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La Justicia rechazó una medida cautelar de las ONG para suspender las audiencias públicas por la ley de glaciares

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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueirarechazó el pedido de suspensión de las audiencias públicas convocadas por el Gobierno nacional para debatir el proyecto de modificación de la actual Ley de GlaciaresDe esta manera, continuarán en pie las reuniones programadas para el 25 y el 26 de marzo.

La solicitud había sido enviada por organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, luego de que el oficialismo anunciara que solo 200 personas de las más de 65.000 que se inscribieron tendrán lugar para compartir sus puntos de vista. Cada uno de ellos tendrá cinco minutos para hablar.

La readecuación del formato fue comunicada por el diputado Nicolás Mayoraz, quien indicó que el cupo habilitado también se dividirá entre los participantes que eligieron la modalidad presencial y aquellos que optaron por sumarse de forma virtual.

Al mismo tiempo que informó que los seleccionados para hacer uso de la palabra en vivo correspondían a los interesados que se inscribieron primero en el llamado, el libertario indicó que el resto de los interlocutores podrá compartir sus posturas a través de videos cargados en la plataforma de Youtube.

Frente a esto, las organizaciones ambientalistas reclamaron ante la Justicia que se respete el derecho de todos los participantes de intervenir oralmente, se readecue el cronograma para sumar más días destinados al debate y se declare la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta e insanable” de las condiciones planteadas por el oficialismo.

De la misma manera, los manifestantes incluyeron una cuarta petición para que las audiencias fueran consideradas nulas, en caso de que se realizaran las presentaciones tal como lo habían dispuesto los presidentes de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el diputado José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, en referencia a Mayoraz.

Tras haber analizado el caso, el juez Alonso Regueira consideró que los denunciantes no alcanzaron “a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario”.

Según el fallo al que accedió Infobae, tampoco se encontraron indicios de “vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”. Por esto, indicaron que el acto no generaría un perjuicio grave e irreparable para los participantes, ya que quienes se inscribieron disponen de vías alternativas de participación en el proceso.

La presentación se formalizó el jueves 19 de marzo y fue impulsada por organizaciones como Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática, el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Post recepción de la solicitud, un conocedor del mundo judicial había anticipado a este medio que era “poco probable que esto avance”. Y planteó que “hay mucho en juego y el gobierno ya tiene un cronograma establecido para esta norma”.

Así, el programa seguirá las riendas propuestas por el Gobierno. Por esta razón, se determinó que en las audiencias solo podrán estar presentes los diputados integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El resto de los legisladores no tendrán derecho a participar en las jornadas.

Incluso, determinaron que los asesores no podrán estar presentes, ya que solo se permitirá el ingreso a dos asesores de la Secretaría Parlamentaria del partido político al que representan. Además, para confirmar sus permisos, tenían tiempo de informarlo hasta las 19:00 horas de este viernes 20 de marzo.

Según corroboró Infobae, la postura del oficialismo tendría como foco no aletargar el tratamiento del proyecto en el Congreso. Tras haberse postergado la discusión hasta finales de marzo, un diputado libertario explicó que la intención es que la iniciativa sea tratada en los primeros días de abril. “Es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, aseveró.

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Bahía Blanca será cabecera regional de Defensa Civil

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Se desarrolló en la localidad de Pigüé un encuentro de trabajo que reunió a los representantes de las direcciones de Defensa Civil de todos los distritos que integran la Sexta Sección Electoral.

En ese marco, Sebastián Sepúlveda (Director de Defensa Civil de Bahía Blanca) asumió como nuevo jefe regional.

“Con este nombramiento, el Municipio de Bahía Blanca asume formalmente el rol de cabecera seccional, consolidando su posición como nodo estratégico en la coordinación de emergencias”, destacaron desde el Ejecutivo.

Como subjefe regional, en tanto, fue electo Rodrigo Fuhr, titular de Defensa Civil del distrito de Tornquist.

Según explicaron, la iniciativa surgió como respuesta directa a la necesidad de implementar un esquema de trabajo articulado, preventivo y solidario entre las distintas localidades frente a la complejidad de las diversas emergencias que afectan al Sudoeste Bonaerense.

“Con esta nueva estructura, nuestra ciudad y la Sexta Sección, optimizarán los tiempos de respuesta y potenciará la capacitación continua de sus cuerpos operativos, consolidando un bloque regional fuertemente preparado ante cualquier contingencia”, agregaron.

Fuente: Frente al cano.

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El Gobierno deja de actualizar la cobertura de la tarifa social en la SUBE ante los aumentos de boleto

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El Gobierno cambió la forma en que el Estado Nacional financia el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social en todo el país y dejará de actualizar constantemente la cobertura en la SUBE ante los aumentos de boleto.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen “tarifas de referencia” que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.

La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.

El fundamento principal de esta decisión radica en la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado Nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.

Al resaltar el nuevo esquema implementado, el Ejecutivo sostuvo que “la incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento”.

La decisión no modifica el universo de beneficiarios de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

La implementación técnica de estos cambios estará a cargo de Nación Servicios S.A., que deberá adecuar los sistemas centrales de la red SUBE para procesar los nuevos mecanismos de cálculo. La medida ya se encuentra plenamente vigente desde este miércoles. (N/A)

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El Municipio avanza con la limpieza de un importante pluvial clave de la zona norte

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El Municipio de Bahía Blanca realiza tareas de limpieza en un pluvial necesario para el desagote del sector de la obra hidráulica principal, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio.

Se trata de un recorrido de 295 metros de una cañería de hormigón de 100 mm que se encontraba totalmente obstruida por la acumulación de sedimento, lo que provocaba inundaciones frecuentes en el sector.

“Este trabajo es una continuación de la obra hidráulica principal en este sector, que es el colector pluvial que se construyó sobre Agustín Agustín Álvarez, entre Rizzo y Latanzzio”, explicó el intendente Federico Susbielles durante una recorrida por el lugar donde se desarrollan las tareas.

“Cuando finalizamos esa obra y se dispuso conectarla con el pluvial que corre por Rizzo advertimos que éste estaba completamente obstruido, por lo que el agua que llegara del nuevo colector no tenía donde derivar e iba a generar más anegamientos”, agregó.

“Es por eso que se licitó y adjudicó esta obra complementaria que ya está avanzando y que es tan importante para los vecinos de esta zona. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad y con planificación, porque es lo que los bahienses se merecen. Vivir con la tranquilidad de sentirse protegidos”, manifestó Susbielles.

Los trabajos, a cargo de la empresa GEOMAC S.A. , también incluyen la limpieza de sumideros y de los caños de empalme que estaban totalmente obstruidos, e implican una inversión de  93.9 millones de pesos y un  plazo de ejecución de 60 días.

Fuente: La Nueva.

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