación del uso de banderas

-control de los vehículos, como camionetas y micros que transportarán a los activistas

-vallado preventivo en la zona aledaña al Congreso de la Nación y la Casa Rosada.

Desde el Ministerio a cargo de Alejandra Monteoliva le explicaron a Infobae que los controles buscan “prevenir riesgos y mantener la seguridad” y que se procurará que las acciones no pongan en riesgo la integridad de los manifestantes ni del personal de seguridad.

También recordaron que, según el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, referente a PFA, la policía solo puede realizar requisas sin orden judicial de personas, efectos personales o vehículos cuando existen circunstancias razonables que permitan presumir la existencia de un delito, no se pueda esperar una orden judicial por riesgo de pérdida de pruebas y la acción se realice en la vía pública o en lugares de acceso público. Requisitos que, para los funcionarios de La Libertad Avanza, se cumplen.

En estos casos, los secuestros deben formalizarse con un acta que detalle los motivos, y la medida debe ser comunicada de inmediato al representante del Ministerio Público Fiscal.

Desde la Casa Rosada descreen del poder de convocatoria que puedan llegar a tener estos grupos. En primer lugar, porque se prevé que el paro de transporte será total y, en segunda medida, porque los gremios más numerosos y las organizaciones sociales como el MTE, el Movimiento Evita y Barrios de Pie, entre otras, tampoco movilizarán, como sí lo hicieron el 11 de febrero. De hecho, más de 30 integrantes de la UTEP fueron detenidos y horas después quedaron en libertad.

En las últimas horas, la mesa nacional de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) resolvió participar “del paro convocado por la CGT de manera activa sumándonos a actividades locales que surjan en los distritos con corte de rutas y ollas populares en todo el país”. Y, con respecto de la convocatoria al Congreso el día jueves, se decidió “acercaremos con una delegacion solo para acompañar, teniendo en cuenta las dificultades logísticas por la confirmación del paro de transporte”.

Los dirigentes de izquierda fueron los primeros en reaccionar ante la decisión de la CGT de no movilizar al Congreso.

Por ejemplo, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda, denunciaron que la conducción cegetista convocó a un paro sin movilización porque buscan “limitar la fuerza que se expresó en las calles el pasado 11 de febrero” y llamaron a “movilizarse masivamente al Congreso y hacer que el paro sea activo para derrotar la reforma laboral”. También proponen acciones en todo el país y organizar caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y los barrios de la Ciudad para confluir en el Congreso.

Bregman denunció que “producto de la rosca en el Congreso, aún no se sabe si la reforma laboral esclavista se tratará el 19 o el 25. De lo que sí estamos seguros es que hay una bronca bárbara y que a esta reforma hay que enfrentarla y derrotarla de conjunto”.

Del Caño, por su parte, agregó que “la CGT convocó a un paro general por la bronca de millones a su traición escandalosa, pero quieren que sea sin movilización, lo que debilita la fuerza para voltear la reforma”.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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