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El proyecto ambiental más grande de Buenos Aires en jaque por el ajuste económico
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2 años haceen
Por
Emilia Sabbatini
El objetivo del presidente Javier Milei de reducir al mínimo, y eventualmente eliminar, las partidas destinadas a obra pública ya comienzan a dejar sus efectos. Uno de los primeros impactos se ve en la obra del “Sistema Riachuelo”, un proyecto ambiental de gran envergadura llevado adelante por AySA que, una vez operativo, podría mejorar la calidad de vida de alrededor de 1,5 millones de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios.
Según informaron, desde el Ministerio de Economía, que no desembolsaron los fondos necesarios para terminar el “lote 2” del megaproyecto. A lo largo de estos meses, se acumularon deudas significativas en los certificados de obra: $1.700 millones en abril, $6.000 millones en mayo y $4.800 millones en junio.Aunque el Ministerio liberó una transferencia a mediados de septiembre para evitar superar los 90 días de incumplimiento, que habría habilitado a los contratistas a demandar al Estado, esa inyección de fondos solo sirvió para ganar algo de tiempo. Aún queda pendiente el vencimiento del 1 de octubre, aunque desde el Palacio de Hacienda aseguraron que realizarían el pago en los próximos días.
Desde el Ministerio de Economía reconocieron las demoras, pero apuntaron a la anterior administración de Sergio Massa como responsable. “Cuando asumimos, la obra estaba detenida por falta de pago desde agosto de 2023”, indicaron. Precisaron además que en marzo de 2024 se pagó una deuda de $15.460 millones. Sin embargo, los pagos pendientes desde marzo aún no se han regularizado. En cuanto al certificado de junio, cuyo pago estaba previsto para el 1 de octubre por un monto de $4.820 millones, afirmaron que la demora se debió a un problema con el reconocimiento del número SWIFT de la casa de origen y a retrasos en la acreditación en la cuenta destinada para el desembolso.
Por su parte, desde AySA confirmaron que ACUMAR es la entidad responsable de gestionar los fondos del préstamo, mientras que AySA se encarga de los pagos. Detallaron que los certificados de julio y agosto ya fueron cancelados, pero están esperando que ACUMAR transfiera los fondos para regularizar el certificado vencido en septiembre. A pesar de estas dificultades, aseguran que la obra ha seguido avanzando, y que ACUMAR está gestionando con el Ministerio de Economía la ampliación del crédito presupuestario para garantizar la continuidad del proyecto.
Una obra emblemática con años de retraso
El “Sistema Riachuelo” es un proyecto concebido durante los primeros años del kirchnerismo. Su planificación comenzó en 2008 con la promesa de estar concluido en cuatro años, pero no fue licitado hasta 2011, y los contratos se firmaron en 2014. La inauguración estaba prevista inicialmente para 2019, pero luego se pospuso para 2022. En septiembre de 2023, en plena campaña presidencial, Malena Galmarini, entonces titular de AySA, y su esposo, Sergio Massa, entonces ministro de Economía, celebraron lo que describieron como el “inicio del proceso de puesta en marcha”. Sin embargo, este anuncio fue prematuro, ya que el “Sistema Riachuelo” aún no está operativo.
Por la complejidad de la obra, el megaproyecto se dividió en tres partes, conocidas como “lotes”. Los lotes 1 y 3 fueron financiados y supervisados desde el principio por el Banco Mundial, mientras que el lote 2 estuvo bajo control del gobierno nacional durante los primeros años, lo que generó importantes dificultades. A pesar de los múltiples obstáculos, el control y financiamiento del lote 2 pasó finalmente al Banco Mundial, lo que mejoró su ejecución, y hoy muestra un avance del 92%, según las últimas estimaciones.
La incertidumbre sobre la finalización
Si no surgen más imprevistos ni retrasos, las obras podrían finalizarse “en unos meses”, lo que permitiría inaugurar el sistema en 2025. Sin embargo, los responsables no pueden garantizar una fecha concreta, ya que dependen de las partidas que debe liberar el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sigue las pautas de austeridad dictadas por la Casa Rosada.
El presidente Milei fue claro en su postura respecto a la obra pública. “La obra pública se termina. No tenemos plata. Hay que recortar porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó en noviembre de 2023. En sintonía con estas directrices, Caputo redujo drásticamente el flujo de fondos, lo que ha ralentizado o paralizado proyectos de infraestructura en todo el país.
No obstante, el “Sistema Riachuelo” es diferente, ya que su financiamiento proviene del Banco Mundial, que asigna prioridad a la obra debido a los años de retraso y la magnitud del proyecto. Se trata del financiamiento más grande otorgado por el Banco Mundial en América Latina y el Caribe, con una inversión de aproximadamente US$1.227 millones.
El avance de los tres lotes
Cada uno de los tres lotes que conforman el “Sistema Riachuelo” tuvo recorridos distintos, con problemas de diversa índole, además de modificaciones constantes de plazos y presupuestos:
- Lote 1: Financiado y controlado por el Banco Mundial, este tramo incluyó la excavación de un túnel de entre 12 y 24 metros de profundidad a lo largo de 30 kilómetros. Se construyó el llamado “Colector Margen Izquierda” y el “Desvío Colector Baja Costanera”, junto con otras obras complementarias, cuyo objetivo es transportar los efluentes provenientes de la margen izquierda del Riachuelo y de la Ciudad de Buenos Aires hasta Dock Sud. El consorcio ganador estuvo integrado por la italiana Ghella y la argentina IECSA, la constructora que pertenecía a Angelo Calcaterra. La obra debía finalizar en 48 meses desde 2015, pero se completó en diciembre de 2022.
- Lote 2: Originalmente financiado por el Estado nacional y luego por el Banco Mundial, este tramo comprende la construcción de una estación elevadora de entrada de efluentes en Dock Sud, la Planta de Pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida. El consorcio ganador incluyó a Esuco, JCR, CPC y C&E, todas vinculadas al kirchnerismo. En la gestión de Mauricio Macri, Ghella fue convocada para participar y se reemplazó a CPC (de Cristóbal López) por la italiana Impregilo. Esta obra muestra un avance del 92%.
- Lote 3: Este tramo comprende la construcción del Emisario Riachuelo, un conducto subfluvial de 12 kilómetros que transportará los efluentes tratados desde la Planta de Pretratamiento Riachuelo hasta un difusor ubicado a 30 metros de profundidad en el Río de la Plata. El consorcio ganador de este lote estuvo conformado por la empresa francesa Suez, la italiana Salini Impregilo y la argentina C&E Construcciones. Se trató de una obra compleja que implicó la excavación de un túnel bajo el lecho del río, utilizando la tuneladora más grande de Latinoamérica, de 5,2 metros de diámetro. La obra concluyó en diciembre de 2022, aunque los trabajos complementarios se extendieron varios meses más. Actualmente, el Emisario está listo para entrar en funcionamiento una vez que se finalicen las obras del lote 2 y la Planta de Pretratamiento esté operativa.
El Sistema Riachuelo representa una obra crucial para la mejora del medio ambiente y la calidad de vida en la cuenca Matanza-Riachuelo, considerada una de las zonas más contaminadas del mundo. La cuenca recibe desechos industriales y cloacales de gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, lo que genera un impacto negativo en la salud de millones de personas que viven en la región. Una vez operativo, el sistema permitirá reducir los niveles de contaminación al tratar y desalojar los efluentes a varios kilómetros de la costa, en una zona con mayor capacidad de dilución.
El Banco Mundial insistió en más de una ocasión, en la necesidad de concluir el proyecto para cumplir con los compromisos asumidos por Argentina en materia ambiental y evitar sanciones internacionales. Sin embargo, la paralización de las obras ha generado preocupación entre las autoridades de ACUMAR, AySA y el propio organismo internacional, que ve con recelo las medidas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei.
Fuente: Infocielo.
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Martín Lousteau defendió el rol de los impuestos y advirtió: “Todos los derechos cuestan y alguien los tiene que pagar”
Publicado
6 horas haceen
20 noviembre, 2026Por
Mayra Pastor
Martín Lousteau cuestionó la idea de que pagar impuestos sea equivalente a un robo y planteó que los tributos son necesarios para sostener los derechos y servicios de los que se beneficia una sociedad. Para explicar su posición, comparó el sistema tributario con la cuota de un club: un aporte que permite financiar instalaciones y servicios que utilizan todos sus integrantes, aunque no hayan participado de su construcción.
Durante su columna en Infobae a la Tarde, el economista puso en discusión el argumento que identifica a los impuestos con una pérdida individual y propuso centrar el debate en qué se financia con esos recursos, quién debe pagarlos y cómo los administra el Estado.
“Me gusta pensar que el impuesto es como la cuota de un club. Vos pagás una cuota porque pertenecés a un lugar, pertenecés a una comunidad, pero estás usando cosas de ese club”, explicó.
Como ejemplo, enumeró las instalaciones que utilizan los socios sin haberlas construido: “Vos no hiciste la pileta, no hiciste la cancha de fútbol, no hiciste la cancha de rugby, no hiciste el gimnasio. Estás usando algo que construyó otro en otro momento”.
A partir de esa comparación, sostuvo que la discusión no debería limitarse a cuestionar el pago de impuestos, sino incluir el costo de los servicios y la calidad de su administración. “Cuando alguien va a la asamblea de un club, no dice: ‘La cuota es un robo’. En todo caso, discutirá si es cara o no, si se puede administrar mejor o si hay que arreglar tal o cual cosa”, señaló.
La reflexión surgió después de que en el programa se reprodujeran declaraciones del presidente Javier Milei, quien había definido al Estado como una “organización criminal” y a los impuestos como “un robo” y “una rémora de la esclavitud”. Lousteau cuestionó esa concepción y advirtió que el debate también debe contemplar los servicios y las instituciones que se sostienen mediante la recaudación.
El costo de garantizar los derechos individuales y sociales
Lousteau cuestionó la distinción entre los derechos individuales y los derechos sociales. Según explicó, las libertades vinculadas con la propiedad, la vida y la expresión también requieren recursos públicos para poder ejercerse.
“Para que vos puedas tener derecho a la vida tiene que haber policía, un sistema jurídico, un sistema penitenciario e infraestructura”, afirmó.
El economista extendió el argumento al derecho de propiedad. “Para que tengas derecho a la propiedad tiene que haber jueces y leyes. Para que tu propiedad valga lo que vale, tiene que haber iluminación pública, una calle y gas”, enumeró.
También señaló que la libertad de expresión necesita instituciones que protejan a quienes la ejercen y que la libertad religiosa requiere mecanismos para evitar persecuciones y agresiones.
Para ilustrar su planteo, recordó el incendio de Westhampton, ocurrido en agosto de 1995 en el estado de Nueva York. Según relató, el fuego permaneció fuera de control durante 36 horas y demandó un operativo que involucró a fuerzas locales, estaduales y federales, además de bomberos voluntarios y equipos militares y civiles.
“Fuerzas locales, estaduales, federales, 1.500 bomberos voluntarios, equipos militares y civiles gastaron millones y millones de dólares. No se murió nadie y no se perdieron propiedades”, recordó.
Para Lousteau, el episodio demuestra el costo que implica proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad de las personas. También comparó esa respuesta con la actuación ante catástrofes en la Argentina y mencionó el caso de Bahía Blanca.
Su cuestionamiento apuntó a lo que considera una contradicción: mientras se discute cuánto cuestan las jubilaciones, la educación o las pensiones por discapacidad, no suele ponerse el mismo énfasis en los recursos necesarios para garantizar la seguridad, la justicia y la propiedad privada.
“Parece que lo otro no cuesta, pero los derechos sociales sí cuestan”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que reducir impuestos no elimina el costo de las prestaciones públicas, sino que puede trasladarlo a otros sectores de la sociedad. “Cuando vos lo que hacés es bajarle impuestos al que más tiene, no es que el costo de proveer derechos desaparece, sino que empieza a haber desfinanciamiento”, planteó.
El economista también cuestionó algunas decisiones tributarias del Gobierno. Como ejemplo, mencionó el aumento del impuesto a las Ganancias y lo contrastó con las reducciones aplicadas a los vehículos de alta gama, los yates y Bienes Personales, además del blanqueo de capitales.
De todos modos, aclaró que su posición no implica defender cualquier impuesto ni cualquier nivel de recaudación. Para Lousteau, también es necesario discutir cómo se distribuyen los recursos y qué gastos deben tener prioridad.
La gestión del Estado y las prioridades del gasto público
Otro de los puntos de la columna estuvo centrado en la administración de los recursos. Lousteau sostuvo que el Estado no solo necesita financiamiento, sino también capacidad para prestar servicios de calidad.
Para explicar el problema, recuperó una comparación atribuida al jurista Carlos Nino: si una institución debe entregar leche a diez niños y de repente tiene que atender a cien, necesita producir las 90 porciones adicionales. Si no consigue los recursos para hacerlo, la alternativa es diluir la leche y reducir su calidad.
El economista utilizó ese ejemplo para cuestionar el funcionamiento de los servicios públicos y la falta de planificación para responder a una mayor demanda.
“Nuestro Estado parece que, en lugar de gestionarse bien y garantizar esos derechos, diluyó la calidad de los bienes que brindamos”, sostuvo.
También recordó un discurso del expresidente uruguayo José Mujica, quien al asumir había señalado que la educación sería la primera, segunda y tercera prioridad de su administración. Lousteau destacó especialmente otra parte de aquella intervención: la necesidad de definir a qué políticas se les debe decir que no para poder financiar las que se consideran prioritarias.
El planteo apuntó a que la discusión presupuestaria no puede limitarse a enumerar derechos o prometer prestaciones. También requiere establecer prioridades y garantizar los recursos necesarios para cumplirlas.
En ese contexto, cuestionó la interpretación del superávit fiscal como un resultado que necesariamente representa una mejora para todos los sectores. “Cuando el Estado dice que pasó a superávit, en el fondo le pasó el déficit a las familias”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó a los hogares que deben endeudarse cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos y a las pequeñas y medianas empresas que recurren al crédito cuando caen sus ventas.
La informalidad laboral y el financiamiento de las jubilaciones
Lousteau también advirtió sobre las consecuencias de la pérdida de empleo registrado para el sistema previsional. Al referirse a la discusión sobre cómo incrementar los recursos destinados a las jubilaciones, explicó que los trabajadores en relación de dependencia realizan aportes diferentes de los correspondientes al monotributo.
“El trabajo en relación de dependencia es el que más aporta a la jubilación”, señaló.
A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la reducción de los puestos registrados compromete los ingresos futuros del sistema. “A medida que perdés trabajadores en relación de dependencia, más problemas vas a tener a futuro para pagar las jubilaciones”, advirtió.
El economista remarcó que el traslado de trabajadores hacia modalidades de menor contribución o directamente hacia la informalidad representa un problema fiscal. “Estás generando un problema fiscal muy grande con el principal gasto que tiene cualquier Estado moderno, que es el sistema previsional”, afirmó.
También rechazó que ese cambio responda necesariamente a una elección de los trabajadores. “No es que hay un deseo profundo de decir: ‘Quiero ir a ser Rappi’”, sostuvo.
Para ilustrar esa situación, contó el caso de una persona que evaluaba cerrar su emprendimiento de venta de ropa y debía buscar otra actividad para sostener sus ingresos. Según planteó, la pérdida de empleos y el cierre de pequeños negocios pueden empujar a más personas hacia ocupaciones informales, con consecuencias sobre los aportes al sistema jubilatorio.
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La CGT saldrá a la calle por la crisis de las obras sociales y definió cómo será su protesta sin paros en diciembre
Publicado
6 horas haceen
20 noviembre, 2026Por
Mayra Pastor
La CGT ya definió su calendario de protestas hasta fines de año: el jueves próximo realizará una marcha por la crisis de las obras sociales ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y, a mediados de diciembre, innovará al promover un cese de actividades de 2 o 4 horas, con asambleas en los lugares de trabajo.
Así lo definió este jueves la mesa chica cegetista, que se reunió en la sede del Sindicato del Seguro, Carlos Pellegrini 575, en donde se analizó la estrategia que seguirán en las próximas semanas, que incluye aquellas dos acciones, pero sus máximos líderes están a la espera de una posible convocatoria del Gobierno al diálogo, instancia que se reabrió durante la visita del Papa.
Al encuentro asistieron, además del anfitrión, Jorge Sola, titular del Sindicato del Seguro, los otros dos cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), más Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros. Ausentes con aviso: Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), quien está en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Suiza.
La medida más inminente es, como anticipó Infobae, la movilización del jueves 26 ante la sede de la SSS, en Bartolomé Mitre al 400, para reclamar al Gobierno una solución urgente a la aguda crisis financiera de las obras sociales, que los expertos de la CGT califican de “casi terminal” porque ocasiona cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.
En los últimos meses, los jefes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, pero los dirigentes aseguran que el ministro sigue sin responder a las propuestas que efectuaron para superar la crisis.
Tras el último de esos encuentros, que tuvo lugar a fines de septiembre, el panorama empeoró: según fuentes sindicales, alrededor de un 90% de la plata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se nutre del aporte de trabajadores y empresarios para pagar los reintegros a las obras sociales, se destina hoy a las prestaciones por discapacidad, que demandan un gasto cercano al millón de pesos por afiliado en promedio y que representan unos 160 mil millones de pesos por mes, lo que deja muy poco margen para reintegrar a las obras sociales el dinero de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos más costosos.
Ese fue uno de los puntos que reclamó la CGT a Lugones: que los gastos en transporte y educación que insuman las personas con discapacidad sean aportados por los ministerios o áreas del Gobierno respectivas y girados al Fondo Solidario de Redistribución, algo que ya le plantearon sin éxito al gobierno de Alberto Fernández.
La marcha ante la SSS será, además, una forma de no perder la iniciativa ante Luis Barrionuevo (gastronómicos), que le ganó de mano a la CGT y anunció que unos 50 gremios harán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, según denuncia, retiene unos $688 mil millones de pesos que corresponden al sistema de obras sociales.
En la reunión de este jueves, además, se avanzó en la organización del cese de actividades parcial (de 2 o 4 horas) que proyecta la CGT para mediados de diciembre. Aclaran que no será un paro porque en este caso contemplará la permanencia en los lugares de trabajo, donde se promoverá la realización de asambleas.
Será una medida de fuerza original para una CGT acostumbrada a concretar paros generales. Contra Javier Milei ya hizo cuatro y ahora definió que el eventual quinto paro general, si se hace, será el año próximo.
A fines de octubre, en la anterior reunión de la mesa chica cegetista, en su versión ampliada, se resolvió postergar otro paro general y concretar otra modalidad de protesta que permita visibilizar sus reclamos sin afectar a los trabajadores con la pérdida salarial del día o del presentismo para quienes adhieran a la medida.
“No se le puede joder la vida a la gente”, dijo ese día un líder sindical a sus pares al justificar la propuesta de efectuar acciones que no perjudiquen al trabajador.
Pero, además, la conclusión de algunos líderes cegetistas es que “el paro general no cambia nada” porque Milei no rectificará ninguna de sus medidas por una protesta sindical. Es más, creen que el paro general servirá para que ataque a la CGT y lo utilice como una herramienta electoral para apalancar su proyecto de reelección.
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El Senado sancionó el Tratado de Patentes y la ley de propiedad privada con tope a venta de tierras a extranjeros
Publicado
6 horas haceen
20 noviembre, 2026Por
Mayra Pastor
El Senado sancionó este jueves, con 47 votos -22 en contra-, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998, y que Diputados devolvió en agosto pasado, en segunda revisión. Además, durante el convite en el recinto obtuvo luz verde -42 adhesiones y 26 rechazos- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con el 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y un 30% por nacionalidad, más el límite de 1.000 hectáreas en zona núcleo.
PCT
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios locales y, antes de llegar al recinto, se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros. Fue un generoso guiño.
Desde el sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad.
“El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es una herramienta que simplifica los trámites internacionales. Permite que una pyme o una ‘start up’ tecnológica puedan proteger su propiedad intelectual a nivel global y con una sola solicitud”, explicó el miembro informante y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, el libertario Francisco Paoltroni (Formosa).
Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca) expresó que, con el convenio, “los investigadores van a tener que hacer menos trámites, van a poder incorporarse al mundo con su patente con una ventanilla única, pero la Argentina seguirá teniendo la soberanía para decidir si esa patente es útil o no”. En tanto, la peronista disidente Flavia Royón (Salta), sostuvo que el tratado que “con una sola solicitud en el INPI se pueda proteger el invento en los 159 países que están en el sistema”, algo a favor del “sistema científico y tecnológico”.
No pensó igual el jefe kirchnerista, José Mayans (Catamarca), quien metió varios temas en su discurso -suele hacerlo- y advirtió: “Como parte del tratado de libre comercio con los Estados Unidos -aún no tratado por el Congreso-, la Argentina le levanta aranceles a 233 productos, le garantiza tierras raras y le garantiza así también sus intereses a las farmacéuticas estadounidenses”.
Propiedad privada
La ley reincorpora la norma de 2011 del kirchnerismo, con 15% de tope de venta de tierras a extranjeros y 30% por nacionalidad, más 1.000 hectáreas máximo en zona núcleo. En cuanto a expropiaciones, en el articulado se apunta a “bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no”.
Sobre la última cuestión se agrega: “La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
En ese sentido, la “indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien, tomando el valor de mercado siempre que sea determinado o determinable y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación”; y “no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien el proyecto que motive la expropiación”.
La indemnización en cuestión “comprenderá el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, se encuentre debidamente acreditado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente y no implique una duplicación de rubros indemnizatorios o se encuentre ya comprendido dentro del valor objetivo del bien”. Sobre este punto, “en ningún caso, la indemnización podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior”.
Otro ítem de ese capítulo manifiesta que “gozarán de los beneficios los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud de acogimiento al régimen establecido por la presente ley, respecto de inmuebles edificados urbanos y/o que la autoridad de aplicación local defina a estos efectos como tales, que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación”.
Para los desalojos, “si es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida y otorgar para ello un plazo que no debe ser inferior a DIEZ (10) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación, con especificación del lugar de pago”, se plantea. Esto preocupó a algunas bancadas durante el trámite del proyecto, en ambas Cámaras.
Seguido a ello, se suma que “el diligenciamiento de la notificación podrá ser dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él”.
“Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo, o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar su recepción, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario”, enfatiza el articulado.
En un debate no tan extenso como discapacidad, Mayans alertó por el “desastre legislativo que ha sido puesto en marcha por -el ministro de Desregulación, Federico– Sturzenegger”.
Ley Joaquín
El proyecto activa la “obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos”. Se sancionó por unanimidad, con 68 votos.
La norma lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años de Ramos Mejía que murió el 5 de enero del corriente año en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol sin fijación al piso cayó sobre él, provocándole lesiones que derivaron en muerte encefálica. Éste fue uno de los casos mencionados en el recinto, con nombre y apellido, por el radical y vice de la comisión de Deportes, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires).
Bajo este panorama, quienes queden dentro de la ley tendrán que “asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación”.
Cabotaje
Entre sus ítems más importantes amplía el transporte de cargas por agua, incorpora nuevos operadores, simplifica trámites y aprovecha los puertos argentinos para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales. Consiguió 42 avales y 24 rechazos.
La iniciativa es empujada por varios distritos del norte. Por caso, la chaqueña Silvana Schneider (UCR) habló de una “dificultad que no podemos ignorar”, con “una buena parte de nuestros puertos” donde “no existe una oferta competitiva para atender las necesidades”.
Schneider luego fue al nervio central, con un ejemplo claro de la realidad local: con navegabilidad en barcaza hacia el puerto de Rosario, cada tonelada implicaría un 24% más para productor en el campo que por tierra, con un flete de 700 kilómetros.
Pasada la medianoche, se tuvieron que leer varias modificaciones extra y ello derivó en un momento de desprolijidad, tras más de 12 horas de sesión. Desde el kirchnerismo acusaron a una de las impulsoras, su ex colega Carolina Moisés (Jujuy), de faltarle el respeto al recinto. Entre líneas, la trifulca de fondo fue entre representantes de los intereses de gremios camioneros versus algunos gobernadores y la Casa Rosada, que celebró la aprobación.
Violencia
Otro proyecto que avanzó fue el de la macrista Andrea Cristina (Chubut), que impone que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, deberá diseñar e implementar, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes”. Votado por unanimidad por 62 legisladores.
Antes de esto, el pleno votó la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. También le dio el visto bueno a varios convenios internacionales, entre ellos, el Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y se aprobó la transferencia de varios inmuebles que eran propiedad del Estado nacional a las provincias.







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