A pesar de que todavía falta más de un año para las próximas elecciones, la vicepresidenta Victoria Villarruel se muestra cada vez más alejada de Javier Milei y se concentra en una agenda propia, con marcadas diferencias y críticas hacia un Gobierno que, no obstante, celebra esa decisión y ya piensa en su posible reemplazante.

En el último tiempo comenzaron a trascender nombres de algunos dirigentes para ocupar diferentes candidaturas, desde compañero de fórmula del mandatario nacional hasta intendente, aunque todavía falta mucho para la etapa de definiciones y, en muchos casos, son versiones sin fundamentos.

Recientemente, la polémica en torno a la funcionaria que está primera en la línea de sucesión se reactivó a partir de un comentario que hizo en las redes sociales, en el que dio una opinión sobre la apertura comercial que contrasta con la línea de la actual administración libertaria.

El mensaje en cuestión lo publicó a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que ordenó anular los aranceles a determinados productos que había impuesto Donald Trump.

Para Villarruel, la decisión de ese tribunal “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas” en ese país, que de esta forma “pasa a depender hasta en lo más mínimo de China”.

Si bien se trató de un análisis de la situación internacional, la Vicepresidenta dejó clara su visión al señalar que “sin empleo ni producción nacional no hay políticas reales de gobierno”.

“Para Trump, primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina. La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”, sostuvo.

Además de que Milei plantea, justamente, un modelo de comercio lo más abierto posible, las palabras de Villarruel se dieron en medio de las críticas de algunos sectores al acuerdo firmado con Washington.

Es que, para algunos analistas, la medida dictada por la Corte Suprema norteamericana deja sin efecto los principales beneficios que iba a obtener la Argentina a partir de ese tratado, que era una reducción de impuestos en más de 1600 productos.

“Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva, estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo”, completó la funcionaria.

En la Casa Rosada, sin embargo, celebraron la polémica que generó la Vicepresidenta con este posteo, al considerar que está dejando en claro que ya no forma parte del oficialismo.

“Buenísimo, blanquea lo que siempre pensó y lo que siempre quiso”, consideró un integrante de la cúpula libertaria, quien desestimó el poder de daño que puede tener la dirigente y argumentó que “está muerta políticamente”, por lo que aseguró que “le quedan dos años y se va a la casa”.

Aunque consiguió sus cargos públicos de la mano de Milei, primero como diputada y luego como su compañera de fórmula, Villarruel se acercó al espacio -en aquel entonces incipiente- como parte de un acuerdo con el Partido Demócrata, al cual pertenecía.

En julio del 2024, por diferencias internas, la ya titular del Senado formalizó su salida y renunció como presidenta de esta fuerza, que debió convocar a una asamblea para elegir a las nuevas autoridades.

Poco tiempo después, su pelea con el oficialismo se volvió también definitiva y recientemente se mostró con algunos referentes del peronismo, como el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lo que dio lugar a especulaciones.

En Balcarce 50, de todas formas, no creen que una eventual candidatura suya pueda afectar a Milei ni arrastrar los votos de los sectores más religiosos y nacionalistas, a los que apunta Villarruel.

Es más, en la cúpula libertaria ya comenzaron a sonar algunos nombres para reemplazarla a partir del 2027, entre ellos el de la senadora Patricia Bullrich y el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La ex ministra de Seguridad dejó esa cartera para, de hecho, encabezar el bloque en la Cámara Alta y ser una suerte de contrapeso a la figura de la Vicepresidenta, luego de algunos cuestionamientos por cómo manejaba el recinto.

“No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo, sino en donde crean que voy a poder ser más útil”, respondió Bullrich durante una entrevista televisiva a principios de febrero, cuando le consultaron sobre su futuro.

En tanto, en el círculo íntimo de Adorni insisten en que no saben de dónde salió el rumor de esa candidatura, pero no descartan que pueda llegar a ocurrir, especialmente si Milei se lo pide.

Al respecto, quienes conocen al jefe de Gabinete explican que una postulación de ese estilo sería “para quedar en los libros de historia”, pero también demandaría una tarea que, al menos a priori, no le entusiasma mucho.

Por otra parte, también remarcan que el funcionario todavía tiene que transitar estos dos meses como ministro coordinador, aunque en un contexto más favorable que meses atrás, tanto por el escenario legislativo como el interno.

Por un lado, tras ganar las últimas elecciones, La Libertad Avanza se volvió más fuerte en el Congreso, lo que facilita la aprobación de los proyectos que envía el Poder Ejecutivo. Por el otro, también hay mayor alineamiento dentro de la propia administración.

Si bien en su momento su salida no generó tanto ruido, actualmente, hay quienes recuerdan que el anterior jefe de Gabinete, Guillermo Francos, era más independiente e incluso aseveran que no siempre respondía a los intereses del Presidente.

“También le importaba bastante poco la gestión, Manuel es alguien que está más encima de los temas”, subrayó a Infobae uno de los integrantes de la mesa política nacional que encabeza Adorni.

Asimismo, otro de los nombres que surgió como posible candidato en el 2027 es el de Daniel Scioli, aunque en su caso como eventual aspirante a la intendencia de General Pueyrredón, que tiene a Mar del Plata como su ciudad más importante.

De todas formas, esta es una versión que circuló en algunos medios, pero que desmienten tanto cerca del secretario de Turismo y Ambiente, como de los armadores libertarios en la provincia de Buenos Aires.

Sobre esto, señalan que el ex gobernador bonaerense no tiene residencia en ese partido -requisito para presentarse- y tampoco planea tenerla, porque implicaría alejarse demasiado de la capital.

“Él bromea con eso, porque dice que fue todo a lo largo de su vida, desde vicepresidente para abajo, excepto intendente. Y con Mar del Plata tiene un vínculo muy especial, quiere mucho a ese lugar, pero no es algo que tenga realmente en su cabeza, no es algo real”, explicó a este medio una persona de su cículo íntimo.

A esto se le suma que en ese distrito ya hay otros dos dirigentes que vienen construyendo desde hace tiempo sus candidaturas, que son los diputados Juliana Santillán y Alejandro Carrancio.

Incluso, Scioli podría apoyar al segundo de ellos, con quien tiene una buena relación y conoce porque estuvo al frente del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), antes de asumir su banca en el Congreso.

El Senado se apresta a terminar esta semana las sesiones extraordinarias, convocadas por el Ejecutivo hasta finales del corriente mes, con dos encuentros en el recinto y un objetivo central dentro del combo de iniciativas a tratar: sancionar la reforma laboral, que volvió en segunda revisión de Diputados.

Los convites en cuestión ya fueron solicitados para jueves y viernes. Esto tiene una explicación. A diferencia de la Cámara baja, la alta tiene un freno reglamentario que apunta a que, si desde la firma de un dictamen no se consiguen dos tercios para habilitarlo al día siguiente sobre tablas -por citar un ejemplo-, el despacho debe aguardar siete días. Es lo que ocurre con la ley de trabajo, que se discutió el viernes último en plenario de comisiones.

Como hay varios proyectos en danza, el oficialismo senatorial, que comanda la porteña Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), avanzó junto a fuerzas dialoguistas con el pedido de dos sesiones extraordinarias que aún no fueron convocadas de manera oficial, lo que ocurrirá en las próximas horas.

La primera, para las 11 de jueves, incluye el pliego del ex diputado mileísta Fernando Iglesias como embajador -político- en Bélgica y la Unión Europea y el Régimen Penal Juvenil, que entre sus puntos principales baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ambos se dictaminaron días atrás.

En cuanto al Régimen Penal Juvenil, si bien se estima un consenso generalizado entre libertarios y aliados, persisten dudas en ciertos bloques -como la Unión Cívica Radical- que amagaron con firmar en disidencia el despacho y, sin embargo, se sumaron sin chistar al oficialismo.

Con volteretas más delicadas se hallan los cambios a la ley de glaciares, que también aparece en la nota presentada para sesionar el jueves. La lupa vuelve a dirigirse hacia un legislador de la UCR muy interesado en el tema y que, a esta altura, no se sabe bien a qué juega, aunque arrastra al resto.

Para el viernes, los legisladores buscan el mismo horario para iniciar la actividad en el recinto y, junto a lo laboral, se intentará sancionar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, texto que supone una nueva división entre kirchneristas y peronistas.

Uno de esos bloques es el de Convicción Federal, que preside el puntano Fernando Salino. Son cinco votos –Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Fernando Rejal y Sandra Mendoza completan dicho “team”- que dicen ser justicialistas según la época y amenazan, desde hace larguísimos e interminables meses, con despegarse del cristinismo. El año pasado, algunos de ellos salieron con mensajes emotivos en defensa de la ex mandataria, quien continúa con el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Hoy, es su peor enemiga. Mientras la novela suma capítulos y “feroces” peleas con cebita en redes sociales -que cada vez interesan menos a sus militantes-, estos senadores juegan gratis, sin importar consecuencias y, por momentos, creen ser los más rápidos del condado. No lo son.

Más allá de esto, ya es un secreto a voces que, en caso de ruptura, un par de legisladores se quedaría bajo el techo con goteras -más sopa fría- que ofrece el kirchnerismo, lo que derivaría en un nuevo papelón para el arco justicialista. El líder del cristinismo en la Cámara alta es el formoseño José Mayans. Hasta la noche del jueves, no se había mostrado por el Congreso y dejó a sus soldados sin instrucciones y preocupados. El desconcierto fue total.

Hay un convite más para esta semana que no será extraordinario, sino que forma parte de lo que ocurre los 24 de febrero: la sesión preparatoria de mañana, donde se prevé la confirmación de varias autoridades -secretarías estratégicas, como la parlamentaria y administrativa- y al titular provisional del Cuerpo -segundo escalafón en sucesión presidencial-, hoy en manos del libertario puntano Bartolomé Abdala. No obstante, siempre está el temor de un teléfono rojo desde la Casa Rosada que dé vuelta todo.

Seguido a la preparatoria -por ahora, lo más probable- o entre jueves y viernes se agregaría, a la intensa actividad, la votación de los representantes del Senado en la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control externo -y posterior- de los gastos del Estado.

Infobae contó, el 25 de enero pasado, la búsqueda de una resolución sobre la AGN para esta época. Luego, quedó en “stand by” y volvió a tomar forma durante el fin de semana. Son tres butacas en pugna: una quedará para LLA, mientras que las otras dos irán a parar al kirchnerismo y la Unión Cívica Radical (UCR).

El Senado de la Nación aprobará el próximo viernes, seguramente con amplio margen, el proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en Diputados, pero que deberá volver a la Cámara alta tras la eliminación del artículo 44 que establecía cambios en el régimen de licencias médicas.

Entre los cambios que promueve la norma, el artículo 89 establece una modificación sustancial para todo el sistema judicial laboral. Por primera vez, la iniciativa obliga a los jueces laborales a acatar de manera expresa los fallos de la Corte Suprema y habilita la remoción de quienes omitan esa directiva por mal desempeño. Esta cláusula, que formó parte de un debate político y gremial, aparece alineada con el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), una transferencia que implica profundas consecuencias institucionales y políticas.

La iniciativa legislativa, impulsada por la senadora Patricia Bullrich, define que los jueces laborales en todo el país estarán sujetos a la aplicación obligatoria de los criterios jurisdiccionales de la Corte Suprema en temas laborales.

La reforma busca, según interpreta el oficialismo, fortalecer la posición del Estado frente a futuras impugnaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos, que ya anticiparon estrategias judiciales orientadas a cuestionar la validez constitucional de la medida. El Gobierno y sectores aliados en el empresariado sostienen que esta herramienta resultará en el combate contra la llamada “industria del juicio”, que consideran distorsiva para la actividad económica.

El artículo 89 sustituye el artículo 124 de la Ley 18.345, que regulaba la organización y procedimientos del fuero laboral. Deja de lado el esquema anterior, que remitía a las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para regir la validez y aplicación de fallos plenarios. El nuevo texto establece una obligación categórica: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia”. El artículo 90, complementario, advierte explícitamente que el apartamiento infundado por parte de los magistrados “configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”.

Fuentes de la Justicia laboral le explicaron a Infobae que la norma viene a fijar algo que ya ocurría en los hechos. “Es un refuerzo de lo que es hoy el criterio mayoritario de la doctrina del derecho constitucional, porque pone en una ley lo que la mayoría de la doctrina considera que es así, el valor obligatorio de los precedentes de la Corte. Esto lo tiene dicho la propia Corte en su jurisprudencia, de que cuando fija un criterio debe ser seguido por los tribunales inferiores y por la Corte misma. La jurisprudencia de la Corte está casi consolidada. Viene a poner en una ley lo que hoy es jurisprudencia”, explicaron.

Otro de los que se expresó respecto a ese cambio puntual en cuanto al ordenamiento de los juicios laborales fue Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y ex titular de Copal y de la UIA. En diálogo con Infobae aseguró que la aplicación mandatoria de los fallos de la Corte “es absolutamente razonable”.

“Así es en la mayoría de los ordenamientos constitucionales posteriores a la segunda guerra mundial y en el modelo constitucional europeo, pero no tanto en el sistema americano, que sigue la Argentina. El acatamiento de los fallos de la Corte Suprema, que es un tribunal de última instancia, tiene toda lógica. Muchas empresas no pueden seguir procesos judiciales tan extensos. Para una pyme es imposible llegar a la Corte”, subrayó.

Otro de los que avaló la iniciativa fue el especialista en derecho laboral Juan Etala, quien actualmente preside Departamento de Política Social de la UIA. “Lo que dice la ley significa poner un límite a lo que estaba sucediendo, de que algunos tribunales no acataban la decisión del tribunal de última instancia. Parece lógico no tener que ir a la Corte Suprema de Justicia para que diga 500 veces lo mismo”, sostuvo.

En lo que sí coinciden la mayoría de los consultados es sobre las dificultades que puede tener el artículo 90, que establece la posibilidad de remoción por mal desempeño para los magistrados que no sigan los lineamientos del máximo tribunal.

Más allá de lo que pueda suceder, uno de los especialistas consultados por Infobae fue taxativo: “Lo de causal de remoción es un exceso, pero pasa que algunos jueces se creen dioses, no quieren seguir los fallos de la Corte, no quieren reconocerlos. No aceptan el traspaso a la Ciudad, decidieron que la ley que prohíbe la indexación es inconstitucional y empezaron a aplicar por su cuenta tasas de interés y multas absurdas. Eso lleva a una guerra de guerrillas que vuelve locos a las dos partes, fundamentalmente a la parte empresaria”, aseveró.

Transferencia de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires

La reforma legislativa no se limita a la obligatoriedad respecto a los fallos de la Corte. Avanza además en viabilizar el traspaso del fuero laboral a la CABA, con implicancias en la estructura del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de proponer, sancionar y destituir jueces. Históricamente, el núcleo del peronismo sindical mantenía influencia sobre este fuero, especialmente a través del ex diputado Héctor Recalde y ahora su hijo, el senador Mariano Recalde, así como por el dirigente judicial Alberto Lugones, vinculado al kirchnerismo.

La transferencia disminuiría el caudal electoral de la lista Celeste: afín al kirchnerismo, influenciando el equilibrio interno y pudiendo costarle a este espacio una banca clave. Esto ocurre en un contexto donde se buscan reformas en el método de elección de candidatos a jueces y se intenta promover figuras ligadas al kirchnerismo para ocupar cargos en la Cámara Federal de Casación Penal.

El artículo 91 del proyecto legitima el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral”, recientemente firmado por el Gobierno nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Este acuerdo se complementa con la Ley 6.789 sancionada por la Legislatura porteña en diciembre de 2024, que reorganiza la estructura de la justicia laboral en la ciudad, y con la Ley 6.790, que introduce un nuevo Código Procesal del Trabajo.

Como resultado de estas normas, se creó una nueva Cámara de Apelaciones especializada con seis jueces y diez juzgados de primera instancia, cuyos cargos se concursarán según los procedimientos habituales. La transferencia institucional incluyó un compromiso del Ejecutivo nacional de traspasar los recursos materiales y financieros necesarios, asegurando el funcionamiento transitorio del fuero nacional mientras se completa el proceso de integración.

A quienes alcanzará la reforma laboral

Otro de los puntos de debate respecto de la nueva ley de modernización laboral es el universo de trabajadores a los que impactará. En ese punto, en general, hay coincidencia en que la mayoría del nuevo marco normativo aplicará a todos los empleados, no solo a los que firmen su contrato laboral una vez que el proyecto sea aprobado y promulgado por el Poder Ejecutivo.

“La mayor parte de las normas se va a aplicar a todos los trabajadores, salvo algunos que tienen que ver con institutos particulares desarrollados en un contrato determinado de trabajo. Pueden redefinir esos contratos”, explicaron desde la justicia laboral a Infobae.

Uno de los principales cambios se reflejará en el cálculo de las indemnizaciones por despido, ya que la reforma excluye ítems como aguinaldo, vacaciones y bonificaciones, y habilita a los empleadores a pagar la indemnización en cuotas. Más allá de que seguramente habrá presentaciones judiciales cuando la norma entre en vigor (algo que ya anticipó la CGT), especialistas entienden que aplicará a todos los empleados.

“Si el despido se produce antes de que se modifique esta norma, la que se debe aplicar es la que estaba vigente al momento del despido. Ahora, si el despido se produce con posterioridad, rige la que está vigente en ese momento”, detalló días atrás el abogado laboralista Julián Ortíz Alonso en diálogo con el equipo de Infobae al Regreso.

Ortíz Alonso precisó que “el proyecto no distingue si se aplica a relaciones vigentes o a nuevas relaciones”. Así, el artículo séptimo del Código Civil y Comercial establece que las normas no tienen efectos retroactivos, salvo que la nueva ley lo disponga expresamente y no afecte derechos constitucionales. Sin embargo, la jurisprudencia sostiene que la indemnización se define por la legislación vigente al momento del despido. “Esto significa que, si la reforma se sanciona y entra en vigencia, impactará tanto a las relaciones laborales futuras como a las ya existentes. Si el cese laboral se produce después del cambio, se aplicará la nueva norma”, puntualizó.

Por su parte, el abogado laboralista Marcelo Aquino explicó que “la jurisprudencia del fuero laboral argentino aplica la ley vigente al momento de la desvinculación”, lo que implica que la norma que rige al momento del despido determina el cálculo y las condiciones de la indemnización, más allá de la fecha de ingreso del trabajador. En ese sentido, Aquino remarcó que existen derechos en expectativa y derechos adquiridos: “El derecho al cálculo de una indemnización depende de la ley vigente cuando se produce la desvinculación. Si una nueva ley cambia ese régimen, se aplica sobre todos los contratos, salvo que afecte derechos adquiridos y no meras expectativas”.

El debate parlamentario reveló múltiples intentos de la oposición por limitar la aplicación de la reforma exclusivamente a los contratos celebrados a partir de su entrada en vigencia, pero esas iniciativas no prosperaron. Por ejemplo, durante la discusión en el Senado, el legislador Mariano Recalde propuso incorporar un artículo que restringiera el alcance temporal de la ley, mientras que en la Cámara de Diputados, Sergio Palazzo impulsó una cláusula similar, sin éxito frente al rechazo de representantes de La Libertad Avanza.

Días atrás, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reconoció públicamente en diálogo con Radio Mitre que la reforma abarcará a todos los empleos existentes, incluso a los anteriores a la promulgación. Explicó: “Aplica a cualquier relación laboral. No estás cambiando nada. Estás simplemente dándole precisión al cálculo. Simplemente estamos clarificando temas de la nueva ley de contrato de trabajo, que aplica para todos”.