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El sistema de alianzas de LLA crujió en Diputados y suma incertidumbre a la agenda de reformas de Milei

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La ola triunfante sobre la que avanzaba el oficialismo después de las elecciones de octubre sufrió esta semana un primer golpe con la realidad. La Libertad Avanza festejó la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados pero perdió una votación clave sobre la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. El traspié legislativo dejó expuestas fallas en el tejido de alianzas que tuvieron a cargo Martín Menem y el ministro del Interior Diego Santilli.

Forzamos mucho ese capítulo, pero estamos bien”, dicen cerca del presidente de la Cámara y señalan que son “apenas” una primera minoría en el recinto, por lo que prevén que el trámite legislativo “va a seguir siendo difícil”.

Durante las últimas semanas, Santilli se había ocupado de aceitar el vínculo con los gobernadores para garantizar el apoyo al Presupuesto. Repartió $66 mil millones en concepto de ATN durante las dos semanas de diciembre, mientras que el total del año es de $199 mil millones.

Entre los que más recibieron se destacaron Tucumán ($20 mil millones); Misiones ($12 mil millones); Chaco ($11 mil millones); Catamarca ($10.500 millones); Entre Ríos ($7 mil millones); y Salta ($6 mil millones). Tal vez por eso en el oficialismo daban por propios algunos votos que luego se dieron vuelta al momento de votar el polémico capítulo 11.

Los tres tucumanos de Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, apoyaron en general el Presupuesto pero dos de ellos rechazaron el capítulo 11 y uno se levantó para no votar. Por su parte, los tres catamarqueños que controla Raúl Jalil también votaron a favor en general pero rechazaron el capítulo 11. En el caso de Salta, tres diputados apoyaron en general y uno se dio vuelta para voltear el artículo de la polémica.

No es todo tan lineal y que algún diputado vote en contra no quiere decir que se haya metido el gobernador”, argumentan algunos libertarios. No obstante, otros diputados oficialistas reconocieron que tenían el compromiso previo de los catamarqueños para votar a favor o en todo caso abstenerse. También apuntan contra los diputados de Provincias Unidas, que habían ayudado a garantizar el quórum, pero luego rechazaron el proyecto. “Se iban a retirar y no lo hicieron. No se bancaron la presión del kirchnerismo”, aseguró un libertario ante la consulta de Infobae.

Los cinco cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora habían dejado en claro su insatisfacción con el proyecto de Presupuesto durante el debate en comisión y se abstuvieron al momento de la votación en general. Luego, cuando se trató el capítulo 11, directamente votaron en contra.

Entre los principales reclamos de la provincia se destaca la deuda con la caja previsional provincial. Por lo que no cayó nada bien cuando al día siguiente, cuando comenzó a analizarse el Presupuesto en el Senado, el secretario de Hacienda Carlos Guberman rechazara el monto reclamado para cubrir el déficit.

Según Vigo, la deuda con Córdoba es de $690 mil millones mientras que en el Presupuesto el Gobierno destinó $122 mil millones para todas las provincias. “No alcanzaría ni por asomo”, fustigó.

“Esa deuda es la que calcula la Provincia sin ninguna validación por parte de Anses como para estar claros de que ese es el valor. Sabemos que hay una deuda, pero no estamos de acuerdo con que el monto sea ese. Es algo que tendrá que definir Anses de acuerdo a las simulaciones que tiene que hacer”, explicó el funcionario ante una pregunta de la senadora schiarettista Alejandra Vigo. Esa respuesta no augura una buena relación con la bancada que también integran los pullaristas de Santa Fe.

Por otro lado, la relación entre los libertarios y el PRO merece un capítulo aparte. El bloque amarillo reclamó durante las negociaciones previas que se incluya en el Presupuesto la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires y se llevó un compromiso de último momento de que ese punto sería incluido.

El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, no pudo ocultar su enojo al ver que los libertarios incluyeron ese artículo dentro del polémico capítulo 11, junto con discapacidad y universidades. Como la votación era por capítulos enteros, lo interpretaron como una maniobra para forzar un escenario de todo o nada. Finalmente fue nada. El capítulo salió rechazado y el PRO se quedó con las manos vacías.

Pero como si eso fuera poco, luego se concretó un pacto entre los libertarios, el kirchnerismo y los gobernadores de Salta y Misiones para designar a los tres representantes por Diputados a la AGN.

Esa misma madrugada juraron Mónica Almada, en representación de LLA, Juan Ignacio Forlón, por el peronismo, y la salteña Pamela Calletti, alfil de los gobernadores del norte. El PRO se retiró del recinto enardecido y amenazó con judicializar la designación.

Recomponer esa relación, que ya había quedado muy golpeada por la decisión de sacarle a los diputados bullrichistas para sumarlos al bloque LLA, será una tarea ineludible para Menem, ya que los 12 diputados que conduce Ritondo son esenciales para llegar al quórum.

Según pudo saber Infobae, ya hubo contactos entre Menem y Ritondo. “Intentó explicar lo inexplicable, van a tener que hacer muchos esfuerzos para que volvamos a confiar”, resumieron en la bancada amarilla.

“Nos cambian a nosotros, que somos aliados ‘baratos’, por los gobernadores, que son caros y además después te hacen lo que hizo Sáenz, que puso a dos diputados a votar a favor y a uno en contra para quedar bien con todos”, explicaron.

Y desafiaron: “La reforma laboral la vamos a apoyar, pero cuando empiecen las sesiones ordinarias los libertarios se van a dar cuenta que 95 diputados es un montón, pero te siguen faltando 34 para el quórum”.

Con alianzas frágiles y reclamos aún pendientes, el Gobierno enfrenta la necesidad de revisar su estrategia para avanzar con las reformas estructurales que prometió Milei para los próximos meses.

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Bahía Blanca será cabecera regional de Defensa Civil

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Se desarrolló en la localidad de Pigüé un encuentro de trabajo que reunió a los representantes de las direcciones de Defensa Civil de todos los distritos que integran la Sexta Sección Electoral.

En ese marco, Sebastián Sepúlveda (Director de Defensa Civil de Bahía Blanca) asumió como nuevo jefe regional.

“Con este nombramiento, el Municipio de Bahía Blanca asume formalmente el rol de cabecera seccional, consolidando su posición como nodo estratégico en la coordinación de emergencias”, destacaron desde el Ejecutivo.

Como subjefe regional, en tanto, fue electo Rodrigo Fuhr, titular de Defensa Civil del distrito de Tornquist.

Según explicaron, la iniciativa surgió como respuesta directa a la necesidad de implementar un esquema de trabajo articulado, preventivo y solidario entre las distintas localidades frente a la complejidad de las diversas emergencias que afectan al Sudoeste Bonaerense.

“Con esta nueva estructura, nuestra ciudad y la Sexta Sección, optimizarán los tiempos de respuesta y potenciará la capacitación continua de sus cuerpos operativos, consolidando un bloque regional fuertemente preparado ante cualquier contingencia”, agregaron.

Fuente: Frente al cano.

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El Gobierno deja de actualizar la cobertura de la tarifa social en la SUBE ante los aumentos de boleto

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El Gobierno cambió la forma en que el Estado Nacional financia el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social en todo el país y dejará de actualizar constantemente la cobertura en la SUBE ante los aumentos de boleto.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen “tarifas de referencia” que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.

La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.

El fundamento principal de esta decisión radica en la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado Nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.

Al resaltar el nuevo esquema implementado, el Ejecutivo sostuvo que “la incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento”.

La decisión no modifica el universo de beneficiarios de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

La implementación técnica de estos cambios estará a cargo de Nación Servicios S.A., que deberá adecuar los sistemas centrales de la red SUBE para procesar los nuevos mecanismos de cálculo. La medida ya se encuentra plenamente vigente desde este miércoles. (N/A)

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El Municipio avanza con la limpieza de un importante pluvial clave de la zona norte

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El Municipio de Bahía Blanca realiza tareas de limpieza en un pluvial necesario para el desagote del sector de la obra hidráulica principal, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio.

Se trata de un recorrido de 295 metros de una cañería de hormigón de 100 mm que se encontraba totalmente obstruida por la acumulación de sedimento, lo que provocaba inundaciones frecuentes en el sector.

“Este trabajo es una continuación de la obra hidráulica principal en este sector, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio”, explicó el intendente Federico Susbielles durante una recorrida por el lugar donde se desarrollan las tareas.

“Cuando finalizamos esa obra y se dispuso conectarla con el pluvial que corre por Rizzo advertimos que éste estaba completamente obstruido, por lo que el agua que llegara del nuevo colector no tenía donde derivar e iba a generar más anegamientos”, agregó.

“Es por eso que se licitó y adjudicó esta obra complementaria que ya está avanzando y que es tan importante para los vecinos de esta zona. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad y con planificación, porque es lo que los bahienses se merecen. Vivir con la tranquilidad de sentirse protegidos”, manifestó Susbielles.

Los trabajos, a cargo de la empresa GEOMAC S.A. , también incluyen la limpieza de sumideros y de los caños de empalme que estaban totalmente obstruidos, e implican una inversión de  93.9 millones de pesos y un  plazo de ejecución de 60 días.

Fuente: La Nueva.

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