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Política Nacional

Funcionarios y abogados expusieron en Diputados sobre el proyecto que busca mejorar herramientas en el lavado de activos

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En una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, funcionarios y abogados expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Puntualmente, la iniciativa del Poder Ejecutivo propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales.

Al respecto, Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera, destacó que la “reforma sustancial luego de 11 años nos va a permitir mejorar la persecución contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo”.

“En 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado. Es muy importante cumplir con lo técnico de la evaluación, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan a un país no a un gobierno”, aseguró.

Asimismo, el funcionario remarcó que fue un proceso participativo, con organismos y mesas de trabajo, que se presentó el proyecto el 31 de mayo y acorde con políticas de estado. A su vez, explicó los “tres ejes principales de la ley: la modificación del Código Penal, la reforma a la ley 25.246 y la creación de un registro de beneficiarios finales”.

En tanto, Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía dejó “constancia que la labor llevada adelante ha sido un trabajo ampliamente generoso democrático y muy participativo que tuvo la comisión, lo cual permitió con distintas rondas de trabajo corregir, adecuar, adaptar y redefinir algunos aspectos que fueron centrales que hizo la comisión, hubo un debate muy rico con dip y asesores que nos permitió actualizar el texto original”.

Por su parte, Zenón Biagosch, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), dijo que es “un hecho innegable que esta legislación debe ser actualizada y requiere una reforma estructural”. En lo que hace a las temáticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tienen que aggionarse a estas nuevas realidades”, advirtió. Y, asimismo, destacó los “sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y; otros proveedores no financieros de créditos y de activos virtuales”.

De la exposición, también participaron Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Sebastián Kaufman, abogado; Francisco D´Albora, fundación para la Prevención y el Control de Lavado de Activos y la financiación del Terrorismo (FAPLA); Pablo Daniel Sanabria, especialista en derecho administrativo y prevención de lavado de activos; Silvio Marcelo Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Eduardo Toribio, asesor Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina; entre otros.

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El Gobierno le entregó un inmueble del Estado en la CABA a la Universidad Madres de Plaza de Mayo

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La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó este martes la reasignación de un inmueble propiedad del Estado Nacional a la UNIVERSIDAD NACIONAL MADRES DE PLAZA DE MAYO.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 67/2025, otorga en uso a la casa de altos estudios el primer piso del inmueble ubicado en la calle Tinogasta Nº 5.268/70, en la Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sector reasignado, que se encontraba bajo la jurisdicción de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, tiene una superficie aproximada de 761,34 metros cuadrados. Según los informes técnicos, este primer piso se encuentra actualmente “desocupado y limpio”, mientras que el resto del edificio está en proceso de desocupación.

El destino del inmueble y un pedido de ampliación

La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo había solicitado el espacio y detalló que el destino será el “almacenamiento y depósito de mobiliario”. Además, allí se instalarán el Departamento de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales y el Departamento de Patrimonio de la universidad.

La Secretaría de Educación, que tenía el inmueble en su órbita, fue notificada y “no formuló observaciones” sobre la reasignación.

La resolución también revela que la Universidad ya realizó un pedido para una “segunda etapa”, solicitando la totalidad del inmueble. En caso de que el Gobierno apruebe esa ampliación, la casa de estudios se comprometió a poner a disposición de la AABE otro inmueble que le fuera otorgado previamente, ubicado en la Avenida Rivadavia Nº 4.615.

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Presupuesto 2026: La Libertad Avanza intenta aplazar el despacho de comisión hasta asumir como primera minoría

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La reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados tendrá lugar mañana con final abierto, dado que la oposición buscará emitir emitir dictamen mientras el oficialismo tratará de postergar cualquier definición con la meta de debatir esa iniciativa en las sesiones extraordinarias

La Comisión de Presupuesto está citada para mañana a las 12 para firmar los dictámenes como se estableció en el emplazamiento votado en el recinto de sesiones el pasado 8 de octubre.

El Gobierno quiere prorrogar el debate hasta el 10 de diciembre ya que con la nueva composición se convertirá en primera minoría y tendrá junto a sus aliados unos 115 diputados, con lo cual solo necesitará sumar 14 legisladores para aprobar las leyes.

La posición de la LLA también es avalada por muchos gobernadores para poder tener mas tiempo para negociar y lograr que se incluyan sus pedidos de obras públicas, avales del Gobierno Nacional para tomar deuda pública y que se cubra el déficits de las cajas provinciales

La estrategia de la Libertad Avanza es aguardar mañana si el peronismo junto a la izquierda, y Encuentro Federal consiguen las 25 firmas para que se haya despacho de comisión, y si la oposición logra ese objetivo ahí presentará el oficialismo su propia propuesta.

“Nosotros queremos que no haya dictamen y el debate se realice en diciembre”, señaló una fuente a Noticias Argentinas.

En caso que los opositores mas enfrentados tengan dictamen de mayoría, el desafío de oficialismo será lograr con la ayuda de los gobernadores, que no tengan quórum para debatir el Presupuesto antes del 30 de Noviembre.

Por lo pronto, el oficialismo mantuvo hoy una reunión con sus aliados del PRO, la UCR, Producción y Trabajo, Innovación Federal, Liga del Interior, donde se aseguro que respaldarán su propuesta de dilatar el debate del Presupuesto.

Participaron del encuentro realizado en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el titular del prespuesto, Bertie Benegas Lynch, y sus aliados Martín Arjol de Liga del Interior; la radical Pamela Verasay, la macrista Daiana Fernández Molero, Nancy Picon (Producción y Trabajo), Carlos Fernández (Innovación Federal) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz)

Encuentro Federal y Democracia para Siempre desistieron de participar de la reunión y tampoco lo hicieron los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, aunque en el oficialismo se muestran optimistas que avalarán el pedido de tratar este tema en sesiones extraordinarias.

En el encuentro, los diputados insistieron ante los funcionarios en la necesidad de incorporar algunos puntos necesarios para sus distritos.

En tanto, el diputado Oscar Agost Carreño-que mañana reemplazará a Nicolás Massot- estuvo trabajando todo el fin de semana en un dictamen propio que tendrá como base un superávit mas bajo que propone el Gobierno para incluir las leyes suspendidas de Discapacidad, Garrahan y Universidades y para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias.

En esa comisión están por EF Massot-que será reemplazado por Agost Carreño-e Ignacio Garcia Aresca, un dirigente que responde al gobernador Martín Llayorda.

También es una duda que posición asumirán los tres diputados de Democracia para Siempre, el jujeño Jorge Rizzotti, la porteña de Evolución Radical Mariela Coletta, y el formoseño Fernando Carbajal y la legisladora de la Coalición Cívica, Paula Olivetto.

La comisión de Presupuesto concluyó el jueves pasado la ronda de consulta en la cual expusieron, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el canciller Pablo Quirno, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

También lo hicieron los secretarios de Trabajo Julio Cordero y de Educacion, Carlos Torrendell, el titular de ARCA, el subsecretario de Políticas Universitarios Alejandro Alvarez,  la jefa de Gabinete del ministerio de Defensa, María Laura Carrasco y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Marcelo Rozas Garay.

DATOS

El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.

El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7  billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.

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Escándalo ANDIS: la Cámara tomará decisión clave en la investigación por los sobornos que sacudió al Gobierno

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La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez hoy en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia que se llevará a cabo para revisar los planteos de nulidad del caso.

Después de una reprogramación la semana última, la audiencia tendrá lugar a las 10.30 en Comodoro Py, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Los recursos que había presentado la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello, por lo que el expediente llegará en apelación a la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi había pedido realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS.

Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron “errados” y “contradictorios” y tuvieron como fin “entorpecer una pesquisa incipiente”.

Ante la Cámara, esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en la instancia de apelación.

El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

En esas grabaciones el ex funcionario mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”.

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