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La Justicia bonaerense fuera de la agenda de prioridades

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*Por Nidia Moirano. Senadora Provincial y referente de Juntos por el Cambio.

Axel Kicillof está camino a lograr su propio récord: ser el primer gobernador, desde la recuperación de la democracia, en no designar ni un solo funcionario en el Poder Judicial en la primera mitad de su mandato.

La actual gestión de la Provincia de Buenos Aires está marcada por un sórdido silencio en lo que refiere a la Justicia. Un claro ejemplo de esto fue el discurso de apertura de sesiones legislativas, del 1 de marzo. Ni una sola vez en su extenso discurso el Gobernador se refirió a la Justicia; a la desastrosa situación en la que se encuentra, a las más de 500 vacantes existentes, a la desidia en ocasión de ocupar dichos cargos, a la pasividad en continuar con los procesos de nombramiento pendientes, a la necesidad de formular mejoras salariales en el Poder Judicial. Nada. Y este silencio hoy, a más de dos meses de aquel momento, sigue siendo la característica distintiva del Gobierno bonaerense cuando del Sistema Judicial se trata. Pero, ¿qué oculta ese silencio?

Nos encontramos ante una gravísima situación sin precedentes. La cuarentena ha causado estragos y ha servido de telón para tapar problemas de suma gravedad como es la crisis institucional a la que están arrastrando a la justicia. Falta cubrir cargos en prácticamente todos los departamentos judiciales bonaerenses. Faltan jueces, fiscales, defensores oficiales, camaristas, a lo largo y ancho de nuestra provincia en una situación que, la propia Suprema Corte de Justicia bonaerense, definió como la cifra de vacantes “más alta históricamente registrada”.

Durante el año 2020 y en el transcurso de lo que va de este año, negligentemente el Poder Ejecutivo no remitió un solo pliego al Senado. Tampoco firmó los decretos de los 41 cargos que fueron aprobados por el Senado en septiembre del año pasado, incumpliendo con la manda constitucional.

La actitud del Gobernador de mantener frenado de forma arbitraria e ilegítima el nombramiento de 41 cargos que cumplieron todos los requisitos legales y políticos, y que esperan únicamente de su firma por el simple hecho de que habían ingresado en la gestión anterior demuestra el manejo deleznable, subjetivo y totalitario que pretende hacer de la justicia. Lejos del principio de continuidad de los actos del Estado, pretende introducir un subjetivismo y arbitrariedad nunca antes visto. Una actitud carente de todo fundamento y de racionalidad, que está provocando la virtual paralización de la Justicia, el colapso de los tribunales y lo que es peor, el entorpecimiento de uno de los Poderes del Estado, el encargado de la administración de justicia.

Mientras la Justicia colapsa, esos pliegos duermen en el escritorio del Gobernador desde hace meses. Los mismos fueron aprobados en el mes de septiembre de 2020 por el Senado bonaerense, siguiendo el camino constitucional para el nombramiento de jueces y magistrados. Fueron remitidos al Gobernador para la firma de los correspondientes decretos que los ponga en funciones, o eventualmente que los rechace por las limitadas y excepcionales causales que la Suprema Corte Bonaerenses ha admitido (fallo “Decastelli”) hecho que hasta la fecha no ocurrió, demostrando un claro capricho y empecinamiento absurdo que lo único que ha hecho es menoscabar el normal funcionamiento de la Justicia poniéndola al borde del colapso.

Tanto estos 41 cargos, que solo dependen de la firma del Gobernador, como las más de 200 ternas que están listas y solo esperan que el Gobernador eleve uno de los nombres al Senado; son fundamentales para paliar las vacantes existentes más aún en medio de la pandemia que atravesamos. Por este motivo, muchos juzgados y tribunales están desintegrados y no cuentan con la presencia física de sus titulares, retrasando irremediablemente el trámite de los procesos y sobrecargando tareas en otros jueces o magistrados lo cual se verifica de manera más problemática en el fuero penal.

Esta situación absolutamente preocupante, indudablemente no está en la agenda de prioridades del señor Gobernador. La pregunta es: ¿Por qué? ¿Una vez más nos enfrentamos a la vieja costumbre kirchnerista de intentar manipular al Poder Judicial restándole independencia?

La realidad actual contrasta con lo ocurrido en la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal donde la Justicia fue una preocupación constante, un tema esencial. Ello se refleja, no sólo en la cobertura de más de 500 cargos judiciales entre los años 2016 al 2019, sino también en la reforma de las leyes del Consejo de la Magistratura estableciendo el orden de mérito de las ternas, la Escuela Judicial Obligatoria, la incorporación de un examen oral video filmado y las modificaciones a la ley de Enjuiciamiento de Magistrados, órganos encargados respectivamente de la selección y remoción de magistrados judiciales, previendo en definitiva su despolitización y su mayor eficiencia, objetividad y transparencia.

Los bonaerenses necesitamos una justicia ágil, eficaz y eficiente y un Gobernador que entienda y respete la independencia de poderes, brindándole al Poder Judicial las herramientas que necesita para funcionar como es debido.

El Gobernador no lo entiende así. Y su empecinamiento, deniega la justicia a los bonaerenses. Si su comportamiento persiste lamentablemente no será justicia.

(Infobae)

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Mediática y viral: la responsabilidad que nos toca a todos

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Partamos de la siguiente base. El caso Loan, además de figurar en el rubro policiales también pertenece a la categoría política. Teniendo en cuenta ese punto, es correcto que estas líneas figuren en este espacio. Y es que más allá de la aclaración, la mayoría de los ciudadanos entiende que en casi todos los casos policiales (de gran impacto) la política mete la cola.

También está claro que, en esta historia, todos tenemos diferentes responsabilidades a la hora de confeccionar el cuadro de situación que hoy nos deja este flagelo. No es lo mismo un legislador que un juez. Tampoco un policía que un periodista. Aunque todos aportamos algo. Para mal o para bien. “Cuando todos seamos superheroes, ya nadie lo será”, dice Mr. Increíble en la (gran) película “Los Increíbles”. Y algo de eso hay. Sobre todo para los nuestros. Los colegas. Los comunicadores.

Hace unos cuantos años, siempre se les pedía máxima responsabilidad a los periodistas en su trabajo cotidiano. Y es que eran (éramos) los encargados de darle a difusión a las noticias. De ahí la idea de chequear fuentes y revisar datos antes de publicarlos. Hoy el mundo cambió. El de la comunicación puntualmente. Pero el otro también. Por eso, en el auge de las redes sociales y la viralización, también algo de eso se le debería pedir a los ciudadanos.

Un reciente caso en nuestra ciudad, con escrache digital entre familiares de alumnos de una escuela local, llego hasta denuncias (en el aire) de intento de secuestro. Justamente apuntando a ese ejercicio de responsabilidad (periodística), se pudo chequear tanto en la órbita educativa como la policial que no había nada que hiciera sospechar que los hechos ocurrieron tal cual se deslizó livianamente.

¿Y entonces? ¿Qué hacemos? Con las víctimas, sobre todo. Y no me refiero al pobre infeliz del que muchos ya se saben la patente de su auto de memoria. Apunto al resto de la ciudadanía. Esa que, casi en un brote psicótico, se encargó de replicar lo más que pudo una denuncia que, evidentemente, no tenía la rigurosidad necesaria.

Sin embargo, releyendo el último párrafo, casi que se confunde el lugar que le toca a cada uno. ¿Víctima o victimario? Por qué los mismos que se alarmaron con un mensaje que tenía más ruido que nueces, estoy convencido que son los mismos que irresponsablemente (aunque sin advertirlo) contribuyeron a ese círculo vicioso ¿En que quedamos?

Casi que en nada, a decir verdad. Como en este episodio que es como tirar una trompada al vacío. La pregunta es si alguna vez la paja se separará del trigo. O al menos querrá hacerlo.

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Bahia Blanca y las alertas: ¿Le damos bola?

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Hay un antes y un después del 16 de diciembre de 2023. El temporal que azotó la ciudad y dejó el saldo luctoso de 13 personas marcó a cada uno de los bahienses.

Es importante destacar que las alertas se emiten para permitir a los vecinos tomar cuidados que nos permitan un resguardo de los acontecimientos climáticos.

Es que cada vez que sopla viento fuerte y en la ciudad es bastante normal, ahora nos tomamos la cabeza con suma precaución ¿Pero antes?

Según informes meteorológicos Bahía Blanca tuvo 15 alertas amarillas y dos alertas naranjas en 2023. Una de estas, la última fue la catástrofe.

Según el informe de PYP solo 2 personas de cada 10 toman recaudos en el pais con las alertas amarillas y los medios tienen mucho que ver.

“Es que muchas veces dicen que pasa y no pasa nada” fue una de las frases más escuchadas post temporal y de varios que tenían fiesta de egresados o encuentros que justificaron con esta frase para “No faltar”.

Los medios de información debemos de sostener que “cuando exista alerta la población deberá de resguardarse” y entender que 13 familias no volverán nunca más a ser las mismas.

 

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¿Y los concejales? Bien, gracias

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No caben dudas que Bahía Blanca está viviendo un fin de año sumamente difícil, producto del trágico temporal que azotó a la ciudad días atrás.

Luego de lo acontecido, la Municipalidad e importantísimas entidades locales como la Unión Industrial, la Corporación del Comercio y grandes empresas multinacionales, entre otras, encabezaron, como bien definió el intendente Federico Susbielles durante estos días, la reconstrucción de la ciudad.

Sin embargo, parece que ciertos actores no han tenido mucho protagonismo a lo largo de estas semanas. Ante esto, uno se puede preguntar. ¿Y los concejales? Bien, gracias. Porque, a excepción del oficialismo, los ediles de la oposición brillaron por su ausencia.

Si bien durante la última sesión extraordinaria, aprobaron en el recinto la declaración de emergencia climática, económica, social y sanitaria en la ciudad o la creación en el ámbito del HCD de la Comisión de colaboración y seguimiento de la situación de emergencia en el Partida de Bahía Blanca, los hechos ocurridos hubiesen requerido un mayor compromiso y más aun siendo los representantes de los vecinos de la ciudad.

Pero claro, son “carguitos momentáneos” de cuatro años y el oneroso salario está garantizado.

 

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