Las nuevas auditorías realizadas por el PAMI en áreas sensibles como cardiología y gastroenterología encendieron todas las alarmas dentro del sistema de salud de los jubilados. Los relevamientos internos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, detectaron volúmenes de prestaciones médicas imposibles de justificar, incompatibles con cualquier jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los prestadores.

Uno de los casos más llamativos se registró en el área de gastroenterología: un prestador que cuenta con solo dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas, un número que, según los auditores, excede de manera evidente la capacidad operativa del establecimiento.

Las irregularidades detectadas se suman a denuncias ya presentadas por las máximas autoridades del organismo, a cargo de Esteban Leguízamo, que incluyen fraude, sobrefacturación y recetas truchas, y que derivaron en una batería de controles más estrictos, sumarios administrativos, sanciones y denuncias penales por maniobras millonarias.

A mediados de junio de 2025, por ejemplo, el Instituto puso fin a la modalidad de retiro por farmacia de los Higiénicos Absorbentes Descartables (pañales).

“En otro paso firme hacia la verdadera transformación del Estado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) pone fin a uno de los negocios más vergonzosos. Durante años, un puñado de proveedores amigos del poder cartelizaba el precio y se enriquecían a costa de los jubilados, en un esquema sin control, sin competencia y plagado de privilegios”, explicaron en su momento voceros del PAMI al ser consultados por este medio. Y recordaron que “los pañales se comprarán mediante licitación pública” y aseguraron que “este nuevo mecanismo le generará al PAMI un ahorro anual estimado de $5.000 millones con reglas claras y transparencia total, privilegiando administrar con eficiencia y responsabilidad”.

Qué revelaron las últimas auditorías<b> </b>

En el marco del análisis sobre los prestadores que brindan el módulo de cardiología, los equipos de auditoría del INSSJP, detectaron una serie de patrones reiterados que levantaron sospechas:

• Prestadores contratados como personas físicas que transmitieron órdenes médicas electrónicas (OME) en cantidades incompatibles con una jornada laboral posible.
• Casos en los que se registraron 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos. Teniendo en cuenta que el tiempo promedio de atención por paciente oscila entre 15 y 20 minutos, esas cifras implicarían una carga horaria diaria de entre 81,5 y 108,7 horas, algo materialmente imposible.
• Turnos otorgados en un mismo día y en el mismo horario a un mismo profesional para consultas o prácticas médicas diferentes, una situación que vulnera los criterios básicos de trazabilidad y control.

Sobrefacturación y recetas truchas

Estos hallazgos se inscriben en un contexto más amplio de fraude estructural que el PAMI viene investigando desde el año pasado. Las auditorías internas permitieron detectar:

• Órdenes médicas electrónicas truchas, emitidas sin que existiera atención efectiva.
• Recetas electrónicas falsas, confeccionadas a nombre de jubilados que nunca solicitaron medicamentos.
• Facturación de prestaciones inexistentes.
• Uso indebido de datos personales de afiliados.
• Manipulación del sistema de trazabilidad mediante el uso compartido de credenciales y la emisión múltiple de órdenes médicas desde un mismo usuario.

En muchos casos, los jubilados figuraban como pacientes atendidos sin haber recibido nunca la consulta, el tratamiento o el medicamento correspondiente.

Denuncias penales y causas judiciales

Las irregularidades detectadas derivaron en denuncias penales ante la Justicia federal, bajo la hipótesis de defraudación contra la administración pública. Según los informes internos, los montos involucrados son multimillonarios, aunque el perjuicio total aún se encuentra en proceso de cuantificación judicial.

Las causas se encuentran en etapa de investigación, con auditorías activas, sumarios administrativos en curso y sanciones ya aplicadas a algunos prestadores y agentes.

Nuevos controles y endurecimiento del sistema

Frente a este escenario, la conducción del organismo puso en marcha un nuevo esquema de control y fiscalización que incluye:

• Monitoreo permanente de los umbrales prestacionales.
• Uso obligatorio del turnero digital del PAMI.
• Auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores según su capacidad declarada.
• Cruce de datos para detectar patrones irregulares, repeticiones y desvíos.
• Penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

Desde el Instituto remarcan que el objetivo no es recortar prestaciones, sino cerrar los canales de fraude, fortalecer la transparencia y garantizar que cada peso del sistema se utilice en beneficio de los afiliados.

La administración de Leguizamo también optimizó el mecanismo de compra de efectores propios. “Hoy todas las licitaciones de insumos se hacen y distribuyen desde PAMI Central, mientras que en el sistema anterior las compras se realizaban por efector. Esto no solo las hacía más difíciles de controlar, sino incluso más costosas”, sostuvieron las autoridades de La Libertada Avanza.

El objetivo, según aseguraron los funcionarios de la obra social de los jubilados es “romper con los kioscos” que, como capas de cebollas, vienen de gestiones anteriores.

Con auditorías en marcha y causas judiciales abiertas, el PAMI busca reordenar un sistema históricamente opaco, blindar sus mecanismos de control y recuperar la confianza en una de las cajas más sensibles del Estado.

El Gobierno continúa esta semana con las negociaciones para aprobar en el Congreso las reformas que tiene en agenda, en medio de los avances de la oposición para frenarlas y a la expectativa de un posible encuentro de las provincias que podría marcar el desarrollo del tramo final de las conversaciones.

Los mandatarios locales le vienen reclamando a la Casa Rosada algún tipo de medida para paliar la caída en las recaudaciones que implicaría especialmente el capítulo fiscal de la reforma laboral.

Los dirigentes se mostraron preocupados por la reducción de las alícuotas que pagan las sociedades en concepto de Ganancias, aunque tímidamente, ya que no condicionaron en ningún momento su apoyo a la iniciativa.

En este escenario, un reducido grupo de gobernadores -los más críticos de la gestión libertaria- convocó para el próximo miércoles, al mediodía, a una reunión de urgencia en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El pedido de encuentro fue confirmado por los administradores del organismo, que ya tienen reservado para esa fecha el edificio ubicado sobre la calle Azopardo al 750, en el barrio porteño de San Telmo.

Normalmente, este tipo de eventos se hace en la sede que la entidad tiene en la esquina de San Martín y Tres Sargentos, pero ese lugar se encuentra desde hace algunos meses en refacción.

Los mandatarios provinciales tienen previsto juntarse para debatir en persona los detalles de los proyectos que el presidente Javier Milei envió para su tratamiento en estas sesiones extraordinarias, principalmente el laboral.

Sin embargo, en las últimas horas la reunión, que nunca fue anunciada formalmente, corría riesgo de caerse, ya que muchos de los invitados tenían prácticamente decidido no asistir.

Tal es el caso, por ejemplo, de los aliados del oficialismo, como Leandro Zdero, de Chaco; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Marcelo Orrego, de San Juan, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

En tanto, otros líderes regionales más independientes, como Raúl Jalil, de Catamarca, u Osvaldo Jaldo, de Tucumán, se encontraban analizando qué hacer si es que el encuentro finalmente se realiza.

Incluso algunos mandatarios que por momentos son más duros, como el cordobés Martín Llaryora o el santafecino Maximiliano Pullaro, desconocían la convocatoria, que comenzó a planificarse la semana pasada, justo antes de que iniciaran las sesiones extraordinarias.

Por su parte, los referentes del oficialismo siguen con las gestiones para intentar garantizarse los votos que necesitan para que tanto la reforma laboral como e resto de las iniciativas sean sancionadas.

En este sentido, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezará este martes una charla junto a otros espacios cercanos en el salón que tiene la bancada de la UCR en el recinto.

Asimismo, el miércoles mismo se llevará adelante una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, que también integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor, Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“No vamos a dar ningún detalle que entorpezca la negociación. Lo único que se puede anticipar es que toda la primera parte de la ley no se toca, si cambiamos, son cuestiones que no son significativas”, planteó días atrás un integrante del oficialismo.

Si no hay cambio de planes, este encuentro se daría prácticamente en simultáneo con el que estarán haciendo en el CFI los gobernadores más opositores, como Axel Kicillof (Buenos Aires), quien busca quedar al frente del PJ bonaerense en las elecciones partidarias del 15 de marzo.

De todas formas, en la Casa Rosada confiaban en que tenían el apoyo suficiente como para aprobar la reforma laboral, incluso con el rechazo de todo el peronismo, que además está molesto por el reparto de los lugares en las comisiones.

Tal como precisó este medio, del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, adelantó de manera informal a sus pares de la oposición que la presidencia de la Cámara enviará a cada uno de los espacios que componen el recinto el pedido para que el próximo jueves remitan los nombres de los diputados que integrarán tres comisiones encargadas de debatir los proyectos que enviará el Ejecutivo.

Se trata de las de Relaciones Internacionales – Mercosur, que analizará el acuerdo con la Unión Europea; la de Justicia y la de Familia, que debatirán el Régimen Penal Juvenil.

Con las sesiones extraordinarias en curso, el Gobierno se prepara para encarar una semana clave en el diseño de la estrategia legislativa que desplegará para intentar aprobar la reforma laboral, como objetivo de mínima, pero también el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (EU), aplicar modificaciones en la Ley de Glaciares y avanzar en la sanción de la Ley Penal Juvenil.

Bajo la directiva de concretar las metas que el presidente Javier Milei pensó para antes del 1° de marzo, la mesa política se dará cita nuevamente este miércoles, en lo que será la cuarta reunión del año. Durante el intercambio intentarán ordenar el calendario y ultimar los últimos contactos que le permitan al equipo negociador acumular las voluntades necesarias para aprobar el primero de los cuatro desafíos: el proyecto de modernización laboral.

Este miércoles, en el despacho ubicado en la planta baja de Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volverá a recibir a Bullrich y Martín Menen, con la asistencia del ministro del Interior Diego Santilli; el secretario de Asuntos Legislativos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y posiblemente el ministro de Economía, Luis Caputo, quien dio el presente en las últimas reuniones para habilitar las respuestas a los pedidos de los mandatarios provinciales.

Hasta entonces, la idea es que el articulado que aplicará cambios en el esquema de trabajo inicie su tratamiento el miércoles 11 de febrero en la Cámara de Senadores, dado que la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, asegura contar con un piso de respaldos favorables, para luego ser discutida en Diputados.

Para eso, este martes, la ex funcionaria convocó a una reunión con senadores radicales luego de que la asesora y abogada Josefina Tajes recopilara sugerencias al proyecto que genera reticencias en el sindicalismo, algunos sectores del empresariado y gobernadores aliados. Además, prepara una reunión del bloque libertario para centralizar la estrategia que quedará saldada luego de la reunión en Casa Rosada.

El rechazo de las provincias a la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades lo tiene al ministro del Interior, Diego Santilli, en el centro de la escena. Santilli intenta resolver los resquemores planteados sin ceder en la reducción tributaria. Luego de una segunda instancia de recorridas por el interior, y con Misiones como próximo destino y la reunión con el pampeano Sergio Ziliotto por concretar, desde su entorno aseguran que el ex legislador del PRO monitorea los apoyos en el Congreso Nacional.

En diciembre, cuando el Ejecutivo tenía como prioridad el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el funcionario se volcó a escoltar la negociación legislativa que tuvo como principales alfiles a Patricia Bullrich en la Cámara alta y a Martín Menem en la Baja con la colaboración del secretario de Asuntos Legislativos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, y el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem.

Hasta el momento el representante del Ejecutivo estableció contactos con Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

En paralelo a las negociaciones con el Ejecutivo, los gobernadores maduran un intercambio que podría tener lugar este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para centralizar estrategias que hagan frente a la pérdida de recaudación que supone la reducción en Ganancias.

Con la Reforma Laboral liderando el podio de prioridades, la administración libertaria se muestra abierta a conversar cambios en el articulado, en especial si el capítulo tributario complejiza su sanción. Sin embargo, algunas voces del Gabinete respaldan el planteo de Luis Caputo, que presiona para resistir las modificaciones y brega por mantener el diseño de la ley actual.

Pese al desafío que supone Ganancias, en Casa Rosada aseguran contar con los apoyos necesarios para su sanción, aunque no esconden las dudas que genera el punto en cuestión. “Patricia cuenta con un bloque de 44 en el Senado, por lo que consideramos que en varios artículos contamos con mayoría. Lo complicado es Ganancias”, aseguró una importante fuente a este medio.

En la primera semana de extraordinarias, que se espera esté atravesada por reuniones y alguna comisión, en Balcarce 50 se muestran optimistas con la aprobación de las modificaciones que aspiran a aplicar a la Ley de Glaciares tras argumentar que su tratamiento responde a un pedido directo de los gobernadores.

Algo similar descuentan que ocurrirá con el debate por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “Trabajaron todos los gobiernos en el tema y lo concretamos después de 25 años, no debería haber ningún sector en contra”, sintetizó una fuente con acceso al despacho presidencial a Infobae. El respaldo legislativo al entendimiento, al que se opuso el Parlamento Europeo, esperanza a un sector del oficialismo que asegura que entraría en vigencia desde su sanción.

A una semana de haber resuelto la inclusión de la Ley Penal Juvenil en el temario de febrero, desde la mesa política aclararon a este medio que el principal objetivo de su tratamiento es la instalación del tema por lo que descuentan introducir algunos cambios en el proyecto, principalmente en la edad de imputabilidad pensada en 13 años, pero que podría aumentar a 14. Además, vaticinan la obtención de media sanción en Diputados para trabajar en su aprobación durante el periodo ordinario.