En Bahía Blanca los precios de los alquileres registraron durante 2025 una suba muy por encima de la inflación general que se acercó al 30%.

El Dr. en Economía e integrante de IPC Online Emiliano Gutiérrez, quien desde marzo de 2021 viene analizando la temática, informó esta mañana en Radio Altos que en diciembre pasado los alquileres se incrementaron 7,91%, acumulando en todo 2025 un 48,03%.

“Es un dato que hace bastante ruido”, admitió y recordó que una de las primeras medidas aplicadas por el gobierno de Javier Milei tras asumir en diciembre de 2023 fue eliminar La Ley de Alquileres y liberalizar el mercado.

Si bien remarcó que ha sido crítico de la normativa anterior, admitió que la liberalización no fue la solución. “Por un lado hay una desprotección total del inquilino y, por otro, el contexto de incertidumbre macro puede perjudicar a las dos partes”, señaló.

Según registró, el precio medio del m² se ubica en $ 12500, mientras que la oferta (tomando como referencia la cantidad de avisos publicados) aumentó 6,85% en diciembre y alcanzó una variación interanual de 11,43%.

Y opinó: “Nunca existió en términos políticos, independientemente del cuadro político, una evaluación razonable de las implicancias que tiene la legislación en alquiler”.

En ese sentido, manifestó que el problema habitacional no se presenta solamente de Argentina, es global, y puso como ejemplo a Europa donde han ensayado diversas soluciones y los inconvenientes persisten. Insistió, de todos modos, que la liberación nunca es una medida que pueda resolver “una temática tan sensible como es la vivienda”.

Por último, respecto de qué se espera para 2026, dijo que no se pueden hacer proyecciones, aunque sí enfatizó que todo indicaría que la dinámica va a ser similar. “Siempre la inflación es un factor de presión, hay que ver qué es lo que ocurre con la inflación en los próximos meses; si suben los precios, el alquiler nunca se va a quedar atrás”, recalcó.

Fuente: Frente al Cano.

El gobierno de Axel Kicillof logró un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por USD 138 millones para licitar un tramo del Plan Maestro Integral de la cuenca del Río Salado que, según estimaciones, permitirá recuperar unas 400 mil hectáreas productivas en la región. Con la medida también se aspira a mitigar los riesgos habituales de sequías e inundaciones que afectan a más de 1 millón y medio de habitantes de distintos municipios del interior bonaerense. El plan integral para la obra del Salado implica también una participación del gobierno nacional, aunque —según la provincia de Buenos Aires— la administración de Javier Milei neutralizó las obras en los tramos cuya ejecución es su potestad.

Así, Buenos Aires llamará a licitar las obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, en las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca, una obra integral y emblemática que atraviesa casi 500 kilómetros del territorio bonaerense. El 26 de febrero se abrirán los sobres para la licitación.

“El Plan Maestro del río Salado es una solución estructural para cuidar a nuestra gente, fortalecer el desarrollo productivo bonaerense y planificar el territorio”, expresó el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, quien encabezó una reciente reunión de trabajo junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, demás funcionarios y representantes de entidades agropecuarias como CARBAP, Federación Agraria Argentina, CONINAGRO, Asociación de Cooperativas Argentinas e intendentes donde impacta el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado. Allí se les informó sobre la apertura de sobres para la licitación.

En el gobierno bonaerense se encargan de remarcar que la importancia de este tramo radica en que, una vez completado, el 45 % del plan habrá sido ejecutado durante la actual gestión, permitiendo la recuperación de 8 millones de hectáreas productivas. Entre las intervenciones contempladas se encuentra la reconstrucción de siete puentes —cinco viales y dos ferroviarios— cuya localización abarca tanto la etapa uno como la dos. El trayecto a ejecutarse con este último anuncio es de 60,26 km y se extiende desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco.

“El gobernador Axel Kicillof decidió financiar la última etapa de una de las obras más estratégicas y emblemáticas de los últimos treinta años”, agregó Katopodis. El ministro advirtió que el Gobierno Nacional paralizó el tramo IV, lo que ha retrasado una instancia considerada clave. “Esta obra permite mitigar los efectos de las inundaciones, amplía la frontera agropecuaria de toda la cuenca y mejora la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses”, subrayó.

Con el acto licitatorio, la administración de Kicillof aprovechó para cuestionar la paralización de obras de carácter nacional en la cuenca del Salado. Es que desde 1997, el Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado se ejecuta, aunque con vaivenes, de manera coordinada entre la Nación y la Provincia, dividiendo el curso del río en cinco tramos. Los tres primeros tramos se encuentran finalizados: uno de 48 km en Castelli, Lezama y Pila; el segundo de 57 km entre Lezama, Pila, Chascomús y General Belgrano; y el tercero de 118 km a través de General Belgrano, General Paz, San Miguel del Monte y Chascomús.

El tramo IV, el de mayor longitud con 212 km, recorre municipios como 25 de Mayo, Bragado y Alberti, y fue ejecutado mayormente por el Gobierno Nacional. De sus cuatro etapas, tres se terminaron entre 2019 y 2023; pero los subtramos A, B y C de la etapa dos, con un total de 33,4 km, iniciados en mayo de 2023, están actualmente paralizados por falta de presupuesto.

Los recursos para su financiamiento corresponden al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, que se nutre del 4,31 % del Impuesto a los Combustibles, y recibe transferencias directas del Ministerio de Economía. En la cartera de Katopodis argumentan que de acuerdo con el Presupuesto Abierto, desde el 10 de diciembre de 2023 este fondo ingresó $271.743 millones que debieron destinarse a obras hídricas, pero no fueron empleados en ese fin, como exige la legislación vigente.

La paralización ha generado consecuencias negativas al afectar aproximadamente 10 mil hectáreas en la Provincia. Según los cálculos oficiales, de haberse mantenido el ritmo anterior, el tramo cuatro podría haberse concluido en 2024, lo que hubiera acercado aún más la completa finalización del plan.

“Milei lleva a la Argentina por un camino equivocado cuando deja al país sin infraestructura. Obras públicas como estas son fundamentales para proyectar desarrollo, producción y trabajo”, cuestionó el ministro de Kicillof.

En tanto que el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, enfatizó el “carácter histórico” que ostenta la inversión, y resaltó que “no hay municipios ni bonaerenses de primera y de segunda”. Al mismo tiempo, celebró el inicio de la etapa final del dragado del Salado, aunque remarcó el impacto por la falta de fondos nacionales en el avance de la etapa 4.2, a pesar de la existencia de un fondo hídrico específico recaudado con este objetivo: “No podemos dejar de reclamar por la paralización de la etapa 4.2 por parte del gobierno de Milei, a pesar de que existe el Fondo Hídrico conformado por recursos que se recaudan con este fin”.

El plan también contempla la protección ambiental y la conservación de los humedales situados en el área de influencia de las obras. Además, incluye proyectos específicos como el Nodo de Bragado, que facilitará el manejo más eficiente de los excedentes hídricos y la defensa del territorio, impactando a una vasta zona de la Región Hídrica Área Pampeana Central, de 2,8 millones de hectáreas y partidos como 9 de Julio, Bragado y Lincoln, entre otros.

A casi dos años de que fuera creado el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), el Gobierno nacional confirmó su disolución definitiva. La decisión se basó en que se habían cumplido los objetivos planteados inicialmente, entre ellos, la disminución en la cifra de homicidios. Asimismo, remarcaron que ya había otros dispositivos nacionales capaces de cubrir sus tareas.

Por medio de la publicación de la Resolución 4/2026 en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, eliminó la política creada durante la gestión de Patricia Bullrich. “Deróguese la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad Nº 360 del 11 de mayo de 2024“, indicó.

El documento no solo oficializaba la creación del GEANRO, sino que explicaba que su método de funcionamiento. “Tendrá por objeto colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y su Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos”, definieron.

De la misma manera, se había ordenado que el comando fuera compuesto por dos representantes de cada una de las fuerzas de seguridad y federales. Entre ellas, se incluyó a la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

Así, el Ministerio de Seguridad Nacional profundizó su estrategia de intervención federal contra la criminalidad organizada durante 2024, lo que le permitió alcanzar resultados históricos en la provincia de Santa Fe y, especialmente, en la ciudad de Rosario.

Según los datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, las cifras mostraron descensos notables en homicidios y heridos por armas de fuego. Mientras que entre enero y diciembre de 2023 se registraron 398 víctimas de homicidio en esa provincia, al año siguiente ese número cayó a 176, lo que implicó una reducción superior al 55%.

En el departamento Rosario, la merma fue todavía más marcada, ya que de 261 homicidios en 2023 se pasó a 90 víctimas en el mismo periodo de 2024, una baja mayor al 65%. Asimismo, las personas heridas con armas de fuego en Rosario registraron otra caída significativa: de 801 en 2023 se llegó a 353 en 2024, es decir, más del 55% menos.

La continuidad en la mejoría de estos indicadores llevó a las autoridades a orientar una redistribución de recursos estatales en la ciudad, con la intención de focalizar los esfuerzos en la optimización y eficiencia de las fuerzas federales en terreno.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por el Ministerio, esta decisión respondió a la consolidación de dispositivos permanentes, como el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico Región Centro (GOC-CENTRO), y al cumplimiento del ciclo inicial del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), creado en el marco del Plan Bandera y considerado “una herramienta eficaz para robustecer las capacidades iniciales de respuesta en la ciudad de Rosario”.

La intervención estatal tuvo su fase de mayor impulso en 2024, año en el que, además de confirmarse una de las tres mayores cifras históricas de procedimientos antidroga y aprehensiones por Ley N° 23.737, se logró que 2024 fuese el segundo año con más incautaciones de cocaína y drogas de síntesis en el país, con un crecimiento del 59% en el caso de la cocaína respecto de 2023. La tendencia de estos avances se sostuvo en 2025.

Con el cierre de la etapa inicial del Plan Bandera y el surgimiento de dispositivos permanentes, las autoridades interpretaron que la reasignación de funciones y medios no representará una disminución del esfuerzo, sino una distribución más eficiente de los recursos humanos y técnicos.

Además, recordaron que la existencia de la Mesa de Intercambio de Información para la Prevención, Investigación y Castigo del Narcotráfico permite un trabajo en conjunto entre las fuerzas. Esta herramienta las habilita a “compartir la información relacionada con las causas e investigaciones en curso referidas a delitos” vinculados al narcotráfico, con el fin de contribuir a una mayor agilidad y a la toma estratégica de decisiones en la distribución de recursos en el territorio.