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Política Provincial

Juventud Candidata empuja la baja de la edad mínima para ser intendente o concejal en la provincia

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Militantes de la campaña Juventud Candidata recorre por estas horas diferentes partidos de la costa atlántica bonaerense, en busca de respaldos para lograr bajar la edad mínima obligatoria para ser intendente o concejal en la provincia de Buenos Aires.

Los referentes de Juventud Candidata reclaman que se baje de 25 a 21 años la edad mínima obligatoria para ser intendente o concejal, dado que en 2013 se aprobó la reforma constitucional, que estableció como edad requerida un mínimo de 21 años.

La reforma debía concretarse convocando un plebiscito en las elecciones de ese año, pero nunca se realizó. Es por esto que desde Juventud Candidata salieron en plena temporada de verano a juntar apoyos para saldar esa deuda.

“La ley que ya está aprobada y promulgada lleva a 21 años la edad para que jóvenes puedan ser candidatos a intendentes y concejales. Juventud Candidata, arranca en pandemia con Rodrigo Fronzo, que había creado una red de jóvenes de 85 distritos de los 135 que existen en la provincia”, destacó Facundo Pérez Ernst en diálogo con Diputados Bonaerenses.

El joven sostuvo que “desde ese momento se empezó a tratar la idea que existan candidatos a intendentes y concejales de 21 años”. “Cuando encontramos que existe una Ley de Necesidad de Reforma Constitucional aprobada por la Legislatura bonaerense, empezamos a fondo”, añadió el integrante de la agrupación.

En ese contexto, Perez Ernst afirmó que la voluntad política existe: “Fuimos recibidos en julio del 2022 por el asesor de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, de la provincia de Buenos Aires, quien manifestó que si nosotros lográbamos poner en agenda éste tema, nos iban a acompañar”, aunque remarcó que “el ejecutivo provincial está obligado a cumplir con el decreto”.

Integrantes de Juventud Candidata se reunieron en los últimos días con intendentes bonarenses para dialogar sobre el proyecto, entre ellos el del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, y de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

“Cardozo se mostró predispuesto a acompañar el proyecto y Barrera nos aseguró que cuando se trata de fomentar la participación política de las y los jóvenes, él siempre está de acuerdo”, destacó el joven.

Qué pasa en otras provincias

A contramano de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, para acceder a la Legislatura porteña la edad mínima es de 18 años, al igual que en las provincias de Entre Ríos y La Pampa. En el caso de Río Negro, Santa Cruz y Neuquén se requieren 21 años.

Por último, las provincias de Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Buenos Aires, coartando un derecho fundamental de la vida política de las y los jóvenes, aún mantienen en 25 años la edad para ser candidatos a intendentes o concejales.

Fuente: Diputados Bonaerenses

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Olavarría, Junín y Vicente López, entre las seis mejores ciudades para criar un niño

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La Fundación Bunge y Born presentó el Índice NIDO, una herramienta diseñada para identificar y visibilizar las desigualdades en las oportunidades de desarrollo de niños y niñas de hasta 5 años. Entre las seis ciudades más aptas para el desarrollo de las infancias hay tres bonaerenses: Vicente López, Olavarría y Junín.

En una reunión que convocó a unos 70 especialistas en primera infancia, Gerardo della Paolera, director ejecutivo de la Fundación remarcó que por lo general “a la educación y a la primera infancia no se le da toda la importancia que merece pese a que son centrales para el desarrollo económico y una sociedad más equitativa. La verdadera banca de inversión es la educación”.

¿Qué es el Índice NIDO?

A diferencia de los abordajes tradicionales que evalúan la desigualdad únicamente a partir de los ingresos económicos, NIDO adopta una mirada integral que pondera cuatro dimensiones clave para el bienestar infantil:

  • Contexto socioeconómico (35%): evalúa el clima educativo del hogar, la privación material y el acceso a servicios esenciales.
  • Salud (33%): mide la cercanía a efectores públicos y la cobertura sanitaria.
  • Educación (27%): analiza la distancia a establecimientos educativos estatales y las tasas de asistencia.
  • Espacios verdes (15%): registra la accesibilidad a entornos que favorecen la recreación y el juego.

A partir del análisis de las localidades con más de 100.000 habitantes, el índice elaboró un listado de las ciudades que actualmente ofrecen mejores condiciones promedio para el desarrollo temprano.

Las 10 mejores ciudades argentinas para criar a un niño

  • CABA, CABA – 59,33
  • Vicente López, Buenos Aires – 58,91
  • Rafaela, Santa Fe – 55,09
  • Olavarrí­a, Buenos Aires – 54,98
  • Mendoza, Mendoza – 54,77
  • Junín, Buenos Aires – 54,05
  • Paraná, Entre Rí­os – 51,97
  • Godoy Cruz, Mendoza – 51,94
  • Rosario, Santa Fe – 51,33
  • 10. Río Cuarto, Córdoba – 50,77

El Índice NIDO es una iniciativa desarrollada desde Fractal, el laboratorio de bienes públicos de la Fundación Bunge y Born y el Programa de Primera Infancia de la entidad. “Con este proyecto -señala Della Paolera- buscamos fortalecer un ecosistema de datos abiertos y transparentes que permita a los gobiernos locales, organizaciones civiles e investigadores diseñar intervenciones focalizadas, equitativas y eficientes”.

Fuente: Agencia DIB

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