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Kicillof les prometió a los intendentes que va a coparticipar lo que recupere del recorte de fondos nacionales

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reunió a más de 60 intendentes para anunciar una nueva demanda contra el gobierno nacional por el recorte de fondos del Pacto Fiscal del 2017 y su actualización del 2023. Además, también aseguró —y fue lo más atractivo para los intendentes— que coparticipará el 16% de los fondos que lleguen a recuperar de las ocho demandas que Buenos Aires inició desde 2024 a esta parte contra la administración de Javier Milei y que por ahora se encuentran en estudio en la Corte Suprema de Justicia.

La decisión es una respuesta política que planteó el mandatario provincial, acaso como respuesta a la batería de proyectos de ordenanzas que La Libertad Avanza presentó en los distintos concejos para intervenir en el esquema de tasas municipales. Al acto de este jueves fueron invitados los 135 intendentes. Asisiteron 62. Los del PRO -con la excepción de María José Gentile de Nueve de Julio- rechazaron el convite. Tampoco se hicieron presentes en La Plata distintos jefes comunales del peronismo de distritos de peso como Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gastón Granados (Ezeiza), Eva Mieri (Quilmes), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno). Algunos de ellos plantearon problemas de agenda como la quilmeña, Fernández y Menéndez. Los últimos dos transitan momentos de conmoción en sus distritos tras los incendios y explosiones en depósitos.

Sí fue una comitiva de intendentes de la UCR. Por el peronismo, referentes tanto del Frente Renovador como de La Cámpora, además de quienes reportan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), también se hicieron presentes.

Los intendentes aplaudieron con cierta efusividad cuando Kicillof anunció que iría a coparticipar los fondos que pueda llegar a recuperar y vayan al Fondo de Recupero creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Se trata de fondos que no eran coparticipados, pero ahora -de aparecer- una parte irá a las cajas municipales. Sin embargo, todo está atado a la voluntad de la Corte Suprema; que el máximo tribunal falle favorablemente y que luego, efectivamente, la Nación termine por girar los recursos.

Por lo pronto, fuentes del Ejecutivo bonaerense, dejaron trascender que en las últimas horas la Nación habilitó un endeudamiento por $1 billón.

En su discurso, Kicillof volvió a confrontar contra la política económica de Javier Milei y caracterizó: “Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres situaciones: lo que el Estado nacional ha dejado de hacer; lo que nos ha quitado; y la caída de la recaudación como consecuencia de sus políticas de ajuste. El resultado es concluyente: con menos recursos tenemos que dar respuestas a necesidades que crecen a medida que el Gobierno nacional deserta de sus funciones y la situación económica se deteriora”.

Ahora, en caso de que obtener fallos favorables, los intendentes deberán adherir vía sus concejos deliberantes al Fondo de Recupero establecido en el Presupuesto bonaerense. Así lo anunció el mandatario provincial: “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita coparticipar lo recaudado en el Fondo de Recupero de las Deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires. En este momento tenemos siete denuncias en la Corte Suprema, de las cuales solo se excluirá lo que corresponda al FONID, que es un derecho de los trabajadores de la educación”.

En lo procedimental, como contó Infobae, Buenos Aires cree que puede tener un fallo favorable en una de las demandas presentadas ante la Corte. Se trata del reclamo por la deuda previsional que mantiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La demanda provincial se articula como el cuestionamiento más fuerte y concreto al recorte dispuesto desde la Casa Rosada a partir del Decreto 280/2024, que derogó los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701. Esos artículos garantizaban la transferencia automática de fondos nacionales a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al sistema nacional. El impacto presupuestario del recorte fue inmediato en Buenos Aires, que sostiene que la Nación no está cumpliendo con sus obligaciones legales. La gestión de Kicillof busca revertir esa decisión y restablecer el mecanismo, argumentando que el perjuicio “no es solamente fiscalmente para la provincia de Buenos Aires”, sino que compromete la sustentabilidad de su Caja de Jubilaciones.

La semana pasada hubo una audiencia entre las partes y el próximo 21 de abril se volverán a ver las caras los representantes bonaerenses y de la Nación. “Mientras hay un intento deliberado de parte del Gobierno nacional por transferir la crisis a provincias y municipios, quiero agradecer el enorme esfuerzo que hacen los intendentes de todos los partidos políticos para hacer frente a una situación tan compleja. Sabemos lo que estamos enfrentando y estamos convencidos de que hay que seguir por este camino: los municipios y la Provincia no les vamos a dar la espalda a los bonaerenses que sufren necesidades”, planteó Kicillof este miércoles.

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Nuevos operativos de documentación

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El Registro Provincial de las Personas realizará esta semana nuevos operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad.

Será desde hoy martes 13 al viernes 16 de octubre. El horario de atención de 10 a 15 horas.

 ¿Qué trámites se pueden realizar?

  • DNI (Documento Nacional de Identidad)
  • Solicitud de partidas
  • Certificados de domicilio y extravío
  • Certificado de Pre Identificación (CPI)
  • Empadronamiento de extranjeros
  • Cambio de género
  • Inicio de expediente de inscripción tardía

Fuente: Frente al cano.

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Se oficializó la salida de Bahía Blanca del régimen de Zona Fría

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El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la modificación del Régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de distintas regiones del país. La medida quedó formalizada con la publicación de la Ley 27.828 y del Decreto 1161/2026 en el Boletín Oficial.

La reforma, sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y promulgada por el Presidente el 9 de octubre, establece nuevas condiciones para acceder al beneficio y una bonificación adicional para los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y geográficos.

La nueva legislación modifica el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga distintos artículos de la Ley 27.637, que había ampliado el alcance territorial del régimen.

El principal cambio es que residir en una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento. Los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y cumplir las condiciones establecidas por la nueva normativa.

Además, la bonificación adicional se aplicará sobre los denominados Consumos Base, por lo que no necesariamente alcanzará a la totalidad del gas utilizado por cada hogar.

La reforma mantiene un tratamiento diferenciado para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe, en Mendoza, y la región conocida como Puna, donde continuarán los beneficios previstos en el régimen.

Quiénes podrán mantener el subsidio de Zona Fría con la nueva ley

La Ley 27.828 establece una bonificación adicional por Zona Fría para determinados usuarios residenciales de gas natural por redes y gas propano indiluido por redes.

El beneficio estará destinado a hogares ubicados en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI, contempladas en la normativa utilizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

Para acceder, los usuarios deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados, encontrarse dentro de las áreas geográficas previstas y cumplir alguno de los criterios socioeconómicos establecidos por la ley.

Los requisitos contemplados son:

  • Ingresos familiares: hogares cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.
  • Certificado de Vivienda Familiar: hogares con al menos un integrante que posea este documento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
  • Veteranos de Malvinas: hogares con un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Personas con discapacidad: hogares con al menos un integrante que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estos casos, la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera esa condición implica una necesidad de asistencia económica para pagar los servicios energéticos.

La ley no establece un límite de ingresos fijo en pesos, sino que lo vincula al valor de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, de acuerdo con las mediciones del INDEC.

La legislación también determina que la bonificación adicional estará limitada a los consumos base reconocidos por el régimen de subsidios.

Por otra parte, la Región Patagónica, Malargüe y la Puna conservarán un régimen específico. Para esas zonas continuarán los beneficios destinados a usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes, así como a determinados usuarios del Servicio General P.

El Poder Ejecutivo, por sí o mediante la autoridad de aplicación, tendrá la facultad de determinar las modalidades de esos beneficios.

Qué cambia en las facturas de gas y hasta cuándo estará vigente el régimen

La modificación introduce un cambio en las condiciones de acceso a los descuentos para los usuarios de las zonas comprendidas en la ampliación anterior.

La bonificación adicional dejará de depender únicamente de la ubicación geográfica y quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos del régimen focalizado.

Esto significa que los hogares que no reúnan las nuevas condiciones podrían dejar de recibir el descuento territorial anterior, aunque su situación frente a otros subsidios energéticos deberá evaluarse por separado.

Además, el nuevo beneficio se aplicará sobre los consumos base establecidos por el régimen, por lo que no necesariamente cubrirá la totalidad del gas utilizado en una casa.

Sin embargo, la Ley 27.828 no establece un porcentaje específico para la nueva bonificación adicional ni determina cuánto aumentarán las facturas de los usuarios que dejen de recibir el descuento anterior.

Tampoco precisa cuántos hogares podrán conservar el beneficio ni cuántos quedarán excluidos.

En cuanto al financiamiento, la normativa establece que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas se constituirá con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, con las excepciones previstas en la ley.

El Poder Ejecutivo podrá aumentar o disminuir el nivel de ese recargo hasta en un 50%, de acuerdo con las modalidades que considere pertinentes.

La reforma también incorpora disposiciones sobre el mercado eléctrico, las condiciones de contratación de gas, las fuentes renovables de energía y la actividad hidrocarburífera.

El Régimen de Zona Fría tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, según establece la Ley 27.828, que entró en vigor este martes con su publicación en el Boletín Oficial.

Fuente: TN

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Se profundiza la crisis en PAMI: arrancó el paro de médicos de cabecera y odontólogos

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Comenzó hoy el paro por 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI en todo el país. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que denuncia un fuerte deterioro de los honorarios y dificultades para afrontar los costos de funcionamiento de los consultorios.

“Los médicos de cabecera, la única forma que tienen de expresar su descontento, es parando su actividad, como cualquier otro asalariado. Y la gente es la que se perjudica, pero no tienen otra arma para hacer escuchar su reclamo”, expresó esta mañana en diálogo con Radio Altos el Dr. Esteban Costazos, quien aclaró que los médicos auditores no se suman a la huelga.

Indicó que el médico de cabecera cobra por cápita por paciente $2.100 mensuales, mientras que en el caso del odontólogo esa suma se ubica cerca de los $400.

“Eso es lo que para PAMI vale la cápita de un afiliado. O sea, un médico que tiene 500 pacientes anotados cobra un millón de pesos por mes. Es una locura. Y de los odontólogos ni hablemos”, aseveró sobre los bajos salarios.

En el caso de los auditores, aclaró que están analizando posibles medidas de fuerza y remarcó que desde que expuso la grave situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en todo el país, no hubo ningún cambio.

Si bien afirmó que el diálogo con las autoridades locales del PAMI es muy bueno, no tienen poder de decisión. “Soluciones no hubo ninguna porque tienen que venir de Capital”, remarcó.

Costazos advirtió que la situación actual de PAMI es “muy mala” y que la preocupación va en aumento porque “no hay vistas de que vaya a mejorar”.

Frente a las dificultades que encuentran las y los jubilados para obtener turno, una receta u orden médica y acceder a las prestaciones, describió que es muy frustrante para el médico, en su caso en el rol de auditor, no poder dar respuestas.

“Es muy frustrante no poder ayudar de la manera que uno sabe que se puede porque el instituto ya ha tenido la capacidad de tratar mejor a sus beneficiarios. Vuelvo a mi casa muy cansado, no por un cansancio físico sino mental. Es mucha la presión y mucha la frustración. Sería mejor que las condiciones laborales fueran mucho más agradables”, enfatizó.

Fuente: Frente al cano.

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