La Argentina rechazó hoy que el Reino Unido califique como un intento de “socavar” derechos su decisión de recurrir al arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y defendió el uso de los mecanismos legales previstos en el tratado para proteger sus derechos soberanos sobre los recursos naturales en disputa en torno a las Islas Malvinas.

A través de un comunicado, difundido este jueves, la Cancillería respondió a las críticas del gobierno británico sobre la legitimidad del proceso arbitral impulsado por Buenos Aires, en el marco del conflicto por el proyecto de extracción petrolera Sea Lion, en la Cuenca Norte de las Malvinas, descontento que la subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran le trasladó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, este miércoles.

Según el gobierno argentino, someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”, y remarcó la importancia de que los países comprometidos con el estado de derecho resuelvan sus diferencias “no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes aceptaron libremente”.

Ambos países son Estados partes en la CONVEMAR. Al ratificarla -recordó la Cancillería- ambos asumieron las obligaciones establecidas en la Parte XV de la Convención, que regula los mecanismos de solución de controversias. Bajo esa norma, cuando las preferencias de foro de las partes no coinciden —Argentina eligió el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) con sede en Hamburgo y el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia— el caso se dirige, por defecto, a un tribunal arbitral de cinco miembros conforme al Anexo VII del tratado.

En sus redes sociales, Kumaran caracterizó el recurso argentino como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Malvinas”. La Cancillería rechazó esa descripción de plano: “Nada más alejado de la realidad”, se sostuvo en el texto.

El foco de la disputa es el proyecto Sea Lion, que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum planean desarrollar a unos 220 kilómetros (137 millas) al norte del archipiélago, en la Cuenca Malvinas Norte, con reservas estimadas de 1.700 millones de barriles y producción prevista para 2028.

El eje del comunicado fue una inversión del argumento británico. Si Londres sostiene que sus actividades hidrocarburíferas en el área se realizan “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Convemar”, entonces un tribunal internacional es precisamente el ámbito para demostrarlo, razonó la Cancillería. “Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”, señaló el texto. La Argentina, agregó, “ha puesto su caso en manos de jueces independientes, tal como la Convención faculta a hacerlo”.

El procedimiento judicial fue anunciado por Milei el pasado 28 de septiembre. El canciller Pablo Quirno notificó formalmente a Londres ese mismo día, y la Argentina otorgó al Reino Unido dos semanas para detener las actividades vinculadas a Sea Lion; de no hacerlo, Buenos Aires solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo.

Más allá de la disputa, Quirno aclaró que el objetivo del arbitraje es acotado: frenar la extracción unilateral de hidrocarburos en el área, no resolver la disputa de soberanía territorial. “Es la primera vez que Argentina somete a un tribunal internacional la causa Malvinas en cuanto a la explotación de hidrocarburos”, afirmó el canciller.

El comunicado también cuestionó la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos para fundamentar sus posiciones. Argentina señaló que las Naciones Unidas no han aplicado ese principio a los actuales habitantes de las islas en el contexto de la disputa de soberanía, y que el propio ordenamiento jurídico argentino reconoce el compromiso de respetar el modo de vida de los isleños, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

En materia de antecedentes normativos, el texto citó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, que instó a ambos gobiernos a proseguir las negociaciones para encontrar una solución pacífica, y la Resolución 31/49, que pidió a las partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras ese proceso permanezca abierto. “La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo”, sostuvo la Cancillería.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó de “apresurado” el intento del Gobierno de elevar al Congreso las negociaciones por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en donde estaba incluido el capítulo de la Ley de Tierras, y advirtió que esa estrategia pueda facilitar que la oposición rechace el DNU 70/2023 de Javier Milei.

Su posición llegó después de que la Corte Suprema restituyera la vigencia de la disposición que derogaba la ley territorial. Con estas palabras, Bullrich volvió a diferenciarse de la postura oficial del gobierno que integra.

El gesto se suma a otros movimientos independentistas como las críticas a los recortes en Discapacidad incluidos en el Presupuesto o bien el rechazo de impulsar un juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, que intentaron frenar la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La senadora sostuvo que el Gobierno debió esperar el pronunciamiento de la Justicia antes de enviar el proyecto al Congreso. “Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, afirmó ante los medios acreditados durante un acto por los 30 años de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

En el acto realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Bullrich precisó: “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, se sinceró.

El reconocimiento de Bullrich incluyó una advertencia sobre las consecuencias legislativas de aquel proceso. “[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]”, dijo la jefa senatorial de LLA.

Vale recordar que el fallo del máximo tribunal dejó sin efecto las restricciones a la extranjerización de tierras al reponer un artículo del decreto presidencial que había derogado la norma vigente desde 2011. El capítulo en cuestión había sido retirado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada antes de que el Senado le otorgara media sanción en agosto. De esta forma cuestionó que el oficialismo promoviera esa iniciativa mientras la validez del decreto todavía estaba bajo análisis judicial.

El riesgo parlamentario para DNU y la posibilidad de una candidatura porteña

La oposición busca reunir a la Cámara de Diputados en una sesión especial para tratar el rechazo del decreto. Para abrir el debate necesita 129 diputados y, una vez logrado el quórum, una mayoría simple de los presentes para invalidarlo.

El Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024. Los bloques opositores analizaban convocar la sesión en Diputados para el miércoles 7 de octubre o para el 14.

Bullrich buscó modificaciones que permitieran reunir el respaldo de aliados del oficialismo. Sturzenegger, en cambio, planteaba objeciones a los cambios introducidos en el texto original.

La senadora dijo además que cuenta con “toda la posibilidad y toda la capacidad” para competir por la jefatura de Gobierno, debido a que tuvo a cargo “áreas complejas”. Ante la consulta sobre una postulación, respondió: “Podría ser”.

La decisión, sin embargo, no está tomada. En su entorno señalan que, por ahora, prefiere una competencia nacional y resumen su posición con una frase: “Donde la ponga la historia”.

Sus diferencias públicas con decisiones del oficialismo y sus declaraciones sobre la necesidad de que “el proyecto reelija”, sin mencionar a Milei, alimentaron versiones sobre una posible ruptura. Ante preguntas sobre su futuro político, Bullrich ironizó: “En el único lugar que me tienen que poner es en MasterChef, aunque no me eligieron. Empezó el otro día”.

La senadora impulsa una alianza entre La Libertad Avanza y Pro en la Ciudad, aunque las conversaciones entre ambos espacios permanecen “frías”. Los legisladores libertarios cuestionan la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Bullrich definió esa administración como una gestión con “luces y sombras”. Valoró las medidas vinculadas con el orden y las usurpaciones, pero cuestionó el adelanto de la negociación para renovar las concesiones de recolección de residuos para el período 2028-2038: “Adelantar tanto una negociación me parece que tiene su lado oscuro”.

Diferentes bloques de la oposición convocaron para el jueves 15 de octubre a una sesión especial en la Cámara de Diputados con un temario extremadamente incómodo para el oficialismo. En primer lugar, tras la polémica que desencadenó el fallo de la Corte Suprema que liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros, la oposición buscará derogar definitivamente el mega DNU 70/2023, que desreguló amplios sectores de la economía.

Además, los opositores apuestan a sumar masa crítica que garantice el quórum con la inclusión de otros dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de los endeudados.

La convocatoria a la sesión especial lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y monobloques como el de Natalia de la Sota y Marcela Pagano, por lo que todavía falta sumar cerca de 20 votos, principalmente de espacios que responden directamente a los gobernadores. Todos ellos se encuentran en París, junto al presidente Milei, en el marco de la Argentina Week que se celebra en ese país para buscar inversiones.

Ante la consulta de Infobae, diputados de los bloques del “centro” reconocieron que los votos no están asegurados para imponerse en ninguno de los tres temas. No obstante, destacaban la importancia de no dejar pasar mucho tiempo para capitalizar que la problemática de la venta de tierras a extranjeros volvió a quedar en el centro del debate público.

Pero al mismo tiempo, desde el bloque Argentina Federal (Salta Misiones) dejaron trascender su enojo con la oposición por “utilizar la causa noble de los discapacitados para asegurarse el quórum”. En ese sentido, adelantaron que el bloque podría dividirse según intereses provinciales.

La resolución de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la ley de tierras, tomó por sorpresa incluso al Gobierno. Pero ahora buscan alternativas para correr de la discusión la validez del mega decreto.

El mega DNU 70 ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero la oposición nunca logró un consenso suficientemente amplio para darle el golpe de gracia en la Cámara de Diputados. Pero al nunca haber convocado a una sesión para tratar el tema, la posibilidad quedó abierta.

Entre otros puntos, el decreto eliminaba una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogaba las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberaba las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y desregulaba el mercado aéreos y la venta de tierras.

Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advierten que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal. Por ejemplo, que reinstaure la Ley de Alquileres o vuelva a intervenir las cuotas de las prepagas.

En ese sentido, ya trabajan en diferentes estrategias para bloquear la arremetida opositora. Según dejaron trascender, una posibilidad sería volver a incluir un capítulo de Tierras en la ley de Propiedad Privada que tuvo media sanción del Senado y ahora deberá discutirse en Diputados. De esta forma le darán una salida a los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas para sentar posición sobre la venta de tierras a extranjeros sin tener que avanzar contra el DNU 70. Otra posibilidad similar sería incluir un nuevo capítulo en la ley de Defensa de la Soberanía que empezó a tratarse este miércoles en comisión. Esa fue la sugerencia que hizo Miguel Ángel Pichetto a través de las redes sociales.

Endeudamiento

Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada, que calificó el problema del endeudamiento como un “tema entre privados”, apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.

En cambio, la oposición quedó dividida en dos posturas sin lograr unificar criterios. El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas -el cordobés Ignacio José Garcia Aresca decidió ausentarse para no firmar el dictamen- propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.

Además, quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.

Por su parte, el proyecto de Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.

También crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.

Durante la sesión del próximo 15 de octubre se pondrá en debate en primer lugar el proyecto oficialista y la oposición deberá primero sumar más votos para rechazarlo. Recién ahí se discutirán los textos alternativos.

Emergencia en Discapacidad

Las negociaciones en torno a la reforma en el área de Discapacidad generaron fuertes turbulencias y pases de factura internos en el Gobierno. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un fuerte ajuste en el área de discapacidad. Ese ajuste no tenía ningún punto de contacto con las negociaciones que La Libertad Avanza estaba llevando adelante en el Congreso con aliados y gobernadores.

Tras dos semanas de tensión, que incluyeron algunos desplantes entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió la Casa Rosada y llegaron a un consenso con los bloques aliados.

La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.

El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

No obstante, desde la oposición advierten que la forma en la que quedaron redactados los artículos esconden las verdaderas intenciones del oficialismo. Puntualmente, plantean que el artículo 5 separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso (“imposibilitada para trabajar, o con discapacidad que posea CUD”). Por lo tanto, “consolida dos pensiones: por invalidez laboral y por discapacidad”, con diferente acceso al programa Incluir Salud. Por lo tanto, su proyecto se limita a prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad vigente.

La ambigüedad de la redacción fue advertida incluso por los aliados del Gobierno que firmaron el dictamen. De hecho, exigieron que se aclaren todas posibles interpretaciones como condición para acompañar. Hasta el momento no recibieron respuesta de La Libertad Avanza.