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Milei acelera con su agenda de reformas: cada Ministerio tiene en carpeta más de 10 proyectos para 2026

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Javier Milei ya completó más de la mitad de su mandato. Aunque el plazo formal para que termine su presidencia es de un año y nueve meses, los márgenes para poder proponer proyectos y reformas se acotará de manera sustancial en la medida que pase el tiempo. Tal y como sucede en los años de elecciones presidenciales, los incentivos de actores opositores dialoguistas de actuar en tándem con el oficialismo se reducen. Y la Casa Rosada lo sabe.

En la Mesa Política consideran que a la presidencia de Milei le quedan solo unos meses más para impulsar iniciativas de alto calibre en el Congreso. Estiman que en el segundo semestre la relación ya se va a empezar a “empastar”. “Vamos a tener que competir con algunos de los que hoy nos acompañan. Por eso lo más relevante hay que hacerlo lo antes posible”, afirman.

El Presidente no solo quiere avanzar con premura con la reforma laboral para que esté sancionada para antes del 1 de marzo. Y es que en su discurso de la Apertura de Sesiones Ordinarias buscará darle dimensión a las pretensiones reformistas que todavía le quiere imprimir a la parte final de su gestión, pidiendo apoyo para otros proyectos que considera nodales.

Así lo asegura una fuente inobjetable. “Hay todo un paquete de reformas que se estarán enviando durante 2026″, avisa, para dar cuenta de que al oficialismo no solo le resta por tramitar aquellos que le quedarán pendientes de las Extraordinarias, así como las anunciadas reformas del Código Penal y la Tributaria, entre otras.

Milei les ha asegurado a sus colaboradores que tiene un menú variopinto de reformas para desplegar a lo largo de este año. De hecho, Infobae supo que todos los Ministerios tienen en carpeta varios proyectos y medidas que todavía no se conocen. “Tienen preparados por lo menos 10 paquetes de reformas cada uno”, aseguró una máxima fuente. La gran mayoría de estos permanecen en extremo hermetismo.

Con la sanción de la reforma laboral, el Gobierno busca dar un mensaje fuerte a los mercados de que puede impulsar proyectos de altísima sensibilidad, consiguiendo una mayoría negociada en ambas cámaras, no sin tener que ceder partes significativas del proyecto y lidiando con un clima tenso en las calles.

“El Gobierno está logrando triunfos legislativos importantes, al menos en la media sanción. Aún tiene pendiente consolidarlos en la sanción definitiva. Así como cuando empezás a perder las derrotas se encadenan, cuando ganás se genera un circuito virtuoso. Nos veo fortalecidos. Pero para consolidarlo tenemos que cerrar las sanciones definitivas”, opinó un importante estratega oficialista.

El Poder Ejecutivo había logrado enviar una señal política fuerte con la votación de 42 votos afirmativos y los 30 en contra que había obtenido la semana pasada. Con el traspié de la redacción del artículo de las licencias médicas, la oposición busca modificar otros aspectos en la Cámara de Diputados. La orden de la Casa Rosada es que el proyecto salga sí o sí.

Y es que Milei les habla a los suyos de la importancia que tiene la progresividad de las reformas. Considera que para que lanzar la reforma tributaria, primero debe estar la laboral. Y que para que se generen las condiciones para la previsional deben primero tramitarse las dos anteriores por una determinada cantidad de tiempo. “Recién debería poder presentarse después de las próximas elecciones presidenciales”, aseguran, de mínima, en el entorno más cercano del Presidente.

¿Qué se puede esperar en el corto plazo? Con las medidas que ellos consideran adecuadas para promoverlo, en Balcarce 50 buscan ampliar las condiciones para la llegada de inversiones y proyectos en el país. También para liberalizar el esquema comercial. Es en ese plano que buscarán terminar de sancionar el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, así como enviar los aspectos nodales del Tratado Comercial con Estados Unidos que precisan ratificación parlamentaria.

Dado que un sector de los equipos técnicos de la Presidencia consideran que es asimilable a un tratado internacional, la adhesión de Argentina al Consejo de Paz que lidera Donald Trump también tendrá será presentado en el Congreso este año. Queda como cuenta pendiente que el Senado tramite el placet de Fernando Iglesias como embajador en la Unión Europea y Bélgica.

Este último podría tratarse el 26 de febrero en el Senado junto con la Ley de Glaciares, el convenio Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad en menores hacia los 14 años. Ese habría sido el temario de conversación en el encuentro reciente que hubo en la Quinta de Olivos entre Milei y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en ese recinto, Patricia Bullrich. “No se habló de la reforma laboral ahí, se focalizó en otros proyectos”, dijo una fuente inobjetable.

Tal y como lo adelantó Infobae, el Gobierno Nacional planea retomar las iniciativas que quedaron excluidas del presupuesto 2026 y la reforma laboral, en particular el contenido del Capítulo XI y varias disposiciones impositivas, con el objetivo central de avanzar en la reducción de impuestos y aliviar la presión tributaria sobre empresas y personas.

La administración libertaria analiza cómo equilibrar la reducción de impuestos con la estabilidad de las cuentas públicas. Se debate un esquema de simplificación tributaria, que incluya una rebaja en Ganancias para personas y estímulos para los mercados, junto con la eventual implementación de un “IVA dividido”, según adelantó el propio ministro Caputo.

Aún sin precisiones técnicas, los funcionarios avanzan en el diseño de un proyecto legislativo que reúna casi todos los asuntos originalmente incorporados en el capítulo XI, con excepción de la Ley de Financiamiento Universitario, para cuyo tratamiento el Gobierno ya propuso un enfoque alternativo, aunque sin la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que el lunes publicó un comunicado rechazando tajantemente la alternativa oficial y pidiendo la apertura urgente de paritarias.

De los temas pendientes que quedaron pendientes por la caída del Capítulo XI del Presupuesto está el proyecto que extiende el régimen de promoción para las energías renovables, el cual se prorroga por veinte años la estabilidad tributaria para ese sector. Hubo tratativas para que se pueda colocar en extraordinarias, pero cuando las negociaciones por la reforma laboral monopolizaron los esfuerzos oficiales, se decidió que se envíe en ordinarias: está en evaluación enviar solo ese apartado o una reforma energética más amplia, debido a que quedó afuera la modificación del régimen de zona fría.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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