Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara la salida de Alejandro Lew de la Secretaría de Finanzas de su cartera, esta madrugada se oficializó el nombramiento de Federico Furiase como el nuevo titular del área. La decisión fue anticipada la semana pasada a través de redes sociales.

Por medio de la publicación del Decreto 135/2026 en el Boletín Oficial, Caputo dejó asentados los cambios que se dieron en la órbita del Ministerio de Economía. Allí, el funcionario aceptó tanto la renuncia de Lew, como la de Furiase, quien tuvo que abandonar su cargo como director del Banco Central para hacer frente a sus nuevas funciones.

“Desígnase con carácter ad honorem, a partir del 2 de marzo de 2026, en el cargo de Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía al licenciado en Economía Federico Matías FURIASE”, establecieron al confirmar que no percibirá un salario por las tareas desempeñadas en la secretaría.

El anuncio de las modificaciones en la Secretaría de Finanzas se dio el viernes 27 de febrero, cuando el ministro de Economía comunicó: “Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”.

En esa publicación que realizó desde su cuenta personal de X, Caputo informó que el reemplazo de Lew sería Furiase. Aunque ya formaba parte del equipo económico, volvió a presentarlo ante la comunidad en redes sociales.

“Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero”, resumió sobre el aporte que realizó a la gestión encabezada por Javier Milei.

De la misma manera, indicó que “Alejandro continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”. No obstante, no se dio a conocer qué clase de funciones pasaría a cumplir a partir de ahora.

La designación de Furiase como secretario de Finanzas no se trató de una decisión al azar, debido a que su nombre figuraba como una de las opciones para reemplazar a Pablo Quirno. Es decir, desde mediados de octubre del año pasado, cuando fue convocado para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Por aquel entonces, también se consideraba la posibilidad de que el secretario de Política Económica, José Luis Daza, se hiciera cargo de la vacante que dejó el actual canciller. Sin embargo, a principios de noviembre, Caputo se decidió por Lew, quien ya había estado en la gestión como director y vicepresidente segundo del Banco Central.

Respecto a la trayectoria de Furiase, según la información a la que pudo acceder Infobae, se tituló como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un magíster en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Además de ser profesor de la Maestría en Finanzas de esa casa de altos estudios, tiene más de 15 años de carrera en algunas de las principales consultoras económicas que juegan en el mercado.

En 2008, se inició en el ex Estudio Bein como analista, y pasó a ser socio de EcoGo cuando esa consultora cambió de nombre, ya bajo el mando de Marina Dal Poggetto. Tras la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, Caputo lo convocó, junto a su colega Martín Vauthier (actual director del BICE) a formar parte de Anker Latinoamérica. Ambos formaron parte de los equipos de transición que trabajaron en conjunto con los funcionarios que habían sido designados por Sergio Massa.

Cumplidos los primeros objetivos programados para los dos primeros meses del año, el gobierno nacional redefinió su esquema de poder y le otorgó una mayor centralidad a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien orquestó cambios en el Ministerio de Justicia que desde este jueves lidera el tándem compuesto por el hasta entonces fiscal Juan Bautista Mahiques y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola.

Con el enroque, la administración libertaria balancea la graduación de los vértices del tan mencionado “Triángulo de Hierro” y dota a la menor de los Milei de mayor influencia en el Gabinete, pero no sin contener además al asesor presidencial, Santiago Caputo.

El accionar que inició el 26 de octubre, cuando el partido que fundó el presidente Javier Milei se impuso por amplia mayoría por sobre el peronismo y conquistó 15 de las 23 provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, se profundizó en los últimos meses y sumó un nuevo capítulo con la anticipada salida de Mariano Cúneo Libarona del edificio ubicado sobre la calle Sarmiento.

Lo cierto es que con el movimiento de fichas, el asesor presidencial, Santiago Caputo, se vio obligado a retirar a su espada judicial, el abogado Sebastián Amerio, de la cartera y del Consejo de la Magistratura, pero bajo la promesa de hallarle un nuevo desafío en la función pública. Algunas horas más tarde, y sorteados varios momentos de tensión mediante, lo encontraron.

Como consecuencia directa, habrá cambios en cinco organismos que dependen de la cartera y es en ese escenario que la Procuración del Tesoro de la Nación, actualmente liderada por Santiago Castro, apareció como el cargo más pertinente a ser ocupado por Amerio. “Solo se va a ir a un lugar mejor”, habían anticipado anticipado a este medio el pasado lunes. Parece que parte de las condiciones conversadas fueron cumplidas.

Ese pendiente ocupó gran parte de la jornada laboral del mandatario, el pasado jueves en la previa a una nueva visita a Estados Unidos. Por la mañana, recibió a Caputo en la Quinta de Olivos, luego le tomó juramento formal a Mahiques, y por la tarde, intercambió mensajes con el saliente abogado camino a reconvertirse en procurador del Tesoro.

En paralelo, el asesor se reunió en su despacho con el sucesor de su amigo, Santiago Viola, -con oficinas en el ala en el que se ubica el armador nacional Eduardo “Lule” Menem- para ordenar la transición del ministerio y ultima detalles de los próximos pasos en materia judicial.

Según detallan en Balcarce 50, la definición sobre la actual conducción del Justicia tuvo lugar en el marco de una semana convulsionada que incluyó entre las opciones al nombre del ex intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, sugerido por el consultor. Sin embargo, no pasó el filtro de todos los actores que habilitan la definición, pese a contar con el aval del Presidente, y fue así como Mahiques, acercado por el propio Viola, fue presentado por muchos como el candidato de “consenso”, aunque la decisión fue validada por la menor de los Milei.

“Toda de Karina”, resumió ante este medio un integrante de la mesa política. Con la oficialización, la funcionaria añadió un nuevo ministerio a las áreas que mantiene bajo su influencia y se suma al nombramiento de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete. Tras la salida de Francos, Karina Milei garantizó su ingerencia en la coordinación del plantel que se reúne en el Salón Eva Perón, pero también del reducido círculo que el mandatario diseñó para sintetizar las políticas de gestión.

Pasada la apertura de sesiones ordinarias, luego de que el mandatario protagonizara su particular discurso en el Congreso en el que cruzó a la bancada peronista y definió algunas claves para el año legislativo, la administración libertaria sanea sus pendientes y se prepara para encarar los desafíos programados para el año. Un importante alfil negociador reveló a este medio que abril será el mes en el que el Ejecutivo retomará la actividad en el Congreso.

El mismo domingo por la noche, la transmisión de la sesión en la Cámara de Diputados brindó algunas claves de lo que sería la reconfiguración del poder real al excluir con notoriedad los planos del palco en el que se ubicó el asesor junto a su equipo. Algunos días más tarde, Karina Milei cerró el debate, habilitó el nombre de Mahiques y participó de la reunión con Cúneo Libarona en la quinta de Olivos, en la que luego del intercambio, el propio libertario anunció su salida y reemplazo a través de un mensaje de X que sorprendió a más de uno.

Con esa jugada amplió su influencia entre las carteras, alcanzando a Defensa, que lidera Carlos Presti; a Interior, cargo con el que premió al ex legislador del PRO Diego Santilli; a Seguridad tras la sucesión de Alejandra Monteoliva por Patricia Bullrich, y suma Justicia, ahora con Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, de su estrecha confianza.

Además de la gestión, Karina mantiene el control total de los asuntos partidarios: no solo es la presidenta de La Libertad Avanza sino que a través de los primos Martín, titular de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem coordinan las tribus violetas en el interior del país.

Por su parte, el asesor mantiene bajo su órbita al Ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones, la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, y extiende su poderío a la SIDE, YPF y ARCA. Hay quienes suman parcialmente en este grupo, aunque con vuelo propio a Luis Caputo (Economía).

En un tercer escalón su ubican Sandra Pettovello (Capital Humano), de vinculo directo con el mandatario, Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), a los que en el Gobierno definen como “unipersonales”.

En el campamento con oficinas en el Salón Martín Fierro niegan una nueva redistribución del poder y aseguran que la secretaria general de la Presidencia siempre tuvo mayor peso de decisión que el asesor. “No reconfigura nada. Ya sé sabía que Karina tenía más poder que Santiago. Ahora suma un poquitito más de influencia”, definió un integrante del espacio ante Infobae.

El asesor, reacio a la determinación que en más de una oportunidad lo encasilló el mandatario, considera que el “Triángulo de Hierro” está mal interpretado. “La gente lo piensa con dos vértices inferiores y uno superior, pero en realidad es al revés. Dos superiores y un inferior. Por más generosidad y afecto que le tengan, no deja de de ser un asesor”, sostuvieron desde su entorno.

Pese a la decisión del mandatario, Santiago Caputo asistió a la jura, saludó fraternalmente a los designados, y transitó con total normalidad los pasillos de Casa Rosada. A uno de los laterales del Salón Blanco donde se celebró la ceremonia, el mandatario se fundió en un sentido abrazo y volvió a conversar varios minutos luego del intercambio en Olivos.

Con la mesa política en funcionamiento, el Ejecutivo reacomoda el tablero y se prepara para pasar el paquete de proyectos más ambicioso de la historia que iniciará con la media sanción restante de las modificaciones a la Ley de Glaciares y la Ley de Financiamiento Universitario, pero que incluye además una reforma electoral, cambios en el Código Penal, en el Civil y en el sistema tributario.

La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública los días 25 y 26 de marzo de 2026 para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares N° 26.639. Se trata de otra de las reformas impulsadas por el Gobierno, con la intención de fomentar la explotación económica del ambiente periglacial nacional.

Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, el formato de la audiencia prevé una doble modalidad de participación: presencial y virtual. Así, el 25 de marzo de 2026, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, el 26 de marzo la dinámica se realizará de forma virtual. Según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00 horas.

Las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Asuntos Constitucionales acordaron los términos de esta convocatoria en una reunión realizada el 4 de marzo de 2026. El objeto específico será recibir y considerar aportes en torno al Expediente 0072-S-2025, que propone modificaciones directas a la Ley de Glaciares vigente.

De esta manera, confirmaron que la inscripción al Registro de Participantes estará habilitada hasta el viernes 20 de marzo. Los interesados pueden registrarse en persona en la oficina de la comisión, ubicada en el primer piso, oficina 149, de la propia Cámara de Diputados, entre las 10:00 y las 16:00 horas. Otra opción para inscribirse es completar el trámite electrónicamente mediante un formulario que estará disponible hasta las 20:00 horas en la página web de la institución.

Cada exposición, según la normativa, no podrá exceder los cinco minutos, y quienes deseen presentar una ponencia por escrito deberán hacerlo presencialmente o bien enviarla al correo de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar).

Para esto, pidieron que el escrito cuente con una extensión máxima de diez carillas en formato PDF, tamaño A4, letra Times New Roman 12. Además, informaron que las exposiciones como las presentaciones escritas quedarán registradas y serán publicadas posteriormente en la web de la Cámara de Diputados de la Nación.

Por otro lado, indicaron que la audiencia seguirá las pautas del Plan de Trabajo de Audiencia Pública sobre Ley de Glaciares, su Anexo I – Reglamento, el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara y el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe.

Al fundamentar la iniciativa, el Poder Ejecutivo argumentó que existen “graves falencias interpretativas” en la legislación vigente, que habrían generado inseguridad jurídica y obstaculizado inversiones productivas, principalmente en minería.

Según el oficialismo, el objetivo principal apunta a “ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental”. Esto implicaría una transferencia de poder a las provincias para que asuman mayor protagonismo en la gestión de recursos.

Durante la discusión de la Ley de Glaciares, varios legisladores subrayaron la importancia de incluir a comunidades indígenas y actores sociales en las audiencias. Al respecto, el diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, afirmó que “todas las comunidades indígenas que estén registradas y que estén en las cuencas afectadas tienen que tener asegurada su participación“.

En el caso de la diputada Silvana Giudici, integrante del bloque de La Libertad Avanza, defendió la idea original del oficialismo al recordar que “hubo un sistema que fue de la misma manera que se propone hoy. Lo que corresponde es considerar la propuesta de las presidencias de la comisión”.

Estos son los puntos claves de la Ley de Glaciares vigente

La actual Ley de Glaciares marcó un cambio en la política ambiental nacional al establecer, desde el 30 de septiembre de 2010, los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Por ese entonces, se estableció como objetivo central “preservar estos cuerpos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas”.

En este sentido, la norma definió a los glaciares como “bienes de carácter público” y extendió su protección a las áreas de suelos congelados que cumplen funciones reguladoras de los recursos hídricos, conocidas como ambiente periglacial. Para garantizar la identificación y el resguardo de estos espacios, el artículo 3 de la ley ordena la creación del Inventario Nacional de Glaciares.

Según el texto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo responsable de “identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares del territorio argentino”. El inventario debe actualizarse al menos cada cinco años e incluir información sobre la ubicación exacta, la superficie y el estado de conservación de cada glaciar.

En contraposición a la propuesta del Gobierno, la ley prohíbe de manera explícita toda actividad que pueda alterar la condición natural de los glaciares o del ambiente periglacial. La lista incluye la “liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias”.

Por esto, frente a cualquier proyecto que se pretenda realizar en zonas donde existan glaciares, la norma exige una evaluación de impacto ambiental y la garantía de participación ciudadana. Solo quedan exceptuados los casos de rescate, investigación científica no invasiva y deportes no motorizados, de acuerdo con la letra de la ley.

Las sanciones por el incumplimiento de la Ley 26.639 pueden ir desde advertencias hasta multas económicas y la suspensión total de la actividad responsable del daño. La normativa advirtió que, en caso de reincidencia, las multas “pueden triplicarse”.

Si la infracción la comete una empresa, la ley determinó que “sus directivos y administradores también resultan responsables”. Además, el dinero recaudado a través de las multas debe destinarse prioritariamente a la protección y recuperación de los glaciares afectados.