El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público. La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras. Según supo Noticias Argentinas, las competencias esenciales de los entes eliminados serán reasignadas a los ministerios y secretarías correspondientes, y el personal conservará sus cargos hasta que se dicten las nuevas estructuras.
Organismos disueltos
Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros. En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.
Transformaciones y fusiones
Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.
También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.
Criterios y reasignaciones
Según los considerandos, las medidas se tomaron tras un diagnóstico que detectó un incremento desproporcionado de estructuras y personal en los organismos descentralizados, que pasaron de 35.481 agentes en 2010 a 88.095 en 2024. En algunos casos se identificaron irregularidades administrativas, falta de control interno o duplicación de funciones. Las funciones esenciales y las plantillas de personal serán absorbidas por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, la ANMAT o las secretarías de Agricultura, Industria y Transporte, según cada caso.
Además, los bienes inmuebles y vehículos sin uso serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su reasignación o venta, y las sumas líquidas disponibles pasarán al Tesoro Nacional.
El Ejecutivo instruyó a los ministerios a elevar en las próximas semanas las propuestas para adecuar las estructuras organizativas que asuman las competencias reasignadas y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Organismos disueltos y su destino
Organismo
Destino de funciones
Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial
Subsecretaría de Transporte Automotor
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
Secretaría de Transporte / Gendarmería Nacional
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
Ministerio de Economía y Agencia de Control de Concesiones
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)
Ministerio de Economía
Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP)
Ministerio de Economía
Delegaciones Sanitarias Federales
Ministerio de Salud
Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal (ARICCAME)
ANMAT / Ministerio de Economía
Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)
Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de Semillas (INASE)
Secretaría de Agricultura
Comisión Nacional de Semillas
Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET)
ANLIS-Malbrán
Instituto Nacional de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares
Ministerio de Salud
SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad)
Ministerio de Salud
Organismos transformados y fusionados
Antes
Ahora / Nuevo destino
CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte)
Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte
Junta de Seguridad en el Transporte
Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación
Instituto Nacional del Cáncer
Unidad organizativa dentro del Ministerio de Salud
Hospitales Nacionales e INAREPS
Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES)
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
Unidad organizativa dentro de Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Unidad organizativa dentro de Secretaría de Industria
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Organismo desconcentrado dependiente de Secretaría de Agricultura
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
Organismo desconcentrado dependiente de Secretaría de Industria
Como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y la suba en el valor del petróleo, las compañías petroleras que operan en la Argentina extendieron un nuevo aumento a los surtidores, por lo que el litro de nafta Premium ya supera los $2.000 en casi todas las estaciones del país.
Según datos de EcoGo, ya que las empresas han dejado de informarlo hace tiempo, el incremento es en torno al 9% en lo que va de marzoy abarca a todas las petroleras. El impacto en los surtidores se refleja en el bolsillo de los consumidores y anticipa una mayor presión sobre la inflación de marzo.
Según la serie actualizada, el índice de precios promedio (un índice con base 100 en enero 2025) de las naftas y gasoil escaló de 136,3 el 26 de febrero a 148,2 el 16 de marzo, con base enero de 2025 igual a 100. Esto implica una suba del 8,67% desde que se profundizó el conflicto en Medio Oriente y el barril de Brent superó los 100 dólares.
Si se toman los valores de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, la nafta Súper promedia los $1.833, la premium $2.015 y el gasoil Infinia $02.033. En el caso de Shell, que siempre es más alta, la Súper ronda $1.890, la Premium $2.081 y el gasoil Power $2.129. En el interior bonaerense, el precio es un poco más alto.
En la nafta Súper de YPF, que subió $145 en solo siete días, el avance representa un salto del 8,3%. El gasoil premium de Shell tuvo un incremento de $131, equivalente al 6,6%.
Más allá del impacto en el bolsillo del usuario, la suba de los combustibles trasciende los surtidores y alcanza a la inflación general. Según los modelos de GMA Capital, un ajuste del 10% en el precio de los combustibles se traduce en 0,37 puntos porcentuales adicionales de inflación. Pero el traslado de los mayores costos al consumidor dependerá de la estrategia comercial de las petroleras y de la evolución del conflicto internacional.
Cabe recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó días atrás que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero de 2026 una variación mensual de 2,9%. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre del año alcanzó el 5,9%, mientras que la comparación interanual se ubicó en 33,1 %.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó un nuevo anexo al convenio suscripto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para avanzar en el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio público de distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial.
La medida formaliza el Anexo III del acuerdo celebrado con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), dependiente de esa Facultad, que brinda servicios de consultoría para el desarrollo técnico y económico de la revisión tarifaria que comenzó en 2024. En este caso, el anexo establece en detalle las fases, contenidos, hitos y porcentajes de pago correspondientes a la Etapa 2 del proceso.
El proceso de RTI había sido iniciado por la Provincia mediante la Resolución N° 1133/2024 y contempla distintas instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica provincial. El objetico es conocer en detalle los costos de la distribución de energía de las cuatro compañías de energía: Edelap, EDES, EDEA y EDEN.
En concreto, con este proceso se busca definir un plan de inversiones que garantice un servicio eléctrico de calidad, actualice la infraestructura según la demanda actual, y reafirme el rol activo del Estado provincial en el control de las empresas.
Según informaron desde la Provincia, otra de las metas que persigue la RTI es mejorar los parámetros de calidad del servicio y al mismo tiempo garantizar a los usuarios tarifas asequibles y geográficamente homogéneas.
El análisis de los costos de la energía elécrtrica
De acuerdo con lo previsto en el acuerdo, la Etapa 1 está vinculada a la valuación física de los activos de las distribuidoras y a la recopilación de información técnica para garantizar la prestación del servicio en condiciones adecuadas. En tanto, la Etapa 2 comprende el análisis económico y regulatorio, incluyendo la valorización de la base de capital, la determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, la definición del plan de inversiones obligatorio y la propuesta de estructura tarifaria.
Según la documentación oficial, esta etapa es fundamental para todo el proceso porque va a culminar en un informe final en el cual el Ceare va a sugerir un nuevo cuadro tarifario a aplicar. El cronograma contiene numerosas tareas específicas subdivididas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para llegar hasta las conclusiones.
La resolución también establece que los pagos vinculados a la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez verificado el cumplimiento de los hitos establecidos para esta segunda etapa del proceso.
La decisión se adoptó con intervención de los organismos de control provinciales y en el marco de las facultades previstas en la Ley de Ministerios, el marco regulatorio eléctrico provincial y la normativa administrativa vigente.
Un grupo de taxistas se manifestó esta mañana en la Municipalidad para reclamar por una flexibilización de último momento en la reglamentación de la ordenanza de Uber que había sido aprobada semanas atrás en el Concejo Deliberante.
En las últimas horas y a través de un decreto, el intendente Federico Susbielles le otorgó a los choferes de aplicación un año de prórroga para registrarse en la comuna y eso desató la ira de los taxistas.
“Hay una necesidad laboral de estos choferes de apps que nosotros no podemos desconocer y por eso se decidió flexibilizar la reglamentación anterior”, explicaron fuentes del Municipio.
Según los manifestantes, esa flexibilización los deja en desventaja respecto de los conductores de Uber.
Luego de media hora de gritos y pedidos de una reunión con el intendente, se hicieron presentes el jefe de Gabinete y la secretaria de Gobierno, Luis Calderaro y Florencia Molini, quienes dialogaron con los taxistas y los invitaron a una conversación en privado. También apareció el representante regional del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Montero.
“Nos mandaron al muere a 1.400 familias, a ustedes no les importa porque cobran igual su sueldo”, les dijo el dirigente del Centro de Propietarios de Taxis, Roberto de Barrenechea, antes de pasar a la reunión.
El mes pasado se aprobó una ordenanza que establece, entre otras cosas, que los choferes de apps deben contar con carnet profesional y autos que no superen los 13 años de antigüedad, para asimilar los requisitos con los taxistas.
Asimismo, tienen que enviar una nota dirigida al intendente y certificada con firma ante Escribano o Notario Público, solicitando la autorización para la prestación del Servicio de Transporte Privado con la intermediación de Plataformas Independientes (STPPI).
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