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“Lo antes posible”: la oportunidad que quiere aprovechar el Gobierno antes del 2027 y el pulso electoral que impacta en la Mesa Política

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Transcurría el mes de julio de 2025. La Casa Rosada se encontraba asediada en el Congreso por la falta de números en ambas cámaras para sostener los vetos que Javier Milei tenía previsto firmar ante los proyectos que la oposición presentaba. Por esos días, el Presidente lanzó un mensaje cuasi profético en una entrevista radial: “Aun en el peor de los mundos el efecto es transitorio y el 11 de diciembre los revierto. Por lo menos vamos a sacar 40 puntos en las elecciones”.

El contraste con la semana que acaba de pasar resulta abrumador. Con la media sanción de la reforma laboral y de la baja en la edad de imputabilidad, el Gobierno dio un golpe de autoridad que se hizo sentir en toda la oposición.

Para este caso, no importa tanto la legitimidad que tenían ambas iniciativas en el electorado. Los niveles de adhesión no han variado sustancialmente respecto al año pasado, cuando el Gobierno no podía siquiera aspirar a tener éxito legislativo en este tipo de cuestiones.

Sí fue relevante que el oficialismo aumentó su masa de legisladores. El armado nacional se lanzó al vacío el año pasado al relegar las alianzas y elegir pureza en la confección de las listas. Los resultados acompañaron y eso permite ahora que los líderes de los bloques no deban preocuparse por las disidencias internas, como ocurrió al comienzo de la gestión. “Antes se nos querían oponer los propios. Ahora tenés más del doble de personas y, aunque no sean unas luces, no se nos oponen. Los esfuerzos están orientados a hablar con los opositores”, explica un integrante del oficialismo.

El Gobierno también logró mayor coordinación política. La victoria de octubre empoderó a Karina Milei, lo que habilitó que en la mesa de negociación participaran otras personas y que cada uno tuviera el control de su área: Patricia Bullrich como encargada de la política en el Senado, Martín Menem con su esfera de poder en Diputados, Manuel Adorni como hombre del Ejecutivo y Santiago Caputo posicionándose para la estrategia política general. Se potenció a Eduardo “Lule” Menem como operador oficialista, así como a Diego Santilli con las provincias.

Así, la ganadora de la semana fue la Mesa Política. No fue casual que Karina Milei planificara que varios de sus integrantes estuviesen presentes en el palco del Senado para la foto de la media sanción de la reforma. En un principio se esperaba que solo fuera con Adorni, pero terminaron asistiendo casi todos, incluso el jefe de bloque en Diputados, Gabriel Bornoroni, en quien Menem confía cada vez más para negociar con la oposición.

Esa foto, en la que estaban prácticamente todos, fue la que el Gobierno difundió como postal de victoria de la media sanción de la Modernización Laboral. A la mañana siguiente, Bullrich publicó un video musicalizado con Vogue, de Madonna, que mostraba su actuación protagónica en las negociaciones del Senado. En algunos despachos consideraron que esa acción comunicativa opacó la tarea del resto de la mesa política.

“Me parece que la gente tiene que ver que el Gobierno está logrando todas estas cosas porque hay un equipo que funciona. En el pasado no funcionó esto de adjudicarse ser los responsables de los éxitos”, explicó un miembro de la mesa chica.

Bullrich ya había hecho algo parecido cuando LLA consiguió la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado. La cantidad de interacciones de funcionarios y dirigentes oficiales fue mayor en ese entonces. El único que compartió esa publicación tanto en diciembre como ahora fue el presidente Javier Milei, un experto en equilibrar posiciones entre los miembros de su equipo.

¿Por qué hay una mirada cada vez más celosa sobre los movimientos de la ex ministra? Nadie busca explicitar los motivos, pero lo único concreto es que la dirigente es la persona que mejor mide a nivel nacional junto al Presidente. En rigor, fue el mismo Gobierno que le pidió la candidatura a senadora, la colocó como jefa de bloque y, además, le mantuvo el Ministerio de Seguridad a través de su segunda, Alejandra Monteoliva. Es por eso que otros miembros del Gabinete buscan bajar las segundas lecturas y desdramatizar esto.

Esto no quita que, aunque no lo reconozcan en público, muchos miren las candidaturas del próximo año. Falta mucho para eso. Solo los hermanos Milei saben si ya existe una fórmula definida para 2027. Tanto Bullrich como Adorni son figuras mencionadas para secundar al Presidente en la boleta, pero ambos prefieren la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Si ninguno de los dos cede, nos prepararemos para competir en internas”, advierten en uno de los dos campamentos.

Si hay o no depende de que lo proponga Jorge Macri, que tiene un panorama complicado para el año próximo pero que mantiene las esperanzas con las mejoras que le llegaron en encuestas cualitativas en las últimas semanas.

La Libertad Avanza considera que tiene grandes chances de quedarse con la conducción de Uspallata. Con ese escenario, existen fuertes incentivos para postularse como candidato en el distrito. El jefe de Gabinete y la senadora nacional tienen motivos igualmente válidos para creerse merecedores de esa candidatura. La hermana presidencial se inclinaría por el ex vocero. Tampoco le convencería Bullrich como compañera de fórmula de su hermano.

Son asuntos sin respuesta en el corto plazo. Mientras tanto, Milei busca hablar ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo con la reforma laboral sancionada. ¿Podrá? En la mesa política comenzó a crecer la preocupación por el impacto mediático de los cambios en las licencias por enfermedad.

Tampoco ayudó que Federico Sturzenegger ejemplificara que, si una persona se lesiona jugando al fútbol, cobrará la mitad de su sueldo. “Más de la mitad del país tiene dificultades para llegar a fin de mes. En el año del Mundial, le acabamos de decir a esa gente que si juega y se lesiona le va a costar aún más”, opinó un comunicador libertario. Otros consideran injusta la acusación contra Sturzenegger, ya que fue el propio Gobierno el que habilitó que ese apartado avanzara.

Con el tema instalado en la agenda, bloques dialoguistas como el PRO, Provincias Unidas o la UCR piden modificaciones claras en el proyecto para evitar el costo político de votar un articulado así. “Así como está, no lo vamos a apoyar”, afirma un diputado de estas bancadas. En los próximos días se verá si estas advertencias tienen correlato en la realidad o si votarán en igual sentido que sus colegas del Senado.

Altas fuentes del oficialismo advirtieron a Infobae que el proyecto no se va a modificar ni un milímetro. Incluso defienden la normativa con ejemplos controvertidos: “Si tenés cáncer, te pagan el 75%. No me parece incorrecto. Estás en tu casa, no tenés que ir a la oficina y no pagas combustible. Es prácticamente lo mismo”.

Esta intransigencia tiene algunas excepciones. El Gobierno habría encontrado su contrapropuesta. En la oposición reconocen que fueron contactados por emisarios del oficialismo y se les solicitó que no implementen ningún cambio en el recinto a cambio de hacer aclaraciones y excepciones en la reglamentación del proyecto. Algunos consideran válida esta idea, pero otros no quieren firmar un cheque en blanco sin saber exactamente qué puede ceder el Poder Ejecutivo.

En la Casa Rosada quieren cerrar cuanto antes el capítulo de las negociaciones por la reforma laboral. Las tratativas fueron arduas y la ventana de oportunidad para seguir implementando medidas transformadoras no permanecerá abierta mucho tiempo más.

“El Gobierno está logrando triunfos legislativos importantes, al menos en la media sanción. Aún tiene pendiente consolidarlos en la sanción definitiva. Pero la perspectiva es favorable. Así como cuando empezas a perder las derrotas se encadenan, cuando ganás se genera un circuito virtuoso. Nos veo fortalecidos. Pero eso es incipiente, para consolidarlo tenemos que cerrar las sanciones definitivas”, opina un importante estratega oficialista.

En la Mesa Política consideran que a la presidencia de Milei le quedan solo unos meses más para impulsar iniciativas en el Congreso. Estiman que en el segundo semestre la relación con los bloques dialoguistas y con los gobernadores “se va a complicar por la coyuntura” y porque varios de los que hoy acompañan buscarán competir. “Por eso todo lo más relevante hay que hacerlo lo antes posible”, afirman.

En ese contexto, el Ejecutivo comenzó a diseñar una reforma electoral, un adelanto que Infobae publicó el viernes. Los efectos de esta iniciativa son varios. Visto que la suspensión de las PASO tuvo adhesión social, el Gobierno apunta a eliminar definitivamente esta instancia. Como efecto colateral, dificultará que la oposición se organice en una opción integrada contra el oficialismo y, además, demorará la ansiedad electoral que suele caracterizar esos meses y que tensiona el mercado financiero. La inclusión de la opción de voto a la lista completa en la Boleta Única Papel (BUP) y las modificaciones en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos también están en la agenda de los estrategas libertarios.

Una de las dudas para las próximas semanas es qué ocurrirá con las candidaturas de jueces federales. La cantidad de votos obtenidos en la reforma laboral mostró que la Casa Rosada ya no depende del kirchnerismo para impulsar ternas judiciales. Basta con acordar con el PRO, el radicalismo y algunos gobernadores. El sector ligado a Santiago Caputo está listo para enviar 153 pliegos a partir de marzo, aunque otros sectores del oficialismo piden que intervengan los hermanos Milei para demorar ese proceso: todo depende de lo que ocurra con la conducción del Ministerio de Justicia.

Todavía no se conocen ofertas públicas a dirigentes o judiciales para comandar esa cartera. Llaman la atención los movimientos de quienes ponderan la figura del senador bonaerense Guillermo Montenegro, que hace dos semanas visitó la Casa Rosada y pasó por el Salón Martín Fierro, donde se encuentra el despacho de Santiago Caputo. Además de ser un dirigente que se alineó al oficialismo en el último tiempo, el ex intendente de General Pueyrredón es un referente de los pasillos tribunalicios y mantiene una relación muy estrecha con el juez federal Ariel Lijo, quien subroga el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py, donde reside la causa ANDIS.

Otros integrantes del oficialismo aseguran que no está en consideración para asumir la función pública. Lo cierto es que, por la extremísima sensibilidad del caso, es un asunto que no lo decidirán otras personas más que los hermanos Milei.

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La justicia habilitó el cierre definitivo del plan “Volver al Trabajo”, que beneficiaba a 900.000 personas

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La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación –$78.000 mensuales por beneficiario– estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

Fuente: Agencia DIB.

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Guiño del procurador para prohibir el cobro de tasas municipales en boletas de luz y gas

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La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor” y que no podrán contener “sumas o conceptos ajenos” a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

La resolución del Procurador sobre las tasas

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas “no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de “recomendación” hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional.

Fuente: Agencia DIB

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Prórroga de las concesiones: la discusión en el Concejo pasa por el plazo

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El presidente de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, afirmó que los sorprendió el ingreso la semana pasada del expediente en el que el Ejecutivo solicita la prórroga de las concesiones del transporte público de pasajeros.

“Nos encontramos con un expediente que vino de un momento a otro con el pedido de prórroga de una concesión ya vencida, ya caída, porque tenía plazo hasta el 1° de julio”, planteó en primer término esta mañana en diálogo con Radio Altos.

Desde una mirada política, el edil de Alianza La Libertad Avanza tildó de nuevo fracaso la necesidad de la gestión de Federico Susbielles de pedir una prórroga de las actuales concesiones debido a que aún no concluyó con el diseño de los pliegos de la nueva licitación del servicio.

“De aquellas famosas 500 páginas en las que se ofrecía una gestión de gobierno (presentado por el entonces candidato a intendente Federico Susbielles durante la campaña electoral de 2023), uno de los pilares era un moderno cambio en el sistema de transporte público que incluía no solo modificaciones en los recorridos, sino un anillo en la periferia y el macrocentro, un transporte multimodal, con tren urbano y demás, y todo eso finaliza con un pedido de un nuevo año de prórroga”, cuestionó.

Expuso que dentro de un año tanto oficialismo como oposición estarán en campaña electoral y no será momento para discutir un tema “de tamaña importancia para la ciudad”.

Más allá de la mirada política, Compagnoni enfatizó que el sistema de transporte público de pasajeros debe ser tratado con seriedad y prudencia y por eso como presidente de la comisión de Tránsito y Transporte se comunicó con integrantes de todos los bloques para darle tratamiento al expediente.

Según señaló, todos los sectores se mostraron predispuestos a tratar la prórroga, aunque no hay unanimidad en cuanto a los plazos. “Hay inclusive declaraciones públicas del intendente diciendo que prácticamente tienen todo listo, si es así, pedir un año de prórroga es demasiado”, remarcó.

El edil libertario entendió que el debate se centrará en ese punto: cuánto tiempo se extenderá la prórroga de los actuales contratos.

El expediente podría estar en la próxima sesión, el jueves 23 de julio, aunque recalcó que “la última palabra la tiene el oficialismo, que es quien decide cuándo bajará el expediente al recinto”.

Fuente: Frente al cano.

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