A medida que pasan los días, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibe más presiones para dejar el cargo por parte de propios y ajenos, pero por el momento resiste los cuestionamientos mientras avanza la causa judicial en su contra y un sector del Gobierno intenta negociar con las provincias para evitar que prosperen en el Congreso los pedidos de interpelación y de moción de censura.

Mientras una parte del oficialismo le comenzó a reclamar al funcionario que dé un paso al costado para terminar con la polémica, otra se encuentra conversando con la oposición y, a partir de eso, pudo suspender una votación clave en el Senado.

En el segundo grupo está el ministro del Interior, Diego Santilli, que en las reuniones que viene teniendo en las últimas semanas con los mandatarios locales en la Casa Rosada les pide un respaldo que hasta ahora no tiene del todo garantizado.

El caso de Patricia Bullrich, la líder del bloque de La Libertad Avanza en ese recinto, es particular, ya que fue una de las integrantes de la cúpula mileísta más críticas de Adorni, pero al mismo tiempo trabajó intensamente para que el resto de los partidos no consiga, al menos por ahora, removerlo por la fuerza.

Durante todo el miércoles, la legisladora mantuvo encuentros con los referentes de los otros espacios con el objetivo de impedir que durante el debate del proyecto de propiedad privada, el peronismo obtenga el número necesario para tratar la interpelación del ex vocero.

“Hay gestiones en el Senado, con Patricia, y del ‘Colo’ con los gobernadores. Hay muchos que plantean que no es razonable la remoción sin un fallo judicial y tampoco quieren quedar votando con José Mayans y los kirchneristas”, sostuvo una fuente al tanto de la trastienda parlamentaria.

Finalmente, la sesión que estaba prevista para este jueves se cayó y no tiene fecha para su convocatoria, aunque ahora el conflicto se traslada a la Cámara de Diputados, donde hay otros proyectos similares en contra de Adorni.

Sin embargo, de acuerdo con lo que pudo relevar Infobae, en varias provincias hay un hartazgo de la discusión en torno al ministro coordinador, niegan que haya habido contactos por parte de la Nación para conversar sobre esta cuestión e incluso exigen que se tome una medida antes de que el Congreso lo haga por su cuenta.

Esta es una posición que también tienen algunas bancadas cercanas a la gestión libertaria, como el PRO y la UCR, que hasta públicamente le exigieron a Javier Milei que le pida la renuncia a su jefe de Gabinete para así anular la estrategia de la oposición.

“A mí nadie me pidió nada. Pero a los aliados nos cansa ya que no tomen decisiones sobre el tema este”, expresó a este medio, con cierta molestia, uno de los gobernadores que más suele apoyar la gestión libertaria.

Otro de los mandatarios, que no es tan afín a la actual administración nacional, aseguró que los senadores y diputados que le responden “analizarán la situación y tienen total libertad para decidir lo que crean más conveniente”.

“Yo me manejo siempre dentro de la institucionalidad y converso con la Nación lo que tenga que conversar para mi provincia, por más que tengamos diferencias políticas. Este es un tema que tendrán que resolver ellos y, en todo caso, si nuestros legisladores consideran que se tiene que avanzar o no con alguna medida, lo expresarán llegado el momento, pero también es parte del sistema democrático”, agregó.

En tanto, en el norte también niegan contactos con la Casa Rosada y remarcan que “no les hicieron ningún pedido puntual y mucho menos sobre la situación de Adorni”, que consideran que es ”problema exclusivo del Presidente, que es quien tiene que decidir qué hacer”.

En Balcarce 50, por su parte, insisten con que las críticas y reclamos de los otros espacios no los afecta, ni siquiera si provienen de aliados, y ratifican que es únicamente Milei “el que elige quiénes lo acompañan”.

En este marco, algunos de los funcionarios que antes respaldaban con mayor entusiasmo al jefe de Gabinete hoy ya se muestran más cautos. A pesar de que ya anunció que el 2 de julio irá al Senado a brindar su informe de gestión, todavía no empezó a prepararlo.

“No comenzó porque estamos en el plazo para que los senadores envíen las preguntas que quieren hacerle. Tienen 5 días hábiles para cumplir con eso”, precisó un miembro de su equipo.

Recientemente, la Justicia ordenó una nueva batería de medidas orientadas a comprobar la coartada cripto del funcionario y a ampliar el alcance de la investigación por enriquecimiento ilícito, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que se detallen todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios de otro tipo que hayan operado en el país desde 2012, un año antes de que el jefe de los ministros empezara a incursionar en la compra y venta de Bitcoin, según él mismo dio a conocer la semana pasada.