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Reforma laboral: el Gobierno encapsula el error no forzado del artículo 44 y busca frenar reclamos de último momento

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Un artículo agregado por Patricia Bullrich que probó el famoso “si pasa, pasa”; un vídeo donde la misma senadora sobreactuó personalismo tras la aprobación y una respuesta con tono canchero por parte del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Todo eso tuvo el inesperado error del Gobierno con el artículo 44 de la reforma laboral.

A partir de hoy a las 14, las comisiones de la Cámara de Diputados lo tendrán que subsanar. El dictamen está asegurado. El Gobierno decidió sacar el artículo. No redactarlo de nuevo ni buscar una alternativa. “No sale”, le dijeron sus aliados. “Ellos quieren dejar el pago reducido por algunas enfermedades. Eso sigue trabando algunas cuestiones”, había dicho una diputada de bloque dialoguista a este medio entrada la tarde. Luego se confirmó la novedad. “Es increíble que estemos discutiendo esto en lugar de una gran reforma”, se quejó ante Infobae un funcionario de Casa Rosada.

El mayor error, que aún hoy Karina Milei le reprocha a Bullrich, es que el paso en falso generó críticas envalentonadas y una oposición que estaba dormida, con ganas de despertarse. Hasta el PRO aprovechó para jugar a ser opositor a cambio de una modificación. Lo cierto es que cambios el mismo día de la sesión hubo por todos lados. Uno fue, por ejemplo, el cambio de fechas para modificar el financiamiento del INCAA. Se pasó para el 2028. ¿Su titular, Carlos Pirovano, estaba al tanto? El funcionario reconoció ante Infobae que se enteró “al leerlo” en el proyecto presentado.

Pirovano es uno de los administradores del ajuste que cumplió con creces la política de Milei. Redujo al INCAA de 850 a 250 empleados. Y con la mitad de los edificios (8 a 4). Es decir, echó al 30% de la plantilla. Quienes manejan el poroteo oficialista saben que, si bien los números están, las idas y vueltas de los últimos días generaron un dolor de cabeza extra para el titular de la Cámara, Martín Menem. Una legisladora con experiencia parlamentaria no quiso aventurar un número: “Nos sobran para abrir. Y tenemos los votos para todos los capítulos. Pero nos quedamos ahí”, planteó mientras le mostraba a este cronista el “sistema de poroteo” con promedio de las últimas votaciones y hasta cuando cada legislador se paró o se sentó de acuerdo al proyecto en cuestión. Mañana jueves, mientras se debata en el recinto, habrá un paro general de la CGT que, presionada por las bases, debió salir a anunciar la medida de fuerza que hoy a las 11 será comunicada con mayores detalles.

La conversación pública también giró. La consultora Analogías puso la lupa sobre la cobertura mediática y la conversación en redes sociales sobre la reforma durante febrero de este año. Respecto a diciembre de 2025, el Gobierno perdió el control de la narrativa. El estudio concluyó que la reforma ya no se discute, principalmente, como una “modernización”, sino como una disputa de poder (43,6%). Además, explicaron, con los detalles de los cambios para el asalariado, pasó a predominar una postura neutral (40,1%) respecto del apoyo explícito al Gobierno, con apenas el 8,6%. En redes sociales (X), la estructura de la conversación pasó de ser binaria (Gobierno vs. Sindicatos) a tripolar: Apareció una comunidad de “Desconfianza Generalizada” (23,4%) que rechaza tanto al Gobierno de Milei como a la CGT.

“Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, disparó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Quizás el último informe del INDEC sobre la utilización de la capacidad instalada pueda acercarle una respuesta. Por encima del promedio general estuvieron la refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%). Por debajo, en clara retracción (con despidos incluidos), estuvo la industria automotriz (31,2%), más de diez puntos menos (44,2%) que diciembre de 2024. Caucho y plástico se derrumbaron al 33,4% y textiles al 35,2%.

El centro CEPA marcó, en base a datos oficiales, la retracción de empresas y empleados registrados. La comparación entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 marcó una disminución de empresas de 512.357 a 490.419. Es una contracción de 21.938 empresasSon 30 empresas por día. ¿Y los trabajadores? En ese mismo lapso se redujo en 272.607 puestos de trabajo. Un empresario del rubro de la zinguería lo ejemplificó ante Infobae: “La caída en mi sector hizo que todos los que compiten conmigo despidieran gente. Nadie escapó a esa situación”. Ante la pregunta de qué espera de la reforma laboral, reconoció: “Que despedir no sea tan caro. Porque si no cierro”. Un clima de época.

En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se prepara para un año intenso en materia de gestión. Con el tema del Presupuesto como eje principal y conflictos que se pueden suceder antes del comienzo de clases. Los gremios docentes aún no aceptaron la paritaria propuesta por el Poder Ejecutivo. Por un lado, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó el aumento del 3% para el mes de febrero y ya anunció una medida de fuerza. El otro de los gremios, SUTEBA tampoco aceptó la propuesta, con una salvedad. El sector que conduce Roberto Baradel no llamó a un paro. ¿Comienzan las clases? “No es momento de sacar los pies del plato”, dijo a Infobae un funcionario de la mesa chica de Kicillof.

La respuesta de los gremios salió de la política partidaria: “Las bases nos reclaman. La inflación empieza a ser un problema de nuevo y al docente -con razón- le importa poco de quién es la culpa. El salario no alcanza”, sentenciaron. El dato que publica la provincia es que la Nación tiene una deuda de 14,7 billones de pesos. “Así y todo no cortamos nunca la asistencia”, afirmaron. Hay un ejemplo concreto. La provincia compra, en materia alimentaria, 7 millones de toneladas por mes. Para comparar la cantidad, vale ir al dato que dejó Mauricio Macri. En ese entonces, Nación compraba 8 millones del total país. El ajuste de Javier Milei sumado al problema social bonaerense generaron esta cifra. “Milei ajusta y nosotros contenemos. Encima nos apuntan a nosotros”, agregó un intendente del conurbano.

Aunque más allá de la gestión, el otro problema del gobernador es la desconfianza reinante en cada ministro y funcionario que juega entre el Ejecutivo y La Cámpora. A esta hora aún no se sabe quién conducirá el bloque en el Senado. El entorno de Máximo Kirchner cree que Kicillof ya obtuvo su premio con el PJ bonaerense y que no le dan los números dentro de la bancada para imponer uno propio. Pero el gobernador no quiere saber nada con el liderazgo de un K. Cree que puede jugarle en contra en algún proyecto oficialista. Hace bien en desconfiar.

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Chapadmalal: ponen a disponibilidad a trabajadores y la Provincia salió al cruce

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El Gobierno nacional oficializó el pase a situación de disponibilidad de trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en el marco de una reestructuración interna de la administración pública. Ante esta medida, el Gobierno de Axel Kicillof criticó la política de “destrucción del Estado”.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, firmada por Federico Esteban Sicilia. Se trata de los pases a disponibilidad por seis meses de más de 70 trabajadores de planta permanente de ambas unidades turísticas, situación que derivará en despidos formales y también de aquellos que ejercían como “contratados”.

Según establece la normativa, el personal alcanzado quedará en situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto 269/2026, que modificó la estructura operativa de la Jefatura de Gabinete y reorganizó distintas áreas bajo su órbita.

Solo en Chapadmalal, según advertían trabajadores, permanecían unos 50 personas empleadas que ante el cierre total de las instalaciones en 2025 permanecían en un limbo. Y ahora, además, se suman las posibilidades de desalojo de aquellas familias a las que se les cedieron viviendas como parte de su trabajo en la unidad turística.

Cabe recordar que en 2024, la administración Milei resolvió discontinuar el sostenimiento de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba, lo que derivó en el cierre de ambos espacios. Posteriormente, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar en su transferencia a operadores privados.

La reacción del Gobierno de Axel Kicillof

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, salió al cruce de la medida con un extenso hilo en la red social X en el que calificó la situación como “la destrucción de un derecho” y acusó al Gobierno nacional de avanzar con “un plan sistemático de privatización y vaciamiento” de los complejos.

Costa destacó que las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse son Monumentos Históricos Nacionales y representan “más de 80 años de historia y conquista del turismo social”. Y agregó: “Nacieron para democratizar el bienestar: que el descanso sea un derecho de las mayorías, no el privilegio de pocos”.

Según el funcionario provincial, amparado en el Decreto 216/2025, el Gobierno nacional eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social. Las consecuencias, afirmó, son contundentes: de alojar a más de 84.000 personas en 2023, se pasó a cero turistas en 2025 y 2026.

En tanto, hizo referencia a los más de 30 trabajadores del complejo de General Pueyrredon que fueron intimados en abril a desalojar las viviendas. “Frente a este atropello, desde la Provincia de Buenos Aires nos plantamos. La defensa de Chapadmalal no es nostalgia; es una postura política activa por el derecho al descanso de nuestros pibes de escuelas públicas, jubilados y familias trabajadoras”, indicó.

Y volvió a reclamar el traspaso hacia la administración bonaerense. “Desde que nos enteramos del pase a la AABE en 2025, la Provincia exige la transferencia de los hoteles y de los bienes del Museo Evita del Complejo para hacernos cargo. Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, cerró.

Fuente: Agencia DIB

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Sin el beneficio de Zona Fría, el Municipio proyecta un incremento de pedidos de ayuda social

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En el ámbito del gobierno municipal ya están analizando el impacto en Bahía Blanca de los cambios en el régimen de Zona Fría en caso de que el Senado apruebe el proyecto impulsado por La Libertad Avanza que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Genera mucha incertidumbre. Hay sectores que socialmente han podido tener el gas natural y que esto los puede afectar. Por eso también el intendente la semana pasada habló mucho sobre este tema porque sería algo muy complejo para nuestra ciudad que esto desapareciera”, aseveró esta mañana en diálogo con Radio Altos la secretaria de Políticas Sociales, Romina Pires.

No dudó en afirmar que si las y los bahienses pierden el beneficio de Zona Fría en sus boletas de gas, habrá gente que “va a estar muy mal” y advirtió cómo impactará en los pedidos de ayuda que recibe diariamente la Municipalidad.

Cuando Nación se corre de las distintas políticas, todo recae en la Municipalidad. La situación que estamos viviendo con el recorte de políticas nacionales claramente afecta a nivel local y es el Municipio el que pone la cara, el que está, atiende y escucha y también, el que resuelve muchísimos de los problemas que hoy está teniendo la ciudadanía”, subrayó.

Hizo referencia al mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 25 de mayo respecto de la importancia de ponerle un freno a la polarización y de entender que hay un montón de poblaciones que están sufriendo muchísimo y que no pueden comprar los remedios, que tienen problemas para pagar el alquiler o que quieren trabajar pero no hay trabajo. “Si no entendemos esta realidad social que estamos pasando y no nos conmueve y no intentamos decir ´para gobernar es con todos adentro, no es con más de la mitad de la población afuera de un sistema y que se arreglen como puedan´, estamos en problemas”, manifestó.

Fuente: Frente al cano.

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Zaninelli acusó al rectorado de la UNS de “obstruir la lucha” de docentes universitarios

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Docentes universitarios nucleados en Conadu Histórica y Conadu realizan desde este martes y hasta el próximo sábado un nuevo paro en las universidades de todo el país. En el caso de Bahía Blanca afecta al dictado de clases tanto en la UNS como en sus escuelas preuniversitarias.

El titular de ADUNS (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur) que depende de Conadu Histórica, Sergio Zaninelli, cuestionó la respuesta de la gestión de Javier Milei a la marcha federal del pasado 12 de mayo en reclamo al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“No hizo mella en el gobierno, es más, salieron ese mismo día con declaraciones violentas, agresiones y con recortes en el presupuesto de las universidades nacionales. Esa fue la respuesta del Gobierno a la marcha que uno la puede describir como la acción más importante de este año”, planteó.

Agregó que en el marco del plan de lucha vienen concretando semaforazos, volanteadas, el Consejo Superior Universitario sesionó en el playón de la UNS, realizaron la jornada “La universidad no se apaga”, y mucha otras acciones, pero el Ejecutivo nacional sigue sin cumplir con la ley y sin acatar los fallos judiciales.

En ese marco, expuso que los gremios no se pueden quedar esperando que la Corte Suprema defina sobre el tema y que por eso siguen con su plan de lucha, en este caso, con la huelga a lo largo de toda la semana.

“A la situación la vemos difícil, no podemos estar de paro en paro, pero tampoco podemos abandonar la lucha u obstruir la lucha, como quieren hacer algunos rectorados, como por ejemplo nuestro rectorado de la UNS”, lanzó.

Y afirmó que las máximas autoridades de la casa de altos estudios bahiense “están intentando, por ahora extraoficialmente, de ver cómo aplicar la Ley de Modernización Laboral, en particular lo referido a la esencialidad educativa y a la regulación del derecho a huelga“.

Fuente: Frente al cano.

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