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El Presidente firmó el decreto para convertir los planes sociales en empleo genuino

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El presidente Alberto Fernández firmó este lunes el Decreto 711/2021 para convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, transformando las prestaciones en “incentivos para la contratación” en forma de “parte integrante del salario”, informaron fuentes oficiales.

En ese sentido, los beneficios se considerarán “parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad”, dice el decreto, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.

Uno de los objetivos principales del Gobierno nacional es que los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socio-productivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados “se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado o a otros modos de desarrollo de actividad productiva ajustados a las formalidades tanto registrales como tributarias”, indica el escrito en sus considerandos.

Para cumplir este objetivo se requerirán modificaciones en el Programa de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo local “Potenciar Trabajo” y del Programa de Inserción Laboral creado por el Ministerio de Trabajo.

El Decreto, de ocho artículos, dispone a los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo a realizar modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, “con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”.

La prestación se considerará “parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad”.

Además, el beneficiario mantendrá el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción que realicen los citados ministerios o se aplicará lo previsto en el artículo anterior, cuando la práctica implique la incorporación a la planta de personal del empleador y/o de la empleadora.

Producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de “volver a percibir la asistencia” que establece el programa, si el número de cotizaciones al sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral.

En el caso de que el período de cotizaciones al sistema de Seguridad Social se encuentre entre los ocho y doce meses dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.

No podrán acceder a ninguno de los programas que se establezcan los empleadores que figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.

El Presidente había anticipado la medida el viernes pasado en el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, donde dijo que “si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna Argentina es la promoción de la inversión empresaria y la creación de empleo”.

“Con ese mismo espíritu actuamos hoy, y por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho”, enfatizó aquella vez, porque se necesita “impulsar el empleo registrado”.

Reseñó que tres actividades económicas ya han avanzado en cumplir ese objetivo: “Primero fue en la ruralidad donde impulsamos que quienes tienen planes se conviertan en trabajadores rurales tan importantes a la hora de cosechar. Después avanzamos en la misma senda en la construcción. Y dimos otro paso en el mismo sentido con la actividad gastronómica y hotelera”, resumió Fernández.

“Cambiar planes por empleo de debe ser nuestro primer objetivo. De ese modo estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias argentinas”, remarcó.

Fuente: Télam.

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Aprobado el Presupuesto 2026 bonaerense: $43 billones y rebaja de la patente

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El Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley Fiscal Impositiva, garantizando así la hoja de ruta financiera para el próximo año. La “ley de leyes” proyecta una inversión total de más de 43 billones de pesos y prioriza el gasto social y la infraestructura.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto busca garantizar la sostenibilidad fiscal, proteger a los sectores vulnerables y continuar con las inversiones clave. Se contemplan asignaciones de recursos esenciales como Promoción y Asistencia social ($1.7 billones), Salud ($1.7 billones), y Seguridad ($1.4 billones).

Un punto político central del Presupuesto es la creación de un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, destinado a reclamar recursos adeudados por el gobierno federal.

Alivio fiscal: rebaja de la Patente

En materia de recaudación, el proyecto Fiscal se enfocó en la progresividad y la reducción de distorsiones, sin incrementar la presión tributaria general.

  • Automotores: se proyecta una rebaja nominal en la patente que beneficiará al 75% de los contribuyentes de la provincia (aproximadamente 1,5 millones de automotores).
  • Impuesto Inmobiliario: se eliminan cuotas adicionales para el cien por ciento de los propietarios y se estima una reducción de impuestos a pagar en términos reales debido a las actualizaciones nominales.

El senador Marcelo Feliú destacó que la aprobación del Financiamiento garantiza “la viabilidad de la ejecución del plan de Gobierno” e incluye fondos necesarios para los 135 municipios. En la misma sesión, se aprobó la designación de Flavia Terigi como nueva Directora General de Cultura y Educación.

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Diputados aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero se postergó el debate por el endeudamiento

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La Legislatura bonaerense se disponía este jueves a la madrugada a aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal que envió el gobernador Axel Kicillof, mientras que se propuso un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 por el proyecto de financiamiento.

Los diputados provinciales le dieron media sanción a la norma y ahora se esperaba idéntica respuesta en la Cámara alta bonaerense.

Según indicaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, la ley de leyes y la impositiva están en condiciones de ser aprobadas con mayoría simple, aunque sectores de la oposición, como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, votarán en contra.

Con esta postergación, el oficialismo busca estirar los plazos de la negociación con la oposición por lugares en el directorio del Banco Provincia y otros organismos públicos.

El aplazamiento también abre una ventana de tiempo para continuar las tratativas con los intendentes por los fondos para realizar obra pública en los municipios, que buscan recibir el 8% de los USD 3.685 millones del endeudamiento.

De acuerdo a lo que pudo saber NA de fuentes legislativas, el Senado bonaerense podría tratar en espejo las iniciativas que envió el gobernador.

La convocatoria en la Cámara Alta bonaerense era a las 19, pero el horario se atrasó hasta la aprobación de este miércoles por la noche en Diputados.

Paralelamente, el titular del bloque del PRO en Diputados bonaerenses, Matías Ranzini ya anticipó que el bloque amarillo va a votar en contra la Ley Fiscal que envió Kicillof a la Legislatura.

Ranzini acusó al kirchnerismo de “imponer” la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires.

“Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir”, sostuvo Razini en redes sociales, al tiempo que adelantó que su espacio rechaza la ley impositiva del gobernador.

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Ruido del Consejo de la Magistratura: Lista Bordó advierte medidas antirreglamentarias en expedientes

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La Lista Bordó del Consejo de la Magistratura expresó este miércoles su “creciente preocupación” por resoluciones adoptadas en las Comisiones de Disciplina y Acusación que, según afirmó, habilitaron la recepción de testimonios de cargo en expedientes sin haber dado previamente traslado de las denuncias a las juezas involucradas, situación que -advirtió- vulnera el derecho de defensa y el debido proceso.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas el pronunciamiento se difundió pocas horas después de una votación ajustada en la Comisión de Disciplina, que resolvió -con el voto doble del presidente César Grau– rechazar el planteo de nulidad presentado por la jueza María Eugenia Capuchetti en el sumario disciplinario que impulsó en su contra el kirchnerismo.

La magistrada había denunciado que se había avanzado en la investigación, incluso con la convocatoria de testigos, sin haber sido notificada conforme al artículo 11 del reglamento, que obliga a informar al juez investigado para que pueda ejercer su defensa.

En ese expediente, los consejeros Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provítola -los tres jueces-, junto con Eduardo Vischi y Hugo Galderisi, votaron a favor de Capuchetti.

Sin embargo, fueron derrotados por la postura de Luis Juez, Alberto Lugones, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y el propio Grau, cuyo voto de desempate definió la resolución.

La Lista Bordó remarcó que tanto en el caso de Capuchetti como en el de la jueza Sandra Arroyo Salgado -investigada por su actuación en la causa de la agresión al diputado José Luis Espert- se verificó la recepción de declaraciones testimoniales en procesos donde aún no se les había dado vista de las denuncias, lo que, según la agrupación, “priva a las magistradas de ejercer su defensa y controlar la prueba”.

El sector advirtió además que en ambos expedientes se tomaron testimonios a personas imputadas en causas penales radicadas en los juzgados donde las juezas investigadas ejercen su función, lo que crea “escenarios propicios para que los acusados intenten mejorar su situación procesal mediante testimonios falaces brindados ante un órgano administrativo”.

La agrupación afirmó que seguirá de cerca el desarrollo de ambos procesos disciplinarios y que sus representantes, Barroetaveña y Díaz Cordero, continuarán reclamando que se respeten las garantías constitucionales y el debido proceso de las magistradas involucradas.

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