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La Justicia volvió a frenar la transformación del Banco Nación en sociedad anónima y prorrogó la cautelar contra el decreto del Gobierno

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La Justicia federal volvió a frenar el intento del Gobierno de avanzar con la transformación del Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió prorrogar por seis meses la medida cautelar que suspende los efectos del Decreto 116/2025, norma dictada por el Poder Ejecutivo nacional que dispuso el cambio en la estructura jurídica de la principal entidad bancaria pública del país.

La decisión judicial mantiene bloqueada la implementación de la reforma al menos hasta septiembre de 2026 y obliga al Poder Ejecutivo a abstenerse de adoptar cualquier medida administrativa o reglamentaria tendiente a avanzar con la conversión del banco estatal en sociedad anónima, mientras se mantenga vigente la cautelar.

El Banco de la Nación Argentina es la mayor entidad financiera pública del país y uno de los actores centrales del sistema financiero argentino. Según datos del propio banco, su participación en el financiamiento productivo alcanza sectores estratégicos como el agro, las pequeñas y medianas empresas y el comercio exterior. Por el volumen de activos y su rol en la economía, cualquier modificación en su estructura jurídica impacta directamente en la política financiera nacional.

La resolución fue dictada en el marco de una causa iniciada por trabajadores del Banco Nación que cuestionan la legalidad de distintas decisiones vinculadas a un eventual proceso de privatización o transformación institucional de la entidad. El expediente continúa en trámite, con recursos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que el conflicto judicial sigue abierto.

La medida cautelar que frena el decreto del Gobierno fue dictada originalmente el 13 de marzo de 2025 por Ramos Padilla, quien suspendió los efectos de la norma durante seis meses. Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la decisión el 5 de junio de 2025, rechazando los planteos del Estado nacional y del Banco Nación para revertir el fallo de primera instancia.

Al acercarse el vencimiento de ese plazo, en septiembre de 2025 el juzgado prorrogó la cautelar por otros seis meses, extensión que también fue revisada y confirmada por la Cámara Federal en octubre del mismo año. Ante el próximo vencimiento, los demandantes solicitaron una nueva extensión, argumentando que el litigio principal aún carece de una resolución definitiva y que el decreto sigue formalmente vigente. Ramos Padilla concedió la prórroga solicitada.

Los fundamentos de la prórroga

En su resolución, el magistrado explicó que las medidas cautelares buscan evitar que el paso del tiempo o la ejecución del acto cuestionado frustren el resultado práctico del proceso judicial. Señaló que la implementación del decreto podría generar consecuencias institucionales o jurídicas de difícil reversión si la Justicia finalmente resolviera en contra de la decisión del Poder Ejecutivo.

El juez precisó que el análisis sobre la continuidad de la cautelar debe considerar el estado actual del expediente y el riesgo de que el acto impugnado produzca efectos irreversibles. En este caso, subrayó que el proceso principal aún no cuenta con una sentencia firme y que existen recursos en trámite ante instancias superiores, lo que demuestra que el litigio continúa bajo revisión judicial. Por ese motivo, concluyó que levantar la cautelar en este momento podría tornar ilusorio el resultado del proceso, especialmente dada la magnitud institucional de las decisiones sobre el Banco Nación.

El expediente judicial se inició en junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del Banco Nación presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional y contra la propia entidad bancaria. Los demandantes objetaron una resolución del directorio del banco que había contratado al estudio jurídico Liendo & Asociados para asesorar en un proceso de reestructuración institucional, que incluía la posibilidad de transformar el banco en sociedad anónima.

En septiembre de 2024, el juzgado de primera instancia dictó que ni el DNU 70/2023 ni la resolución del directorio habilitaban por sí solos un cambio en la naturaleza jurídica del Banco de la Nación Argentina. Según ese fallo, una modificación de ese tipo solo podría realizarse mediante una ley formal aprobada por el Congreso de la Nación.

El Gobierno planteó que el debate había quedado abstracto tras la sanción de la Ley Bases, que excluyó al Banco Nación del listado de empresas sujetas a privatización. No obstante, el escenario cambió a comienzos de 2025 con la emisión de un nuevo decreto.

La reactivación del conflicto por el DNU 116

El 20 de febrero de 2025, el Gobierno nacional dictó el Decreto 116/2025, que dispuso la transformación del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima. Los demandantes consideraron esta norma un “hecho nuevo” dentro del expediente judicial, lo que motivó el pedido de una nueva medida cautelar para frenar su aplicación.

Ese planteo dio origen al incidente judicial que terminó con la suspensión del decreto. El expediente atravesó distintas instancias de apelación y recursos presentados por el Estado nacional y el Banco Nación. Esos recursos fueron rechazados por la Cámara Federal de La Plata, pero las partes presentaron quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún se encuentra evaluando esas presentaciones.

Qué implica la nueva decisión judicial

La resolución firmada por Ramos Padilla no resuelve el fondo del conflicto, pero extiende el bloqueo judicial sobre el decreto del Gobierno por seis meses más. Durante ese período, el Poder Ejecutivo no podrá avanzar con la implementación del Decreto 116/2025 ni adoptar medidas para ejecutar la transformación institucional.

El juez sostuvo que las condiciones que justificaron la cautelar original se mantienen y que no se registraron conductas dilatorias por parte de los demandantes que pudieran justificar su levantamiento. En este contexto, concluyó que preservar la situación actual es la alternativa que mejor resguarda el interés público mientras la causa sigue en revisión judicial.

En la práctica, la decisión mantiene congelado el plan oficial para modificar la estructura jurídica del Banco Nación hasta que exista un nuevo pronunciamiento judicial o hasta que se cumpla el plazo de la nueva prórroga. Mientras tanto, el expediente continuará su curso en los tribunales y podría resolverse finalmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene en estudio los recursos del Estado y del Banco Nación.

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Los reclamos por reajuste de haberes jubilatorios representan el 76% de las causas que están en la Corte

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Un organismo del Estado, la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina (ANSES), es el principal litigante ante la Corte Suprema de Justicia. El Máximo Tribunal de la Nación enfrenta un récord de juicios previsionales a partir de los recursos extraordinarios y de queja presentados por ese organismo para no pagar los reajustes jubilatorios ordenados en sentencias de instancias inferiores.

El año pasado ingresaron un total de 58.424 nuevas causas a la Corte. De ese total, el 72% fueron de materia previsional. En números fueron 41.806 nuevos expedientes, la cifra más alta desde 2014, cuando habían ingresado 8.552. Esto revela el nivel de litigiosidad existente por los reclamos de reajuste por parte de los jubilados, y las apelaciones de la ANSES contra fallos favorables a esas demandas.

A lo largo del 2025, el Máximo Tribunal resolvió 14.338 causas sobre reajustes jubilatorios.

El año con menos ingresos de expedientes al Máximo Tribunal por demandas de reajuste de jubilaciones fue 2017, con apenas 5.336 nuevos casos.

Entre las presentaciones hechas ante la Corte por organismos públicos, lidera -por lejos – la ANSES, con el 93% de las causas presentadas. Encabeza la carátula de 32.133 expedientes.

Y del stock acumulado de 111.187 causas que están en el Máximo Tribunal desde 2014, según el análisis hecho por Infobae, el 76% son previsionales (84.961 casos).

Los datos surgen del Informe sobre Anuario Estadístico 2025 elaborado por la Oficina de Estadísticas de la Corte, y actualizado el 13 de abril pasado.

El cúmulo de causas previsionales en el Máximo Tribunal responde, principalmente, a los fallos en favor de los jubilados que solicitan un reajuste de haberes tras la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria dispuesta en el gobierno de Alberto Fernández (ley Nro 27.609), un tema sobre el que la Corte Suprema aún no falló para fijar un precedente.

“Hay siete Cámaras Federales que están fallando a favor de jubilados que cobraron sus haberes según la fórmula de movilidad por el período de Alberto Fernández, y la ANSES está apelando todos esos casos. Especialmente, está presentando recursos de queja, que es una última instancia tras el rechazo del recurso extraordinario en Cámara, porque la mayoría de la Cámaras en el interior le está denegando los recursos a la ANSES”, explicó el especialista en derecho previsional Adrián Tróccoli a Infobae.

“Si la Corte declarara la inconstitucionalidad de esa ley de Alberto Fernández, que reemplazó la ley de movilidad de Mauricio Macri, se resolverían miles de planteos que aún están pendientes”, señaló.

Los expedientes por reajuste de haberes que están en la Corte no son todos por recursos de queja de la ANSES, ya que hay también de jubilados que decidieron recurrir al Máximo Tribunal, aunque estos son apenas un cuarto del total.

Los cambios en la fórmula

Los jubilados sufrieron tres cambios en la fórmula de movilidad que los perjudicó en sus haberes. En 2017, Macri promovió un esquema basado en un 70% en la inflación (Índice de Precios al Consumidor- IPC) y un 30% en la variación salarial (RIPTE), que comenzó a regir en marzo de 2018.

Luego, en diciembre de 2019, con el cambio de Gobierno, Fernández dispuso la suspensión de ese cálculo, medida que se extendió durante la cuarentena por la pandemia del COVID. El 29 de diciembre de 2020, el Congreso sancionó una nueva fórmula, que se basó en la evolución de los salarios (el mejor índice entre el RIPTE y el INDEC) y la recaudación de la ANSES, y que comenzó a aplicarse en marzo de 2021. “Esta fórmula de movilidad le hizo perder más o menos un 40% del poder adquisitivo de los jubilados. Esta última versión de la ley, es el motivo de los últimos reclamos, que son la gran mayoría de los que están en la Corte”, advirtió Troccoli.

Una de las demandas en la que debe fallar el Máximo Tribunal y que podría convertirse en un precedente para futuras resoluciones es el conocido como “Caso Cortés”, que lleva el Estudio Tróccoli. Logró con fallo favorable de la Cámara Federal de Mendoza en noviembre de 2024, cuando este Tribunal declaró la inconstitucionalidad de ley 27.609 de movilidad jubilatoria que rigió entre 2021 y 2024, y ordenó el uso del IPC publicado por el INDEC, para el reajuste del haber.

Del total de 57.493 expedientes sobre reclamos de reajustes de haberes que tenía la Corte a comienzos de 2025, el Máximo Tribunal resolvió el año pasado 14.338 expedientes. Constituyeron el 54% del total de sentencias dictadas por los supremos.

Al finalizar el año pasado, el stock de causas acumuladas en esta materia ascendió a 27.468, equivalente al 86% del total.

El año en que el Máximo Tribunal resolvió mayor cantidad de demandas sobre reclamos previsionales fue 2019: sus integrantes firmaron 16.380 sentencias sobre esta materia.

Ese año, además de sus actuales integrantes – Horacio RosattiRicardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz – aún formaban parte del Tribunal, Helena Highton – y Carlos Maqueda, hoy ya jubilados.

Las causas de 2025

Las 58.424 nuevas causas ingresadas el año pasado al Máximo Tribunal es la cantidad más alta de los últimos 12 años, lo que marca un crecimiento ininterrumpido desde el 2021 y un incremento interanual del 28% respecto de los casos que llegaron a la máxima instancia judicial del país en 2024.

Luego de los expedientes previsionales que fueron amplia mayoría (72%), le siguen en volumen, pero mucho más lejos, las demandas laborales, con el 13% del total (7.571 casos), y las penales, con casi 5% de los expedientes que ingresaron (2.780 casos).

En 2025, la Corte resolvió un total de 26.524 causas de las diferentes materias que llegaron a la Corte, una cifra que se acercó al pico de sentencias que firmaron en 2019, cuando ascendieron a 26.608.

En cuanto al stock total de casos pendientes de resolución al finalizar el 2025, fue de 111.187 expedientesuna cifra récord. Esa cantidad fue un 40% superior al del 2024, cuando los supremos tenían 79.287 causas en el Máximo Tribunal.

A su vez, el número de expedientes resueltos en 2025 por el Máximo Tribunal (26.524) fue un 39% superior que los que tuvieron una definición en 2024, año en el que los supremos fallaron en 19.056 expedientes.

En cuanto a las causas ingresadas a la Corte en 2025 por recursos de privados, fuera del tema previsional, la mayoría (79% de ese grupo) fueron de ART (3.258 casos).

Las estadísticas de la Corte Suprema están disponibles en la web del Tribunal, con datos que se remontan a 2014, ya que ese año fue cuando se empezó a usar un sistema digital para poder contabilizar las causas, aunque sin el nivel de detalle y desglose de los últimos dos informes del 2024 y 2025.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

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Congreso: se activan las comisiones bicamerales ante la desaceleración del tratamiento de leyes libertarias

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En medio de los primeros frenos visibles al combo de leyes que envió la administración libertaria y el descarte de sesiones pre diagramadas, tanto en Diputados como en el Senado, la Cámara alta aprovechará los próximos días para continuar con su senda de “trabajo regular” y activará, durante la tarde de mañana, un puñado de comisiones bicamerales que, sin embargo, no incluye la más jugosa de todas: la de Inteligencia.

La primera de todas, a las 14, será la de “Control de los Fondos de La Seguridad Social”, donde oficialismo y dialoguistas tendrán mayoría cómoda. Aparecen allí, como referentes mileístas, el senador Bruno Olivera Lucero (San Juan) y el diputado Lisandro Almirón (Corrientes), entre otros.

Una hora más tarde quedará conformada y con autoridades la “Permanente de La Defensoría del Pueblo”. El año pasado, esta bicameral aceleró en modo flash el mecanismo para el concurso del nuevo defensor. Para tener una referencia, el mismo actúa con plena independencia y autonomía, y su misión es la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones públicas. Es decir, un representante colectivo.

Eduardo Mondino fue el último Defensor del Pueblo votado con dos tercios por Diputados y el Senado. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se avanzó con su reemplazo. Todo un desafío para los legisladores que aterrizarán, de manera inminente, a la bicameral.

Atención especial acaparará la “Mixta Revisora de Cuentas”, desde las 16. Es el enlace predilecto con la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo de control externo -a posteriori- de los gastos del estado. Dos detalles por el lado de la Cámara alta: quien consiguió una butaca fue el senador Guillermo Andrada, reciente ex kirchnerista y -de nuevo- peronista full time, de no aparecer otra voltereta. Es el delegado del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, y forma parte de Consenso Federal, que suma tres de 72 votos.

Hasta diciembre pasado comandó el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto, que se hizo cargo de un engorroso trabajo nunca realizado por gestiones anteriores –había expedientes de la época de Mauricio Macri y Alberto Fernández– y dejó a la bicameral más cercana a los tiempos actuales. Esto implica una mayor lupa hacia los períodos 2024 y 2025, de Javier Milei.

Lo que ahora analiza el oficialismo es, con las adhesiones que cuenta, ubicar en la presidencia al exjefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). De avanzar mañana será la primera vez, después de un par de años, que todo el cuerpo de la AGN –Diputados y Senado aprobaron a sus representantes en los últimos meses- y la bicameral en cuestión se hallen con luz verde.

A las 17.30 de este martes se conformará otra traumática: la del Defensor del Niño. En 2025, la mayoría de eventos relacionados con este –delicado- tema derivaron en papelones mayúsculos. Primero, por la ex titular del organismo, Marisa Graham, que modificó por resolución interna para atornillarse al cargo. Esto fue adelantado por Infobae durante el penúltimo período estival. Luego, la comisión “encontró” una propuesta que, para nacer, tuvo el sorpresivo viraje de una macrista y legisladora bonaerense electa por La Libertad Avanza, que se unió al cristinismo y dialoguistas. Terminó con una postulante relacionada con la gestión bonaerense de Axel Kicillof. Prosperó en un solo recinto.

La gran incógnita que resta es la de Inteligencia. Allí, como contó semanas atrás este medio, Consenso Federal ligaría un premio de oro: aparece la jujeña Carolina Moisés. Olvidó rápido los reclamos por la condena contra Cristina Kirchner, quien desde antes de su prisión domiciliaria forzó la intervención del sello en dicha provincia para reventarlo y cederlo a La Cámpora. Los resultados fueron estrepitosos y un -para nada inocente- regalo a la UCR local, a la que tanto rechazan. Una butaca en esta bicameral asegura, además de las reuniones secretas, apostillas diversas y contactos, una medalla especial: es la única de todo el Congreso con presupuesto reservado.

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El kirchnerismo quiere negociar con Kicillof una reforma electoral integral: los tres temas a discutir y una sorpresa

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La interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta en los últimos días con la difusión de chats entre dirigentes del kirchnerismo y funcionarios del entorno del gobernador bonaerense. Pero detrás de ese episodio de alto impacto político empezó a consolidarse una discusión más relevante y de largo alcance: las reglas electorales con las que la provincia de Buenos Aires llegará a 2027.

El debate no aparece en el vacío. La semana pasada, el gobierno de Javier Milei envió al Senado un proyecto de reforma política que incluye la eliminación de las PASO nacionales, cambios en el financiamiento partidario, criterios de mayor transparencia y nuevas exigencias para la subsistencia de partidos sin representación efectiva, los llamados “sellos de goma”.

Ese movimiento del oficialismo nacional aceleró conversaciones dentro del principal distrito electoral del país. En el espacio que responde a Cristina Fernández de Kirchner entienden que, si se va a abrir una discusión sobre reglas electorales, Buenos Aires no puede quedar atada a decisiones fragmentadas ni improvisadas. La idea que empezó a circular es avanzar en una negociación integral.

Fuentes partidarias, en diálogo con Infobae, explicaron que la consigna interna es clara: las reformas electorales deben discutirse en años no electorales, con previsibilidad institucional y tiempo político suficiente, no cuando la competencia ya está lanzada y cada movimiento queda leído en clave de conveniencia coyuntural.

Bajo esa lógica, distintos referentes del kirchnerismo consideran que antes del Mundial debería existir, al menos, un entendimiento político general sobre el cronograma bonaerense y sobre los principales cambios en debate. Admiten que una ley integral en pocas semanas luce compleja, pero creen posible arribar a consensos previos que ordenen la discusión posterior.

La agenda que imaginan incluye tres ejes centrales y una novedad que sorprendió incluso dentro del sistema político: la posibilidad de aceptar la Boleta Única de Papel para la elección general provincial.

El primer punto son las reelecciones de intendentes

Es uno de los debates más sensibles de la política bonaerense desde que durante la gestión de María Eugenia Vidal se sancionó la ley que limitó mandatos consecutivos. Desde entonces, el expediente reaparece cíclicamente en la Legislatura.

En el kirchnerismo no existe una objeción conceptual a revisar esa norma. Por el contrario, muchos dirigentes sostienen que debe prevalecer la voluntad popular y que un jefe comunal con respaldo electoral no debería quedar impedido de competir nuevamente.

Sin embargo, remarcan que ese tema no puede resolverse como una urgencia aislada ni como una transacción puntual entre bloques. La intención es integrarlo a una discusión más amplia del sistema electoral.

El segundo eje son las PASO

Mientras a nivel nacional avanzó la decisión oficial de eliminarlas y distintos sectores políticos cuestionan costos y utilidad, en el kirchnerismo bonaerense prevalece una defensa pragmática de las primarias. No las reivindican como una bandera doctrinaria, sino como una herramienta para ordenar internas dentro de un espacio con múltiples liderazgos territoriales.

Hoy el peronismo provincial convive con intendentes fuertes, La Cámporamovimientos socialessindicalismo y el armado propio del gobernador. En ese mapa, las PASO aparecen como un mecanismo para canalizar tensiones sin trasladar toda la disputa a una negociación cerrada de cúpulas.

Por eso, la posición que hoy gana fuerza es sostener las PASO con boleta partidaria tradicional para la competencia interna.

Allí aparece la sorpresa.

La sorpresa es el debate de la Boleta Única de Papel para la elección general

Durante años, el kirchnerismo fue uno de los sectores más críticos de ese sistema. Lo cuestionó por razones políticas y operativas. Sin embargo, en la discusión actual emergió una postura más flexible: no descartarlo si integra un acuerdo general, junto con el resto de las reformas.

Incluso, circula una alternativa mixta: PASO con boleta partidaria y elección general con Boleta Única de Papel. El razonamiento es político y técnico al mismo tiempo. En una primaria, donde compiten listas dentro de un mismo frente, la boleta tradicional conserva valor estratégico. En una general, la boleta única podría simplificar el proceso y agilizar la votación .

Otro punto es el calendario electoral de 2027

En este punto, las fuentes consultadas remarcaron una diferencia central con la estrategia aplicada el año pasado: el kirchnerismo quiere elecciones unificadas con la nacional y no desdobladas.

La experiencia de 2025, cuando la provincia votó separada del calendario presidencial, dejó cuestionamientos internos. En el espacio de Cristina Kirchner consideran que Buenos Aires, por peso político y volumen electoral, debe votar junto con la elección nacional.

La lectura es doble. Por un lado, unificar reduce incertidumbre institucional. Por otro, preserva la centralidad política del principal distrito del país y evita una discusión adicional dentro del propio peronismo.

Hasta ahora, no existe una mesa formal para avanzar en esta agenda. Pero el mensaje político ya fue transmitido: si se van a modificar las reglas del juego, debe hacerse en una negociación global.

Después del capítulo electoral, la interna se proyecta sobre la estrategia opositora frente al gobierno libertario.

Fuentes partidarias en diálogo con Infobae señalaron que Máximo Kirchner rechaza la idea de construir solamente un “frente anti Milei”. Según esa mirada, una coalición asentada exclusivamente en el rechazo al Presidente sería insuficiente e incluso podría frustrarse rápidamente.

La posición que impulsa el actual referente de La Cámpora es otra: construir una propuesta programática con contenidos concretos, que naturalmente termine reuniendo a quienes se oponen al rumbo libertario, pero no desde una consigna negativa sino desde una agenda positiva.

Los chats filtrados que dominaron la semana quedaron atravesados por ese trasfondo político. En esas conversaciones se expusieron fuertes diferencias entre sectores del kirchnerismo, con Mayra Mendoza como una de las voces más duras, y funcionarios cercanos al gobernador.

Dentro del espacio relativizan el valor político de esas filtraciones y cuestionan la difusión de conversaciones privadas. Pero admiten que dejaron al descubierto el nivel de tensión entre el kirchnerismo y el armado político propio del mandatario provincial.

En ese contexto, otro dato saliente fue la reciente asunción del gobernador al frente del Partido Justicialista bonaerense, una señal de acumulación interna que no pasó inadvertida en ningún sector del peronismo.

A eso se sumó el acto en el Teatro Roma junto a Jorge Ferraresi, donde se escuchó con fuerza el canto de “Axel Presidente”, otra muestra de que la proyección nacional del gobernador ya empezó a tomar forma en parte de su entorno.

Ese movimiento convive con una realidad conocida en el peronismo bonaerense: ya hay varios dirigentes anotados para la carrera sucesoria provincial.

Fuentes partidarias en diálogo con Infobae mencionaron entre los nombres en circulación a los intendentes Federico Otermín, de Lomas de ZamoraMariel Fernández, de MorenoJulio Alak, de La PlataMayra Mendoza, de QuilmesJorge Ferraresi, de Avellaneda; y Federico Achával, de Pilar, entre otros.

La conclusión que se repite en la dirigencia es que, con tantos actores en movimiento, las PASO conservan sentido político y las reglas electorales no pueden improvisarse.

Por eso, detrás de la pelea pública y de los chats que dominaron la agenda, lo que ya empezó es otra discusión: cómo se ordenará el peronismo bonaerense y bajo qué reglas llegará a la disputa decisiva de 2027.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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