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El proyecto ambiental más grande de Buenos Aires en jaque por el ajuste económico
Publicado
2 años haceen
Por
Emilia Sabbatini
El objetivo del presidente Javier Milei de reducir al mínimo, y eventualmente eliminar, las partidas destinadas a obra pública ya comienzan a dejar sus efectos. Uno de los primeros impactos se ve en la obra del “Sistema Riachuelo”, un proyecto ambiental de gran envergadura llevado adelante por AySA que, una vez operativo, podría mejorar la calidad de vida de alrededor de 1,5 millones de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios.
Según informaron, desde el Ministerio de Economía, que no desembolsaron los fondos necesarios para terminar el “lote 2” del megaproyecto. A lo largo de estos meses, se acumularon deudas significativas en los certificados de obra: $1.700 millones en abril, $6.000 millones en mayo y $4.800 millones en junio.Aunque el Ministerio liberó una transferencia a mediados de septiembre para evitar superar los 90 días de incumplimiento, que habría habilitado a los contratistas a demandar al Estado, esa inyección de fondos solo sirvió para ganar algo de tiempo. Aún queda pendiente el vencimiento del 1 de octubre, aunque desde el Palacio de Hacienda aseguraron que realizarían el pago en los próximos días.
Desde el Ministerio de Economía reconocieron las demoras, pero apuntaron a la anterior administración de Sergio Massa como responsable. “Cuando asumimos, la obra estaba detenida por falta de pago desde agosto de 2023”, indicaron. Precisaron además que en marzo de 2024 se pagó una deuda de $15.460 millones. Sin embargo, los pagos pendientes desde marzo aún no se han regularizado. En cuanto al certificado de junio, cuyo pago estaba previsto para el 1 de octubre por un monto de $4.820 millones, afirmaron que la demora se debió a un problema con el reconocimiento del número SWIFT de la casa de origen y a retrasos en la acreditación en la cuenta destinada para el desembolso.
Por su parte, desde AySA confirmaron que ACUMAR es la entidad responsable de gestionar los fondos del préstamo, mientras que AySA se encarga de los pagos. Detallaron que los certificados de julio y agosto ya fueron cancelados, pero están esperando que ACUMAR transfiera los fondos para regularizar el certificado vencido en septiembre. A pesar de estas dificultades, aseguran que la obra ha seguido avanzando, y que ACUMAR está gestionando con el Ministerio de Economía la ampliación del crédito presupuestario para garantizar la continuidad del proyecto.
Una obra emblemática con años de retraso
El “Sistema Riachuelo” es un proyecto concebido durante los primeros años del kirchnerismo. Su planificación comenzó en 2008 con la promesa de estar concluido en cuatro años, pero no fue licitado hasta 2011, y los contratos se firmaron en 2014. La inauguración estaba prevista inicialmente para 2019, pero luego se pospuso para 2022. En septiembre de 2023, en plena campaña presidencial, Malena Galmarini, entonces titular de AySA, y su esposo, Sergio Massa, entonces ministro de Economía, celebraron lo que describieron como el “inicio del proceso de puesta en marcha”. Sin embargo, este anuncio fue prematuro, ya que el “Sistema Riachuelo” aún no está operativo.
Por la complejidad de la obra, el megaproyecto se dividió en tres partes, conocidas como “lotes”. Los lotes 1 y 3 fueron financiados y supervisados desde el principio por el Banco Mundial, mientras que el lote 2 estuvo bajo control del gobierno nacional durante los primeros años, lo que generó importantes dificultades. A pesar de los múltiples obstáculos, el control y financiamiento del lote 2 pasó finalmente al Banco Mundial, lo que mejoró su ejecución, y hoy muestra un avance del 92%, según las últimas estimaciones.
La incertidumbre sobre la finalización
Si no surgen más imprevistos ni retrasos, las obras podrían finalizarse “en unos meses”, lo que permitiría inaugurar el sistema en 2025. Sin embargo, los responsables no pueden garantizar una fecha concreta, ya que dependen de las partidas que debe liberar el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sigue las pautas de austeridad dictadas por la Casa Rosada.
El presidente Milei fue claro en su postura respecto a la obra pública. “La obra pública se termina. No tenemos plata. Hay que recortar porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó en noviembre de 2023. En sintonía con estas directrices, Caputo redujo drásticamente el flujo de fondos, lo que ha ralentizado o paralizado proyectos de infraestructura en todo el país.
No obstante, el “Sistema Riachuelo” es diferente, ya que su financiamiento proviene del Banco Mundial, que asigna prioridad a la obra debido a los años de retraso y la magnitud del proyecto. Se trata del financiamiento más grande otorgado por el Banco Mundial en América Latina y el Caribe, con una inversión de aproximadamente US$1.227 millones.
El avance de los tres lotes
Cada uno de los tres lotes que conforman el “Sistema Riachuelo” tuvo recorridos distintos, con problemas de diversa índole, además de modificaciones constantes de plazos y presupuestos:
- Lote 1: Financiado y controlado por el Banco Mundial, este tramo incluyó la excavación de un túnel de entre 12 y 24 metros de profundidad a lo largo de 30 kilómetros. Se construyó el llamado “Colector Margen Izquierda” y el “Desvío Colector Baja Costanera”, junto con otras obras complementarias, cuyo objetivo es transportar los efluentes provenientes de la margen izquierda del Riachuelo y de la Ciudad de Buenos Aires hasta Dock Sud. El consorcio ganador estuvo integrado por la italiana Ghella y la argentina IECSA, la constructora que pertenecía a Angelo Calcaterra. La obra debía finalizar en 48 meses desde 2015, pero se completó en diciembre de 2022.
- Lote 2: Originalmente financiado por el Estado nacional y luego por el Banco Mundial, este tramo comprende la construcción de una estación elevadora de entrada de efluentes en Dock Sud, la Planta de Pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida. El consorcio ganador incluyó a Esuco, JCR, CPC y C&E, todas vinculadas al kirchnerismo. En la gestión de Mauricio Macri, Ghella fue convocada para participar y se reemplazó a CPC (de Cristóbal López) por la italiana Impregilo. Esta obra muestra un avance del 92%.
- Lote 3: Este tramo comprende la construcción del Emisario Riachuelo, un conducto subfluvial de 12 kilómetros que transportará los efluentes tratados desde la Planta de Pretratamiento Riachuelo hasta un difusor ubicado a 30 metros de profundidad en el Río de la Plata. El consorcio ganador de este lote estuvo conformado por la empresa francesa Suez, la italiana Salini Impregilo y la argentina C&E Construcciones. Se trató de una obra compleja que implicó la excavación de un túnel bajo el lecho del río, utilizando la tuneladora más grande de Latinoamérica, de 5,2 metros de diámetro. La obra concluyó en diciembre de 2022, aunque los trabajos complementarios se extendieron varios meses más. Actualmente, el Emisario está listo para entrar en funcionamiento una vez que se finalicen las obras del lote 2 y la Planta de Pretratamiento esté operativa.
El Sistema Riachuelo representa una obra crucial para la mejora del medio ambiente y la calidad de vida en la cuenca Matanza-Riachuelo, considerada una de las zonas más contaminadas del mundo. La cuenca recibe desechos industriales y cloacales de gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, lo que genera un impacto negativo en la salud de millones de personas que viven en la región. Una vez operativo, el sistema permitirá reducir los niveles de contaminación al tratar y desalojar los efluentes a varios kilómetros de la costa, en una zona con mayor capacidad de dilución.
El Banco Mundial insistió en más de una ocasión, en la necesidad de concluir el proyecto para cumplir con los compromisos asumidos por Argentina en materia ambiental y evitar sanciones internacionales. Sin embargo, la paralización de las obras ha generado preocupación entre las autoridades de ACUMAR, AySA y el propio organismo internacional, que ve con recelo las medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei.
Fuente: Infocielo.
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Milei no le suelta la mano a Adorni, el encuentro reservado de Karina y Bullrich y el gesto que esperaban los aliados
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9 horas haceen
15 junio, 2026Por
Mayra Pastor
El jueves, Patricia Bullrich había dicho en público, otra vez, lo que pocos se animaban a decir en voz alta: que la situación patrimonial de Manuel Adorni no era un error sino una omisión ética, y que la Justicia tendría la última palabra. Cuarenta y ocho horas después, Karina Milei apareció en el cumpleaños de Bullrich. El gesto no pasó desapercibido para nadie que siga de cerca la geometría del poder dentro de La Libertad Avanza.
El sábado a la noche, en la terraza del bar Uno —a metros del Congreso—, Bullrich festejó sus 70 años con un grupo de unas 50 personas entre amigos de la política y de la vida, según pudo confirmar Infobae. El salón fue alquilado por los propios invitados y los gastos se dividieron a la romana. Había sido un viernes intenso: el día de su cumpleaños real, lo había pasado con su familia extendida. El sábado era la noche de los suyos. En un momento de la velada llegaron Karina Milei y Pilar Ramírez. No fue una visita protocolar. En medio del escándalo Adorni, con el oficialismo en estado de crisis y una ofensiva opositora sobrevolando el Congreso —con el Senado forzando una citación anticipada y Diputados queriendo iniciar una interpelación y posterior moción de censura—, la secretaria general de la Presidencia eligió ese lugar para estar. Eso habló por sí solo.
Puertas adentro del oficialismo, el gesto fue leído como lo que era: una señal de que, más allá de las turbulencias, el vínculo entre Karina y Bullrich se mantiene intacto. Para los aliados que venían mirando con inquietud el nivel de tensión interna, fue exactamente el gesto que esperaban ver.
Milei sostuvo a Adorni desde las redes
Mientras la tormenta política sacudía los despachos de Casa Rosada, Javier Milei eligió el domingo para hacer pública su posición. Sin pronunciarse directamente sobre las explicaciones patrimoniales de su jefe de Gabinete, el Presidente reposteó en su cuenta de Instagram un mensaje de un militante libertario que auguraba que el mandatario saldría fortalecido por sostener a Adorni, como había ocurrido —según el texto— con otras operaciones en su contra. En X hizo lo propio con una columna del escritor libertario Leonardo Facco que enmarcaba el caso bajo el título “Adorni y la defensa del ahorro”. El mensaje presidencial era nítido: no hay marcha atrás.
La estrategia de Milei espeja la del propio Adorni. Desde que se conoció el salto patrimonial de más de 500.000 dólares en su última declaración jurada —justificado en operaciones con bitcoins realizadas entre 2013 y 2018 y en ahorros que, según sus propias palabras, nunca habían sido declarados formalmente— el jefe de Gabinete intentó encuadrar su situación como un caso de evasión antes que de enriquecimiento ilícito. La frase “ahorramos en negro como todos los argentinos” resumió esa estrategia y, tal vez, le costó más de lo que calculó.
En ese contexto, la diputada Lilia Lemoine —que responde de manera vertical a Javier y Karina Milei— fue la voz libertaria que salió públicamente a defenderlo, tanto en las redes sociales como en la televisión. A través de su cuenta de X, calificó a Adorni de inocente y atribuyó las denuncias a una operación política de Marcela Pagano, diputada que desde hace más de un año se convirtió en una de las voces más críticas del oficialismo dentro del propio Congreso. La aparición de Lemoine no fue casual: es la espada mediática que Milei reserva para las batallas que considera propias. Su salida pública a defender a Adorni fue, en ese sentido, una extensión de la misma señal que el presidente había dado desde sus redes.
La mesa política y el diálogo áspero
El jueves, horas antes del cumpleaños de Bullrich, la mesa política se había reunido en Casa Rosada con una atmósfera que nadie describió como distendida. Adorni encabezó el encuentro junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Eduardo y Martín Menem. Luis Caputo no estuvo. Lo que ocurrió en esa sala, según fuentes que hablaron con Infobae, tuvo un momento de tensión.
En ese ámbito, Adorni le reclamó a Bullrich que la exposición pública de las consideraciones sobre su situación podían perjudicar al Gobierno. La respuesta de la titular del bloque de senadores oficialistas no fue conciliadora: le marcó la diferencia entre las reglas que rigen el manejo del dinero privado y las obligaciones éticas que impone el ejercicio de un cargo público, y adelantó que en el Congreso la moción de censura podía prosperar. Karina Milei intervino para defender a su hombre de confianza. Santiago Caputo intentó bajar la tensión, aunque reconoció ante los presentes que las mediciones propias mostraban un daño enorme: un nivel de penetración negativa en la sociedad que, según los trabajos de campo que supervisa, no tenía antecedentes en la gestión.
El diagnóstico que circulaba en el entorno de Bullrich era más crudo todavía. Analistas especializados que siguieron la conversación en redes registraron que el 97% de las menciones sobre las explicaciones de Adorni eran negativas —un índice que, según le dijeron a Infobae, no tenía precedentes—. La paradoja central era que Adorni seguía convencido de que había actuado bien y de que lo que le ocurrió a él le ocurre a todos los argentinos. Pero hay una diferencia que el oficialismo no puede ignorar: Adorni es funcionario público. Y había dicho públicamente que no tenía nada que ocultar. Es una opinión que —dicen los que hablaron con ella este fin de semana— Bullrich comparte.
La propuesta rechazada y el fantasma de Kueider
Según pudo saber Infobae, en conversaciones reservadas se propuso que Adorni solicitara al menos una licencia hasta que el fiscal Gerardo Pollicita definiera los próximos pasos de la investigación por enriquecimiento ilícito y el panorama judicial se aclarara. La propuesta no tuvo recepción. Karina es, en este momento, el principal sostén político del jefe de Gabinete, y su posición no tiene fisuras visibles. “No es Karina la que lo sostiene, no se confundan. Es una decisión que tomó el Presidente que Karina ejecuta”, explicó a Infobae una de las personas que estuvieron sentadas en la mesa política.
Lo que sí tiene fisuras es el escenario parlamentario. En el Senado circula con insistencia la comparación con el caso Kueider: el senador entrerriano que iba a ser suspendido y terminó siendo expulsado en cuestión de horas, cuando el efecto cascada llevó a que nadie quisiera pagar el costo político de sostenerlo. La analogía inquieta a los propios: si la presión opositora se intensifica, sostener a Adorni en una votación podría volverse inviable para los aliados. La destitución requiere 37 votos en el Senado —mayoría absoluta— y el kirchnerismo ya presentó el pedido de interpelación como paso previo.
La fecha del 2 de julio para la presentación de Adorni ante la Cámara alta fue el resultado de negociaciones que Bullrich encaró con los bloques dialoguistas para ordenar los tiempos y reducir la presión. Un senador aliado confirmó a Infobae que la fijación de la fecha descomprimió bastante la situación e hizo menos probable una acción inmediata. El propio Diego Santilli pasó el viernes y el fin de semana al frente de las negociaciones con gobernadores y legisladores aliados para explicar la situación y consolidar apoyos, según supo este medio. Las señales que llegaban desde ese flanco eran, por el momento, más tranquilizadoras: los senadores y diputados que responden a los gobernadores habían comprometido no sumarse a la ofensiva que impulsa, principalmente, el kirchnerismo.
El miércoles hay Labor Parlamentaria y el caso Adorni tendrá protagonismo. En el oficialismo predomina una cautela que no alcanza para disimular la incomodidad: la estrategia es sostener, llegar al 2 de julio y ver cómo evoluciona el escenario judicial. Por ahora, la fecha funciona como válvula. Pero en el Senado saben que las válvulas, cuando la presión es suficiente, también ceden.
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En medio de días complejos, Adorni trabaja en el informe de gestión con el que busca cambiar el eje de la discusión
Publicado
10 horas haceen
15 junio, 2026Por
Mayra Pastor
Como anticipó en su cuenta de X, Manuel Adorni prepara el informe de gestión que espera dar durante el mes de julio en la Cámara de Senadores. Lo hace en medio de los complejos días que transita luego de la presentación de la declaración jurada, en la que intentó explicar su situación patrimonial en el marco de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, y la presión de la oposición a la que se plegaron los aliados.
Con el respaldo del presidente Javier Milei, el ministro coordinador anticipó la fecha, prevista inicialmente para agosto, y espera presentarse durante los primeros días de julio. Según supo Infobae de fuentes que integran el equipo de Jefatura de Gabinete, la mesa política analiza la posibilidad de convocar la sesión el jueves 2 de julio o el martes 7 del mismo mes en la previa al receso invernal que inicia el 19. “Aún no lo cerramos, lo estamos evaluando”, confesó uno de sus integrantes.
Tanto la vicepresidenta Victoria Villarruel como sectores aliados y exponentes de la oposición reclaman que el funcionario se presente en lo que queda del mes de junio en cumplimiento de sus deberes como funcionario. Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que “no dan los tiempos” para concretarlo. “Hay decenas de personas que trabajan en el armado: receptan las preguntas, las filtran, las dividen por ministerios. Es imposible y a ellos no les importa”, explicaron ante este medio.
De las conversaciones previas participan la senadora Patricia Bullrich, quien mantuvo fuertes críticas para con el accionar de Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. A principios de esta semana, la Secretaría de Asuntos Estratégicos enviará la nota formal a la Cámara Alta para concretar la convocatoria y será la encargada de recopilar el listado de preguntas de los bloques.
Si bien el mandatario y la plana completa del Gabinete estuvieron presentes durante el primer informe del ministro coordinador en la Cámara de Diputados, que tuvo lugar el pasado 29 de abril, desde el entorno del exvocero descartan que se repita la asistencia de los integrantes del Poder Ejecutivo. “No tendría sentido”, argumentan.
Con la determinación por anticipar el cronograma, los libertarios buscan frenar el pedido de interpelación instrumentado por el Partido Justicialista que intenta avanzar con una ofensiva parlamentaria contra el funcionario en ambas cámaras. Con la firma de siete senadores, la bancada que lidera José Mayans reclama convocar a una única sesión para “interpelar y votar la destitución“. Como anticipó este medio, la bancada peronista aspira a tratarlo el miércoles en Labor Parlamentaria.
“Con esto estamos frenando el pedido del PJ de interpelación”, planteó un funcionario de la administración libertaria. “Ir directo busca desactivar los intentos de impulsar la moción de censura de algunos senadores con agenda propia como los radicales y los que responden a algunos gobernadores”, coincidió otra voz del espacio.
Lo cierto es que las explicaciones patrimoniales de Adorni, quien sostuvo que en 2013 ganó 300.000 dólares con inversiones en Bitcoin, reavivaron el tema que desde hace tres meses protagoniza las primeras planas de los principales medios de comunicación.
En Casa Rosada anticipan que, como en Diputados, habrá una instancia en la que el jefe de Gabinete hará referencia al contenido de su declaración jurada y después expondrá sobre la gestión. A posterior, responderá preguntas de las bancadas. También funcionará un equipo de seguimiento político coordinado por Ignacio Devitt con intención de organizar las respuestas de las consultas que surgen en tiempo real.
En Balcarce 50 redoblan esfuerzos por intentar dar vuelta la página de la polémica. Sin éxito, ven cómo el tema escala en el plano mediático y judicial. “Todo se subordinó a la estrategia judicial. Incluso, el Gobierno”, se sinceró un alfil violeta ante este medio. La fiebre mundialista parece no alcanzar y ya nadie desconoce la parálisis que la crisis genera en la gestión cotidiana y que el oficialismo intenta disimular mediante la agenda legislativa.
El Senado asoma como la próxima escala de una crisis que el oficialismo busca dejar atrás. Aunque el Gobierno apuesta a que el informe de gestión marque un punto de inflexión, por ahora la política sigue girando alrededor de los cuestionamientos a Adorni.
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Un año de Cristina Kirchner en prisión: los viajes de Máximo, la nueva consigna y otro “banderazo” en Parque Lezama
Publicado
10 horas haceen
15 junio, 2026Por
Mayra Pastor
El martes 17 de junio se cumple un año desde que Cristina Kirchner empezó a cumplir la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. El kirchnerismo no llegó a esa fecha en silencio. Este domingo hubo una movilización en la puerta de su edificio. El sábado 20, Día de la Bandera, habrá un acto en el Parque Lezama. En paralelo, desde hace semanas, Máximo Kirchner recorre el interior del país —Santa Fe, Entre Ríos y lo que viene— en una dinámica que su entorno describió a Infobae como la actividad central de su nueva etapa política: llevar el mensaje del kirchnerismo a los sectores del peronismo que, en su diagnóstico, se sienten “huérfanos”.
Tres movimientos distintos. Una misma lógica: el kirchnerismo, decidido a mostrarse en actividad, pese a la detención de Cristina.
La cronología judicial del caso tiene una precisión que en el cristinismo manejan con cuidado. La condena quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La detención efectiva llegó una semana después: el Tribunal Oral Federal N.º 2 le otorgó un plazo de cinco días hábiles y, antes de que venciera, resolvió concederle la prisión domiciliaria por razones de edad —72 años— y de seguridad. La decisión fue comunicada el 17 de junio de 2025. Desde entonces, la ex presidenta cumple la condena en el departamento de Constitución.
Fuentes con acceso directo al entorno de la ex presidenta cuestionaron ante Infobae las condiciones que el tribunal impone para el cumplimiento de la pena. Las restricciones son estrictas: reuniones de dos horas como máximo por semana, con hasta tres personas por encuentro. Para un espacio que construye buena parte de su identidad alrededor de su figura, esas limitaciones no son solo un problema logístico. Son, en la lectura kirchnerista, una forma de silenciamiento político que excede la lógica penitenciaria. Y ese argumento —la inhabilitación perpetua como “proscripción”, la “persecución” como continuación de la condena— es parte central del relato que el espacio lleva a la calle, a los actos y, desde este domingo, a la nueva consigna.
La movilización del domingo la encabezó Mayra Mendoza, ex intendenta de Quilmes y actual diputada bonaerense. Empezó a la tarde y terminó entrada la noche. La militancia cubrió la esquina de San José y Humberto Primo con banderas, luces y cánticos. Cristina Kirchner salió a saludar desde el balcón del piso dos de su departamento. Desde ese balcón desplegaron una bandera argentina con la leyenda que el kirchnerismo estrena de cara a las elecciones de 2027: “De San José a La Rosada. Cristina libre y gobernando”.
La consigna “De San José a La Rosada”
La frase no surgió de la improvisación. Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes con acceso al núcleo político que rodea a la ex presidenta, la consigna fue discutida durante las últimas semanas y respondió a una decisión estratégica concreta: llevar la situación judicial de Cristina Kirchner al plano de la disputa electoral, sin quedarse solo en la denuncia por persecución. San José es el departamento de Constitución donde cumple la condena. La Rosada es el horizonte que el kirchnerismo declara abierto.
Hay, sin embargo, un dato fáctico que la consigna no puede ignorar. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión efectiva e inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Bajo el régimen legal vigente, esa inhabilitación le impide ser candidata a cualquier cargo. Para que eso cambie, debería producirse algún tipo de reversión de la condena, algo que, en el estado actual del proceso judicial, resulta fácticamente imposible. El kirchnerismo lo sabe. La consigna no es, entonces, un programa electoral en sentido estricto: es una declaración política, una forma de sostener la centralidad de Cristina Kirchner en el espacio y de presentar su situación judicial como una proscripción antes que como una condena firme.
La elección no está exenta de debate interno. En distintos sectores del peronismo —incluido el entorno de Sergio Massa, como pudo reconstruir este medio en los últimos días— circula la lectura de que la consigna “Cristina inocente” sería más eficaz que “Cristina libre”, porque interpela menos a la interna judicial y más a la legitimidad política de la condena. La nueva consigna va por otro camino: no solo reivindica la inocencia, también proyecta a Cristina Kirchner como candidata y como presidenta. Es una apuesta más alta, con más exposición y con más potencia movilizadora para la base militante. En el cristinismo, la calcularon así.
El 20 de junio y la amplitud que busca La Cámpora
Esta semana no se prevén actos masivos —aunque no se descartan movilizaciones de organizaciones políticas y sociales, sobre todo el martes 17— y el momento de mayor concentración llegará el sábado 20 de junio. La Cámpora tiene organizado un acto en el Parque Lezama —el mismo escenario del año pasado, cuando el kirchnerismo convocó a días de que la condena quedara firme— con convocatoria a las 15. Se espera la presencia de militancia, dirigentes, intendentes, diputados y senadores nacionales y provinciales de todo el país. El orador principal será Máximo Kirchner. Y, aunque fuentes de la organización admitieron a Infobae, que una comunicación en vivo de Cristina Kirchner será difícil de concretar dadas las restricciones judiciales, no se descarta que haya un mensaje grabado dirigido a la militancia.
Lo que el kirchnerismo quiere mostrar el 20 de junio no es solo volumen de convocatoria: es amplitud. La semana pasada hubo una reunión en la sede del PJ Nacional que, según pudo saber Infobae, funcionó como instancia de organización y que en el cristinismo se presenta como señal de que el acto excede a La Cámpora: estuvieron la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el de Lomas de Zamora, Federico Otermín, dos dirigentes que no pertenecen a la estructura camporista, pero que reconocen el liderazgo de Cristina Kirchner y se comprometieron en actos de apoyo. Que intendentes del conurbano por fuera de La Cámpora puedan participar del acto no es un dato menor en el mapa interno del peronismo bonaerense, donde las tensiones entre el kirchnerismo y el kicillofismo siguen sin resolverse del todo.
Máximo Kirchner recorre el interior
En paralelo a esa agenda porteña, Máximo Kirchner desarrolla otra línea de acción. Este fin de semana estuvo en Paraná. Semanas atrás visitó dos localidades de Santa Fe. Y, según pudo saber Infobae a partir de fuentes con conocimiento directo de su agenda, el plan contempla recorrer gran parte del territorio nacional durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027. Incluso durante el tiempo que dure el Mundial.
Los viajes responden a un diagnóstico que dirigentes del kirchnerismo transmitieron a este medio: hay una parte importante del peronismo que se siente “huérfana”. Sin conducción clara, sin referente que la interpele directamente, sin un relato que la contenga en el nuevo escenario político que abrió el gobierno de Javier Milei. Máximo Kirchner sale a buscar a esos sectores. No con la lógica de la campaña electoral —las fuentes fueron enfáticas ante Infobae en aclarar que los viajes no tienen, por ahora, abordar cuestiones de candidaturas— sino con la del dirigente que lleva el mensaje donde el mensaje no llega solo.
Ese movimiento tiene un contenido concreto, una línea que viene desarrollando en cada encuentro y que puede leerse como una reformulación de consignas kirchneristas adaptadas al debate económico actual: hay que lograr justicia fiscal para lograr equilibrio fiscal. Es otra forma de decir que los números de la macroeconomía tienen que cerrar con la gente adentro, que el equilibrio no es un fin en sí mismo sino parte del desarrollo de un país que no deje a nadie afuera. La formulación actualiza una consigna que el propio espacio usó en 2023, pero le añade una carga de denuncia que se adapta al contexto del ajuste libertario.
Esta dinámica de recorrida nacional es algo que Máximo Kirchner no podía hacer el año pasado. Era presidente del PJ bonaerense, responsabilidad que lo ataba a la provincia y lo condicionaba en la gestión de las tensiones internas. Ese rol lo asumió Axel Kicillof, que es al mismo tiempo gobernador bonaerense, presidente del PJ provincial y tiene un proyecto presidencial. Máximo Kirchner es hoy, en términos formales, un diputado nacional. Y esa aparente reducción de estatus es, en los hechos, una liberación: puede moverse, viajar y hablar con dirigentes de todo el país sin la carga de tener que rendir cuentas por la conducción del peronismo bonaerense.
Hay una división de roles que el cristinismo construye para este tramo del ciclo político, aunque no la enuncia de manera explícita. Cristina convoca desde el balcón, graba mensajes y sigue siendo —como quedó demostrado este domingo en Constitución— la figura capaz de movilizar a un sector relevante de la militancia peronista. Máximo sale al país, lleva el mensaje y va a buscar a los que se sienten sin brújula. Él tiene la movilidad que ella no tiene. Ella conserva una centralidad que ningún otro puede reemplazar.
“Habla con todos. Está bien, está fuerte y está muy pendiente de todo”, resumió ante Infobae una fuente con acceso habitual a la ex presidenta.
A un año de la detención efectiva, el kirchnerismo tiene consigna nueva, un dirigente decidido a recorrer el país con su voz y un acto en preparación.







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