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El proyecto ambiental más grande de Buenos Aires en jaque por el ajuste económico
Publicado
2 años haceen
Por
Emilia Sabbatini
El objetivo del presidente Javier Milei de reducir al mínimo, y eventualmente eliminar, las partidas destinadas a obra pública ya comienzan a dejar sus efectos. Uno de los primeros impactos se ve en la obra del “Sistema Riachuelo”, un proyecto ambiental de gran envergadura llevado adelante por AySA que, una vez operativo, podría mejorar la calidad de vida de alrededor de 1,5 millones de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios.
Según informaron, desde el Ministerio de Economía, que no desembolsaron los fondos necesarios para terminar el “lote 2” del megaproyecto. A lo largo de estos meses, se acumularon deudas significativas en los certificados de obra: $1.700 millones en abril, $6.000 millones en mayo y $4.800 millones en junio.Aunque el Ministerio liberó una transferencia a mediados de septiembre para evitar superar los 90 días de incumplimiento, que habría habilitado a los contratistas a demandar al Estado, esa inyección de fondos solo sirvió para ganar algo de tiempo. Aún queda pendiente el vencimiento del 1 de octubre, aunque desde el Palacio de Hacienda aseguraron que realizarían el pago en los próximos días.
Desde el Ministerio de Economía reconocieron las demoras, pero apuntaron a la anterior administración de Sergio Massa como responsable. “Cuando asumimos, la obra estaba detenida por falta de pago desde agosto de 2023”, indicaron. Precisaron además que en marzo de 2024 se pagó una deuda de $15.460 millones. Sin embargo, los pagos pendientes desde marzo aún no se han regularizado. En cuanto al certificado de junio, cuyo pago estaba previsto para el 1 de octubre por un monto de $4.820 millones, afirmaron que la demora se debió a un problema con el reconocimiento del número SWIFT de la casa de origen y a retrasos en la acreditación en la cuenta destinada para el desembolso.
Por su parte, desde AySA confirmaron que ACUMAR es la entidad responsable de gestionar los fondos del préstamo, mientras que AySA se encarga de los pagos. Detallaron que los certificados de julio y agosto ya fueron cancelados, pero están esperando que ACUMAR transfiera los fondos para regularizar el certificado vencido en septiembre. A pesar de estas dificultades, aseguran que la obra ha seguido avanzando, y que ACUMAR está gestionando con el Ministerio de Economía la ampliación del crédito presupuestario para garantizar la continuidad del proyecto.
Una obra emblemática con años de retraso
El “Sistema Riachuelo” es un proyecto concebido durante los primeros años del kirchnerismo. Su planificación comenzó en 2008 con la promesa de estar concluido en cuatro años, pero no fue licitado hasta 2011, y los contratos se firmaron en 2014. La inauguración estaba prevista inicialmente para 2019, pero luego se pospuso para 2022. En septiembre de 2023, en plena campaña presidencial, Malena Galmarini, entonces titular de AySA, y su esposo, Sergio Massa, entonces ministro de Economía, celebraron lo que describieron como el “inicio del proceso de puesta en marcha”. Sin embargo, este anuncio fue prematuro, ya que el “Sistema Riachuelo” aún no está operativo.
Por la complejidad de la obra, el megaproyecto se dividió en tres partes, conocidas como “lotes”. Los lotes 1 y 3 fueron financiados y supervisados desde el principio por el Banco Mundial, mientras que el lote 2 estuvo bajo control del gobierno nacional durante los primeros años, lo que generó importantes dificultades. A pesar de los múltiples obstáculos, el control y financiamiento del lote 2 pasó finalmente al Banco Mundial, lo que mejoró su ejecución, y hoy muestra un avance del 92%, según las últimas estimaciones.
La incertidumbre sobre la finalización
Si no surgen más imprevistos ni retrasos, las obras podrían finalizarse “en unos meses”, lo que permitiría inaugurar el sistema en 2025. Sin embargo, los responsables no pueden garantizar una fecha concreta, ya que dependen de las partidas que debe liberar el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sigue las pautas de austeridad dictadas por la Casa Rosada.
El presidente Milei fue claro en su postura respecto a la obra pública. “La obra pública se termina. No tenemos plata. Hay que recortar porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó en noviembre de 2023. En sintonía con estas directrices, Caputo redujo drásticamente el flujo de fondos, lo que ha ralentizado o paralizado proyectos de infraestructura en todo el país.
No obstante, el “Sistema Riachuelo” es diferente, ya que su financiamiento proviene del Banco Mundial, que asigna prioridad a la obra debido a los años de retraso y la magnitud del proyecto. Se trata del financiamiento más grande otorgado por el Banco Mundial en América Latina y el Caribe, con una inversión de aproximadamente US$1.227 millones.
El avance de los tres lotes
Cada uno de los tres lotes que conforman el “Sistema Riachuelo” tuvo recorridos distintos, con problemas de diversa índole, además de modificaciones constantes de plazos y presupuestos:
- Lote 1: Financiado y controlado por el Banco Mundial, este tramo incluyó la excavación de un túnel de entre 12 y 24 metros de profundidad a lo largo de 30 kilómetros. Se construyó el llamado “Colector Margen Izquierda” y el “Desvío Colector Baja Costanera”, junto con otras obras complementarias, cuyo objetivo es transportar los efluentes provenientes de la margen izquierda del Riachuelo y de la Ciudad de Buenos Aires hasta Dock Sud. El consorcio ganador estuvo integrado por la italiana Ghella y la argentina IECSA, la constructora que pertenecía a Angelo Calcaterra. La obra debía finalizar en 48 meses desde 2015, pero se completó en diciembre de 2022.
- Lote 2: Originalmente financiado por el Estado nacional y luego por el Banco Mundial, este tramo comprende la construcción de una estación elevadora de entrada de efluentes en Dock Sud, la Planta de Pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida. El consorcio ganador incluyó a Esuco, JCR, CPC y C&E, todas vinculadas al kirchnerismo. En la gestión de Mauricio Macri, Ghella fue convocada para participar y se reemplazó a CPC (de Cristóbal López) por la italiana Impregilo. Esta obra muestra un avance del 92%.
- Lote 3: Este tramo comprende la construcción del Emisario Riachuelo, un conducto subfluvial de 12 kilómetros que transportará los efluentes tratados desde la Planta de Pretratamiento Riachuelo hasta un difusor ubicado a 30 metros de profundidad en el Río de la Plata. El consorcio ganador de este lote estuvo conformado por la empresa francesa Suez, la italiana Salini Impregilo y la argentina C&E Construcciones. Se trató de una obra compleja que implicó la excavación de un túnel bajo el lecho del río, utilizando la tuneladora más grande de Latinoamérica, de 5,2 metros de diámetro. La obra concluyó en diciembre de 2022, aunque los trabajos complementarios se extendieron varios meses más. Actualmente, el Emisario está listo para entrar en funcionamiento una vez que se finalicen las obras del lote 2 y la Planta de Pretratamiento esté operativa.
El Sistema Riachuelo representa una obra crucial para la mejora del medio ambiente y la calidad de vida en la cuenca Matanza-Riachuelo, considerada una de las zonas más contaminadas del mundo. La cuenca recibe desechos industriales y cloacales de gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, lo que genera un impacto negativo en la salud de millones de personas que viven en la región. Una vez operativo, el sistema permitirá reducir los niveles de contaminación al tratar y desalojar los efluentes a varios kilómetros de la costa, en una zona con mayor capacidad de dilución.
El Banco Mundial insistió en más de una ocasión, en la necesidad de concluir el proyecto para cumplir con los compromisos asumidos por Argentina en materia ambiental y evitar sanciones internacionales. Sin embargo, la paralización de las obras ha generado preocupación entre las autoridades de ACUMAR, AySA y el propio organismo internacional, que ve con recelo las medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei.
Fuente: Infocielo.
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La FAM rechazó la derogación del régimen de Zona Fría y asegura que afecta a miles de familias
Publicado
6 horas haceen
26 septiembre, 2026Por
Emilia Sabbatini
La Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por su presidente Fernando Espinoza, rechazó la derogación del régimen de Zona Fría y advirtió que la modificación del beneficio tarifario impulsada por el gobierno de Javier Milei afectará de manera directa a millones de usuarios de gas.
Desde la entidad, que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, señalaron que la quita de esa medida reparadora implica “un golpe directo al bolsillo de las familias”. La postura se suma a otros reclamos políticos por el impacto de los aumentos en el bolsillo.
Derogación del régimen de Zona Fría
El régimen establecía tarifas diferenciales para regiones donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción. Para la FAM, su eliminación representa un retroceso en un contexto de tarifas elevadas y de inviernos rigurosos en distintas zonas del país.
“Este nuevo avance sobre los derechos de las argentinas y los argentinos les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas”, expresaron desde la Federación en el comunicado difundido tras la sanción en el Senado de la Nación.
En ese marco, la organización sostuvo que el ajuste “anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”.
Impacto en municipios bonaerenses
La sanción de la reforma del régimen de Zona Fría aprobada por el Senado de la Nación desencadenó una fuerte ola de reclamos en el sudoeste bonaerense, donde municipios de la Sexta Sección Electoral, como Bahía Blanca, Coronel Suárez, Tres Arroyos, Tornquist, Villarino y Puan, formalizaron un frente unificado contra la quita de beneficios en las tarifas de gas natural.
La medida impulsada por el Ejecutivo nacional derogó el esquema diferencial que resguardaba a regiones con bajas temperaturas, dejó al margen a 94 distritos de la provincia y afecta a 1,24 millones de hogares.
Dentro del plano regional, Patagones quedó como la única excepción que mantendrá la cobertura automática por su encuadre dentro de la Patagonia.
“Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, remarcaron desde la Federación Argentina de Municipios.
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Reelecciones, internas y “Cristina libre”: los secretos del inédito asado que reunió peronistas, libertarios y radicales
Publicado
18 horas haceen
26 septiembre, 2026Por
Mayra Pastor
Un asado en un centro cultural peronista de La Plata reunió por primera vez a los principales referentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense, en una cumbre política inédita que sentó en la misma mesa a dirigentes de La Cámpora, el espacio de Axel Kicillof, el Frente Renovador, La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo y el resto de las bancadas. La conversación incluyó las negociaciones por las reelecciones indefinidas de los intendentes, las vacantes de la Suprema Corte de Justicia y las diferencias internas del peronismo. También hubo un planteo de Facundo Tignanelli para incorporar la situación judicial de Cristina Kirchner entre las prioridades políticas.
Según pudo reconstruir Infobae, el encuentro del miércoles pasado dejó una novedad que podría tener consecuencias para el funcionamiento de la Legislatura: la intención de repetir estas reuniones una vez por mes, con representantes de todas las fuerzas parlamentarias de las dos cámaras, para discutir los principales asuntos de la provincia y establecer un mecanismo permanente de negociación política. Y que cualquier modificación de las reglas electorales -reelecciones indefinidas, fechas y boletas únicas de papel- debería definirse este año.
La iniciativa representa un cambio respecto de la dinámica que caracterizó la actividad legislativa durante los últimos años, con conversaciones fragmentadas, proyectos demorados y dificultades para construir acuerdos, incluso entre los distintos sectores del oficialismo. La posibilidad de mantener encuentros periódicos fue bien recibida por los participantes, que coincidieron en la conveniencia de establecer un contacto más directo entre quienes tienen la responsabilidad de conducir los bloques.
La organización estuvo a cargo del senador Sergio Berni, alineado políticamente con Cristina Kirchner, quien tomó la iniciativa de comunicarse individualmente con los dirigentes. La convocatoria se resolvió prácticamente de un día para otro, sin un temario formal ni negociaciones previas para establecer un documento conjunto.
Los bloques compartieron el asado en un centro cultural peronista
El almuerzo se realizó en el centro cultural El Amor y la Igualdad, en la calle 56 entre 8 y 9, en el centro de La Plata, que pertenece a Juan Manuel Pignocco, un funcionario del gobierno de Kicillof. La elección del lugar aportó uno de los datos de color de la jornada: los legisladores libertarios, radicales y del PRO compartieron una comida en un espacio identificado con el peronismo, con fotografías de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en las paredes.
La ambientación partidaria quedó en segundo plano frente a la posibilidad de conversar sobre asuntos que mantienen enfrentados a los bloques. Hubo chorizos, morcillas y carne. La cita había sido convocada para las dos de la tarde y algunos legisladores llegaron desde reuniones de comisión, mientras que otros debieron retirarse para continuar con sus actividades parlamentarias.
El encuentro tuvo alrededor de 40 participantes, entre legisladores y autoridades de ambas cámaras. Por Diputados estuvieron Alejandro Dichiara, presidente del cuerpo; Facundo Tignanelli, titular del bloque peronista y referente de La Cámpora; Alexis Guerrera y Rubén Eslaiman, del Frente Renovador; Mariano Cascallares y Juan Pablo de Jesús, vinculados al espacio político de Kicillof; Juanes Osaba, de La Libertad Avanza; Alejandro Rabinovich, del PRO; Diego Garciarena, del radicalismo, y Martín Rozas, de Unión y Libertad.
Por el Senado participaron Berni, los representantes del PRO Pablo Petrecca y Alex Campbell, el libertario Carlos Curestis, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, de Unión y Libertad, y Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos.
La composición de la mesa permitió una particularidad: dirigentes de las distintas vertientes del peronismo compartieron una conversación política con representantes del gobierno de Javier Milei y de otras fuerzas opositoras, en un contexto en el que las diferencias dentro del oficialismo bonaerense condicionan buena parte de las negociaciones legislativas.
La ausencia de Kicillof y de la vicegobernadora Verónica Magario también marcó el carácter de la convocatoria. Se trató de una iniciativa de los dirigentes parlamentarios, con la intención de establecer un ámbito propio de negociación.
Tignanelli pidió incluir la situación de Cristina Kirchner en la agenda
Uno de los momentos políticos de la conversación se produjo cuando Tignanelli introdujo la situación judicial de Cristina Kirchner y planteó que debía ocupar un lugar prioritario en la agenda.
El jefe del bloque peronista en Diputados puso sobre la mesa la posición de La Cámpora respecto de lo que ese sector considera la proscripción de la expresidenta y la consigna de “Cristina libre”, que el kirchnerismo mantiene como uno de sus principales objetivos políticos.
El planteo abrió una discusión sobre las prioridades de la Legislatura y los asuntos que efectivamente pueden resolverse mediante acuerdos parlamentarios bonaerenses. La situación de la exmandataria, condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos, pertenece al ámbito judicial federal, pero continúa atravesando las conversaciones sobre el futuro electoral del peronismo.
La intervención también dejó expuestas las diferentes posiciones de los sectores del oficialismo provincial. Mientras La Cámpora sostiene que la situación de Cristina debe formar parte de los acuerdos políticos, el kicillofismo tiene entre sus prioridades la modificación del régimen de reelecciones para los intendentes que pretenden competir nuevamente en 2027.
Las reelecciones de los intendentes
Las reelecciones indefinidas ocuparon otro capítulo de la conversación. Kicillof asumió un compromiso político con los intendentes para impulsar una modificación del régimen que limita los mandatos consecutivos, pero todavía enfrenta dificultades para reunir los votos necesarios.
La cuestión tiene especial importancia para los jefes comunales que necesitan conocer las reglas que estarán vigentes en 2027. Varios de ellos ya comenzaron a organizar sus estrategias electorales y requieren una definición para resolver si podrán presentarse nuevamente o deberán preparar una sucesión en sus municipios.
El problema es que las posiciones atraviesan transversalmente al oficialismo. El Frente Renovador conserva su oposición a las reelecciones indefinidas, mientras que La Cámpora pretende que cualquier entendimiento forme parte de una negociación institucional más amplia.
Durante el asado quedó expuesta la dificultad para construir una mayoría que permita aprobar la modificación. También apareció la conveniencia de resolver esa discusión durante lo que resta de 2026, antes de que comience formalmente el proceso electoral.
La cuestión terminó vinculada con otra diferencia política: el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses de 2025 y la estrategia que adoptará Kicillof si decide competir por la Presidencia en 2027.
Dentro del kirchnerismo persiste una interpretación crítica sobre aquella decisión. El sector cercano a Cristina considera que el gobernador priorizó los intereses de los intendentes, preocupados por conservar sus mayorías en los concejos deliberantes, y terminó condicionando la estrategia nacional del peronismo.
La separación de los comicios constituyó uno de los momentos determinantes del enfrentamiento entre Kicillof y la expresidenta. Ahora, ante una eventual candidatura presidencial del gobernador, reaparece el interrogante sobre la conveniencia de unificar las elecciones provinciales y nacionales.
La definición corresponderá al mandatario bonaerense, pero las diferencias sobre el calendario electoral vuelven a plantear una discusión entre los intendentes, el kirchnerismo y el sector que impulsa la proyección nacional de Kicillof.
Las vacantes de la Suprema Corte siguen atadas a una negociación más amplia
Las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense fueron otro de los asuntos que aparecieron en la conversación.
El radical Diego Garciarena insistió en la necesidad de avanzar con las designaciones y recordó que existen compromisos políticos anteriores para completar la integración del máximo tribunal. Tignanelli acompañó ese planteo, que el kirchnerismo considera parte de las cuestiones institucionales que deben resolverse antes de alcanzar nuevos entendimientos.
La discusión tiene una relación directa con las reelecciones indefinidas. Mientras el gobernador pretende avanzar con la modificación del régimen de mandatos, otros sectores del peronismo reclaman que las negociaciones incluyan la cobertura de las vacantes judiciales.
El problema político de fondo es que los acuerdos legislativos de mayor trascendencia siguen condicionados por las diferencias entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.
La reunión permitió que sus representantes conversaran sobre los asuntos pendientes, aunque las definiciones principales requieren un entendimiento entre los dirigentes que conducen cada sector.
Las cámaras revisarán los proyectos con media sanción que siguen pendientes
Más allá de las diferencias, el encuentro terminó con un primer compromiso sobre el funcionamiento de la Legislatura: coordinar el tratamiento de los proyectos que recibieron media sanción por unanimidad en una cámara y permanecen pendientes de aprobación en la otra.
Durante el almuerzo hubo reclamos cruzados por las demoras. Desde el Senado se cuestionó que varias iniciativas aprobadas quedaran detenidas en Diputados, mientras que representantes de la Cámara baja recordaron que existen proyectos del Ejecutivo que tampoco avanzaron en la Cámara alta.
La solución acordada fue establecer una revisión de los expedientes para identificar aquellos que cuentan con consensos amplios y pueden completar su recorrido parlamentario antes de fin de año. Los proyectos que recibieron media sanción con diferencias políticas deberán continuar su propia negociación.
La tarea quedó en manos de los secretarios legislativos Gervasio Bozzano, de Diputados, y Mariano Ríos Ordóñez, del Senado, quienes deberán coordinar el tratamiento de las iniciativas pendientes.
También hubo un reclamo para conformar la comisión bicameral encargada de revisar proyectos de obras para los municipios y la asignación de parte de los fondos correspondientes, otro de los compromisos que permanecen sin resolver.
La principal novedad, sin embargo, fue la intención de darle continuidad al encuentro. Los participantes coincidieron en la conveniencia de reunirse una vez por mes para discutir las prioridades políticas y coordinar las negociaciones entre ambas cámaras.
La experiencia dejó una imagen singular: dirigentes de La Cámpora, el kicillofismo, el massismo, La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo compartiendo un asado en un centro cultural peronista, rodeados por fotografías de Perón, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
El próximo desafío será comprobar si esa primera conversación consigue convertirse en una mesa política estable para resolver los acuerdos que la Legislatura bonaerense mantiene pendientes.
Destacado
La economía suma malas noticias y el juego político del Gobierno no alcanza para contrarrestar el impacto
Publicado
19 horas haceen
26 septiembre, 2026Por
Mayra Pastor
En apenas 72 horas, el INDEC difundió cuatro informes con números realmente preocupantes, todos de rubros sensibles. El martes, publicó el relevamiento de salarios y el miércoles, difundió los de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings, en el mes de julio. El jueves, anotó el Estimador Mensual de Actividad Económica, también de julio. Y ese mismo día, el mayor sacudón fue producido por el registro de pobreza en el primer semestre de este año. Como primera reacción, el oficialismo intentó morigerar el efecto, argumentando cuestiones de coyuntura y ensayando comparaciones estadísticas. Poco, frente al cuadro señalado. Y con un agregado: el juego político más amplio de Olivos no logra amortiguar el impacto de la sucesión de noticias de la economía. Como agravante operan, además, las internas libertarias.
Para el oficialismo, la agenda política de esta semana incluía dos renglones principales, de distinta magnitud y por eso mismo, en este orden: el nuevo viaje de Javier Milei a los Estados Unidos, para asistir a la Asamblea General de la ONU, y el Congreso. El Gobierno sabía que iban a ser días de números negativos o al menos tenía indicios firmes, además de análisis de consultoras como los que anticipaban una suba porcentual en pobreza e indigencia -algo menos que el informe del INDEC- o registraban una nueva caída del consumo masivo en agosto. El punto es que no se trata de una cuestión de circunstancia.
La demanda cruzada entre política y economía es sabida. Los oficialismos apuestan a que los resultados económicos -y más básico, el bolsillo- motoricen los planes políticos, en este caso la reelección presidencial. Cuando ocurre lo contrario -con riesgo sobre la credibilidad- la demanda se invierte: la economía necesita que el juego político del Gobierno sostenga la expectativa y corra el eje del temario público.
El giro presidencial sobre Malvinas fue interpretado en ese contexto y es algo que genera malestar en Olivos. Rechazan ese cuestionamiento como “basura” opositora. Y sostienen que la movida del Gobierno expresa una “estrategia”, cuya elaboración habría comenzado desde la llegada al poder, y no el aprovechamiento -que no sería cuestionable en sí mismo- de la presión de Donald Trump sobre el laborista Andy Burnham.
De todos modos, Malvinas fue el centro de la presencia de Milei en la ONU, con escasa chance de un encuentro en paralelo con Trump, que al final no se produjo. En el discurso ante la Asamblea General, el Presidente ratificó de hecho el alineamiento internacional y buscó explotar su habitual tono más que áspero, aunque esta vez, frente a otra platea. Por eso mismo dejó una contradicción, al reclamar una intervención más efectiva del organismo mundial que acababa de descalificar.
El otro foco de interés político, para el círculo de Olivos, estaba puesto en las dos cámaras del Congreso. Esperaba aplacar en Diputados el tema de discapacidad y coronar proyectos en el Senado, después de algunos disgustos. Lo que ocurrió es significativo, pero no nuevo: las tensiones domésticas complican hasta la coronación de jugadas propias. Vale repasarlo.
El proyecto de Presupuesto 2027 incluyó un ajuste de tal magnitud en el área de discapacidad que fue calificado como un gesto de insensibilidad por socios de LLA. También provocó rechazo dentro del oficialismo, porque desarmaba el acuerdo que venía tejiendo en Diputados para tratar de ganarle la pulseada a la oposición, que había impuesto el tratamiento efectivo del tema. El cortocircuito fue serio, porque además realimentó recelos de aliados. Hubo rápidas tratativas, con atención directa de Martín Menem, y el oficialismo dio marcha atrás con ese tramo del Presupuesto para lograr dictamen.
Visto así, el Gobierno volvía a pagar costos por un daño autoprovocado, pero salía de un terreno de derrota y allanaba su camino para ir a la búsqueda de votos, con la mirada puesta en el tratamiento en el recinto. El clima doméstico -con proyección hacia socios y dialoguistas- volvió a enrarecerse en las últimas horas, cuando trascendió que el acuerdo para lograr dictamen es cuestionado especialmente por el equipo de Luis Caputo. Es decir, no se trataría de una historia cerrada.
El malestar inicial había sido expuesto por Patricia Bullrich. Otros, en cambio, optaron por la reserva. La senadora evitó ir a la cuestión de fondo y prefirió concentrar su descarga -con señal directa a Economía- sobre dos aspectos: el desconocimiento de la “mesa política” del oficialismo y el efecto desgastante en la relación con aliados y dialoguistas en general.
Los recelos y malestares tiñen buena parte de lo que sucede en el Senado. El oficialismo pudo celebrar esta semana que finalmente logró número para convertir en ley el proyecto que recorta subsidios al consumo de gas en zonas frías. En cambio, aprobó pero con modificaciones la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Hubo un entendimiento, que incluyó al peronismo y tuvo a Bullrich como eje -en su condición de jefa del bloque violeta-, para modificar el requisito impuesto en el texto original del proyecto para remover a las autoridades del banco. Quedó establecida la mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos). El Ejecutivo pretendía que fuera mayoría de dos tercios. El texto vuelve a Diputados y parece imposible revertir la decisión de la Cámara alta.
La senadora tuvo además otro gesto crítico -extensible a Jorge Macri-, respecto de la ofensiva sobre dos juezas -una porteña, Laura De Marinis, y otra de Lomas de Zamora, Marta Eba Pascual- que de diferente forma se pronunciaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad de menores. Las dos decisiones fueron revocadas en el escalón de las cámaras. La senadora rechazó los planteos a favor del juicio político a las juezas y sostuvo que, más allá de su conocida posición en la materia, estas cuestiones deben ser resueltos en las instancias judiciales.
Por supuesto, la disputa entre Olivos y Bullrich no se circunscribe a estas últimas muestras de juego propio. Existen diferentes especulaciones sobre la apuesta de la senadora para las elecciones del 2027. Está claro, en cambio, que se trata de un proceso de construcción política. Y eso es lo que provoca tensión con el círculo de Olivos. El efecto aumenta cuando la economía hace crujir la realidad política.
La semana amplificó esas preocupaciones. El informe sobre salarios del mes de julio indica que el promedio de los trabajadores registrados -privados y públicos- estuvo dos décimas por encima de la inflación respecto del mes anterior y quedó 3,7 puntos porcentuales por debajo en la comparación interanual. Sólo la heterogénea franja de trabajo informal, siempre motivo de discusión, supera al IPC.
Los registros de julio sobre ventas en supermercados, mayoristas y shoppings expusieron números variados, con una mejora interanual en el último rubro. Sin embargo, los tres mostraron bajas en el acumulado de los primeros siete meses del año.
El informe del EMAE mostró caídas en relación con el mes anterior (-2,9%) y también en el registro interanual (-1,4%). Como viene sucediendo desde hace rato, algunos renglones como minería, producción agropecuaria, pesca -esta vez, de manera muy significativa- muestran crecimiento y otros como industria y comercio repiten caídas.
El peor dato, claro, lo aportó el informe sobre pobreza en el primer semestre de este año. Llegó al 32,3%, que traducido a nivel nacional representa dos millones más de pobres y eleva a 15 millones el total. Las cifras exponen un crecimiento en comparación con el primer semestre del 2025 (31,6%), una diferencia que es mayor si se toman los segundos seis meses del año pasado (28,2%).
Dos datos se destacan por encima de todo. El primero: se quiebra la línea de descenso anotada a partir del pico del primer semestre del 2024 y extendida hasta el final del 2025. El segundo, más de fondo: se afirma un piso duro de pobreza, alrededor del 30%. Declaraciones en la vereda libertaria -con arrastre de autocelebración- y condenas desde franjas opositoras -con aire de chicana- sólo agregan patetismo político. Se trata del peor registro de la realidad.







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