El comienzo del nuevo Congreso no fue para nada el que esperaba el Gobierno, que a pesar de tener un bloque más fuerte y haber negociado durante varias semanas con los aliados, no logró aprobar el Presupuesto 2026 que pretendía y sufrió el rechazo de artículos clave que ahora ponen el riesgo todo el proyecto, a menos de que consiga recomponerse en el Senado.

En medio de una sesión maratónica y con protestas a lo largo de toda la jornada, en la Cámara de Diputados, en la madrugada del jueves, la iniciativa obtuvo media sanción, pero dejando afuera la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad.

Las autoridades nacionales habían incluido la baja de ambas leyes en el artículo 75 del texto que, a su vez, estaba adentro del polémico Capítulo XI, titulado “Disposiciones generales” y que también contenía propuestas que pedían las provincias.

A lo largo de toda la semana, el ministro del Interior, Diego Santilli, prácticamente se instaló en el despacho de Martín Menem, presidente del recinto, para coordinar en conjunto la estrategia parlamentaria.

En la previa de la votación todo indicaba que el oficialismo conseguiría los apoyos necesarios como para que el Presupuesto saliera tal como lo había enviado el Poder Ejecutivo, pero con el correr de las horas todo se complicó.

Luego de varias maniobras de último momento y cruces con diferentes bloques, la Casa Rosada volvió a estar enemistada con algunos de sus principales aliados y con los gobernadores con los que venía recomponiendo el vínculo.

A partir de esta situación, al día siguiente la mesa política se reunió en el Ministerio del Interior para analizar los pasos a seguir: estuvieron el anfitrión, Santilli; su par de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

En ese encuentro, la cúpula decidió que se iba a insistir en el Senado con las medidas de discapacidad y universitaria, pero ya no buscando su eliminación, sino apuntando a modificar las normas que fueron aprobadas, pero nunca se aplicaron, con el argumento de que no especifican la fuente de financiamiento y, por ese motivo, afectan el déficit fiscal.

Tal como precisó este medio, todas las propuestas que se están estudiando implican mantener vigentes esas leyes, pero agregando recortes en otros lados y aclaraciones sobre la implementación para respetar el equilibrio fiscal.

Por caso, según pudo saber Infobae, en cuanto a la emergencia en discapacidad, entre otros puntos, se propondrá incluir que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio, sujeto a actualizaciones.

En lo que respecta al Financiamiento de Educación Universitaria, tampoco se avanzará con su derogación, pero se establecerá un aumento que será del 20% de los fondos designados para gastos de funcionamiento sobre lo repartido en 2025.

“Así como está, el Presupuesto no va a salir porque atenta contra el superávit. Vamos a trabajar en buscar la manera para solucionar el conflicto en la Cámara alta”, sostuvo un funcionario involucrado en las conversaciones.

De hecho, con el objetivo de concentrarse plenamente en esta tarea, Bullrich optó por postergar el tratamiento de la reforma laboral, otra de las iniciativas que para el Gobierno eran prioritarias, y así votar el 26 de diciembre solamente este proyecto, el de Inocencia fiscal y el que plantea cambios en la ley de glaciares. La sesión ya fue convocada para ese día a partir de las 12:00.

“Queremos tener el instrumento (por el Presupuesto), no va a ser el final, porque hay muchas cosas que se han escuchado y que seguramente vamos a poder tener en cuenta a la hora de lo que se discuta finalmente. Solamente digo esto para que vean que estamos abiertos al diálogo”, remarcó la ex ministra de Seguridad, durante una conferencia de prensa.

En los pasillos de la Casa Rosada, no solo celebraron la media sanción del Presupuesto, al remarcar que “los mercados respondieron muy bien con esa noticia”, sino también la de las otras iniciativas que avanzaron en la madrugada del jueves.

“Hay muchos que seguramente no estén preparados para esta discusión, pero el proyecto de Inocencia fiscal es, probablemente, uno de los más importantes de toda la gestión”, indicó un integrante de la mesa chica política.

Ahora, las dos propuestas deberán tratarse en el Senado, donde si bien La Libertad Avanza está mejor posicionada que antes de las elecciones, con 20 integrantes en su bloque -hasta que jure el reemplazante de Lorena Villaverde- sigue siendo minoría.

En el corto plazo, además, Santilli tiene la misión de recuperar las relaciones con los gobernadores, molestos porque si intentó usar algunos de los pedidos que hicieron para forzar la votación de todo el Capítulo XI, con el artículo 75 incluido.

Asimismo, el ministro ya se comunicó en varias oportunidades con su ex compañero de bloque, Cristian Ritondo, quien acusó a las autoridades nacionales de cometer un hecho inconstitucional al elegir a los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN).

El jefe del bloque PRO, que pretendía que uno de esos lugares fuera para alguien de su partido, señaló en un comunicado que el Congreso solamente puede votar en sesiones extraordinarias las cuestiones que envíe formalmente el Poder Ejecutivo.

Para la administración libertaria, en cambio, el pleno del cuerpo “es soberano para decidir si se agrega alguna cuestión no prevista” durante el debate, por lo que “no es una cuestión que dependa del Ejecutivo y es discutible que tenía que estar previamente en el temario”.

De todas formas, las autoridades nacionales se muestran preocupadas por la pelea que surgió con uno de sus aliados más leales y aseguran que van a intentar recuperar la cordialidad.