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La CGT lanzará un INDEC propio para medir la inflación, el empleo y los precios: qué se propone y con quién se asociará

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La CGT atraviesa todavía una etapa de desconcierto tras no haber podido frenar la reforma laboral (pese a que logró salvar “la caja” que representan las cuotas solidarias) y trata de reperfilar sus próximos pasos para no quedar tan a la retaguardia de la realidad socioeconómica de la Argentina de Javier Milei.

Por lo pronto, su impugnación judicial a la nueva ley laboral fue rechazada por un juzgado del fuero Contencioso Administrativo y tampoco prosperó su apelación: la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a la cautelar pedida por la CGT.

Esta semana, la CGT presentó un amparo ante el fuero laboral con la intención de que declare la invalidez de 64 artículos vinculados con el derecho colectivo (como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, que la Justicia suspendió cuando figuraba en el DNU 70) por considerar que “vulneran derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional”.

Su única alegría en ese rubro fue cuando un juez de primera instancia frenó este martes el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la medida cautelar responde a una demanda de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) contra el Estado y no de la CGT.

Por eso en las últimas semanas los líderes cegetistas están buscando reorientar su estrategia con decisiones que les permitan dejar atrás el frustrado (por ahora) objetivo de invalidar la reforma laboral.

La idea que lanzarán en forma inminente es el lanzamiento de un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, una suerte de INDEC propio desde donde tratarán con números “confiables” para confrontar con las cifras que elaboran en el Estado. Para eso se firmará un convenio con la UBA, que aportará la metodología y los expertos técnicos que, junto con los asesores cegetistas, elaborarán todos los meses un índice de inflación alternativo y datos sobre empleo y precios de la canasta básica, entre otros.

Será una forma de salir hacia arriba de un laberinto en el que quedó atrapado por su pelea contra la reforma laboral, que tuvo un final amargo (al menos hasta ahora).

Con esos números en mano, la CGT procurará reunirse con empresarios para armar una estrategia conjunta “en defensa de la producción nacional y de las fuentes de trabajo”, con la clara conciencia de que la economía de Milei provoca crujidos en el sector empleador.

A la vez, los sindicalistas están convencidos de que contar con estadísticas propias también los ayudará a negociar con mejores fundamentos un período de las paritarias que se perfila áspero porque la pauta del Gobierno es que se cierren acuerdos por debajo de la inflación (2%) y con vigencia mayor a la trimestral.

Algunos dirigentes de la CGT están preocupados por los indicios de crisis económica y, al mismo tiempo, porque está perdiendo la iniciativa en manos del ala dura agrupada en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), donde están la UOM, Aceiteros, ATE, Pilotos y las dos CTA, que le disputan a la dirigencia cegetista la presencia en los conflictos laborales y el control de la calle.

Todavía no se desperezó la otra vertiente dura del gremialismo que está en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), aunque es cierto que perdió poder de fuego cuando tomó distancia de la entidad su anterior titular, Sergio Sasia, que dirige la Unión Ferroviaria, el gremio más numeroso del sector.

Hay sindicalistas muy desconcertados por un fenómeno que están detectando en sus bases: trabajadores suspendidos o despedidos como consecuencia del plan económico de los libertarios, según aseguran, están más enojados con el pasado (léase gobierno de Alberto Fernández) que con el presente (Javier Milei).

Eso, más el miedo a perder el trabajo, son dos de los factores clave que explican por qué la conflictividad sindical no crece en forma proporcional a los problemas que tienen muchas empresas para sobrevivir en un contexto de fuerte caída de la producción y del consumo.

Aun así, en la CGT crece la sensación (o el deseo) de que la luna de miel de una parte del electorado con Milei no se extenderá demasiado: el aumento de la desocupación al 7,5%, que se conoció esta semana (y que refleja lo sucedido en el cuarto trimestre de 2025) es un dato que prende las alarmas porque los expertos estiman que esa cifra creció en los primeros 3 meses de este año.

Gran parte del apoyo que tenía Carlos Menem en la sociedad durante su gobierno se diluyó cuando se dispararon los números del desempleo: llegó a su máximo nivel en mayo de 1995, con el 18,4%.

Los líderes sindicales se preparan para resistir, aunque son conscientes de que, en el fondo, la salida es política: por eso ya se aceleraron los aprestos para definir candidaturas presidenciales competitivas en 2027 que puedan impedir la reelección de Milei.

Aun así, el estigma de la división permanente persigue al gremialismo peronista: hoy, una parte importante de la dirigencia apoya sin fisuras el proyecto de Axel Kicillof para la Casa Rosada, pero otro bloque, donde hay algunas figuras de la CGT, está decidido a apostar a la figura de un “outsider” como el pastor evangélico Dante Gebel.

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En medio de su construcción federal, Kicillof busca contener a intendentes en alerta por la caída de recursos

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Los intendentes bonaerenses transitan estos tiempos con cierta incertidumbre ante la situación económica y el impacto directo en sus gestiones. Todo se da en la antesala de la discusión electoral tanto nacional como provincial, donde muchos de ellos buscarán ser protagonistas de esa instancia y en la relación que mantienen con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que hoy por hoy asoma como el único con intenciones claras de ser candidato a presidente por el peronismo.

Semanas atrás hubo una cena de jefes comunales de distintos sectores del peronismo con gestión en el conurbano bonaerense. Allí, el diagnóstico fue coincidente: hay aumento de la morosidad familiar y un pedido de subsidios a las propias intendencias para cubrir ese debe, además de un aumento en la demanda alimenticia y otro factor que ocupa directamente al gobierno de Kicillof: la demora en las certificaciones de distintas obras de carácter provincial. La proyección en términos microeconómicos, dicen los intendentes, no variará.

En este contexto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, buscará blindarse y contener a los jefes comunales que este jueves llegarán al Salón Dorado de la Gobernación bonaerense en La Plata. Allí fueron convocados por el mandatario provincial para desarrollar una jornada de trabajo titulada: Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios. Se espera la presencia de intendentes no solo peronistas.

Kicillof estará escoltado por sus ministros más técnicos, como el de Economía, Pablo López, y el de Producción, Augusto Costa. La reciente convocatoria del gobernador Axel Kicillof a jefes comunales de todas las fuerzas políticas busca articular respuestas ante una situación que repercute tanto en el gobierno provincial como en cada municipio.

En los distritos del conurbano es donde más resuena el cierre de fábricas. Como dio cuenta Infobae, un informe de la consultora Fundar estima que desde el comienzo del mandato de Javier Milei, cerraron unas 22.608 empresas, un 4,4% del total. Una caída equiparable a la pandemia y la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión para un gobierno desde 2003.

Un caso puntual en territorio. El Observatorio Socioeconómico Municipal del distrito de General San Martín en la Primera sección electoral muestra que la capacidad instalada de las empresas del municipio se ubica en el 46%, el nivel más bajo desde la pandemia, mientras que el empleo registra una caída del 6,3%. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender al sector y a los trabajadores del sometimiento de Milei, porque sabemos que el país solo sale adelante con una industria local fuerte”, planteó el intendente de ese municipio, Fernando Moreira.

Pero lo concreto es que los municipios no tienen demasiados resortes para amortiguar la caída en estos índices. Además, también bajó la recaudación y, por ende, la masa de recursos coparticipables, tanto hacia las provincias como hacia los municipios, en este caso, bonaerenses.

Un relevamiento hecho por la consulta PPA sobre los recursos transferidos a los municipios bonaerenses en el período enero 2026 da cuenta de que, durante enero de 2026, los 135 municipios bonaerenses recibieron 450.230 millones de pesos ($450.230 millones), pero el desembolso real experimentó una baja tras descontar el efecto de la inflación, en el debut del nuevo Coeficiente Único de Distribución (CUD). La caída, que en términos constantes alcanzó 10.308 millones de pesos, refleja un cambio estructural: aunque hubo aumentos en fondos educativos, el recorte en coparticipación bruta dominó la escena y repercutió en la autonomía financiera de los gobiernos locales.

Los datos de PPA, con base en el Ministerio de Economía de la Provincia, confirman que el 80,7% de lo transferido se destinó a coparticipación de impuestos. El Fondo de Financiamiento Educativo absorbió el 6% y el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales representó el 4,6%. Pero en comparación con enero de 2025, los recursos totales subieron 29,4% en cifras nominales, mientras que la inflación, que fue de 32,4%, dejó una pérdida real del 2,24%. Ese recorte se traduce en una contracción de $10.308 millones a precios constantes. En enero de 2025, los municipios habían recibido $347.807 millones, según la misma fuente.

La aplicación de los nuevos Coeficientes Únicos de Distribución alteró aún más la dinámica interna entre los municipios. Algunos distritos registraron mejoras por el aumento de su coeficiente, pero la baja de la coparticipación bruta anuló esos beneficios y, en muchos casos, los revirtió:

En enero, 43 municipios tuvieron un incremento real en sus transferencias. Entre ellos destacan Carmen de Areco con una mejora de 13,77%, Chacabuco (9,93%), Capitán Sarmiento (8,12%), Pergamino (7,47%) y Monte (7,33%). También aparecen Lobería, General Rodríguez, Salto y Lobos, todos con subas mayores al 6%.

Por el contrario, 49 comunas sufrieron caídas reales superiores al 3%. Las disminuciones más marcadas corresponden a Pinamar (-10,97%), San Isidro (-10,74%), Vicente López (-9,88%), Malvinas Argentinas (-8,67%) y Monte Hermoso (-8,66%). Villa Gesell, General San Martín, La Costa y General Viamonte completan la lista con bajas de entre 7% y 8%.

En este contexto, el gobierno de Kicillof busca fuentes de financiamiento. Una de ellas es intentar recuperar parte de los recursos que dejó de percibir por decisión del gobierno nacional —al inicio de su gestión— de ir hacia un superávit fiscal. Algunos de los flujos de fondos que se cortaron son los que correspondían a la Caja Previsional de la Provincia vía ANSES. Un reclamo que el gobierno de Kicillof sostiene y en donde esta semana logró un primer paso con la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia entre el Ejecutivo provincial y la Nación.

López, quien asistió la semana pasada al encuentro por fondos adeudados , afirmó: “Las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las y los bonaerenses entre transferencias no automáticas y obras inconclusas totalizan los $15,6 billones de pesos. Desde la gestión seguiremos insistiendo para que el Gobierno nacional cumpla con las obligaciones que tiene con nuestra provincia y recuperar los recursos que pertenecen a los 17 millones de bonaerenses”. En la misma línea se pronunciará este jueves ante intendentes.

La compleja situación financiera también tiene por añadidura la intervención en la carrera electoral a 2027. Kicillof ya está decididamente lanzado a la construcción de un espacio federal. Sin embargo, en La Plata siguen midiendo los tiempos. La coyuntura misma, como en este caso, entorpece algunas estrategias trazadas.

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La Libertad Avanza y el PRO, entre el desafío de mantener la identidad y la chance de una alianza en el 2027

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Desde el recordado pacto de Acasusso, en octubre del 2023, cuando acordaron unir fuerzas para derrotar a Sergio Massa en el balotaje de ese año y evitar que el kirchnerismo retuviera el poder, la relación entre La Libertad Avanza y el PRO pasó por momentos mejores y peores, pero siempre se mantuvo cercano, con intercambio de dirigentes, algunos de los cuales están actualmente en la cúpula del oficialismo, y negociaciones electorales.

El presidente Javier Milei y su antecesor, Mauricio Macri, ya no tienen un diálogo tan fluido como el que supieron construir en una época, cuando se reunían a comer milanesas en la Quinta de Olivos, pero conservan la cordialidad y el respeto mutuo.

No obstante, el ex mandatario nacional decidió emprender un camino para recuperar la identidad del partido que fundó y ya anticipó que quiere presentar a un candidato propio para competir en el 2027.

Por esa razón, el jueves pasado reunió a su tropa en Parque Norte con el objetivo de hacer el relanzamiento del espacio, en el que dio un efusivo discurso en el que sostuvo que “no viene a cuestionar el rumbo” del Gobierno, sino “a completarlo”, y calificó a su fuerza política como “el próximo paso”.

Estas declaraciones fueron minimizadas por la Casa Rosada, donde desde días antes del evento venían señalando que el PRO ya no tiene un electorado claro y, por lo tanto, no es competitivo de cara a los comicios.

“Está bien y es lógico que Mauricio diga eso, porque quiere seguir en carrera”, opinó a Infobae un integrante de la mesa política libertaria, quien aseguró además que no pudo escuchar a Macri.

En la vereda de enfrente, en tanto, hay varios referentes amarillos que se muestran a favor de un acuerdo en los siguientes comicios, y argumentan esta decisión en la idea de evitar que regrese “el populismo”.

“Falta mucho, es bastante absurdo hablar de eso a esta altura habiendo tantas cosas pendientes por resolver. Soy de los que cree que hay que cuidar la idea por encima de los nombres. Sí tenemos que trabajar en una alianza estratégica con La Libertad Avanza para ganar la provincia de Buenos Aires y terminar con el kirchnerismo que tanto daño nos hace. Soy de los que cree que vale la pena hacerlo”, sostuvo ante este medio el diputado Cristian Ritondo, armador bonaerense del macrismo.

De hecho, quien hoy suena como aspirante a gobernador en este territorio, incluso dentro de La Libertad Avanza, es Diego Santilli, un hombre que hizo gran parte de su carrera dentro del PRO.

En medio de los cambios en el Gabinete de comienzos de este año, “El Colo” fue convocado por el propio Milei para ser ministro del Interior, pero a pesar de eso nunca hizo el salto de partido, como Patricia Bullrich, al menos hasta ahora.

En el 2025, y en plena campaña legislativa, la entonces titular de la cartera de Seguridad decidió desafiliarse del macrismo y sumarse formalmente a las filas violetas, y hoy es jefa de bloque del oficialismo en el Senado.

También es cierto que la ya ex funcionaria contaba con un nutrido grupo de dirigentes que respondían directamente a ella y que también se pasaron de un espacio al otro, tanto en el Congreso como en la Legislatura porteña.

“Diego sabe que no es un puro para ellos y que por ese motivo nunca va a terminar de ser aceptado del todo, pero es que no tienen a nadie, es el único que mide en la provincia y lo necesitan”, remarcó una persona que tiene diálogo fluido con el ministro.

En el Gobierno sobran los casos de figuras que estuvieron en la gestión de Cambiemos y que volvieron a ocupar un cargo, en las primeras, segundas y hasta terceras líneas: desde Luis Caputo, en Economía, y Federico Sturzenegger, en Desregulación y Transformación del Estado, hasta secretarios.

Incluso el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habría tabajado como coordinador técnico administrativo en el Ministerio de Cultura entre el 2017 y el 2018 y su mano derecha, Aime “Meme” Vázquez, fue asistente de Santilli en la Vcejefatura de Gobierno porteña.

En la ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez mantiene una posición bastante crítica de la gestión de Jorge Macri y recientemente hubo cruces, incluso en las redes sociales, por la autoría de distintos proyectos que el PRO y La Libertad Avanza se atribuyen como propios.

“Ni siquiera nos dan el reconocimiento. Lo vienen haciendo todo el tiempo, primero con lo del impuesto al sello, ahora con los créditos para las viviendas. Por lo menos está tomando buenas medidas, lástima que no dice que son nuestras”, protestó un alfil violeta.

En este territorio, el oficialismo nacional no tiene un candidato claro y, aunque se habló e Bullrich y de Adorni como alternativas, ninguno de los dos comenzó a construir un armado para competir en 2027.

Es por esta razón que el alcalde porteño no descarta presentarse en el marco de una alianza, aunque en el distrito el vínculo entre las dos fuerzas siempre fue tenso: en septiembre compitieron y todo terminó en una dura derrota del macrismo, mientras que en octubre fueron juntos y el frente, que llevó a la ex ministra de Seguridad como cabeza de lista, quedó primero.

Una de las incógnitas que se abren aquí es la decisión que vaya a tomar el ex presidnete Macri, que sigue mostrándose como dialoguista, pero con intenciones de continuar marcando sus diferencias.

“Mauricio dio un mensaje clave y muy importante: todavía falta avanzar mucho con los cambios y sobre todo para que sea fuerte y que en el futuro ningún populismo vuelva a destruirlo. A eso se refiere con el próximo paso y el PRO está listo para liderar, apoyar y defender ese camino como lo viene haciendo. Es un mensaje constructivo, sin dudas“, aclaró Ritondo.

El diputado, que fue uno de los oradores principales de Parque Norte, subrayó que el objetivo de ambos espacios es “construir esa Argentina del futuro y eso no es papel de un solo partido, sino de todos los que quieren el cambio”.

En el 2025, la presión de los dirigentes más importantes de esta fuerza impulsó la alianza que se terminó dando en varias provincias, a pesar de la reticencia del ex mandatario, que no estaba del todo convencido, pero dio libertad de acción.

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La Justicia rechazó una medida cautelar de las ONG para suspender las audiencias públicas por la ley de glaciares

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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueirarechazó el pedido de suspensión de las audiencias públicas convocadas por el Gobierno nacional para debatir el proyecto de modificación de la actual Ley de GlaciaresDe esta manera, continuarán en pie las reuniones programadas para el 25 y el 26 de marzo.

La solicitud había sido enviada por organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, luego de que el oficialismo anunciara que solo 200 personas de las más de 65.000 que se inscribieron tendrán lugar para compartir sus puntos de vista. Cada uno de ellos tendrá cinco minutos para hablar.

La readecuación del formato fue comunicada por el diputado Nicolás Mayoraz, quien indicó que el cupo habilitado también se dividirá entre los participantes que eligieron la modalidad presencial y aquellos que optaron por sumarse de forma virtual.

Al mismo tiempo que informó que los seleccionados para hacer uso de la palabra en vivo correspondían a los interesados que se inscribieron primero en el llamado, el libertario indicó que el resto de los interlocutores podrá compartir sus posturas a través de videos cargados en la plataforma de Youtube.

Frente a esto, las organizaciones ambientalistas reclamaron ante la Justicia que se respete el derecho de todos los participantes de intervenir oralmente, se readecue el cronograma para sumar más días destinados al debate y se declare la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta e insanable” de las condiciones planteadas por el oficialismo.

De la misma manera, los manifestantes incluyeron una cuarta petición para que las audiencias fueran consideradas nulas, en caso de que se realizaran las presentaciones tal como lo habían dispuesto los presidentes de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el diputado José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, en referencia a Mayoraz.

Tras haber analizado el caso, el juez Alonso Regueira consideró que los denunciantes no alcanzaron “a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario”.

Según el fallo al que accedió Infobae, tampoco se encontraron indicios de “vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”. Por esto, indicaron que el acto no generaría un perjuicio grave e irreparable para los participantes, ya que quienes se inscribieron disponen de vías alternativas de participación en el proceso.

La presentación se formalizó el jueves 19 de marzo y fue impulsada por organizaciones como Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática, el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Post recepción de la solicitud, un conocedor del mundo judicial había anticipado a este medio que era “poco probable que esto avance”. Y planteó que “hay mucho en juego y el gobierno ya tiene un cronograma establecido para esta norma”.

Así, el programa seguirá las riendas propuestas por el Gobierno. Por esta razón, se determinó que en las audiencias solo podrán estar presentes los diputados integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El resto de los legisladores no tendrán derecho a participar en las jornadas.

Incluso, determinaron que los asesores no podrán estar presentes, ya que solo se permitirá el ingreso a dos asesores de la Secretaría Parlamentaria del partido político al que representan. Además, para confirmar sus permisos, tenían tiempo de informarlo hasta las 19:00 horas de este viernes 20 de marzo.

Según corroboró Infobae, la postura del oficialismo tendría como foco no aletargar el tratamiento del proyecto en el Congreso. Tras haberse postergado la discusión hasta finales de marzo, un diputado libertario explicó que la intención es que la iniciativa sea tratada en los primeros días de abril. “Es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, aseveró.

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