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Kicillof avanza en su proyecto electoral: la nueva identidad en el centro del país y los conflictos sin cerrar con La Cámpora

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Axel Kicillof tiene el pie sobre el acelerador de su proyecto político. Esta vez no habrá un Clio negro, como el que aún tiene Carlos Bianco, para unir las rutas argentinas del mapa electoral. El desafío es más grande que en el 2018, cuando la mesa chica del kicillofismo empezó a girar, dándole un tono épico y colorido a las recorridas, por toda la provincia de Buenos Aires con la candidatura a gobernador como bandera. Esta vez el proyecto es nacional y necesitará de una logística más grande y compleja.

A través de un puñado de dirigentes de su círculo más cercano, el gobernador bonaerense empezó a construir en los últimos tres meses pequeñas centrales del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en algunas provincias del país, con el fin de darle volumen a su armado político y expandir la iniciativa electoral que lo tiene como actor principal.

En esa estructura laboral que articula, desde la provincia de Buenos Aires hacia el interior del país, están los ministros bonaerenses Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Cristina Álvarez Rodríguez y Andrés “Cuervo” Larroque; los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza); y el ex jefe comunal de Florencio Varela e histórico dirigente del peronismo provincial, Julio Pereyra.

Aún no hay fecha definida para que Kicillof desembarque en persona en alguna provincia. Lo que sería el primer gran paso para darle forma a su construcción nacional. Ese movimiento es el que esperan algunos dirigentes del interior del país, que no ven a ningún otro nombre tan decidido como el economista a edificar un proyecto nacional.

En el kicillofismo creen que hay muchos nombres propios del interior que están en un lugar de demasiada comodidad y que no empujan desde sus provincias la reactivación de un debate nacional del peronismo. “Están a la espera de que Axel se mueva. Ellos también se tienen que mover. Y después veremos cómo se acoplan ellos o como nos acoplamos nosotros”, indicaron cerca del gobernador bonaerense.

En ese sentido, en La Plata creen que el freno que muchos dirigentes se autoimponen, advirtiendo que no se puede hacer ningún movimiento político hasta tanto no se resuelva la interna bonaerense, es “una excusa berreta”. Una traba que generan para “no activar” un plan de acción de cara a la construcción de un proyecto político opositor que enfrente a Javier Milei el año que viene.

Uno de los grandes desafíos que tiene Kicillof por delante es desembarcar en las cuatro provincias del centro del país, que son muy importantes en términos electorales, ya que concentran el 24% del padrón electoral. Sumado a la provincia de Buenos Aires, que tiene el 37%, en total aglutinan más de la mitad de los electores del país. Se trata de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Cuatro lugares donde el kirchnerismo tiene una fuerte resistencia.

“Es real que el electorado de esas provincias es refractario al kirchnerismo, pero en especial a CFK y La Cámpora. El desafío es quebrar esa lógica y plantear algo nuevo. Sin renegar de dónde venís, pero que proponga un diálogo nuevo con los cordobeses, los mendocinos, los entrerrianos y los santafesinos”, precisaron en el entorno más chico de Kicillof.

En La Plata apuestan a que Kicillof “puede hablarle a los ciudadanos de cada provincia sobre lo que les interesa”, y de esa forma “romper barreras y mitos”, respecto al posicionamiento del peronismo bonaerense sobre las matrices productivas del interior. “No tenemos que quedar presos de ninguna definición, más allá de las ideas de las que estamos convencidos”, le planteó a Infobae un funcionario de estrecha relación con el Gobernador.

Tal vez el primer paso para romper esos muros que dividen posturas ideológicas sea mantener el diálogo abierto con algunos gobernadores en base a la gestión. En los últimos meses Kicillof ha mantenido comunicaciones con el cordobés Martín Llaryora por la reforma laboral, con el santafesino Maximiliano Pullaro por el conflicto policial en su provincia y con el chubutense Ignacio Torres por los incendios forestales del sur.

Esos diálogos son fluidos y en buenos términos, pero son todos vinculados a la gestión. No hay, por ahora, rosca política que cruce los encuentros telefónicos. Pero es posible que, con el correr del año, las propuestas para converger en un armado opositor comiencen a aparecer con mayor definición.

Kicillof también tiene conversaciones abiertas con los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), dos peronistas que han funcionado como aliados estratégicos de Milei en los dos primeros años de su mandato. Son dos mandatarios que el año pasado, cuando se acercó el momento de los comicios, se desmarcaron del Presidente y la buena relación que los une, para reafirmar la identidad peronista local que los ha distinguido a lo largo de los años. El proyecto peronista necesita de todos, aseguran en el kicillofismo.

Existe una idea que sobrevuela al peronismo bonaerense y a algunas terminales de Provincias Unidas, y tiene que ver con la posibilidad de construir, en un unidad, una coalición amplia y consistente que pueda ser una alternativa a la expresión libertaria de Javier Milei. Que de acá a mitad del año que viene haya una articulación de voluntades y tribus que tengan como objetivo principal combinar posturas sobre políticas públicas y armar un esquema político amplio y nacional.

En el peor de los casos, en el kicillofismo apuestan a que esos sectores provinciales no jueguen en contra de proyecto a nivel país que tenga como eje al peronismo. Imaginan una suerte de acuerdo táctico que contribuya, indirectamente, a la propuesta que hoy encarna Kicillof.

“Si en esas provincias no podemos ganar, tenemos que tratar de perder por menos que antes”, reflexionó un funcionario del gabinete bonaerense respecto al centro del país. Es una estrategia que al peronismo le sirvió en el 2019, cuando el Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, abrió las puertas de la Casa Rosada.

En La Plata están convencidos que el armado en el centro del país llevará más tiempo que en otros lugares, pero que Kicillof tiene una buena base para crecer. “Tenemos mucho espacio para construir la identidad del nuevo proyecto político que queremos encarnar”, precisaron cerca del gobernador bonaerense. Es un desafío complejo y el tiempo corre cada vez más rápido, pero el mandatario provincial se tiene confianza.

En paralelo, el mandatario provincial debe resolver algunas tensiones con La Cámpora que aún están vigentes. Después de acordar la renovación de autoridades del PJ Bonaerense, el próximo escollo en el camino es llegar a un acuerdo por tres lugares del Senado bonaerense: la vicepresidencia primera, la secretaría administrativa del cuerpo y la presidencia del bloque peronista.

El lugar que en La Plata no están dispuestos a ceder es la vicepresidencia primera, espacio que quieren que ocupe la bahiense Ayelén Durand. En los hechos, es la sucesión directa de Verónica Magario que, al mismo tiempo, es quien debe suceder a Kicillof en caso de licencia. En el kicillofismo quieren toda la línea sucesoria ordenada y alineada a la conducción del Gobernador. Esa es una discusión latente con el sector de CFK.

La relación entre Kicillof y el cristinismo siguen igual de mal que siempre. Hay una tensión permanente en el vínculo político. Con Cristina y Máximo Kirchner no se habla. Con el paso de los meses, cada uno de esos actores tendrán que decidir en qué lugar jugar dentro de la partida electoral. A partir de ese momento empezará a quedar más claro si existe la posibilidad de un proyecto en unidad o si en el futuro los espera un divorcio traumático.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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