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La ley Ómnibus Bis se discutirá en más comisiones y podría tener un trámite exprés en abril

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El llamado proyecto de ley Ómnibus, con el que el Gobierno volverá a la carga luego de la Semana Santa luego del fracaso del primer intento, será debatido en una mayor cantidad de comisiones y podría tener un trámite exprés durante abril.

De todos modos, la celeridad que se le imprima al debate estará subordinado al marco de acuerdos que el Gobierno pueda entablar con las provincias en una ventana de tiempo no demasiado grande.

Así lo entiende un diputado nacional de La Libertad Avanza con el que NA tuvo diálogo. “Es elemental lo que acuerden (el ministro de Interior, Guillermo) Francos y (el jefe de Gabinete, Nicolás) Posse con los gobernadores”, sinceró el legislador oficialista, temeroso de que esta ley ómnibus Bis corra la misma suerte que la primera edición si no se corrige el modus operandi.

Para este legislador oficialista, “si no hay acuerdo en el pacto fiscal con las provincias, no habrá Pacto de Mayo”.

“Lo que se tiene que entender desde el Poder Ejecutivo es que el recorte a las provincias fue necesario pero duro, y debe haber un alivio fiscal para las provincias”, opinó.

Los votos de los diputados que responden a gobernadores de la oposición será fundamental para saber cómo se inclinará la balanza.

La votación en general está garantizada sobre la base de los 144 votos que logró en la primera sesión de la ley ómnibus.

La experiencia enseña que el partido no termina allí, y sigue jugándose en la prórroga que es la votación en particular, donde el oficialismo deberá seguir metiendo goles y aguantando en su arco para evitar que le desguacen lo que consideran el corazón del proyecto, como ya sucedió en febrero pasado.

Durante el período de sesiones extraordinarias, el Gobierno ingresó en la Cámara de Diputados un mamotreto de 664 artículos que fue desmalezado a partir del diálogo con bloques dialoguistas pero el nivel de acuerdos fue insuficiente.

El resultado dejó al desnudo la falta de muñeca del Gobierno, que depositó su confianza ciega en “las fuerzas del cielo”, creyendo que “la política” (como llama por momentos el Gobierno a la oposición) iba a interpretar ese mandamiento sumisamente.

Tras la votación en general positiva, sectores de la oposición impugnaron incisos clave para el Gobierno y se preparaban para otro embate en el capítulo de privatizaciones. Leyendo la partida en el tablero, y haciendo un cálculo de costo-beneficio, el presidente Javier Milei ordenó desde el exterior retirar el proyecto Bases, que volvió a foja cero.

Con esa frustración y ese aprendizaje en la mochila, el Gobierno ajustará tuercas en la negociación política y por lo pronto ya quitó de la redacción artículos que generaban interferencia y enturbiaban la posibilidad de llegar a acuerdos.

Con el apoyo garantizado del PRO, que a esta altura puede decirse que es una fuerza oficialista más, Francos se reunió con los líderes de los bloques dialoguistas (UCR y Hacemos Coalición Federal) y también con gobernadores para comprometer su apoyo a la ley ómnibus. Ese tipo de encuentros se repetirán porque la idea es que esta vez no queden cabos sueltos.

Una de las certezas que dejaron esos primeros encuentros es que el debate pasará por más comisiones que las tres que trabajaron durante el verano en torno a la ley Bases, que fueron Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto.

Según el diputado de La Libertad Avanza consultado por Noticias Argentinas, también podrían intervenir Finanzas, Seguridad Interior, Legislación Penal, Narcotráfico y Adicciones y Relaciones Exteriores.

Además podría acoplarse la comisión de Previsión y Seguridad Social en caso de que la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria, que se adelantó a través del dictado de un DNU, tenga un reflejo legislativo y sea incluida dentro del combo de la ley Bases.

El otro tema de enorme sensibilidad tiene que ver con el impuesto a las Ganancias, que pasaría a denominarse impuesto “a los ingresos personales”.

La restauración de este tributo estaría incluida dentro del paquete fiscal, que volverá a entrar en escena en la ley ómnibus bis luego de que en la primera edición fuera extirpado por el Gobierno, para sorpresa de propios y ajenos.

Lo que queda claro para el legislador oficialista es que con una inflación acumulada del 60% el mínimo no imponible no podrá estar por debajo del millón y medio de pesos y podría ampliarse hasta un 1.800.000.

“No hay consenso acá (en el Congreso) para que se establezca en 1.300.000”, advirtió, poniendo en entredicho una versión que había dejado correr el Gobierno semanas atrás sobre la reposición de Ganancias.

Fuente: Noticias Argentinas.

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La CGT y las CTA analizan movilizarse este viernes ante Trabajo en reclamo de un fuerte aumento del salario mínimo

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El Gobierno rechazó el pedido de la CGT y las dos CTA de que el Consejo del Salario delibere este viernes en forma presencial y no virtual, pero las tres centrales obreras, de todas formas, analizan movilizarse igual ese día ante la Secretaría de Trabajo, en la avenida Leandro N. Alem 650, en reclamo de una fuerte mejora del salario mínimo, que hoy alcanza los $376.600.

“No queremos que se politice un tema que no tiene un gran impacto en la recomposición de los ingresos”, dijo a Infobae una alta fuente oficial acerca de la ratificación de que el encuentro tripartito no se hará cara a cara, como reclama el sindicalismo, que visualiza la audiencia para resolver el aumento del salario mínimo como otro escenario del plan de lucha contra el Gobierno.

Según los funcionarios libertarios, “no se modificará el formato del Consejo de Salario Mínimo ya que se trata de reuniones que permiten mayor claridad de manera virtual” y agregaron: “Hoy se prioriza la virtualidad por la transparencia institucional adicional que brinda en los actos administrativos formales”.

El viernes pasado, la CGT y las dos CTA pidieron en sendas notas a la Secretaría de Trabajo que la reunión del Consejo del Salario convocada para el viernes 28 a las 12.30 sea presencial y no virtual, con el argumento de que allí se discutirá la suba del salario mínimo y de que esa definición impacta sobre ingresos laborales, prestaciones por desempleo y otros beneficios atados por ley a ese valor.

El reclamo se produjo mientras desde el Gobierno se difundieron estimaciones oficiales que relativizan la incidencia directa del salario mínimo sobre los ingresos: según esos datos, alrededor del 1% de la población asalariada del país cobra por debajo de ese piso, y entre los trabajadores asalariados registrados del sector privado y del sector público la proporción baja a menos del 0,2%.

En la práctica, agrega el informe oficial, para el conjunto de trabajadores con empleo registrado del sector privado o en la administración pública nacional “la función de establecer un piso salarial queda delegada en la negociación colectiva, dada su elevada cobertura y su impacto efectivo en las remuneraciones”.

No obstante, remarca, “el salario mínimo se utiliza principalmente con la finalidad de actualizar los ingresos de otros segmentos de la población distintos a los que están amparados por la negociación colectiva, aunque recientemente esa incidencia se recortó sensiblemente”.

En la nota enviada a la presidenta alterna del Consejo y subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, para pedir el cambio de modalidad, la CGT señaló que “la magnitud de las decisiones que corresponde adoptar exige el más amplio y genuino debate entre los sectores que lo integran (al Consejo del Salario)”.

En ese escrito, la CGT afirmó que “como quedó demostrado en las últimas sesiones, la metodología virtual no permite el real desarrollo de la misión de los actores sociales involucrados”. También advirtió: “Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país atraviesan una pérdida sostenida del poder adquisitivo de sus salarios, que compromete su capacidad de acceso a los bienes y servicios de la canasta básica todos ellos esenciales para llevar una vida digna”.

Agregó que a ese deterioro salarial se suma “la sostenida destrucción de puestos de trabajo registrados, que golpea de manera directa a miles de familias y agrava la precarización del mercado laboral”. En la misma nota mencionó la crítica situación del sector productivo, con caída de actividad, cierre de empresas e incertidumbre económica, como factores que inciden sobre el empleo y sobre la fijación del salario mínimo, vital y móvil.

Para la CGT, “asuntos de esta relevancia, con impacto directo sobre los ingresos de millones de trabajadores y sobre la sostenibilidad de miles de unidades productivas, requiere de un ámbito de deliberación presencial que garantice el intercambio directo entre las partes, la posibilidad de negociación efectiva y la debida transparencia y legitimidad de lo que allí se resuelva”. En el mismo sentido, remarcó que la modalidad virtual “si bien resulta admisible para cuestiones de trámite, no resulta adecuada para un debate de esta naturaleza y trascendencia institucional”.

En el último encuentro del Consejo del Salario, realizado el 26 de noviembre pasado, no hubo acuerdo entre el Gobierno, la CGT y los empresarios y por eso el Poder Ejecutivo estableció por decreto aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026: el salario mínimo pasó entonces a $334.800 en el primer tramo y llegó al nivel actual de $376.600.

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Estados Unidos y Francia: los próximos viajes en la agenda de Javier Milei

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Tras retomar la actividad en Casa Rosada, el presidente Javier Milei trabaja en la agenda internacional de los próximos meses, que contempla una visita a Francia y dos nuevos viajes a Estados Unidos. Uno de ellos será en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde en Washington esperan que el mandatario diserte hacia fines de septiembre, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

El mandatario volverá a Estados Unidos por decimonovena vez desde que asumió, en la previa a las elecciones de medio término de noviembre, que marcarán un nuevo desafío para la administración de Donald Trump. El viaje será también una nueva señal del alineamiento de Milei con el republicano, mientras el Gobierno busca consolidar a la Argentina como interlocutor en la región.

Con el cronograma todavía en construcción, el libertario encabezará una nueva edición de la Argentina Week en París, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre. Como contó este medio, el megaevento tendrá una activa participación de gobernadores de distintos signos políticos, empresarios y organismos económicos internacionales.

La delegación presidencial que acompañará al mandatario estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e incluirá a varios ministros nacionales, entre ellos Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

En el marco de la semana, que aspira a captar inversiones para el país, se realizará una recepción en el Palacio del Elíseo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un nuevo gesto de acercamiento entre ambos mandatarios.

El vínculo entre Milei y Macron tuvo además un nuevo capítulo con motivo del 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín: el Presidente le obsequió, por intermedio del embajador argentino en París, Ian Sielecki, un cuadro que emula un encuentro entre Napoleón y el prócer en Tolón en 1798.

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La Provincia aprobó un protocolo único para el manejo de muestras de ADN en causas penales

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la aprobación del “Protocolo Unificado de la provincia de Buenos Aires para la Recolección, Conservación y Remisión de Muestras para Análisis de ADN”, a través de la Resolución 2060, firmada por el ministro Javier Alonso.

El documento fue elaborado de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia, con el objetivo de establecer los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad y la eficiencia de los métodos utilizados en el levantamiento, la recopilación y la preservación de evidencias genéticas.

En la elaboración del protocolo intervinieron, además, la Superintendencia de Policía Científica, la Dirección de Pericias y Estudios Forenses de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales, dependiente de la mencionada secretaría de la Procuración General. También tomaron intervención la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

El protocolo establece además una serie de requisitos destinados a reforzar la trazabilidad, preservación y valor probatorio de las evidencias genéticas. Entre otras disposiciones, fija criterios uniformes para la capacitación y protección del personal, la utilización de materiales adecuados, el embalaje y rotulado individual de las muestras y el mantenimiento de la cadena de custodia durante todo el proceso.

Como regla general, los laboratorios admitirán inicialmente hasta cinco evidencias dubitadas por remisión, seleccionadas según su posible utilidad para el esclarecimiento del hecho, y podrán rechazar aquellas que no cumplan con las condiciones de embalaje, identificación o documentación establecidas.

La guía también contempla procedimientos específicos para escenas del crimen, allanamientos, muestras de referencia y delitos contra la integridad sexual, con especial énfasis en la prevención de la contaminación de las muestras y, en estos últimos casos, en la protección física y psicológica de la víctima y su consentimiento para la toma de evidencias.

Fuente: Agencia DIB

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