Tras disolver la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, y trasladar las tareas bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno designó a la nueva titular de la Subsecretaria de Medios Públicos.

María Gabriela Fernández estará al frente del organismo, según estableció el decreto 7/2026, publicado la madrugada de este jueves en el Boletín Oficial, firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La designación fijó como fecha de inicio de sus funciones el 1° de enero.

A mediados del año pasado, habían nombrado Bárbara Pintelos como subsecretaria, pero luego, con los cambios en el Gabinete, se oficializó la creación de la dependencia, bajo la órbita de la Jefatura.

Este proceso se da en un momento en el que se frenaron las contrataciones en el sector público. A su vez, en nombre del año pasado, el Poder Ejecutivo informó que se encontraba trabajando en un programa de retiro voluntario para los trabajadores de medios públicos con el objetivo de reducir la planta de trabajadores antes de fin de año. Por el momento no se conocieron más detalles al respecto.

En aquel entonces, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la medida buscará disminuir el número de empleados registrados, actualmente 2.400, entre la Televisión Pública y Radio Nacional. La propuesta contemplaría el cálculo previo de la aceptación y la posterior negociación de las indemnizaciones.

El plan será implementado por el organismo a cargo de Javier Lanari y la conducción del proceso estará a cargo de Carlos Curci González, interventor de la Televisión Pública y Radio Nacional, junto a Fernando Subirats, director de la emisora.

El Gobierno espera avanzar con una modernización de las empresas, junto con una reducción significativa del personal. “Tenemos en mente la meta de impulsar un plan conjunto para modernizar las empresas. La radio número uno en la Argentina tiene 300 empleados y Radio Nacional tiene 1100, cuatro veces más. Es un despropósito”, expresó un funcionario.

El objetivo es recortar la dotación en la Televisión Pública, que cuenta con 1.300 empleados, y en Radio Nacional, que tiene 1.100 trabajadores. Según explican desde el Ejecutivo, el crecimiento de la planta se produjo principalmente durante los primeros años del kirchnerismo.

Algunos funcionarios sostienen que la tarea enfrenta demoras por la falta de definición en la estructura jerárquica y advierten que aún faltan nombramientos desde gerentes hasta coordinadores. Además, evalúan la posibilidad de fusionar Radio y Televisión Argentina con Contenidos Artísticos e Informativos, lo que implicaría migrar señales como Paka Paka, DeporTV, Encuentro, Animar y El Asombroso Mundo de Zamba y Nina.

Desde el área involucrada anticiparon que los ofrecimientos de indemnización serán “razonables”, en función del rango y la antigüedad de cada empleado.

A su vez, el Ejecutivo deberá prorrogar la intervención vigente, que vence en febrero de este año, según la decisión administrativa 5/2025. “Vamos a renovar la intervención porque es central que sigamos manteniendo el control para normalizar las empresas”, indicaron fuentes oficiales.

Con los cambios dentro dela catera ministerial, el Gobierno había disuelto la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, bajo el decreto 793/2025, tan solo unos días antes de mencionar el proceso de retiros.

Las funciones y responsabilidades de dicha área quedaron bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El decreto oficializó el traspaso de todas las atribuciones, personal, bienes y compromisos asumidos, aunque en la última hora se conoció el nombramiento de Fernández.

El Gobierno argumentó que la medida apuntaba a optimizar y dotar de mayor eficiencia la administración nacional, centralizando la elaboración de la política de comunicación, la coordinación de los medios públicos y la difusión de actividades estatales en el ámbito nacional e internacional.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el futuro cierre de El Helicoide, uno de los centros de torturas y detención más importantes creados por el régimen chavista, la senadora Patricia Bullrich aseguró que podría tomarse como una señal de que los presos políticos serán liberados. Entre ellos, los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliano.

“Estados Unidos apunta hacia la liberación de los presos”, interpretó la ex ministra de Seguridad Nacional, tras remarcar que el Gobierno argentino tomó como “símbolo” la clausura de la cárcel ubicada en la ciudad de Caracas. No obstante, reconoció que se trataría de un proceso complejo.

Respecto a las presuntas trabas que pudiera enfrentar la administración estadounidense, Bullrich hizo hincapié en “la respuesta vertical” que las fuerzas armadas, policiales y los grupos paramilitares mantenían con la ex dictadura de Nicolás Maduro.

“Me parece que los pasos que tienen que ir dando son pasos firmes”, evaluó la senadora al depositar su fe en que tanto el gendarme Gallo, como el abogado Giuliano serían liberados próximamente. Asimismo, recordó que Gallo se encontraba detenido en El Rodeo 1, mientras que no se tendrían precisiones del paradero actual de Giuliano.

“Nosotros nos hemos puesto a disposición total y absolutamente”, afirmó. Aunque reconoció que Estados Unidos se encuentra al frente de la conducción de la gestión, ratificó: “Estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Vamos a respetar esa agenda o ese cronograma que están planteando”. Además, indicó que no podía dar precisiones sobre el plan por ese motivo.

Las palabras de la jefa del bloque libertario en el Senado y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se dan tan solo dos días después de que el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, respaldara la captura de Maduro y ratificara el pedido de liberación de Nahuel Gallo.

La situación de Nahuel Gallo

Desde que fue detenido el 8 de diciembre de 2024, el Gobierno argentino denunció que Nahuel Gallo es víctima de una desaparición forzada en Venezuela. Esto generó una tensión diplomática sostenida y creciente entre ambos países, que derivó en acusaciones sobre supuesto espionaje por parte del gendarme privado de la libertad.

De acuerdo con fuentes reservadas que fueron consultadas por Infobae, el argentino permanecería retenido en el pabellón internacional de El Rodeo 1, una sección bajo custodia militar directa de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).

El Rodeo 1 no es una prisión común, sino un espacio de alta seguridad regido por el principal órgano de inteligencia de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por esto, numerosos organismos internacionales de derechos humanos denunciaron reiteradamente a la DGCIM que se trata de un eslabón clave dentro del aparato represivo, lo que elevaría el nivel de riesgo ante cualquier eventual intento de liberación.

En este contexto, la situación de Nahuel Gallo se agrava: la ausencia de acceso regular a asistencia consular y la falta de transparencia judicial configuran la violación de normas esenciales del derecho internacional. Sobre todo, ante el bloqueo de información que promovió el régimen.

Además, esta cárcel opera como una extensión militar encubierta dentro del sistema penitenciario venezolano. Allí se agrupan detenidos denominados “sensibles”: políticos de la oposición, militares acusados de conspiración y extranjeros capturados en acciones de inteligencia.

De hecho, en las semanas recientes la seguridad en El Rodeo 1 se intensificó y todas las visitas fueron suspendidas sin que mediara una explicación. Por esto, el entorno del argentino manifestó que la situación es “agotadora” debido a la falta de información oficial y al endurecimiento de las restricciones, lo que genera mayor angustia, incertidumbre y una profunda sensación de indefensión.

El caso de Germán Giuliano

Germán Darío Giuliani, abogado argentino, se encuentra detenido en Venezuela desde el 23 de mayo de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas y de gobernadores previstas para ese fin de semana. La captura había sido confirmada por Diosdado Cabello, uno de los principales líderes chavistas.

El caso formó parte de las aprehensiones, en las que las autoridades venezolanas acusaron a los arrestados de organizar “actos terroristas” para obstaculizar los comicios. En esa oportunidad, Cabello había hecho público el nombre completo del detenido y su número de pasaporte e instó: “Busquen en Argentina al inocente este, búsquenlo”.

Distinto de lo ocurrido con Gallo, Giuliani ya se encontraba en Anzoátegui desde mediados de abril. Según la evidencia encontrada en sus redes sociales, donde compartió imágenes y videos en esa región.

En su perfil de LinkedIn, destacó su labor al frente de un estudio jurídico con práctica en derecho penal, laboral, civil, comercial y de familia, y mencionó haber colaborado con entidades bancarias como Banco Santander Rio, Hexagon Bank y HSBC.

El diplomático Carlos José Fleitas Rodríguez informó que la Comisión Nacional demarcadora de límites (CNDL) del Paraguay realizó tareas en la zona de las 72 islas ubicadas en el río Paraguay sobre las que Argentina y el vecino país avanzan para definir su soberanía.

Los trabajos incluyeron el sobrevuelo con drones para establecer distancias de cada isla con las costas de ambos países.

“La CNDL está haciendo un análisis sobre la situación geográfica de las islas. El fin es establecer la posición paraguaya a la hora de la discusión con nuestros pares argentinos acerca de la soberanía de 72 islas que están sobre el río Paraguay”, expresó el diplomático a medios del vecino país. Todas se encuentran deshabitadas.

El foco está puesto en dos islas en particular: Oliva y Yuquerí. Sobre este par hay “criterios encontrados con las autoridades argentinas”, subrayó Fleitas Rodríguez. El acuerdo que delimita las fronteras entre ambos países data de 1876. Ahí se fijó como premisa la adyacencia: las islas se dividirán por proximidad. Es decir: la soberanía corresponderá al país que tenga su costa más cerca.

Determinar a quién pertenecen es importante para fijar las políticas de pesca, turismo y de infraestructura -como por ejemplo, muelles- en la zona.

Fleitas Rodríguez, titular de la CNDL, realizó estas declaraciones tras reunirse con el gobernador del departamento de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón. Las dos islas en disputa están ubicadas frente a Pilar, la capital de este distrito paraguayo. Del lado argentino está el departamento Laishi, en Formosa.

¿Cómo están las relaciones entre ambos países?

El embajador descartó que exista una puja diplomática entre Argentina y Paraguay por estas islas. “Hay criterios técnicos que tenemos que poner sobre la mesa con las autoridades argentinas para saber cuáles son las directrices que se van a tomar a la hora de definir la soberanía de estas 72 islas”, indicó Fleitas Rodríguez.

En este sentido, señaló que las determinaciones finales deben tomarse sobre la base del consenso. Por eso, puntualizó que se trata de un tema “sensible” que exige que ambos gobiernos “se pongan de acuerdo”.

“Hay que hacer un estudio histórico. El tratado tiene sus años. En los comienzos, las islas estaban más cerca de una costa y luego quedaron más próximas a otra. De allí la importancia del estudio que estamos haciendo con los drones”, comentó. Esto se debe a que el curso del río, sobre todo luego de las crecientes, se va corriendo.

En este sentido, resaltó: “Hay una gran armonía en las negociaciones y las relaciones bilaterales con nuestros pares argentinos. Esta es una discusión eminentemente técnica para que los criterios puedan ser elevados a las autoridades de cada país”, reseñó.

El funcionario guaraní destacó que la divisoria de tierras sobre los ríos Pilcomayo y Paraná ya están completadas. Y que solo restan las localizadas en el curso del Paraguay. Luego, expresó su deseo de que tenga una “pronta solución, dado el grado de amistad que une a los gobiernos del presidente Javier Milei y Santiago Peña”.

Ambos mandatarios compartieron semanas atrás la cumbre del Mercosur en Foz do Iguacu (Brasil). El Presidente argentino aprovechó la ocasión para intentar sumar a su par paraguayo a la cumbre de mandatarios de derecha. La convocatoria no tiene fecha aún, pero se concretaría durante 2026 en Buenos Aires.

Los entendimientos sobre las aguas y las islas en el Alto Paraná están sostenidos en los acuerdos de 1876 y los complementarios de 1945. Pero, en el terreno, presentan complejidades que llevan a permanentes roces entre la Prefectura argentina y la Armada paraguaya.

El último fue en junio de 2023. En esa oportunidad, unos pescadores argentinos fueron abordados por marinos paraguayos en la isla Apipé, frente a Ituzaingó (Corrientes). En esa zona hay una particularidad: Apipé Grande y Chica son territorio argentino, pero el agua del río que las rodea es jurisdicción del Paraguay.

Para establecer una analogía, hay que pensar en una sucursal del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires. El interior del local es jurisdicción bonaerense, pero la vereda es porteña.