En medio de un agitado ida y vuelva local e internacional sobre las Islas Malvinas durante las últimas semanas, más el proyecto que Diputados comenzará a discutir pasado mañana para reforzar sanciones, el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, osciló entre el apoyo al reclamo argentino y la “soberanía” allí de Reino Unido, un país al que calificó de “amigo”.

“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho”, dijo el funcionario que responde al mandatario del país vecino José Antonio Kast. “Un país amigo, ¿no es cierto? Está hace 200 años, ejerce soberanía”, continuó, en declaraciones a Radio Polar Magallanes.

Seguido a ello, el ministro señaló que “una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo”, pero “de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”. “No repitamos situaciones de conflicto”, remató.

La cuestión más delicada fue abordada junto a la comercial, otro foco de puja por las funciones de la empresa Sea Lion. En esa línea, el funcionario chileno manifestó: “Hay temas que no discutimos. Uno, es el apego a la ley y, por lo tanto, cualquier actividad que se desarrolle, que respete las disposiciones locales como el derecho internacional, no puede tener ninguna limitación”.

“Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, expresó. Y añadió: “Hay un tema puntual, que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga eso con los planteamientos que tomó Chile como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en Mercosur y Unasur”.

Vale recordar que, a inicios del corriente mes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island con el objetivo de establecer una nueva vía comercial marítima entre esa ciudad y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, asunto que ya encendió las alarmas a ambos lados de la cordillera.

Radonich recordó la rúbrica de Chile a una declaración del Mercosur, en 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las islas en los puertos de los países firmantes. Tras ello, la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones. Según su visión, ahora se trata de un “acuerdo entre privados” y el barco encargado de cubrir la ruta “llevará otra bandera”, según consignó semanas atrás a El Mercurio.

En Argentina, el decreto 256, dictado el 16 de febrero de 2010, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), reconoce el derecho a navegar de cualquier buque sin carga de tipo militar por la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Debido a esto, el excomandante en jefe de la Armada de Chile Julio Leiva advirtió que esta nueva ruta hacia las Malvinas traería inconvenientes con el país vecino.

De nuevo en el plano local, un plenario de comisiones iniciará el análisis del proyecto de ley de “Soberanía Nacional”, que refuerza las sanciones a empresas relacionadas con las islas. El texto además incluye la creación de un Consejo de Seguridad en el que participarían el Presidente, ministros y el titular de la SIDE. Será dicho organismo quien defina la política de seguridad -de carácter obligatorio- y podrá disponer medidas urgentes ante amenazas “graves e inminentes”. La oposición ya tiene varias observaciones en fila.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la designación de Pablo Hernán Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El nombramiento cubre la vacante que dejó Alejandro Alberto Vilches, quien presentó su renuncia el 21 de septiembre en medio del debate por las partidas destinadas al sector en el proyecto de Presupuesto 2027.

De esta manera, a través de la publicación del decreto 1095/2026, el Gobierno aceptó formalmente la dimisión de Vilches y nombró a Di Liscia en su lugar.

El ex titular del área había asumido la conducción del organismo luego de que el Gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo. La decisión se tomó tras la filtración de audios en los que presuntamente se exponían maniobras irregulares relacionadas con la adquisición de medicamentos y servicios.

Su designación también se había producido en medio de protestas de familias de personas con discapacidad que rechazaban los recortes presupuestarios en el sector.

Según fuentes del Ministerio de Salud, el flamante funcionario tendrá como ejes de gestión mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones, reforzar los controles internos y administrar los recursos de forma eficiente. También continuará la auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral para detectar irregularidades y posibles fraudes.

Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, cuando el organismo contaba con más de 2,2 millones de afiliados. Antes de ese cargo, acumuló una extensa trayectoria en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: fue subsecretario de Higiene Urbana entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017, director general de Control de Gestión entre 2011 y 2015, y director general de Reforma Administrativa entre 2010 y 2011.

En su perfil profesional, Di Liscia se define como un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en dirección, gestión operativa, transformación organizacional y desarrollo comercial, con tareas de consultoría para directorios empresariales y participación en una pequeña y mediana empresa familiar del rubro alimenticio.

La salida de Vilches ocurrió durante la discusión interna que generó el proyecto de Presupuesto 2027, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Las previsiones para el año próximo expusieron nuevos ajustes en el área, que fueron cuestionados por la oposición y también por sectores del propio oficialismo. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, encabezó las críticas dentro del espacio de Gobierno y el Ejecutivo admitió que podría revisar las partidas vinculadas con discapacidad.

En ese contexto, la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, advirtió públicamente sobre las consecuencias de los cambios contemplados en el proyecto. “Es letal la desregulación del nomenclador”, sostuvo en declaraciones radiales, en referencia a una posible modificación que, según la intérprete, podría afectar la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025.

Mientras tanto, el oficialismo trabaja en la Cámara de Diputados en un proyecto para reemplazar la ley de emergencia sancionada durante el actual período. La discusión involucra aspectos sanitarios, legislativos, educativos, de transporte y de protección social.

Según estipula el artículo 1 de la nueva propuesta del oficialismo, el objetivo de la reforma es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.

A diferencia del proyecto de Presupuesto 2027, el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad seguirá vigente y se continuará actualizando por inflación de manera mensual como en la actualidad. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. Además, por pedido de la oposición, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles. A su vez, quienes empleen personas con discapacidad por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.

Axel Kicillof está decidido a seguir construyendo un proyecto presidencial que no anunciará hasta llegado el momento, pero cuyos movimientos son cada vez más parecidos a los de un candidato. Desde hace un tiempo se mueve como tal y sus armadores intentan darle estructura federal. También apura un perfil de corte internacional para mostrarse frente a los diferentes estamentos de poder como la contracara del presidente argentino Javier Milei. “Les traigo malas noticias”, dijo en el desayuno con el alcalde Zohran Mamdani y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Remató: “En Argentina estamos viviendo una catástrofe”.

Eso fue parte de la agenda que desplegó en Nueva York la semana pasada y que buscará replicar en China en los primeros días de noviembre. Kicillof intentará estar en la feria de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghái. Antes, según supo Infobae, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, tendrá una reunión con el embajador del gigante asiático para delinear la agenda. Hay un tema no menor: la fecha coincide con la visita del Papa León XIV a Argentina. El sumo pontífice recorrerá el Cottolengo Don Orione, en Claypole (Almirante Brown), y oficiará una misa multitudinaria en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Kicillof debería estar presente. La actividad en China es del 5 al 10 de noviembre. El Papa estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El gobernador quiere estar en China. Tiene que hacer un viaje XXL.

En una semana, el mandatario bonaerense va por una foto con el Jefe de Estado del Vaticano y con referentes comerciales de China en medio de la guerra comercial desatada con Estados Unidos, que también tiene su réplica en Argentina. Es un factor más que atendible a cualquier agenda presidencial. Antes de que el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, advirtiera sobre el acuerdo de la Cooperativa Eléctrica de Neuquén (CALF) con Huawei, Buenos Aires ya había cerrado con la misma empresa la provisión de baterías para garantizar el transporte de energía en los nodos Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento. El tema, según reconstruyó este medio, fue parte de las conversaciones del mandatario en la Gran Manzana. La respuesta fue que Huawei es quien mejor oferta en las licitaciones. Mismo argumento que empleó la cooperativa de Neuquén cuando escaló el conflicto.

El plan, dicho en diferentes oportunidades por Kicillof y los suyos, es el multilateralismo. Lo dijo el sábado pasado cuando cerró el acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). “No necesitamos un plan austríaco, norteamericano o israelí; necesitamos una estrategia argentina, federal y contemporánea. A otros les podrá fascinar la Doctrina Donroe de Donald Trump. Nosotros seguimos nuestra propia doctrina, la que viene del general Perón: “Argentina para los argentinos”. Un posicionamiento que no pudo, no logró, o no quiso repetir cuando —entre reunión y reunión— fue abordado en Nueva York por la periodista argentina Silvina Sterin Pensel, quien le pidió un posicionamiento sobre el conflicto en la franja de Gaza y le endilgó una condición de tibieza al respecto. Un imprevisto.

Kicillof pasó por el corazón financiero de Occidente con el objetivo de despejar fantasmas. En distintos momentos de su carrera como funcionario público alcanzó acuerdos con acreedores internacionales. Se sienta en la mesa con representantes de firmas internacionales con capacidad de inversión en el país y busca mercados. Quienes lo frecuentan en esas reuniones con empresarios cuentan que suele decir —medio en serio, medio en broma—: “No vamos a expropiar nada”.

A la par de que afina su perfil internacionalista, en Argentina sigue con su construcción federal. Una edificación que tampoco está exenta de complejidades y que transita en paralelo con la discusión interna del peronismo. En el acto en Avellaneda le dedicó varios pasajes. Dijo no querer una construcción “a control remoto”, ni surgida de entre cuatro paredes “en una rosca”. Fueron señales a distintos y conocidos destinatarios: el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa, que está empezando a moverse por fuera de “las cuatro paredes”. El sostenimiento de las PASO será a lo que se aferre para evitar una negociación cuya victoria puede ser pírrica cuando llegue el momento de definir la estrategia electoral para enfrentar a Javier Milei en la Nación y a —hasta el momento— Diego Santilli en el territorio bonaerense.

En la dirigencia se empieza a repetir una hipótesis que va desde una lectura analítica hasta la presión de los intereses sectoriales: quien sea candidato a presidente deberá tener asegurada la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Los distritos que se miran, sin posibilidad de reelección, son La Matanza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Quilmes, Tigre, Esteban Echeverría, entre otros. El peso de esas intendencias en una elección que hasta el momento se perfila para que sea unificada —más aún si el candidato es Kicillof— es gravitante para la discusión provincial y nacional.

Hoy, pese a que manifieste su acuerdo con las reelecciones indefinidas, Kicillof no logra empujar el tema en la Legislatura. Tanto en el Senado como en Diputados aseveran que nadie hará nada hasta tanto el gobernador no se siente con Máximo o Cristina Kirchner y con Sergio Massa. Una vez que haya un entendimiento en ese tridente de cúpula, se saldrá a la caza de voluntades para dejar sin efecto esa normativa que algunos consideran proscriptiva.

“Proscripta está Cristina”, repiten en el kirchnerismo desde donde alientan una candidatura de la expresidenta. Una trama que hoy sigue siendo compleja para el camino de Kicillof. “Queremos que Cristina sea candidata”, dijo Máximo Kirchner en una reciente entrevista con Víctor Hugo Morales. Y así como Kicillof dejó señales varias en su discurso en Avellaneda, el diputado nacional y líder de La Cámpora aseveró: “Imaginen si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de Cristina y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones. Iríamos a una fusta democrática de alto calibre para que los argentinos puedan decidir libremente”.

La semana pasada un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca dio lugar a una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo para que las empresas distribuidoras EDELAP, EDES, EDEA y EDEN se abstengan de aplicar incrementos si antes no existen audiencias públicas para discutir las nuevas tarifas. El aumento había sido autorizado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que comanda Gabriel Katopodis. En el Ejecutivo, vinculan la jugada de la Defensoría con el kirchnerismo. La respuesta tácita llegó el viernes con la decisión de los diputados del MDF que decidieron abstenerse en un plenario de comisiones en la votación de un proyecto cuyo autor es el presidente del bloque, Facundo Tignanelli. La iniciativa, como contó Infobae, impulsa un registro para crear el Régimen Provincial de Prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores. El expediente busca crear un régimen para prevenir y tratar el sobreendeudamiento de consumidores, con una negociación obligatoria y gratuita ante la Defensoría del Pueblo antes de iniciar reclamos judiciales.

En el plenario, la diputada de Fuerza Patria, Ana Luz Balor, que forma parte del MDF, expuso que estaban de acuerdo con el registro y el espíritu del proyecto, pero que “sería mejor” que las autoridades de aplicación fueran las dependencias municipales y no así la Defensoría, ya que estaba fuera de sus competencias establecidas por la Constitución y el proyecto podía luego ser judicializado y declarado inconstitucional. En el kirchnerismo dejan trascender que detrás de los argumentos técnicos están los políticos. Tiempo atrás, Kicillof había bajado la línea de “no responder acusaciones”, ante las críticas del kirchnerismo en diversos temas. Las respuestas aparecieron de manera implícita.