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El Gobierno no evalúa pedir ser querellante en la causa contra Spagnuolo por las presuntas coimas en ANDIS

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El Gobierno mantiene su postura de no involucrarse en la causa contra el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y por el momento no va a solicitar ser querellante en la investigación por la que ya fueron procesados el ex funcionario y otras 18 personas.

Las autoridades nacionales optan por continuar al margen de la denuncia y confían en la inocencia de todos los integrantes del Gabinete que son mencionados en el expediente, entre los cuales está la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por esta razón, en la Casa Rosada no diseñaron ninguna estrategia judicial por este tema, ya que consideran que se tomaron las medidas correspondientes cuando se filtraron los audios que dieron origen a las sospechas de corrupción.

Es un tema que está investigando la Justicia. El Gobierno transfirió las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar la transparencia en el organismo”, señaló a Infobae una persona cercana a la cúpula libertaria.

Al respecto, en el oficialismo asegurán que no hay preocupación por lo que pueda suceder con Spagnuolo y remarcan que es “la defensa la que se ocupará” de dar las explicaciones pertinentes sobre las acusaciones.

Este lunes, juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director de la ANDIS como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

De acuerdo con lo que sostuvo el magistrado en su resolución, “se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal”, compuesta tanto por funcionarios estatales de ese organismo como por actores particulares, “que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”.

Aunque en la investigación aparecen varios funcionarios que todavía siguen en sus cargos, el Poder Ejecutivo no va a pedir –a priori– ser querellante: “Por ahora no. Todo está bajo estudio”, detalló un integrante de la mesa judicial.

La denuncia original fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, que representó a la ex presidenta Cristina Kirchner en varias causas, también de presuntos hechos de corrupción.

El letrado se basó en los audios que circularon en diferentes medios periodísticos, en los que se escucha la voz de Spagnuolo reconociendo un mecanismo montado en la ANDIS para cobrar sobre precios en medicamentos y obtener así una ganancias que, según dijo, llegaba hasta las esferas más altas del Gobierno.

Esto derivó en una serie de operativos policiales a través de los cuales, por ejemplo, se le secuestraron 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros a Ornella Calvete, ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio.

La ex funcionaria del Ministerio de Economía es hija del empresario y operador en el mundo de las droguerías, Miguel Ángel Calvete, y ambos están también procesados en el marco de esta causa, como partípes necesarios.

Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las compañías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios al Estado. Según la prueba recolectada, los sospechosos habrían digitado las compras abusando de la situación de emergencia para evitar licitaciones y direccionar contratos millonarios a droguerías amigas.

En la primera grabación que se conoció sobre este caso, Spagnuolo argumentaba que un porcentaje del dinero involucrado iba para Karina Milei, mientras que posteriormente también se lo nombró al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de su mayor confianza.

No obstante, en el círculo íntimo de la secretaria general explicaron a este medio que tampoco se va a denunciar al ex titular de la ANDIS por injurias: “No se va a accionar porque tampoco está acreditado que él haya dicho algo concreto, porque nunca aceptó que los audios fueran suyos”, detallaron.

Luego de la polémica inicial, el propio presidente Javier Milei respaldó públicamente a su hermana y aseguró que tiene “una absoluta tranquilidad al respecto” y confió en que “tarde o temprano la verdad va a salir a la luz”.

“Siempre están desfigurando las cosas y poniendo… Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas de manera que no son. Pero no quiero entorpecer el actuar de la Justicia, que siga actuando, que haga lo que tenga que hacer”, sostuvo durante una entrevista con Radio Mitre, a fines de noviembre pasado.

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Bahía Blanca será cabecera regional de Defensa Civil

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Se desarrolló en la localidad de Pigüé un encuentro de trabajo que reunió a los representantes de las direcciones de Defensa Civil de todos los distritos que integran la Sexta Sección Electoral.

En ese marco, Sebastián Sepúlveda (Director de Defensa Civil de Bahía Blanca) asumió como nuevo jefe regional.

“Con este nombramiento, el Municipio de Bahía Blanca asume formalmente el rol de cabecera seccional, consolidando su posición como nodo estratégico en la coordinación de emergencias”, destacaron desde el Ejecutivo.

Como subjefe regional, en tanto, fue electo Rodrigo Fuhr, titular de Defensa Civil del distrito de Tornquist.

Según explicaron, la iniciativa surgió como respuesta directa a la necesidad de implementar un esquema de trabajo articulado, preventivo y solidario entre las distintas localidades frente a la complejidad de las diversas emergencias que afectan al Sudoeste Bonaerense.

“Con esta nueva estructura, nuestra ciudad y la Sexta Sección, optimizarán los tiempos de respuesta y potenciará la capacitación continua de sus cuerpos operativos, consolidando un bloque regional fuertemente preparado ante cualquier contingencia”, agregaron.

Fuente: Frente al cano.

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El Gobierno deja de actualizar la cobertura de la tarifa social en la SUBE ante los aumentos de boleto

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El Gobierno cambió la forma en que el Estado Nacional financia el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social en todo el país y dejará de actualizar constantemente la cobertura en la SUBE ante los aumentos de boleto.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen “tarifas de referencia” que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.

La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.

El fundamento principal de esta decisión radica en la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado Nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.

Al resaltar el nuevo esquema implementado, el Ejecutivo sostuvo que “la incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento”.

La decisión no modifica el universo de beneficiarios de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

La implementación técnica de estos cambios estará a cargo de Nación Servicios S.A., que deberá adecuar los sistemas centrales de la red SUBE para procesar los nuevos mecanismos de cálculo. La medida ya se encuentra plenamente vigente desde este miércoles. (N/A)

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El Municipio avanza con la limpieza de un importante pluvial clave de la zona norte

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El Municipio de Bahía Blanca realiza tareas de limpieza en un pluvial necesario para el desagote del sector de la obra hidráulica principal, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio.

Se trata de un recorrido de 295 metros de una cañería de hormigón de 100 mm que se encontraba totalmente obstruida por la acumulación de sedimento, lo que provocaba inundaciones frecuentes en el sector.

“Este trabajo es una continuación de la obra hidráulica principal en este sector, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio”, explicó el intendente Federico Susbielles durante una recorrida por el lugar donde se desarrollan las tareas.

“Cuando finalizamos esa obra y se dispuso conectarla con el pluvial que corre por Rizzo advertimos que éste estaba completamente obstruido, por lo que el agua que llegara del nuevo colector no tenía donde derivar e iba a generar más anegamientos”, agregó.

“Es por eso que se licitó y adjudicó esta obra complementaria que ya está avanzando y que es tan importante para los vecinos de esta zona. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad y con planificación, porque es lo que los bahienses se merecen. Vivir con la tranquilidad de sentirse protegidos”, manifestó Susbielles.

Los trabajos, a cargo de la empresa GEOMAC S.A. , también incluyen la limpieza de sumideros y de los caños de empalme que estaban totalmente obstruidos, e implican una inversión de  93.9 millones de pesos y un  plazo de ejecución de 60 días.

Fuente: La Nueva.

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