El gobierno de Javier Milei apunta a sancionar la reforma laboral en febrero, durante el segundo tramo de sesiones extraordinarias, y la semana que viene comenzarán las primeras actividades formales: el próximo viernes la mesa política se reunirá para terminar de definir la estrategia legislativa y una comisión técnica analizará en el Senado las observaciones de la CGT y las entidades empresarias.
Sin embargo, los contactos informales ya empezaron. El ministro del Interior, Diego Santilli, ya visitó Chubut y tiene en agenda viajes a Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco. En tándem, Patricia Bullrich y Martín Menem preparan el terreno en el Senado y Diputados. De hecho, la ex ministra de Seguridad ya dijo públicamente que el dictamen aprobado en los últimos días del año pasado está abierto a sufrir modificaciones. “El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, dijo a Infobae.
En base a los pronunciamientos públicos de algunos bloques y líderes provinciales, el oficialismo se entusiasma. Ven el camino despejado en el Senado y creen que podrán construir los consensos necesarios también en Diputados. Al igual que ocurrió durante el debate del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, los gobernadores y el radicalismo tendrán un rol protagónico.
En la Cámara alta el oficialismo parte de una base de 21 votos a favor, por lo que necesita sumar 16 voluntades para llegar al quórum. En la pecera donde deberán buscar los libertarios hay diez senadores radicales (siete que responden a gobernadores y tres “sin techo”) y otra decena de legisladores que responden a mandatarios provinciales.

Los radicales “sin techo” (son oposición en sus provincias) son Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). En cambio, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Carolina Losada y Eduardo Garaletto (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco) tienen vínculos directos con sus respectivos gobernadores. Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 y hay mandatarios que además tienen alianzas políticas en sus provincias como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.
No fue casualidad que la primera parada de la gira de Santilli fuera la provincia de Chubut. Allí se reunió con Ignacio Torres, que podría influir sobre los votos de Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).

Al mismo tiempo, el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, tiene relación directa con Flavia Royón, ex ministra provincial. La Casa Rosada y la provincia de Salta dejaron expuesta su buena sintonía en la última sesión de Diputados, cuando acordaron la designación de Pamela Calletti en la AGN. Un acuerdo que le valió a los libertarios el enojo del PRO y la UCR.
Misiones, que también jugó con el oficialismo para la aprobación del Presupuesto 2026 y otras votaciones clave durante el año pasado, tiene dos senadores -Carlos Arce y Sonia Rojas Decut- que responden a Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia. Fue una de las provincias más favorecidas con Aportes del Tesoro Nacional en la previa de la sanción del Presupuesto.

Por el lado del peronismo disidentes, el catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y el tucumano Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. El primero recibió de Nación esta semana el control del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio, mientras que el segundo mostró en varias oportunidades su cercanía con los libertarios, por ejemplo cuando fue el primer gobernador en romper el bloque peronista en Diputados.

Finalmente, el santacruceño Claudio Vidal y el neuquino Rolando Figueroa cuentan con los últimos tres votos clave (Natalia Gadano y José María Carambia, y Julieta Corroza). El apoyo del primero será el más esquivo, ya que proviene del mundo sindical. Aunque la modificación de la ley de Glaciares, que permitiría ampliar las zonas con actividad minera, podría servir como moneda de cambio.
Hasta el momento, las principales objeciones de todos los gobernadores, tanto aliados como opositores duros, giran en torno a los recursos coparticipables que las provincias dejarían de recibir por las reducciones de alícuotas de Ganancias a empresas. En total, calculan que perderían más de $1 billón y las más perjudicadas serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

También se eliminarían impuestos a “seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves”. Por lo que desde la oposición denuncian que se trata de una reforma tributaria encubierta que perjudica directamente a las provincias.

Por este motivo, los cambios que el Gobierno esté dispuesto a conceder en el capítulo tributario seguramente terminará de inclinar la balanza.

En la Cámara de Diputados, los libertarios parten de una base de 95 votos del bloque oficialista más 12 del PRO y 2 de MID para llegar al quórum de 129. Las 20 voluntades restantes también deberán aportarlas en su mayoría los gobernadores.

Los peronistas aliados de Tucumán y Catamarca podrían sumar los primeros 6 votos a favor. En tanto que Misiones y Salta, aportarían otros 7. San Juan (2), Neuquén (1), Santa Cruz (1) y San Luis (1), representan otros 5 votos clave, mientras que el radicalismo (UCR + ABA) tiene otros 7.

Cabe destacar que la UCR no solo firmó el dictamen del oficialismo en el Senado, sino que además había propuesto su propia reforma laboral cuando se discutió la Ley Bases, al inicio del gobierno de Milei. Entre otros puntos se destacaban la eliminación de las contribuciones solidarias a los sindicatos y la creación de un fondo de cese laboral. Ante la consulta de Infobae, desde el bloque contestaron que están analizando las posibles modificaciones.

Si bien el panorama es alentador para el oficialismo, el resultado de la negociación parlamentaria dependerá de la voluntad de hacer concesiones en el capítulo tributario, donde se concentran las principales resistencias de las provincias.

En los primeros días del año se activaron con fuerza los celulares de los referentes de la oposición que rápidamente lograron un punto en común respecto de una estrategia generalizada que está replanteando el camino a seguir del oficialismo en el Congreso. O por lo menos está tensionando la decisión.
Se espera que durante la segunda quincena de enero Javier Milei firme el decreto por el cual se llame a un nuevo período de sesiones extraordinarias para febrero. El problema que se generó en las últimas horas es que la apertura del Parlamento podría significar una complicación para La Libertad Avanza respecto del Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Inteligencia.
“El 30 de diciembre terminó el proceso de sesiones extraordinarias y firmaron el DNU el 31 de diciembre, que se publicó el 2 de enero. Si convocan a sesiones extraordinarias tienen que hacerlo con el temario e incluir el decreto porque si no lo hace se cae el primer argumento que es el de urgencia. Si el Congreso funciona no hay urgencia”, explicó un diputado de la oposición, que fue uno de los encargados de establecer el diálogo con el resto de los bloques.
Según la ley, el próximo viernes 16 es el plazo de los 10 días hábiles para que el Ejecutivo envíe el DNU al Congreso. Luego, el 30 de enero se termina el plazo para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se expida sobre la norma. Cumplido ese plazo, ambas Cámaras quedan habilitadas para tratarlo en el recinto, justo en el mismo momento en el que comenzarían las sesiones extraordinarias.

La tensión que se le genera al oficialismo es si llamar a extraordinarias y exponerse a la posibilidad de perder en el Congreso el DNU, como ya pasó en momentos anteriores con temas que implicaban fondos para la Secretaría de Inteligencia (SIDE), o esperar a que comience el proceso de sesiones ordinarias.
El debate entre las líneas libertarias tiene que ver con la posibilidad de no tener la totalidad de los votos para la reforma laboral y, en medio de eso, tener votaciones en contra por el decreto.

En todos lados hacen número y los libertarios saben que la oposición en Diputados ya cuenta con 121 votos para rechazar el decreto. “Número conformado por la totalidad del bloque del peronismo, más 22 de Unidos, los 4 del bloque de izquierda, 2 de la Coalición Cívica, Natalia De la Sota y Jorge ‘el gato’ Fernández. Tenemos ese número sin ir a buscar votos al bloque de la UCR, del PRO, Marcela Pagano, los dos del MID, ni a los diputados de las provincias del norte -Innovación Federal. Estamos muy cerca del número para rechazarlo”, explicó una alta fuente del peronismo.

“Si abren el recinto, vamos a ir por el DNU, no hay ninguna duda”, anticipó un diputado de Unidos. “No vamos a esperar una resolución de la Justicia por los amparos y eso que no creemos que la estrategia de ‘no hay daños’ que esgrime el oficialismo sea válida para los tribunales si hasta el Colegio Público de Abogados que preside Ricardo Gil Lavedra, se expidió en contra. Me parece que no tienen mucha salida: si llaman a sesionar se lo volteamos“, agregó.
En la oposición entienden que hay posibilidades serias de crecer en el número por varias razones. La primera tiene que ver con que la experiencia indica que los legisladores se oponen a este tipo de movimientos con los servicios de inteligencia. Y, la segunda, tiene más que ver con la política: algunos especulan con que el PRO aprovecharía para devolverle la “gentileza” a los libertarios por el acuerdo de LLA y el kirchnerismo para dejarlos afuera de la AGN.

“No es una ley de gestión, sino de política, es el escenario para cobrarse la falta de código que Cristian Ritondo -presidente del bloque del PRO- dijo que tuvo Martín Menem y LLA”, afirmó un diputado que tiene encargado el contacto con los sectores dialoguistas.

El Gobierno reunirá a su mesa política el próximo 16 de enero. En ese encuentro, del que participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia y armador, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt. En esa reunión el oficialismo hará un primer poroteo sobre la cantidad de votos que tiene para avanzar en la Reforma laboral, sopesará los pedidos de los bloques “dialoguistas” para acompañar y, de reojo, analizará el estado de situación del DNU que modifica la ley de Inteligencia. Luego, tomará la decisión.

El Gobierno y la CGT reanudarán la semana próxima en forma oficial sus negociaciones para introducir cambios en la reforma laboral, pero los líderes cegetistas, sin garantías de un resultado satisfactorio, decidieron hacer dentro de 15 días una gira por varias provincias para hablar con los gobernadores y tratar de convencerlos de no votar el proyecto oficial tal como está hoy.
Así lo decidieron los cotitulares de la CGT Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que ya tienen un itinerario tentativo: viajarán a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, en una primera etapa, y luego se trasladarán a la Patagonia para verse con los mandatarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
En todos los casos, quieren presionar en forma directa para evitar que el Gobierno, que envió al ministro del Interior, Diego Santilli, a hacer casi los mismos contactos, imponga una versión de la reforma laboral tal como fue presentada en el Senado, que contempla puntos considerados inaceptables por la dirigencia gremial.
De todas formas, los sindicalistas harán especial hincapié ante los mandatarios en cómo el capítulo impositivo incluido en la reforma laboral de Javier Milei tendrá un fuerte impacto negativo sobre los ingresos que las distintas provincias reciben por coparticipación federal.

Un reciente informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) afirma que las modificaciones al Impuesto a las Ganancias representan un costo fiscal anual directo del 0,22% del PBI, lo que equivale a $1,9 billones. De esa suma, la Nación asumiría $790.000 millones, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires afrontarían una pérdida de $1,12 billones.
Entre los principales cambios, el proyecto de reforma laboral plantea una reducción de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para alquileres destinados a vivienda. Según los gobernadores, eso reduce la base tributaria de la cual se distribuyen los fondos, lo que redundaría en menores envíos automáticos de recursos a los distritos.
Mientras, el viernes 16 de enero comenzará formalmente a trabajar una comisión técnica en el Senado, piloteada por la abogada laboralista Josefina Tajes, asesora de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que evaluará con los representantes de la CGT algunas modificaciones en el proyecto, con la idea de que, si hay acuerdo, a partir del 26 de enero se apruebe un nuevo dictamen en comisión y ese sea el texto consensuado (aunque sea parcialmente).

¿Qué pide la CGT y qué aceptaría cambiar el Gobierno? Por un lado, los libertarios se resisten a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación. En la Casa Rosada advierten: “Quedó muy a tono con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no está bien que un actor social tenga que trabajar para otro, como sucede en este caso si los empleadores tienen que ser los que retengan y giren los fondos de las cuotas sindicales”.

Sí, en cambio, el Gobierno aceptaría liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que limitan el pago de estos aportes compulsivos que, pactados a través de los convenios colectivos, financian a los sindicatos. Es, en el fondo, uno de los puntos que más desvelan a los dirigentes gremiales. Y habría predisposición libertaria a buscar una fórmula para que sigan casi como ahora. Aun así, algunos referentes del oficialismo sospechan que la estrategia de Patricia Bullrich sería “demostrarle a la sociedad que lo que exige la CGT es solo en beneficio del poder sindical y no de los trabajadores”.
Otro punto que la administración Milei concedería a la CGT es suavizar lo máximo posible la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades. Se impondría la idea del ala dialoguista del Gobierno de quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga (75% y 50%) para los sindicatos se autorregulen y si no es así, en todo caso, que la Comisión de Garantías que funciona en la Secretaría de Trabajo disponga porcentajes tentativos de servicios mínimos.

Un tema aun sin resolverse está vinculado con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones y, a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, algo que desfinanciaría las jubilaciones: según algunos expertos, tendrá una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales. Pero, según fuentes oficiales, en el Ministerio de Economía aseguran que “con el IVA y todas las otras fuentes de financiamiento alcanza para que se mantenga el financiamiento del sistema previsional”. La CGT desconfía y quiere ver los números para analizarlos.

Por otra parte, aunque la CGT consiguió que en la versión final de la reforma laboral los sindicatos con personería sean los que tendrán que refrendar los convenios por empresa (y no las comisiones internas), el proyecto oficial establece la prelación de esos convenios “menores” por encima de los pactados por actividad e incluso incentiva la creación de sindicatos por empresa. Dos puntos que la central obrera buscará atenuar como sea para que en la negociación colectiva siga predominando el unicato sindical. En el Gobierno estarían dispuestos a eliminar el artículo que facilita los sindicatos por empresa (que están contemplados hoy en la ley, pero el poder lo tienen los sindicatos más representativos por rama de actividad).
La CGT ya había logrado que se eliminara de la última versión de la reforma laboral un artículo que reducía a la mitad la cantidad de delegados sindicales por empresa, pero ahora quiere modificar otros que fijan un máximo de 10 horas al mes con goce de sueldo para las tareas gremiales de los delegados y que les ponen límites a los representantes amparados por la tutela sindical. De la misma forma, apunta contra el artículo que obliga a que se pida autorización previa a los empleadores para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas. El Gobierno no quiere aflojar en estos temas, que alivian a las empresas y les ponen límites a los sindicatos.

Otra obsesión de la CGT es eliminar el artículo 161 de la reforma laboral, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Para la dirigencia cegetista, “esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”. En el Gobierno, por ahora, están firmes: aseguran que esa pérdida podría compensarse si las obras sociales fueran eficientes en su gestión y se evitaran gastos superfluos en la administración de estas entidades.

Se vienen semanas decisivas de negociaciones y presiones, en donde el Gobierno y el sindicalismo jugarán fuerte para ponerle su sello a la reforma laboral, que parece de inevitable sanción, pero no es intocable.