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Política Provincial

Kicillof suma dos tramos de aumento para los estatales bonaerenses: cómo quedan los acuerdos salariales

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Después de semanas de reclamos, tensiones y reuniones de monitoreo entre los gremios y el Ministerio de Trabajo de la provincia, esta mañana el Gobernador Axel Kicillof anuncia un aumento salarial para la variada composición de los trabajadores estatales bonaerenses.

El aumento salarial constará de la suma adicional de dos tramos de 10%, uno en mayo y otro en diciembre, de forma que todos los sectores de estatales bonaerenses, de momento, puedan cerrar la paritaria 2022 en torno al 60%, algún punto por encima de la inflación proyectada.

En un gesto que intenta demostrar gestiones para palear la pérdida de poder adquisitivo, el anuncio del aumento salarial esta a cargo del propio Kicillof que lo anuncia en la Casa de Gobierno frente a los representantes gremiales de todos los sectores de los estatales bonaerenses.

La aceleración en la inflación, que registró un acumulado del 16.1% y un record de 6.7% en marzo, y el consecuente deterioro del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses, hizo que los acuerdos queden atrasadados y en menos de 30 días tenga que aplicarse la “cláusula de moniotoreo”.

En ese contexto, Kicillof viene de implementar algunas políticas en la contra la inflación, reconocer que el sueldo con los aumentos de los precios de los alimentos empezaba a no alcanzar y prometer que va a “fortalecer todas las medidas de cuidado del bolsillo y de mejora de los ingresos”.

Semanas atrás, los gremios que representan a los estatales bonaerenses, docentes, judiciales y médicos exigieron la reapertura de las paritarias para analizar, un adelantamiento de los tramos o una suma extra que llegue de inmediato a los bolsillos de los trabajadores.

Lo cierto, es que las “mesas de monitoreo” entre los gremios y el Ministerio de Trabajo sirvieron para analizar las situaciones de cada sector, pero no se hizo ninguna oferta por parte del Gobierno. Por eso hoy sorprende la determinación del aumento salarial para los estatales bonaerenses.

Estatales bonaerenses: cómo son los nuevos aumentos

El nuevo aumento salarial implica para todos los sectores de los estatales bonaerenses una suba del 20%, dividida en dos tramos de 10% cada uno. El primero en mayo que se cobra con el sueldo de junio, y el otro en diciembre que se cobra con el sueldo de enero 2023.

Vale aclarar, que estos incrementos en los sueldos de los estatales bonaerenses para 2022 no son definitivos, sino que la cláusula de monitoreoo de la inflación sigue vigente, y ante otro salto del índice de precios, los gremios y el Ministerio de Trabajo volverán a reunirse para rever la situación.

Paritaria 2022 de los estatales bonaerenses: trabajadores de la Ley 10.430

Los estatales bonaerenses agrupados en la Ley 10.430 cerraron en principio con el Gobierno de Kicillof incremento del 40% en tres tramos:

16% desde el 1 de marzo
10% más desde los inicios de julio a cobrar en agosto
14% en septiembre a cobrar en octubre
Ahora se suma 10% en mayo (a cobrar en junio) y 10% en diciembre (a cobrar en enero 2023)

Paritaria 2022 de los estatales bonaerenses: docentes bonaerenses

Los docentes bonaerenses cerraron la paritaria 2022 en febrero con uno de los porcentajes más altos en provincia, cercano al 42% en tres tramos:

17% desde marzo
11% más desde los inicios de julio a cobrar en agosto
13.8% en septiembre a cobrar en octubre
Ahora se suma 10% en mayo (a cobrar en junio) y 10% en diciembre (a cobrar en enero 2023).
Paritaria 2022 de los estatales bonaerenses: judiciales bonaerenses
Los judiciales bonaerenses fueron de los últimos en cerrar la paritaria 2022 en marzo, pero lograron un aumento similar al de los docentes, un 42% en tres tramos:

17.5% desde marzo
10% más desde los inicios de julio a cobrar en agosto
14.5% en septiembre a cobrar en octubre
Ahora se suma 10% en mayo (a cobrar en junio) y 10% en diciembre (a cobrar en enero 2023).

Paritaria 2022 de los estatales bonaerenses: médicos bonaerenses

La paritaria de la provincia más alta fue para los médicos bonaerenses, quienes se mantienen desde el inicio de la pandemia en pie de lucha por el reconocimiento de sus tareas y aumentos salariales acorde.

En los primeros días de abril, los médicos bonaerenses acordaron con el Gobierno de Kicillof un aumento del 44.5% en tres tramos:

17.4% desde marzo
11.4% más desde los inicios de julio a cobrar en agosto
15.7% en septiembre a cobrar en octubre
Ahora se suma 10% en mayo (a cobrar en junio) y 10% en diciembre (a cobrar en enero 2023).

Fuente: Diputados Bonaerenses.

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AySA: el Gobierno adjudicó las acciones y la Provincia se prepara para impugnar

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El Gobierno adjudicó la venta del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa que presta servicios de agua y cloacas en el AMBA, por US$340,2 millones al grupo que había hecho la mayor oferta durante el proceso de licitación. Si bien el 13 de noviembre debe formalizarse el traspaso, la Provincia se prepara para impugnar el proceso.

La decisión fue oficializada este jueves con la resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. En ella, la cartera que lidera Luis Caputo aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación y adjudicó la venta al consorcio por orden de mérito. Además, instruyó a la Tesorería General de la Nación a notificar al adjudicatario la cuenta para la transferencia del valor ofrecido por el 90% de las acciones.

El grupo que se hará cargo de Aysa es el integrado por Rowing; Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor. El contrato de compraventa de acciones se firmará el 13 de noviembre de 2026, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

El paquete accionario de AySA adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, representativas del 90% del capital social y votos de la empresa, con un valor nominal de $1000 cada una. De esta manera, la privatización avanza hacia su etapa final, con la firma del contrato prevista para el 13 de noviembre de 2026 y la transferencia del control accionario al consorcio adjudicatario.

Privatización de AySA

Más allá de esta resolución, la privatización enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso. Las acciones judiciales impulsadas a través de la Defensoría del Pueblo, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

En este contexto, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodisadvirtió que la privatización condena a millones de argentinos a seguir sin agua potable ni cloacas y aseguró que buscarán impugnar el traspaso. En el AMBA, el 24,5% de los habitantes (3,7 millones) no tiene acceso a agua de red y el 36,4% (5,5 millones) no cuenta con cloacas.

“En el mundo todos los Estados modernos administran de forma pública este recurso estratégico. En la Argentina teníamos una empresa superavitaria y con sus cuentas equilibradas, pero no hay mejor idea que rematarla. La ganancia de los nuevos prestatarios y los tarifazos aplicados no garantizan ninguna obra de expansión, ni un solo metro de agua y cloaca”.

Y ahondó: “El 26 de octubre vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras. Nunca nadie dañó tanto a la Provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei.”.

En estos tres años, AySA aumentó la tarifa, recaudó mucho más, pero paralizó todas las obras, explicó el funcionario. En este sentido, dijo que las tarifas aumentaron 555% en valores nominales y la recaudación por cobro de tarifas creció 135% en términos reales, pero la inversión en obras cayó 75% en términos reales.

Fuente: Agencia DIB

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Aprobaron la Ley Ema contra el acoso digital en los colegios y prohibieron celulares en los secundarios

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La Ley Ema surgió a raíz del trágico caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que se suicidó en agosto de 2024 tras sufrir la viralización y difusión no consentida de un video íntimo en su entorno escolar. Su madre, Laura Sánchez, transformó el dolor en una propuesta para que no se repitan casos similares y así surgió primero una Guia Ema y luego el proyecto de ley, trabajado junto a diversos colectivos y especialistas.

En la Legislatura, el articulado fue presentado por la diputada Mayra Mendoza, quien hoy, tras la sanción, dijo que todo es “fruto del trabajo de Laura, la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Agregó que “a partir de ahora y siempre, llevaremos todas el nombre de Ema como bandera para que ninguna otra piba tenga que pasar por lo mismo” y destacó que “desde hoy, contamos con una herramienta para que nuestras juventudes se formen en entornos digitales”.
La “Ley Ema” privilegia un enfoque preventivo de la problemática al incorporar a las bases educativas el concepto de ciudadanía digital segura, centro a partir del cual se disponen una serie de acciones concretas para combatir el acoso. Entre ellos figuran la inclusión en la currícula de contenidos transversales obligatorios sobre el consentimiento, la privacidad, el uso crítico de la tecnología y los derechos digitales.

También se establece la capacitación docente obligatoria en esta materia y la actualización de protocolos de actuación ante la aparición de casos concretos en las escuelas. Además, amplía el concepto de violencia, que ahora incluye la difusión no consentida de material íntimo (sextorsión o pornovenganza), el ciberbullying, el hostigamiento, y los discursos de odio misóginos en entornos virtuales, entre otras novedades.

La nueva norma se aprueba en medio de la repetición de nuevos casos videos realizados con inteligencia artificial en el que aparecen imagenes manipuladas de alumnas de colegios, realizados por sus compañeros de cursadas.

La regulación de las pantallas

En tanto, también se hizo ley un proyecto para regular el uso de las pantallas en los colegios secundarios, que fue presentado por el diputado Martín Rozas. Dispone que los alumnos pueden llevar sus teléfonos a la escuela, pero no pueden utilizarlos durante las horas de cursada. La idea es definir un “uso responsable” que contemple la no utilización de estos dispositivos en la jornada educativa.

La norma tiene excepciones pedagógicas y de salud: El uso de pantallas solo se permite cuando exista una finalidad pedagógica expresa y autorizada por el docente, o bien por cuestiones de salud específicas del estudiante.

Articulación con la primaria: con esta sanción se incorpora el nivel secundario a la Ley provincial N° 15.534. Esta normativa ya regulaba y limitaba el uso de dispositivos en el nivel primario -presentada por el senador Emmanuel González Santalla-, y unifica así los criterios para ambos niveles.

Fuente: Agencia DIB.

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Carlos Bianco exigió mantener las PASO y dijo que eliminarlas es “un delito”

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Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno nacional podrá avanzar en el Congreso con una reforma electoral que contemple la eliminación o suspensión de las PASO, desde la administración de Axel Kicillof exigieron mantenerlas y calificaron de “ilegal” querer avanzar con cambios a menos de un año de las elecciones.

En pleno debate sobre las intenciones de la gestión libertaria de eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que ese cambio de reglas es “un delito” y que en el fondo lo que busca es evitar que la oposición se organice para disputarle la presidencia a Milei.

“Quieren evitar que la oposición se organice para que Milei sea reelecto”, sostuvo en conferencia de prensa Bianco, quien denunció que desde el Gobierno nacional lo han dicho de “manera descarada” que quieren voltear las PASO para que la oposición no se pueda organizar.

En este contexto, destacó que una reforma concebida para facilitar el triunfo de una fuerza política no tiene justificación institucional. “Eso está mal, es ilegal, es un delito. Manipular el sistema electoral para que reelija o gane una determinada fuerza política. Si modificás el sistema electoral tiene que ver con que sea más transparente, más económico, más eficaz”, agregó. Y destacó, como una forma de mensaje interno, que hay un compromiso de gobernadores peronistas de no modificar el sistema actual.

Las PASO y la Boleta Única Papel

Bianco vinculó la iniciativa con otros cambios promovidos durante la gestión libertaria, entre ellos la implementación de la Boleta Única Papel y los proyectos sobre el funcionamiento de los partidos políticos. “No se puede modificar el sistema solo para ganar una elección”, dijo.

En ese sentido, afirmó que el sistema electoral argentino no presentaba un reclamo que exigiera una reforma de esta magnitud y defendió la experiencia de las elecciones bonaerenses del año pasado. Según sus datos, en esos comicios se emitieron más de 8,6 millones de votos y se registraron 11 infracciones a la legislación electoral.

También cuestionó el argumento económico utilizado por el oficialismo para avanzar con cambios en el mecanismo de votación. Dijo que la organización de la elección bonaerense tuvo un costo de $85.000 millones y aseguró que la proyección de una votación nacional con Boleta Única Papel duplicaría ese monto para el distrito.

Fuente: Agencia DIB

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