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Fentanilo mortal: los organismos del Estado que debían controlar a los laboratorios están bajo la lupa del juez y la fiscal

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Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta, avanza a paso firme en la segunda etapa de la investigación sobre el fentanilo contaminado que está asociado a 90 muertes de pacientes. El expediente ya tiene a 13 personas procesadas, entre ellas el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, directivos y responsables de la elaboración del potente anestésico.

En esta segunda etapa, la pesquisa pone la lupa sobre los organismos de control responsables de certificar la calidad de los medicamentos que se comercializan y que los laboratorios cumplan con las estrictas normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Se trata de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

En el juzgado de Kreplak esperan que en los próximos días la fiscal Roteta presente su dictamen impulsando la acción respecto de los funcionarios de la autoridad de control, ANMAT, INAME y eventualmente el Ministerio de Salud de la Nación.

En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, por medio de la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae donde se estableció que se produjeron demoras para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, el dueño de HLB Pharma.

La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.

Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hace dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Mario Lugones. No obstante, fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.

“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”

La fiscalía ya anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del voluminoso expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.

Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la investigación: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”.

Los fiscales también sostuvieron: La suma de estas irregularidades y deficiencias —dolosas o culposas—, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.

La fiscal Roteta fue muy crítica (como el juez) sobre la actitud pasiva que habría tenido la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.

La fiscal también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.

En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.

De esa manera la fiscal María Laura Roteta describió en detalle la posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.

Ahora el juzgado de Kreplak espera el dictamen de la fiscalía sobre las acciones a impulsar sobre los funcionarios que estaban a cargo de los controles a los laboratorios.

“No surgen controles posteriores”

El juez también se manifestó sobre la ANMAT y el INAME de manera crítica. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados, entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro, expresó:

• “La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. Del expediente no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas.

• “Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto.

• “Pese al reporte cursado por el nosocomio entrerriano (de contaminación bacteriana), basado en estudios realizados por sus profesionales, la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote. Sin embargo, como se sabe, el brote efectivamente existió e, incluso, tomó estado público.”

El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar que se subsanaron falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.

El juez señaló que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada recién con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano de La Plata.

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Se extendió hasta el viernes 17 de julio la inscripción para el Concejo Deliberante Joven

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El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca informa que se extendió hasta el viernes 17 de julio el plazo de inscripción para participar del programa Concejo Deliberante Joven, una iniciativa destinada a promover la participación ciudadana de estudiantes y jóvenes de la ciudad.

Los establecimientos educativos interesados en formar parte de esta propuesta podrán inscribirse completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
https://forms.gle/87jWNwGknScCet9w6

El Concejo Deliberante Joven acerca a las nuevas generaciones al funcionamiento del Poder Legislativo local, brindándoles la posibilidad de conocer de primera mano cómo se elaboran y debaten los proyectos que impactan en la comunidad.

Durante el desarrollo del programa, las y los participantes trabajan en comisiones, intercambian ideas sobre las principales problemáticas de Bahía Blanca, reciben acompañamiento para la elaboración de iniciativas y viven la experiencia del proceso legislativo, fortaleciendo valores como el diálogo, el consenso y el compromiso ciudadano.

La propuesta busca generar un espacio donde las voces jóvenes sean escuchadas y puedan transformarse en proyectos concretos para la ciudad, promoviendo una ciudadanía activa, informada y comprometida con el presente y el futuro de Bahía Blanca.

Desde el Honorable Concejo Deliberante se invita a todas las instituciones educativas a aprovechar esta extensión del plazo de inscripción y sumarse a una experiencia que fomenta la participación democrática y el protagonismo de las juventudes.

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Propiedad privada: se vuelve a tensionar la ley en el Senado, pero el Gobierno confía en que la aprobará mañana

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La ley de propiedad privada, que el oficialismo confía aprobar mañana en el Senado -quorum y números ajustados, hasta anoche- se convirtió desde hace largas semanas en un embrollo difícil de resolver y sumó un nuevo ruido en las últimas horas, con legisladores dialoguistas que dudan sobre el aval o no del “silencio administrativo” incluido en el capítulo de venta de tierras a extranjeros.

Este tema se encuentra detallado en el artículo 10 de la norma 19.549 de procedimiento administrativo. Allí, se expresa: “El silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo. Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de SESENTA días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros TREINTA días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración”.

Ahora, vayamos a la iniciativa que intenta destrabar -a los ponchazos- la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el ya delirante borrador 13 post dictamen se enuncia que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

Seguido a ello aparece lo más jugoso. “Las únicas restricciones para la adquisición del dominio de tierras rurales serán las siguientes: a) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros; b) La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”, se plantea.

En tanto, sobre el final, se manifiesta: “La autorización prevista en el inciso b) se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho. Este régimen de silencio administrativo comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días corridos a la entrada en vigencia de la presente ley.

Misma situación se repite en la “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros“, que se regirá por las disposiciones, excepciones y procedimientos establecidos en el Decreto-Ley N° 15.385/44, modificado por la Ley N° 23.554 y sus normas complementarias”, y la cual “deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa”. En un momento se pensó en incorporar un guiño del Congreso, ahora descartado.

Mientras se definen detalles y La Libertad Avanza peina la cantidad de soldados dispuestos a ayudar mañana, en la Cámara alta cayó pésimo el mensaje que partió desde un sector minoritario del oficialismo -aunque de peso- para desdramatizar el reboleo de borradores antes de una sesión. Modificar un dictamen en el recinto no sólo abre ventanas para que ingrese el diablo -sobre todo, si el número estuviese apretado-, sino que implica un eterno ida y vuelta con asesores de los senadores que estudiaron el tema, intercambiaron ideas y llevaron a sus jefes a firmar un despacho de mayoría ya muy manoseado. Casi como despreciar una labor trascendental -de muchos agentes- en el Congreso. Penoso.

De cara al jueves existe una urgencia de la Casa Rosada por el pliego judicial -para que continúe en vigencia- del camarista Víctor Pesino, relacionado con la reforma laboral -si no se aprueba antes de fin de mes, el magistrado se tendrá que jubilar-, más la aprobación de la ley de inviolabilidad de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que aliados ya se la desplumaron a la propia Bullrich, sin defensa alguna de parte de la porteña.

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Cautela y preocupación en el Gobierno por la lenta negociación para suspender las PASO

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La suspensión o eliminación de la PASO se transformó en una obsesión para Karina Milei, que está convencida de que las primarias podrían transformarse en el principal obstáculo para la reelección de Javier Milei. Sin embargo, en la más reciente “mesa política”, ayer, a diferencia de los encuentros de los últimos meses, el tema ni siquiera se conversó, o al menos eso es lo que dejaron trascender en la Casa Rosada.

“No fue por nada en especial, no surgió. Ya se había hablado la semana pasada”, dijo un funcionario nacional.

Desde el poroteo de hace siete días al de ayer hubo un sinfín de conversaciones y reuniones políticas vinculadas con el tema. Y el eje PASO estaba prácticamente fijo en el temario de la mesa política desde la era Adorni. Pero ayer, en el segundo encuentro sub-liderado por Diego Santilli junto a Karina Milei, ni siquiera se mencionó. Y si bien en el oficialismo no se muestran preocupados, sí se muestran cautos.

Esperan llevar la reforma política al recinto en agosto, después del Mundial. Y los más optimistas se basan en las declaraciones on the récord de los referentes de las provincias brindando distintos grados de apoyo. Citan, primero, al aliado catamarqueño del PJ, Raúl Jalil, como uno de los que se mostraron a favor del proyecto con mayor ímpetu.

Jalil fue el más explícito al calificarlas de “una encuesta muy cara” que “no fortalece a los partidos políticos”, aunque marcó distancia del esquema de colectoras. En la misma línea se ubicaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que remarcó el ahorro fiscal que implicaría; y Claudio Poggi (San Luis), que ratificó su respaldo tras una reunión con Diego Santilli. Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), que ya anticiparon su acompañamiento. A ellos se suman Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Marcelo Orrego (San Juan), favorables a la reforma tal como la plantea Casa Rosada, y Martín Llaryora (Córdoba), que no objeta el cambio porque el peronismo local siempre rechazó ese sistema.

Pero en el oficialismo admiten que aún no alcanza. “Le falta al tema, le falta…”, dijeron en el Gobierno. Por ahora no están los números, reconocen, a pesar de las fotos con los gobernadores en Tucumán por el 9 de Julio y la importante asistencia de los mandatarios “amigables” con el poder central a la jura de Santilli como jefe de Gabinete.

Por lo pronto, aseguran que no se rinden. Puertas afuera, Santilli seguirá con la convocatoria a gobernadores. Anteayer recibió a Claudio Poggi de San Luis. Ayer, a Claudio Vidal, de Santa Cruz. Y el viernes será el turno del pampeano Sergio Ziliotto, ferviente opositor a quien, de todos modos, no creen que podrán convencer.

Después de cada encuentro, en Balcarce 50 deslizan que hubo manifestaciones de apoyo. Pero después, en el Congreso, las buenas señales de los mandatarios no se traducen siquiera en promesas.

A priori, reina la prudencia: “Nadie promete nada. El espíritu es que hay que trabajar mucho”, dijo un importante armador legislativo de La Libertad Avanza. En el bloque confesaron: “Es difícil ir narrando una negociación a varias bandas. No es fácil medir el grado de avance”, en referencia a la cantidad cada vez mayor de de referentes, gobernadores y operadores con los que hablan los delegados del Gobierno. Principalmente, Santilli y los Menem, que introdujeron el tema de las colectoras hace dos semanas con la esperanza de que sirviera para sumar adhesiones.

Hoy ese capítulo es un misterio, y en las provincias siguen analizándolo. Está en marcha como posibilidad en el oficialismo, que deja todas las puertas abiertas con tal de que se suspendan las Primarias y Milei pueda evitar que una gran encuesta negativa dos meses antes de la elección general condicione sus posibilidades de reelegir.

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