El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. En ese período, el oficialismo de La Libertad Avanza buscará sancionar el proyecto de Presupuesto 2026, al mismo tiempo que busca iniciar las gestiones administrativas para comenzar los debates en comisión de las diferentes reformas que son impulsadas desde el Poder Ejecutivo.

El anuncio fue hecho esta tarde por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que comunicó que el Presidente se aprestaba a firmar el decreto de la convocatoria, el cual incluirá el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral (o Ley de Modernización Laboral), la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares (que incluye cambios en otras normativas) y la reforma del Código Penal.

La medida se publicará en el Boletín Oficial el martes 9 de diciembre, día en el que se prevé que el Consejo de Mayo -el organismo creado por el Gobierno que convocó a múltiples sectores para el debate de varias reformas mencionadas en el Pacto de Mayo- realice una conferencia en Casa Rosada para presentar los proyectos oficiales. Hasta entonces, el oficialismo afirma que todos los borradores y anteproyectos no son oficiales.

La letra chica del Presupuesto 2026 dependerá exclusivamente de lo que determinen Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Es decir, cuánto están dispuestos a sacrificar del superávit fiscal como para redistribuir entre los aliados pueden aportar los votos, entre ellos los gobernadores.

El Gobierno ya se reunió con 18 de los 20 mandatarios provinciales que habían sido invitados días después de las elecciones a la Casa Rosada. Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, anotaron los pedidos de cada uno de ellos, pero no se los convalidarán a todos por igual.

Priorizarán a quienes fueron aliados electorales o aportaron masa legislativa para La Libertad Avanza, a quienes “hayan cumplido los deberes en materia fiscal en sus distritos” y los que tengan una masa de legisladores propios que se haga imprescindible darles gestos por arriba de la media. En este último copón están gobernadores como Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Raúl Jalil, de Catamarca; y Hugo Passalacqua, de Misiones.

La Casa Rosada cree que este año debe darse una aprobación presupuestaria. No como los dos años anteriores, que utilizaron las prórrogas del proyecto de 2023 para pisar gastos a los fines de cumplimentar el objetivo de déficit cero. La ratificación de la Ley de Leyes es algo que pide la oposición (dialoguista e intransigente) como los agentes económicos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es por esto que dada la importancia que revisten estas iniciativas para el Presidente, el oficialismo tiene previsto convocar a los jefes de bloque en Diputados y Senado. Esa invitación se podría extender a los gobernadores.

El Presupuesto vendrá con dos iniciativas complementarias: una es la Ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno busca aprobar para incentivar a que los ahorristas ingresen a la formalidad los “dólares del colchón”. Además, buscarán implementar una iniciativa “de regla fiscal” para que no se pueda aprobar un incremento presupuestario si no se informa cómo se puede financiar.

Pese a que el Gobierno quería mantenerlo lo más guardado posible, resultó inevitable que salieran versiones muy aproximadas a la reforma laboral que se revelará el martes que viene. Se prevé dos grandes grupos de reformas en materia laboral. El primero incluye modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, con énfasis en la eliminación de las denominadas “zonas grises” que inciden en los montos pagados por indemnizaciones.

Se introducirán cambios en los requisitos para demostrar la existencia de un “daño” al empleado, con el objetivo de limitar la posibilidad de que los jueces eleven los montos que deben afrontar las empresas en caso de despido. Los equipos encargados del proyecto sostienen que será el trabajador quien deba acreditar la existencia de un daño.

También se propone modificar el principio de “ultraactividad”, que extiende la vigencia de los convenios vencidos, y se plantea incorporar la “prelación”, para que un acuerdo laboral de alcance menor (por empresa, municipio o provincia) tenga prioridad sobre uno general que abarque toda la actividad.

La propuesta libertaria para las modificaciones penales estará compuesta por más de 900 artículos que centrarán sus modificaciones en intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. Bajo esa premisa, habrá una “actualización” de penas para delitos que revisten gravedad como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.

La letra chica contempla -hasta entonces- el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos y, por consecuencia, la elevación de los mínimos de las penas que tendrá estrecha “relación” con el delito cometido y el daño causado. A su vez, si bien estuvo la posibilidad de incorporar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, finalmente no estará incluido en esta versión de la reforma. En función de eso, la Casa Rosada estudia la posibilidad de impulsar una comisión bicameral en el Congreso que acelere los tiempos y unifique el diseño del dictamen con el objetivo primordial de evitar modificaciones y dilaciones en su tratamiento.

La modificación penal no tendrá un tratamiento prioritario si se la compara con la reforma tributaria. Esta podría incluir la creación de un “Súper IVA” para que sean las provincias quienes comiencen a recaudar una parte de estas, pero debiendo competir con otros distritos para atraer inversiones.

Esto mismo se pretende con la modificación de la Ley de Glaciares para que sea cada provincia la que defina a partir de cuántos kilómetros de una zona periglaciar puede desarrollarse una actividad minera. A esa reforma se le prevé incluir cambios en la Ley de Promoción Minera y en la Ley de Tierras para limitar la compra de inversores extranjeros.

El próximo llamado a sesiones extraordinarias se producirá en la segunda quincena de enero y pretende llegar hasta finales de febrero, unos días antes de que se produzca la Apertura de Sesiones.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consiguió que la Legislatura aprobase su paquete económico que incluyó el Presupuesto, la Ley Fiscal y endeudamiento para el año 2026 y con ello, también, se calmaron las tensiones que atravesó el peronismo durante todo este año. Una instancia que incluyó otros debates como el desdoblamiento electoral o la estrategia del peronismo para enfrentar a los libertarios y generó críticas públicas tras la elección de octubre -y la derrota del peronismo— como aquella carta escrita por la expresidenta y presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner. Esa misiva fue un pico de tensiones y nerviosismo dentro del universo peronista.

Por ahora, deslizan cerca del mandatario bonaerense, no habrá cambios de Gabinete para la etapa final de su mandato. Siempre con la aclaración del “por ahora”. Lo cierto es que de no haberse aprobado la ley de financiamiento, uno de sus impactos se iba a sentir automáticamente en la composición ministerial: el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, tenía todos los números para asumir como senador provincial —banca a la que accedió por encabezar la lista de Unión por la Patria por la Primera sección electoral—; con el objetivo de ordenar el espacio y defender los activos del propio Kicillof en la Cámara alta.

Sin embargo, Katopodis seguirá como ministro. Así, confirmaron desde su entorno a este medio. Jurará su banca como legislador el próximo lunes y luego solicitará licencia para continuar al frente de la estructural cartera de la obra pública bonaerense. En su lugar, asumirá la camporista Roxana López. Aún no hay certezas de cómo se va a ordenar ese bloque en la Cámara alta que, a priori, tendrá algunas figuras de peso como el intendente de José C. Paz, Mario Ishii; la dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini o el ex ministro de Seguridad, Sergio Berni, entre otros.

Para sostener la unidad, Kicillof debió conceder algunas de las demandas de propios y ajenos que se materializaron en la extensa sesión del último jueves por la madrugada. El control de la Cámara de Diputados sigue lejos del radar kicillofista. La reforma a la carta orgánica del Banco Provincia y la ampliación del directorio de la banca pública bonaerense fue otra de las concesiones. Allí, en clave interna, hubo más lugares para el Frente Renovador de Sergio Massa y para el kirchnerismo. También para el propio Kicillof que dispuso cuatro lugares a terminales del Movimiento Derecho al Futuro.

El massismo pasó de tener a Sebastián Galmarini como director a contar para sí en el nuevo esquema a Javier Bordoni —intendente de Tornquist— y Javier Osuna —intendente de General Las Heras—. La Cámpora sumó al saliente diputado Rodrigo Rodra Rodríguez en el directorio y retendrá a la quilmeña Laura González, que ya ocupa una silla. Por el kicillofismo habrá espacios para el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra; el saliente diputado provincial, Carlos “Cuto” Moreno; seguirá el actual director Alejando Formento y también desembarcará el actual secretario del Concejo Deliberante y ex secretario de Seguridad de La Matanza, Carlos Orsingher.

El único cambio ministerial que hubo fue la salida de Alberto Sileoni como director general de Cultura y Educación. En su lugar, el Senado prestó acuerdo para que jure Flavia Terigi; quien desde la semana pasada ya oocupa funciones en Educación.

Los socios políticos de Kicillof siguen con presencia en el Gabinete. Según pudo reconstruir este medio, el mandatario siguió de cerca y ya con cierto agotamiento las negociaciones que aparecieron para la aprobación del endeudamiento. De hecho, en el medio, tuvo que hacer una demostración de fuerza propia para pedirle nuevamente a la Legislatura la aprobación de la ley que le habilitaba a tomar deuda.

La interna y las tensiones siguen y seguirán; pero por el momento hay una paz coyuntural. En el temario quedan asuntos por resolver. La conducción del Partido Justicialista bonaerense, a la que su presidente Máximo Kirchner planteó que someterá a una renovación -—ue puede ser mediante unidad o internas— o la integración de la Suprema Corte bonaerense, son algunas. La oposición también pide pista las vacancias del máximo tribunal de Justicia provincial, que actualmente funciona con tres de los siete lugares: Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria están al frente.

Los lugares en la Corte sobrevolaron por un momento la discusión del Presupuesto y la Ley Fiscal; sin embargo, hubo cierto acuerdo con todos los sectores para que el tema quede pendiente. Se espera que en los primeros meses del 2026 se vuelva sobre esta arista; algunos sectores harán valer su voto afirmativo al endeudamiento, para el que se requirió los dos tercios de los presentes en ambas cámaras legislativas.

En lo que respecta al Gabinete, La Cámpora seguirá en la cartera de Justicia, el Instituto Cultural, Salud y Ambiente con Martín Mena, Florencia Saintout, Nicolás Kreplak y Daniela Vilar respectivamente. El Frente Renovador seguirá el frente de Transporte con Martín Marinucci. En medio de las negociaciones de esta semana también irrumpió la posibilidad de que la gestión de los puertos bonaerenses pasen del ministerio de Producción a Transporte.

En vistas al 2027, el peronismo en la Provincia sigue en un esquema alejado de una conducción verticalista que es uno de los ejes rectores. El gobernador buscará disputar esa condición, pero al momento sigue la mesa tripartita bonaerense con el kirchenrismo y el Frente Renovador.

Desde el 2023 a esta parte la estructura federal del peronismo perdió mucho poder. La llegada de Javier Milei al poder rompió el muro de gobernadores justicialistas que se había construido con el triunfo del Frente de Todos que lideraban Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se perdieron provincias como San Juan, San Luis, Chaco, Entre Ríos, Santa Cruz y Chubut.

Luego del recambio de las dos cámaras del Congreso que se concretó esta semana, los gobernadores peronistas quedaron con un poder acotado. Son pocos ellos y, en consecuencia, son pocos los legisladores que le responden. Así surge de un detallado análisis publicado por el politólogo y consultor Pablo Salinas en las últimas horas.

El caso particular es el de Axel Kicillof. Hay 32 diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, pero solo un puñado de ellos le responderían directamente: Hugo Yasky, Hugo Moyano (hijo) y Juan Marino. En otro círculo de cercanía aparecen Victoria Tolosa Paz, Jorge Taiana y Santiago Cafiero. El resto está más lejos del Gobernador.

La ascendencia de Kicillof sobre la Cámara baja es poca. En gran medida tiene que ver con que, ni en su primer mandato ni en las elecciones de este año, tuvo una influencia importante para definir nombres y apellidos en la lista. Este año, por ejemplo, solo puso dos de los quince legisladores que ingresaron. El resto responden a Cristina Kirchner y Sergio Massa.

El riojano Ricardo Quintela tiene tres diputados y dos senadores que responden directamente a él. En la Cámara baja todos son parte del bloque de Fuerza Patria, que quedó como segunda minoría detrás del esquema libertario. El “Gitano” es uno de los gobernadores más duros contra el Gobierno y es parte de un grupo que no ha recibido ninguna convocatoria de la Casa Rosada.

En el Senado hay una pequeña división entre los dos legisladores que le responden. Florencia López es parte del bloque Justicialista, mientras que Fernando Rejal está en Convicción Federal, el bloque que comparte con los senadores Moisés, Andrada y Salino, y que este año decidieron tomar distancia de la conducción kirchnerista.

El pampeano Sergio Ziliotto, de perfil bajo y uno de los pocos peronistas con los que el Gobierno están intentando mantener un canal de diálogo, tiene tres diputados y un senador. Los cuatro están en los bloques que nuclean al armado de Fuerza Patria. En el caso de la Cámara alta, quien lo representa es Daniel “Pali” Bensusán, quien aparece como el principal candidato del gobierno pampeano para ser candidato a gobernador en el 2027. Es el representante de la línea oficial.

Gildo Insfrán tiene tres diputados y dos senadores ubicados en el esquema peronista. Nunca sacaron los pies del plato. Votan siempre enlazados a la posición más dura. El gobernador de Formosa es otro de los que nunca ha recibido una convocatoria de la Casa Rosada. No creen que tenga intenciones de negociar un acuerdo.

El catamarqueño Raúl Jalil fue protagonista la última semana. Rompió el bloque de diputados de Fuerza Patria y sacó a tres legisladores para conformar un bloque provincial llamado “Elijo Catamarca”, en una clara muestra de diferenciación del kirchnerismo y en búsqueda de tener más libertad en las negociaciones con el gobierno de Milei.

La salida de los tres norteños le hizo perder al peronismo la primera minoría. Es decir, tuvo un efecto negativo que se va a sentir en el momento que las votaciones sean ajustadas y el bloque opositor intente parar la avanzada libertaria. En el justicialismo bautizaron a Jalil como un “peronista con peluca”, mismo mote que utilizan para el tucumano Osvaldo Jaldo.

En el Senado los dos catamarqueños tienen relación entrecha con el Gobernador, pero, a la hora de interpretar su línea solo uno la cumple a rajatable. Se trata de Guillermo Andrada, que forma parte del bloque Convicción Federal. La ex gobernadora Lucía Corpacci, que ocupa la otra banca peronista, está alineada a Cristina Kirchner. Una muestra de eso es que la ex presidenta la eligió como una de las vicepresidentas del PJ Nacional cuando inició su mandato.

En el caso de Jaldo la situación tiene similitudes. Le responden tres diputados que rompieron el bloque peronista hace ya tiempo y están en un bloque provincial. Es el verdadero poder de fuego que tiene. En la Cámara alta ni Juan Manzur ni Sandra Mendoza trajan en su línea. Son parte del peronismo tucumano, materializaron una tregua en las elecciones, pero son dos vertientes distintas dentro del PJ provincial. El poder está disputado. Por un lado está Manzur, por el otro lado está Jaldo.

Del PJ solo hay seis gobernadores y dos son cercanos al gobierno nacional. Las limitaciones para tener peso como bloque político son muchas. Sin embargo, dentro del esquema de Fuerza Patria también está el santiagueño Gerardo Zamora, que asumió esta semana como senador nacional, pero que sigue siendo el jefe político del Frente Cívico por Santiago del Estero. La provincia tiene como nuevo gobernador a Elías Suárez, un ex funcionario de peso en el gobierno local y un delfín político de Zamora

Al ex gobernador le responden 7 diputados y dos senadores. En la Cámara baja los legisladores son parte del bloque que conduce Germán Martínez, mientras que en el Senado, Zamora y su compañera de fórmula en la elección, Elia Esther del Carmen Moreno, formaron un bloque del partido provincial, y José Emilio “Pichón” Neder, se mantiene en el bloque justicialista.

Zamora hará un interbloque con los dos bloques peronistas, lo que le permitirá a la fuerza opositora tener 28 manos en el Senado luego de lo que fue una dura derrota en todo el país en las elecciones del 26 de octubre. El santiagueño es uno de los gobernadores con más ascendencia dentro del bloque opositor que tiene una relación tirante con Milei o, en algunos casos, directamente nula.

Otro gobernador que no es el del PJ pero es parte de la estructura de Fuerza Patria es el fueguino Gustavo Melella. Los tres diputados que siguen sus pedidos están dentro del bloque peronista, al igual que Cándida Cristina López, que logró retener su banca con el sello que aglutinó a gran parte del peronismo de Tierra del Fuego y que juega cerca del kirchnerismo.

El volumen de legisladores que manejan los gobernadores como grupo político es bajo. Es, en definitiva, el reflejo de los pocos que son y del traspié que tuvieron en las últimas elecciones, donde perdieron o ganaron por un margen acotado. Tendrán un poder de negociación parlamentaria acotado.

En esa rosca la palabra predominante sigue siendo la de Cristina Kirchner y, en muchos casos, lo que predomina es la autonomía. Los legisladores sin techo juegan su propio partido de acuerdo a sus necesidades provinciales, sus roles en el territorio y sus intereses electorales.