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La CGT adelantó una reunión para debatir un paro general de 24 horas contra la reforma laboral

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Luego del triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de debatir una propuesta que está creciendo: un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados comience a tratar el proyecto de Javier Milei.

El encuentro se hará a las 16, de manera virtual (hay dirigentes que aprovecharon el fin de semana largo y están lejos de Capital), y su realización se precipitó por la decisión del triunvirato de la CGT de hacer una protesta más dura contra la reforma laboral: hay consenso interno en que no alcanza con salir nuevamente a la calle.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para el miércoles próximo y proponer allí un paro general, pero en las últimas horas decidieron adelantar la reunión ante la posibilidad de que Diputados sesione el jueves 19.

“El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”, señaló a Infobae el jefe de un sindicato de peso. Esta versión, sin embargo, fue desmentida por allegados al triunvirato cegetista: “Sus 3 integrantes tienen decidido el paro y se anticipó la reunión de Consejo Directivo porque la sesión en la Cámara de Diputados se puede adelantar también”.

El sector dialoguista de la CGT, que predomina en la conducción, preveía una estrategia más moderada, con eje en los contactos con diversos bloques parlamentarios e incluso con sus interlocutores en el Gobierno para tratar de introducir nuevos cambios en el proyecto, aun sabiendo que Milei quiere acelerar los tiempos legislativos para que la ley sea sancionada cuanto antes.

El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a Capital de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19, pero hasta anoche lo más probable es que pasara al miércoles 25.

Aunque el ánimo de los líderes cegetistas oscila entre la resignación y el pesimismo, hay cierta expectativa en que la resistencia que surgió entre algunos aliados del oficialismo a votar cambios de último momento en el texto (como el referido a accidentes de trabajo o al cobro de los sueldos mediante las billeteras digitales) pueda obligar a que la reforma laboral no se apruebe en la Cámara de Diputados y tenga que volver al Senado.

“El Gobierno fue desprolijo al incluir artículos que no fueron consensuados y ahora vamos a trabajar para que el proyecto tenga más modificaciones quede trabado en el Congreso”, admitió a Infobae un directivo cegetista, con la mente puesta en insistir ante sus mejores interlocutores libertarios para corregir puntos de la iniciativa que “lesionan los derechos de los trabajadores”.

En la CGT creen que fue importante haber logrado dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, que les permitirán sostener el financiamiento de “la caja sindical” y del sistema de salud de los gremios, pero irá por más.

Los sindicalistas ponen en la mira los cambios vinculados con el derecho individual, como las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones, pero también otros referidos al derecho colectivo, como la estricta regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales y la limitación a las asambleas sindicales.

En un documento interno, la CGT advirtió que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”.

Tras calificar la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”, se detalla una serie de argumentos que seguramente serán el núcleo central de la impugnación judicial que preparan los abogados de la CGT:

“Tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo”.

“Existen principios de jerarquía constitucional como el de progresividad y no regresión que buscan que la legislación del trabajo avance mejorando las condiciones y la tutela de los trabajadores”.

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó claramente que toda reforma laboral debe ser tripartita”.

“Por todo eso creemos posible que la justicia la declare inconstitucional. Este proyecto generará mas litigiosidad”.

Algunos dirigentes de la CGT apuestan a que diputados del PRO y de partidos provinciales se rebelen contra la Casa Rosada e impulsen modificaciones en el texto aprobado en el Senado: en el partido de Mauricio Macri están disconformes porque se impide que los trabajadores perciban sus salarios a través de billeteras digitales.

Pero, sobre todo, crece el malestar en distintos bloques legislativos por un cambio de último momento que votaron los senadores y que reduce los montos para pagar los salarios en caso de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.

Aunque ese polémico artículo estuvo por debajo del radar político, quien lo puso en un primer plano fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien al día siguiente de la sanción del Senado explicó por radio: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó.

“La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas -resaltó-porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”.

Sobre este punto, el informe de la CGT sostiene: “Agrava la situación del trabajador que se enferma o se accidenta por motivo ajeno al trabajo al obligarle a transitar la enfermedad con una importante baja salarial (50% si la enfermedad o accidente es consecuencia de actividad voluntaria y consciente, y 75% si no es consecuencia de actividad voluntaria y consciente). Con ello afecta el bolsillo del trabajador en momentos que tiene gastos adicionales derivados de su condición medica”.

Con este tipo de argumentos, la CGT tenía previsto mantener contactos con distintos bloques parlamentarios para advertirles sobre los riesgos de aprobar el proyecto tal como vino del Senado.

Aunque la mayoría de la cúpula cegetista desestimaba un paro general, las presiones del ala dura sindical para profundizar las protestas con huelgas y marchas obligaron a revisar la estrategia y apuntar a una huelga de 24 horas cuando el proyecto se trate en Diputados.

La misma estrategia moderada se aplicó antes del debate de la reforma laboral en el Senado ya que la conducción cegetista defendió la propuesta de movilizarse al Congreso el miércoles pasado, sin paro alguno, mientras que los sindicatos del transporte plantearon un cese de actividades de 12 horas y La Fraternidad, de 48 horas.

Ahora, tras los graves incidentes con piedras y bombas molotov, hay dirigentes que no quieren llamar a otra marcha similar para que la CGT no quede asociada con la violencia, aunque podrían aceptar un paro para expresar de manera contundente su rechazo al proyecto.

Pero hay un sector combativo que ya tomó la iniciativa y se anticipó a la CGT: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) anunció un paro con movilización al Congreso cuando la reforma laboral se debata en Diputados.

Se trata del polo sindical ultraopositor que integran la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, entre otros, cuyo endurecimiento incomoda a la CGT. Algunos dirigentes cegetistas creen que las amenazas del aceitero Daniel Yofra llamando a “prender fuego el país” o las provocaciones del estatal Rodolfo Aguiar, quien pidió “construir un clima de mayor hostilidad para los diputados” contribuyen a generar un escenario propicio para la violencia callejera.

Este frente radicalizado podría tener aliados como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y que también integra el ala dura sindical, donde proponen no hacer una medida aislada sino un plan de lucha con paros progresivos y por sectores para que la protesta tenga más impacto.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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