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La CGT afronta un 2026 de alto riesgo por la reforma laboral: qué artículos buscará modificar del proyecto oficial

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Para la CGT, 2025 fue un año complicado, en el que estrenó una nueva conducción, pero se enfrentó al viejo dilema de qué hacer ante un gobierno de signo político adverso que volvió a ganar las elecciones y que, para colmo, avanza otra vez con una reforma laboral.

¿Podrá salir airosa en 2026 de semejante desafío esta flamante conducción cegetista? Hay un predominio de dirigentes con vocación de diálogo, pero el desafío que afronta la central obrera en el nuevo año será de alto riesgo y marcará a fuego su gestión, tanto si logra frenar el proyecto oficial como si fracasa en el intento.

Los líderes cegetistas aún confían en que el sector político del Gobierno logre que se reabran las negociaciones para introducir modificaciones en el proyecto, que ya tiene dictamen en el Senado y que se comenzará a debatir a partir del 10 de febrero.

La versión final de la reforma laboral, a la que se llegó luego de fuertes tironeos internos en la Casa Rosada, incluyó algunas concesiones a la CGT, pero no tantas como esperaban los sindicalistas. Por eso, aun en medio de la expectativa de que haya cambios, la cúpula cegetista intentó descomprimir las tensiones con una movilización a la Plaza de Mayo, que no fue tan masiva como se esperaba, y amaga con un nuevo paro general.

El escenario quedó congelado hasta mediados de enero, cuando, según se estima, las dos partes retomarán sus contactos con los gobernadores y bloques legislativos para influir en el tratamiento de la reforma laboral: el Gobierno confía en que, como sucedió con la sanción del Presupuesto 2026, tendrá los votos suficientes para convertir en ley los cambios laborales, mientras que la central obrera reforzará su presión para tratar de modificar el proyecto o frustrar el debate legislativo.

Los puntos centrales que quiere cambiar la CGT en la reforma laboral del Gobierno son los siguientes:

1) Modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación, con la idea de que quede lo más parecido posible a la ley vigente, donde se incluye también a las cuotas solidarias, ahora excluidas expresamente del proyecto que está en el Senado.

2) Liberar las cuotas solidarias. Si bien el artículo que jaqueaba esos aportes se eliminó por pedido de la CGT, quedó otro que condiciona su pago; es el mencionado anteriormente, ya que se quitó la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de “otros aportes” y, además, hay otro artículo que limita la ultraactividad de los convenios y obliga a los gremios a pactar año tras año las cuotas solidarias, clave para el financiamiento del poder sindical. El proyecto de reforma laboral, además, le pone un tope del 20% a las retenciones que pueden hacerse a los salarios, algo que también afecta la cuota sindical y la solidaria. A su vez, expresa que la cuota solidaria sólo podría ser retenida en caso de ser pactada por convenio colectivo de empresa y contar con el consentimiento explícito del trabajador.

3) Suavizar lo máximo posible la reglamentación del derecho de huelga. Funcionarios dialoguistas propusieron quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga (75% y 50%), pero el ala dura, con Federico Sturzenegger a la cabeza, se resiste a cualquier variante. Como sea, la CGT cree que ese artículo es el primero que podría ser impugnado por la Justicia porque ya está judicializado: también formaba parte del DNU 70 y del decreto 340, normas que se frenaron por sendos fallos de la justicia laboral.

4) Uno de los puntos más urticantes del proyecto oficial es el de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones, y a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, sin aumentar su costo laboral pero desfinanciando las jubilaciones y trasladando el costo al Estado. Se calcula que el sistema jubilatorio tendrá una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales. Ahora, el Ministerio de Economía volvió a analizar el tema para que ese artículo de la reforma laboral no tenga, como se prevé, un destino de amplio rechazo legislativo.

5) La CGT ya había logrado que se eliminara de la última versión del proyecto un artículo que reducía a la mitad la cantidad de delegados sindicales por empresa, pero ahora quiere modificar otros que fijan un máximo de 10 horas al mes con goce de sueldo para las tareas gremiales de los delegados y que les ponen límites a los representantes amparados por la tutela sindical. De la misma forma, apunta contra el artículo que obliga a que se pida autorización previa a los empleadores para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas.

6) Aunque la CGT consiguió que en la versión final de la reforma laboral los sindicatos con personería sean los que tendrán que refrendar los convenios por empresa (y no las comisiones internas), el proyecto fija la prelación de esos convenios “menores” por encima de los pactados por actividad e incluso incentiva la creación de sindicatos por empresa. Dos puntos que la central obrera buscará atenuar para que en la negociación colectiva siga predominando el tradicional unicato sindical.

7) Otra obsesión de la CGT es eliminar el artículo 161 de la reforma laboral, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Para la dirigencia cegetista, como anticipó Infobae, “esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”. Así como está, advirtió, “es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para los trabajadores”.

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UNS: últimos días para la inscripción a becas 2026

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La Universidad Nacional del Sur informa que las inscripciones para las cuatro opciones de becas que presenta la casa de altos estudios estará disponible hasta el venidero 28 de febrero.

La institución otorga diferentes tipos de subsidios y becas para quienes acrediten situación socioeconómica comprometida y tengan intención de estudiar en la universidad:

  • Económica: consiste en una ayuda mensual depositada en la cuenta del estudiante.
  • Residencia Estudiantil: asignación de plazas en departamentos equipados para estudiantes cuya localidad de origen se encuentre a más de 40 km de Bahía Blanca.
  • Comedor Universitario: acceso gratuito a almuerzo y cena de lunes a viernes.
  • Transporte: equivalente a dos pasajes diarios de colectivo para quienes vivan en Bahía Blanca a más de 2 km de la universidad (aplicable solo a estudiantes residentes en el partido de Coronel Rosales). En los demás casos, se puede gestionar el boleto estudiantil gratuito a través del sistema Guaraní.
  • Bicicleta: alternativa sustentable y ecológica al subsidio de transporte, otorgada por única vez.

Para más información se encuentra disponible el folleto informativo que puede descargarse aquí. Las consultas pueden realizarse por correo electrónico a info.bienestar@uns.edu.ar o por WhatsApp al 291-5079460.

Fuente: La Nueva.

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¿Comienzan las clases en Bahía Blanca? Los gremios impulsan un paro el próximo lunes

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El inicio del ciclo lectivo 2026 en la ciudad no será normal: el lunes 2 de marzo no habrá clases en distintos establecimientos educativos, tanto públicos como privados.

En el caso de las escuelas públicas, SUTEBA adhiere al paro nacional definido por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). Desde esa central informaron que la decisión fue adoptada en su Congreso Ordinario y Extraordinario, con participación de representantes de todo el país, donde se analizó el escenario político y la situación salarial del sector.

Los principales reclamos son:

• Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente.

• Aumento salarial que supere la inflación y permita recomponer el poder adquisitivo.

• Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de los fondos nacionales destinados a educación.

• Incremento del presupuesto educativo y sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

• Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

• Mejores condiciones de trabajo: infraestructura, conectividad y recursos pedagógicos.

• Estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

• Solidaridad con los docentes de AMP La Rioja y otros conflictos sindicales.

Además del paro, CTERA anunció un plan de acción que incluirá caravanas, instalación de carpas y movilizaciones, junto con actividades informativas durante marzo.

Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) convocó a un paro, en coincidencia con lo resuelto por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

Los reclamos incluyen:

• Convocatoria a la paritaria nacional docente.

• Urgente recomposición salarial.

• Mayor inversión en educación.

• Respeto de los derechos laborales.

• Rechazo al tratamiento de la ley de reforma laboral, al considerar que coloca a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad.

Desde el sindicato señalaron que el 2 de marzo se sumarán a la jornada de protesta para reclamar al gobierno nacional condiciones dignas de trabajo que, sostienen, son indispensables para garantizar el derecho a la educación.

Los judiciales evalúan medidas de fuerza

Las asambleas departamentales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificaron el rechazo a la propuesta salarial presentada la semana pasada por el Gobierno provincial y dejaron abierta la posibilidad de convocar a un paro en los próximos días.

La última oferta, formulada el viernes en el marco de la mesa paritaria, consistió en un aumento del 3 % para febrero. Desde el gremio consideraron que la propuesta resulta insuficiente frente a la inflación proyectada para 2026 y no permite recuperar el poder adquisitivo perdido durante 2025.

La eventual medida de fuerza podría definirse para la próxima semana y coordinarse con otros sindicatos estatales bonaerenses.

Asimismo, las asambleas confirmaron la participación del gremio en acciones vinculadas al debate por la reforma laboral, al señalar que, si bien su aplicación impacta de manera directa en el sector privado, también podría tener efectos sobre las condiciones laborales y la negociación colectiva en el ámbito público.

En el ámbito local, representantes gremiales indicaron que aguardarán una eventual nueva convocatoria o mejora de la oferta antes de adoptar una definición.

Fuente: La Nueva.

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Causas AFA: realizan en Bahía Blanca al menos tres allanamientos

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La Policía Federal, en el marco de una batería de unos 100 operativos simultáneos a nivel nacional, realiza tres allanamientos en nuestra ciudad en el marco de la investigación judicial, impulsada por el gobierno, por presuntos actos de corrupción en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino.

Los procedimientos se dan pocas horas después de que la AFA anunciara un paro de la actividad para la fecha futbolística que va entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, justo para cuando están citados a indagatoria el presidente Claudio Tapia y otros dirigentes.

Los operativos en nuestra ciudad, según la poca información que se pudo obtener, fueron ordenados por la Justicia porteña y tienen lugar en un edificio de Dorrego 119, a pocos metros de Alsina y del Teatro Municipal; así como en una vivienda de Las Lomas al 300, en el barrio Palihue y en una casa de Lahual al 100, en el barrio Patagonia.

“Se busca documentación relacionada con casas de cambio y financieras”, comentó un investigador.

La AFA tiene varios frentes judiciales abiertos.

Entre los principales, por un lado, existe una denuncia de ARCA a Sur Finanzas, una financiera a cargo de Ariel Vallejo y que tendría vinculación con Tapia, por presunto lavado de activos y evasión tributaria.

Y por otro, la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social en perjucio de la entonces DGI.

También se investigan irregularidades con la empresa Tour ProdEnter LLC, que administra los negocios de la AFA en los Estados Unidos y habría desviado fondos a otras firmas de ese país que no tienen empleados ni actividad declarada.

Fuente: La Nueva.

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