Los senadores cobrarán, desde enero de 2027, más de $13.100.000 en bruto, tras un nuevo acuerdo paritario entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos. Las subas son idénticas a las que acordó el Gobierno con los empleados estatales: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, lo que da un total -acumulado- de 6,96%, aunque sin bono.

¿Por qué ocurre esto en la Cámara alta? En 2024, el pleno se movió en modo ninja y, horas antes de una sesión, consensuó -todas las bancadas coincidieron y se hizo a mano alzada, pese a volteretas y aclaraciones de “donaciones” posteriores- y los legisladores volvieron a atar sus dietas a las de los agentes.

De esa manera, los bloques evitaron que se involucrara en el asunto la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. Semanas antes de ello, un incremento en base a una resolución conjunta con su par de Diputados, Martín Menem, tuvo que retrotraerse. Como se cansaron de esperar una resolución y el pleno es soberano, se movieron en consecuencia. Por ello, cada vez que hay una paritaria, el tema reflota.

Si de números se trata, dicho sistema establece que las dietas están conformadas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Además, se incorporó una dieta más a las 12 de ese entonces para compensar el aguinaldo.

Pese a que existen en vigencia renuncias voluntarias sobre los aumentos de los últimos meses -aunque las especificaciones no son las mejores-, el desarraigo no es recibido por los representantes de la Ciudad de Buenos Aires: el kirchnerista Mariano Recalde y los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.

En tanto, tal como informó desde 2024 Infobae, la única integrante de la Cámara alta que no cobra dieta es la cristinista Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien desistió de percibirla: al ingresar, optó por su jubilación como ex gobernadora.

La reunión realizada esta tarde contó con la presencia de los secretarios administrativos del Senado y Diputados, Alejandro Fitzgerald y Laura Oriolo, respectivamente. Del lado de los sindicatos rubricaron, entre otros, el líder de APL, Norberto Di Próspero, y el de UPC, Martín Roig.

En el acta que vio este medio aparece, en su primer artículo, el detalle de los porcentajes mencionados -iguales a las subas para estatales, pero sin bono-, mientras que en el segundo se manifiesta que “en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras”.

Después de la polémica generada en 2024 por la mecánica en cuestión, las bancadas alta anularon un incremento para julio y agosto de 2025 y congelaron sus dietas hasta el 31 de diciembre pasado, en una votación unánime, con 65 adhesiones. En 2026, eso se cayó, salvo para quienes continúen con las donaciones, como dijo La Libertad Avanza en julio último, luego de una paritaria. Esto suele ser replicado por otras fuerzas, con poca precisión sobre el destino final de esos fondos.

“Como ya lo han realizado con anterioridad, optarán por donar el aumento de sus sueldos, a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales o las ya establecidas previamente por el mismo Senado”, expresó en su momento el espacio que comanda Bullrich.

En paralelo a la resolución, Infobae corroboró la presencia de cuatro de los 72 legisladores esta tarde. Los días más “pesados” son martes, miércoles y jueves, donde se concentra la mayor cantidad de actividad en el Congreso.

Los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa) acordaron este lunes encarar tareas en conjunto para aminorar el impacto del fenómeno “El Niño” sobre la región pampeana, que comparten ambas jurisdicciones. Lo hicieron en un marco crítico hacia el gobierno de Javier Milei a quien le reclamaron recursos para atender las consecuencias socioambientales que traerá la sobreactividad climática que representa el “El Niño”. Un movimiento meteorológico que aumentará en promedio un 90%.

El encuentro entre los dos gobernadores peronistas también fue una instancia de reclamo hacia la Nación. “Cuando las provincias aportamos recursos a la Nación, lo hacemos con la condición de que retornen en obras de infraestructura y en políticas públicas que sirvan para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos”, planteó Kicillof. Agregó, además, que “nunca antes había pasado con este nivel de intensidad que los fondos que cedemos al Gobierno nacional no se utilizaran para nada que tenga que ver con el interés de las provincias”.

Kicillof llegó a Santa Rosa al mediodía de este lunes. Fue recibido por su par pampeano y una comitiva de funcionarios e intendentes de su provincia. El bonaerense fue acompañado por los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Alonso (Seguridad) y Carlos Bianco (Gobierno). Del acto también participaron el senador nacional Daniel Pablo Bensusán y el diputado nacional Abelardo Ferrán. Kicillof se trasladó hasta La Pampa en un momento en el que busca una expansión de su sector político, con miras a las elecciones nacionales de 2027. Sin embargo, en su paso por la provincia del norte patagónico no hubo mayores actividades de índole partidaria o política. Los gobernadores peronistas aún no se pronuncian en pos de algún postulante a la elección presidencial. Tampoco Kicillof, quien no confirma si será candidato, pese a que los movimientos que vienen dando tanto él como su espacio se parecen bastante a los de una candidatura.

Además de acordar acciones para prevenir el impacto de El Niño, desde el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno Ziliotto y su par bonaerense, sellaron acuerdos específicos en áreas como desarrollo social, salud, turismo, seguridad y colaboración entre los bancos públicos de sus provincias. Ambos mandatarios reafirmaron la vigencia del Convenio Marco de Colaboración firmado el 28 de junio de 2024.

Kicillof denunció que $290 mil millones del Fondo Hídrico ya cobrados a los contribuyentes por el Gobierno nacional a partir del impuesto al combustible líquido no fueron destinados a obras contra inundaciones y vinculó esa inmovilización de recursos con el riesgo climático de un Super Niño que, según afirmó, ya muestra señales de intensidad excepcional desde agosto. La advertencia de Kicillof incluyó otro reclamo fiscal: la administración bonaerense sostuvo que el gobierno nacional retiene $2,1 billones del fondo de ATN pese a que las provincias atraviesan una situación financiera “compleja” por la crisis. El planteo apareció en un discurso centrado en la falta de ejecución de partidas de asignación específica.

En ese marco, el exministro de Economía afirmó que los recursos del fondo hídrico “se utilizan para otro fin” y precisó que se trata de dinero que “hemos puesto nosotros cada vez que cargamos nafta en nuestra provincia”. Luego agregó: “¿Dónde está, en obra hídrica? No, está en una cuenta y esa cuenta invertida en títulos o en plazo fijo o vaya a saber en qué”.

“Este encuentro ratifica una forma de entender el federalismo: las provincias no pueden trabajar de manera aislada; tenemos que coordinar esfuerzos y construir respuestas en conjunto”, detalló Ziliotto.

Según se informó oficialmente, el acuerdo prevé proyectar obras en forma conjunta y coordinar acciones que permitan la mejor gestión integrada del recurso hídrico; consolidar y compartir en tiempo real las bases de registros de monitoreo hidrométrico y pluviométrico; y fortalecer la articulación para el accionar frente a eventos climáticos externos de afección mutua.

El peronismo y 2027

Tras los anuncios, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa. Además de las consultas sobre los acuerdos firmados —que, además de las obras conjuntas para enfrentar al Niño, también incluyeron otras siete rúbricas—, se les preguntó por el momento en el que se encuentra el peronismo de cara al año que viene.

Kicillof dio algunos detalles de la reunión que gobernadores, Sergio Massa, Máximo Kirchner, José Mayans y Germán Martínez mantuvieron semanas atrás en el Hotel Emperador del barrio porteño de Retiro. Contó que allí se acordó entre los distintos sectores del peronismo para sostener las elecciones Primarias, en medio de la avanzada de la gestión de Milei para eliminarlas. La oposición precisa de esta instancia para ordenar su discusión interna.

El mandatario bonaerense dijo que la reunión que mantuvieron distintos referentes junto con los presidentes de los bloques del PJ tuvo un foco preciso: debatir la presión del oficialismo para eliminar las primarias. “Podemos dar cualquier debate, que el sistema de las PASO tiene, por supuesto, defensores y detractores, pero de esta manera no”, planteó.

En su cuestionamiento, apuntó también al jefe de Gabinete, Diego Santilli. “Recorre las provincias y en el medio dice: ‘Vine a buscar que se levanten las PASO’”, afirmó Kicillof, al explicar por qué consideró improcedente que una eventual reforma electoral se mezcle con la distribución de fondos o con compromisos de obra pública.

Además, extendió la crítica más allá del debate legislativo y sostuvo que el presidente “hace ya meses que para lo que trabaja es para su campaña electoral y ser reelecto”. En esa línea, afirmó que “están en campaña de reelección del presidente Javier Milei”.

Basándose en los datos oficiales que le acercaron, el presidente Javier Milei continúa convencido de que el nivel de morosidad en la Argentina no representa un riesgo real para el sistema financiero y que el Estado no debería intervenir, ya que se trata de un conflicto entre privados, aunque a partir de algunas propuestas internas está analizando la posibilidad de ordenarle al Banco Central que tome una medida especial para desincentivar el endeudamiento.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, aunque todavía está en estudio, el mandatario podría pedirle al titular de la entidad monetaria, Santiago Bausili, que firme un comunicado para modificar la norma que regula la forma en la que aparece el Costo Financiero Total (CFT), el porcentaje que refleja el monto real y completo que el cliente va a pagar al momento de adquirir un préstamo o de hacer una compra en cuotas.

Actualmente, la regla indica criterios básicos para que esa cifra no quede oculta ni diluida entre otros datos, sino que aparezca de manera claramente visible para el usuario de servicios financieros.

En los documentos, como contratos, recibos o notas de débito, la exigencia central es que el valor numérico del CFT y el signo “%” estén identificados de forma legible y destacada, ya sea mostrándolos con un tamaño al menos doble respecto del resto de la información, manteniendo la misma fuente y sus proporciones; o bien resaltándolos mediante una tipografía o color destacado.

Además, debe figurar la tasa de interés o descuento anual pactada, expresada en porcentaje y con al menos un decimal; la tasa de interés efectiva anual equivalente, también con al menos un decimal; la indicación de si la tasa es fija o variable, y en este último caso los parámetros de ajuste; y, por supuesto, el CFT propiamente dicho.

En materia de publicidad, la regulación es todavía más estricta y dispone que el CFT debe exhibirse en una tipografía de color destacado, con idéntica fuente y con un tamaño al menos cinco veces mayor al utilizado para informar la tasa nominal anual, respetando las proporciones del diseño tipográfico.

Este requisito aplica tanto para las plataformas gráficas —diarios, carteles, internet o folletos— como a la radio, televisión o medios digitales, incluso si son terceros los que están publicando la información crediticia, como inmobiliarias, concesionarias, supermercados u otros intermediarios.

No obstante, la senadora Patricia Bullrich planteó recientemente que, en el caso de los bancos y las fintech, las condiciones de los préstamos deberían quedar todavía más claras, para evitar que las personas accedan a ellos sin conocer todos los detalles.

A la salida de una sesión en el Congreso, la legisladora sostuvo que esas empresas deberían “generar mecanismos concretos de refinanciación, hacerse cargo y ayudar” a los clientes que hoy no pueden cumplir con sus compromisos.

“Tiene que aparecer un cartel gigante como en la brutalidad de los etiquetados frontales (de los alimentos), que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000′. Porque el Costo Financiero Total, uno cuando lo mira en letra chiquitita, se da cuenta el robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Esta idea llegó a oídos de Milei, a quien le pareció una propuesta interesante y comenzó a estudiar las distintas alternativas que podrían aplicarse en ese sentido, aunque todavía no hay una definición al respecto.

“No hace falta una ley para implementar algo así, es una decisión del BCRA. Tenemos que recuperar el discurso sobre este asunto, pero también tenemos que poner a los bancos y a las fintech a trabajar”, explicó a Infobae una fuente que está detrás de esta iniciativa.

El tema podría incluso conversarse este martes, durante la reunión de Gabinete que encabezará el Presidente en la Casa Rosada, de la cual no podrá participar el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien se encuentra en los Estados Unidos asistiendo al G20 de Finanzas, que se realiza en la ciudad de Ashville, en Carolina del Norte.

Con una medida de este tipo, el jefe de Estado estaría desincentivando la toma de deuda a futuro, pero no estaría utilizando los recursos del Presupuesto para asistir a los que ya se encuentran en mora, como reclama la oposición.

De hecho, el peronismo consiguió en la Cámara de Diputados un principio de quórum y el próximo 9 de septiembre quiere forzar una sesión para tratar -o emplazar- uno de los proyectos que están en carpeta, justamente, para que el Gobierno intervenga con dinero, facilitando el proceso de refinanciación.

Esto es a lo que Milei se niega, ya que considera que el Poder Ejecutivo no tiene que “rescatar” a las compañías que se arriesgaron dando esos préstamos y que, según los datos del propio BCRA, no están tampoco en una situación límite.

En el “informe sobre bancos”, que elabora el organismo, se indica que la morosidad del sistema financiero se redujo levemente en junio, hasta ubicarse en 7,6% del total de los préstamos otorgados al sector privado.

Ese porcentaje representa la proporción de créditos que las personas o empresas no están pagando en tiempo y forma. Entre las familias, la mora llegó a 12,8%, con bajas en tarjetas de crédito pero subas en préstamos personales y prendarios.