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La nueva normalidad que se instaló al interior del Gobierno y las negociaciones sensibles que debe afrontar en los próximos meses

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Hacia finales del 2024, La Libertad Avanza publicó una suerte de decálogo con los principios que describían la naturaleza de la acción mileísta. Cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos quiero vale cuatro, reza el séptimo punto, el cual parece describir el accionar de Javier Milei ante ciertas circunstancias: una de ellas fue mantener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a que en la amplia mayoría de su círculo de funcionarios políticos se opinaba lo contrario, aunque pocos fueron los que realmente le manifestaron esa lectura.

Adorni fue sostenido en su cargo por pura voluntad de los hermanos Milei, apalancados en la idea de que hay una conspiración política que busca desplazarlo. La administración libertaria debió soportar un desgaste sostenido desde las primeras noticias que circularon sobre su viaje a Punta del Este hasta las últimas novedades de la causa judicial que lleva adelante el juez Ariel Lijo, aunque con la investigación del fiscal Gerardo Pollicita. El jefe de Gabinete avisó tanto en su informe de gestión del pasado miércoles como en una entrevista radial posterior que no renunciará. Mala noticia para dos altas figuras del Ejecutivo que en privado coqueteaban con la idea de ser los reemplazantes. También para un sector del karinismo que se frotaba las manos con la posibilidad de que se lo eyectara.

Una fuente de la mesa política opina que la continuidad de Adorni sigue siendo un salvavidas de plomo para el oficialismo. “Ahora está saliendo a hablar, pero no va a poder cambiar la percepción que se instaló sobre él. Sigue escondiendo sus explicaciones y con el paso del tiempo se va a hacer más difícil si no da una justificación convincente. Ante todo, el silencio convalida”, marca.

El jefe de Gabinete quiere recuperar su función de vocero. Durante todo este lapso, en Casa Rosada marcaban que el portavoz provisorio iba a ser el propio Presidente. Así lo fue, pero solo a través de sus publicaciones de X, en conferencias sin posibilidad de que la prensa pudiera preguntar y en entrevistas periodísticas dosificadas. Los ministros del Gabinete están hace casi dos meses sin poder entrar a un plató de televisión porque no pueden eludir las preguntas acerca de Adorni.

El jefe de la administración quiere romper con ese cerco mañana a las 11 horas cuando retome sus conferencias de prensa con los acreditados de la Casa Rosada. Esto no está confirmado y puede mudarse al martes. Aun así, ¿se instala así una nueva normalidad, en la que todos los funcionarios responderán de aquí en adelante que la situación judicial del funcionario deberá ser aclarada en los tribunales? Es altamente probable que así sea y que se busque desincentivar ese tipo de preguntas. “Si hacen eso ya saben que la respuesta va a ser esa. Va a ser una pregunta perdida”, avisan en su círculo.

Pero la nueva normalidad es más profunda. Entre sus características está la judicialización de la política como parte del panorama diario.

Quienes conversan con Adorni perciben que tiene cierta de sed de venganza contra quienes apuntaron hacia él. Mira programas del prime time televisivo y asesta ante los suyos: “Son todos operetas”. “No entienden que la causa es una pelotudez”, opina, creyendo que hay investigaciones que ameritan más tratamiento mediático. Tal y como adelantó Infobae, el funcionario pretende que se produzca un “escarmiento” contra la diputada Marcela Pagano (Coherencia): “Espero que a ella le den la misma cabida mediática. Su causa sí es una bomba”.

Indicio de que este avance que pretende un sector del oficialismo cuenta con la venia de los hermanos presidenciales es que la diputada Lilia Lemoine -quien se considera a ella misma como la garante del proyecto mileísta- firmó un proyecto junto a otros catorce diputados nacionales para que se la denuncie por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni también prometió denunciar por espionaje al diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) luego de que este diera cuenta de los movimientos de su custodia y de su esposa, Bettina Angeletti.

Hasta hace un tiempo, los hermanos Milei no estaban interesados en la temática tribunalicia. En particular, el Presidente aborrecía la rosca judicial, al igual que la política sobre la inteligencia y la sanitaria. Pero fue su hermana quien el año pasado acordó con los primos Menem la inserción en el Ministerio de Justicia, con la colocación de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola como el pináculo de esa avanzada.

Ahora, ellos cinco están en posición de determinar la composición de cerca de un tercio de los jueces y fiscales federales: una circunstancia pocas veces vista a lo largo de la historia de la política judicial.

La situación de las vacantes de la Magistratura en el Poder Judicial al día de hoy es la siguiente:

  • El Senado tiene a disposición los pliegos para cubrir 78 cargos (21% de las vacantes).
  • El Poder Ejecutivo -es decir, Milei- ya tiene las ternas para 142 vacantes (38%).
  • El Consejo de la Magistratura posee 150 vacantes (41% del total), pero estas tienen diferentes grados de avance según el caso: hay 15 que están a consideración del plenario10 que están listas para que se evalúen las entrevistas y luego se conformen las ternas; 31 que adeudan las entrevistas personales; y 94 que están en etapas previas.

Este miércoles se reunió la Comisión de Selección de Jueces del Consejo y determinó las ternas para dos de las vacantes más sensibles del Poder Judicial: dos cargos para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones de Comodoro Py, los cargos que actualmente ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Hubo tres propuestas y la que tuvo más votos fue la del consejero Diego Barroetaveña (representante de los jueces), obteniendo siete adhesiones, entre ellos la de los libertarios Gonzalo Roca (representante por Diputados) y Santiago Viola (Poder Ejecutivo). Tal y como se preveía antes de la sesión, Bruglia no logró prosperar hacia la terna de seis primeros candidatos. Quien sí lo hizo fue Bertuzzi al ascender numerosos puestos hasta la sexta posición.

Al respecto de jueces históricos… ¿será verdad que el oficialismo no descarta renovarle el cargo por cinco años al juez Martín Irurzun?

Menos comentado fue otro apartado de la sesión en donde se determinaron las ternas para el cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 1 de Corrientes, el cual tiene competencia electoral. Eso es observado con particular atención de parte del radicalismo correntino, que es oficialismo en la provincia y que tiene al senador Eduardo Vischi como principal delegado e interlocutor con el Gobierno Nacional.

No son pocos los juzgados electorales que están vacantes en distintos puntos del país. Esto es algo que mira con atención el armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, quien está en diálogo constante con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para tejer las candidaturas en función de los intereses del oficialismo. Los ministros judiciales y los primos riojanos han conformado una mesa judicial en la cual debaten el timing para proponer cada paso de las ternas: apresurarse en el envío de la gran mayoría de las vacantes al Senado podría generar un cuello de botella que pueda hacer caer los acuerdos para el resto de las vacantes.

El tiempismo en esta nueva etapa del oficialismo en la cual varios sectores opositores comenzaron a dar sendas muestras de que están mirando los armados para las elecciones provinciales y presidenciales. En ese contexto es que el Gobierno no quiere perderle pisada a la agenda legislativa, la cual se empezará a empantanar cada vez más en la medida que se avizore la llegada del 2027.

Esto ya es sentido desde el oficialismo en el Poder Legislativo, donde habrá actividad en comisiones pero sin sesiones: “Tenemos la posibilidad de discutir en sesión la Ley Hojarasca y algunos tratados internacionales, pero estamos finitos. La posibilidad de no tener quórum se paga caro. Por lo que vamos a esperar a temas que tengamos quórum y aprobemos leyes”, advierten en Diputados.

Señal de esa urgencia es que el ministro del Interior, Diego Santilli, ya tiene el visto bueno para comenzar a recorrer las provincias en búsqueda de consensos sobre diferentes asuntos. El próximo jueves hará una primera parada en San Juan para reunirse con el gobernador Marcelo Orrego, uno de los que más colaboraciones y sintonía ostenta con el Gobierno.

Hay varios asuntos que “el Colo” se llevará entre sus carpetas para poder comenzar a rosquear con los jefes provinciales. Uno de los más preponderantes será la eliminación de las PASO o, cuanto menos, su suspensión para el próximo período electoral. El oficialismo no tiene los números para poder impulsarla en ninguna de las dos cámaras y depende de que existan grandes concesiones de su parte para endulzar los oídos de los gobernadores. “Más que las PASO, Diego va a hablar más sobre cuestiones de gestión como el estado de las obras públicas, las rutas nacionales y las cajas jubilatorias”, afirman.

Ante el guardado de Adorni pudieron verse nuevas reuniones de coordinación de gestión que no requirieron la presencia del jefe de Gabinete, incluso teniendo en cuenta que abarcan importantes áreas de la administación pública y el oficialismo. Una de ellas la cumbre que presidió esta semana la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con los primos Menem, Santilli y representantes de su ministerio. Horas antes había recibido al viceministro José Luis Daza.

Volviendo a las negociaciones políticas, todas estas deben estar conversadas en parte con el Ministerio de Economía, que en su cúpula opina que es la política la que debe lograr los consensos necesarios para que la economía termine de catapultarse. Esta tiene como limitante el sensible margen para aplicar políticas de gasto sin quebrantar la norma de déficit cero. En marzo, el Tesoro presentó una deuda flotante (gastos realizados pero no pagos) que creció casi $2 billones solo en marzo.

Contraria es la perspectiva que está teniendo el Gobierno en materia de reservas. Abril fue el mes con mejores niveles de compras en dos años: con USD 2.900 millones, prácticamente duplicó el promedio de adquisiciones del primer trimestre. Aun así, la consultora 1816 (la más seguida por la City porteña) advierte que todo el saldo comercial se lo llevó la formación de activos externos del sector privado (las compras para pagar gastos con tarjeta en el exterior es un ejemplo de este componente).

“Teniendo en cuenta el saldo neto entre esas dos cuentas es que se vuelve fundamental que Argentina mantenga un ingreso constante de divisas por préstamos en moneda extranjera, sea al sector público o al sector privado”, advierten. Algo mismo parecido resaltó GMA Capital en su dossier semanal: “La demanda privada de divisas, los egresos financieros y los pagos de utilidades absorben la oferta del agro y limitan la acumulación genuina”.

El Gobierno quiere acelerar las privatizaciones para poder dar un gesto a los mercados de que puede seguir acumulando divisas por otros mecanismos. En tanto, estos procesos están algo más atrasados de lo que se preveían. Las condiciones de la concesión de AySA se conocieron días atrás cuando estaba previsto que salieran en el primer trimestre del año. Lo mismo con el importantísimo pliego del Belgrano Cargas y Logística. “El MECON lo tiene medio trabado porque tiene que rescindir un par de contratos de obra que no rescinde por inoperantes”, asestó una fuente inobjetable de Presidencia. El pliego saldrá durante mayo, prometen.

El resultado de la licitación internacional por la Hidrovía no se conocerá este mes. La segunda etapa de la evaluación es sobre los aspectos técnicos, los cuales constan de más de 2000 páginas repletas de argumentaciones y detalles específicos que hacen al plan de dragado y mantenimiento de la vía navegable que proponen las dos compañías belgas que quedaron en condiciones de competir, DEME y Jan de Nul.

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Los movimientos sociales y piqueteros amenazan con cortes de rutas y otras medidas de fuerza contra el Gobierno

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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, aprobó en asambleas realizadas en todo el país un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei, que incluye cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.

La resolución surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo de todo el país. En esos encuentros, la UTEP confluyó con expresiones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP, y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, ha evaluado la situación como “una emergencia social desbordante”.

La estrategia aprobada opera en dos planos simultáneos. El primero gira en torno al programa Volver al Trabajo, uno de los continuadores del Potenciar Trabajo, que desde hace dos meses se sostiene por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos de ese programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El gobierno apeló ese fallo y la causa ya es analizada por la Cámara Federal de San Martín.

La resolución judicial frenó el intento del Gobierno de cerrar el programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben $78.000 mensuales —monto congelado desde el inicio de la gestión libertaria—.

En el caso de incumplir esta cautelar —desde la cartera de Sandra Pettovello afirman que no lo harán—, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. El reclamo incluye además un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio el tenor de una jornada de protesta cuyas características dependerán de esa realidad.

El segundo plano articula una coordinación más amplia con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Azopardo al 800, el triunvirato cegetista conformado por Jorge SolaCristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)Hugo Yasky y Hugo Godoy. Del encuentro también participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. El diagnóstico fue compartido: el rumbo económico profundiza el debilitamiento del entramado industrial, genera pérdida de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo.

De ese encuentro, surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado, con capacidad de involucrar a todas las organizaciones confederadas.

La CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inmediata y optó por un esquema gradual en el que cada sector presente sus demandas de forma coordinada, aunque voces como las de Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto a Yasky y Godoy, insisten en acelerar las manifestaciones en la vía pública.

Desde la UTEP, la proyección de ese plan apunta a una marcha federal que recorra las provincias durante semanas y culmine en un lugar emblemático de las luchas populares, para desembocar en un nuevo paro general antes de fin de año. “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”, sostienen desde la UTEP.

La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de los militantes sociales el aniversario de los asesinatos el 26 de junio de 2002 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Pueyrredón.

En los próximos días, además, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez que registran los barrios populares.

Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires revela que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El informe también indica que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.

El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco. La organización trabaja en una gran jornada multisectorial que convoque a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos, y mantiene diálogo con la Iglesia, que históricamente ha acompañado la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.

“La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”.

Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada realizó el siguiente diagnóstico ante una consulta de Infobae: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Castro señaló también el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. Y resumió el alcance de la precarización: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.

La coordinación entre las centrales obreras también tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y alzaron la voz contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.

Las movilizaciones de la UTEP se inscriben en un cuadro social que un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral retrata con datos precisos.

El informe advierte que el perfil de quienes llegan a la calle se transformó de manera estructural. Si bien históricamente predominaban los varones adultos solos, los referentes territoriales consultados reportan una diversificación que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación y la falta de oportunidades laborales.

La radiografía del trabajo indica que: solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. A ese cuadro se suma que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% con déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.

El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021 representó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho, pero advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento. Por su parte, el Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó, según el informe, mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.

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Un sector de la CGT impulsa un paro de 36 horas y propone que el Estado se haga cargo de las obras sociales

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La interna sindical volvió a recalentarse. Un grupo de unos 20 sindicatos que lideran Gastronómicos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad acordaron proponer a la CGT la realización de un paro de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo y la entrega de las obras sociales al Estado para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” desde el Gobierno.

Las decisiones, como anticipó Infobae, se consensuaron en un encuentro realizado este martes por la tarde en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), al que concurrió una veintena de dirigentes sindicales alineados con Luis Barrionuevo y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA).

Hubo una presencia sorpresiva: concurrió el titular de la UOM Capital, Roberto Bonetti, equidistante en la interna de la CGT, quien fue como invitado especial. Por eso también se acordó reclamar que se designe una comisión normalizadora del sindicato metalúrgico, intervenida por la Justicia ante el desplazamiento de Abel Furlán, pero integrada por trabajadores de la actividad.

Además de los dirigentes mencionados, a la reunión también concurrieron Sebastián Maturano (La Fraternidad), Carlos Acuña hijo (estaciones de servicio), Gastón Frutos (panaderos), Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Oscar Rojas (maestranza), Roberto Solari (guardavidas), Luis Cejas (viajantes), Facundo Aveiro (químicos), Dina Toledo (perfumistas) y Salvador Basile (tabaco), Argentino Geneiro, Sandra Barrionuevo y Laura Sasprizza (todos de Gastronómicos).

En el encuentro, que se extendió durante 3 horas, se coincidió en rechazar un plan de lucha contra el Gobierno basado en el “modelo francés”, que incluiría huelgas sectoriales y escalonadas, como promueve el triunvirato de la CGT y los sindicatos del transporte, entre otros.

En la visión de Barrionuevo y sus aliados, la única forma de “castigar” a la administración libertaria por sus políticas es mediante una paralización total de actividades de 36 horas y no con paros sectoriales.

Para este grupo sindical, la cúpula de la CGT está siendo “demasiado tolerante” con el gobierno de Javier Milei y deben tomarse medidas drásticas para que se rectifiquen las medidas oficiales: “Lo pudieron hacer en las universidades, así que hay otro camino que podemos seguir ”, señaló un dirigente afín al barrionuevismo.

Para ello, este sector considera que tiene un poder de fuego decisivo porque en sus filas están, por ejemplo, el gremio de los conductores de locomotoras (La Fraternidad), el que agrupa a los choferes de colectivos (UTA) y el de los empleados de estaciones de servicio.

La reunión en Gastronómicos se convirtió en un desafío al esquema de conducción actual de la CGT, de impronta dialoguista, que impulsa una modalidad distinta de protestas porque cree que no están las condiciones para un paro general que tenga un alto acatamiento.

La semana pasada, en un encuentro realizado en la CGT con confederaciones sindicales, se produjo un intenso debate sobre el nuevo plan de lucha y Maturano dio la nota al proponer un paro por tiempo indeterminado, propuesta que no tuvo consenso entre sus colegas.

Los líderes cegetistas convocaron al Consejo Directivo para este jueves, a las 14, con el fin de debatir las “acciones gremiales” que se llevarán adelante, entre otros temas oportunidad en la que el bloque de Barrionuevo y sus aliados (que tienen 8 representantes en ese cuerpo) harán la propuesta del paro de 36 horas y la entrega de las obras sociales al Estado, pero pedirán que se defina en un plenario de secretarios generales de la CGT que debería ser citado “en forma urgente”.

En medio de este clima tenso, este miércoles al mediodía se reunirá la mesa chica de la CGT para analizar la situación general y, sobre todo, el gesto desafiante de los rebeldes identificados con Barrionuevo y Maturano.

La propuesta más inesperada de los disidentes de la CGT es justamente la vinculada con las obras sociales y responde a las crecientes dificultades que tienen los sindicalistas para administrarlas y financiar las prestaciones médicas con recursos propios.

En abril pasado, la CGT advirtió que la crisis de las obras sociales es “casi terminal”, por lo cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema sindical de salud, que surgen del aporte de los trabajadores.

En un informe realizado por el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), se enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.

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Federico Sturzenegger irá esta tarde al Senado para defender la ley de Sociedades

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Mientras continúa la incertidumbre en el Senado por el proyecto de propiedad privada, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expondrá esta tarde para defender la nueva ley de Sociedades que empuja la Casa Rosada. El funcionario y hombre de confianza de los hermanos Milei se presentará, desde las 15.30, en la comisión de Legislación General, que comanda la oficialista Nadia Márquez (Neuquén).

Durante la jornada también disertarán la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán; y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. El objetivo del Gobierno es impulsar un renovado régimen jurídico societario integral que regule la constitución, funcionamiento, transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades, como contó Infobae a inicios del corriente mes.

En las últimas horas, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió: “La mayor autonomía y las menores restricciones por parte de los organismos del Estado que se propone es loable en muchos aspectos, pero puede generar distorsiones en la responsabilidad empresarial, tanto para los propios socios como para terceros. En concreto, la eliminación del requerimiento de capital mínimo, así como la supresión de la obligatoriedad de constituir la reserva legal y la liberación de la disponibilidad de las reservas existentes, desprotegería a acreedores ante posibles vaciamientos”.

Según la CAC, “el proyecto profundiza la digitalización de la vida societaria, por ejemplo, a través de firmas digitales, domicilios electrónicos, libros digitales y trámites íntegramente remotos”. En ese sentido, agregó: “Debería preverse una adopción optativa o al menos gradual, particularmente considerando las asimetrías existentes en las unidades productivas del país en lo que refiere a capacidad para adoptar tales transformaciones”.

La institución luego observó que “se habilitaría a declarar expresamente que una sociedad opera mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de Inteligencia Artificial sin recursos humanos para su operación ordinaria”, por lo que “surge el interrogante de quién asume el dolo penal, el fraude o la responsabilidad civil si el patrimonio de la sociedad automatizada se vacía o resulta insuficiente”.

Esto apunta, de manera específica, a la creación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. De aprobarse, se podrían constituir y operar íntegramente en entornos virtuales, con protocolos y reglas autoejecutables.

Por otra parte, se habilitan las participaciones sociales digitales y “tokenizables”: el articulado reconoce la posibilidad de emitir y transferir participaciones sociales en formato digital y de utilizar mecanismos tecnológicos para la gestión societaria, la votación, la representación y la trazabilidad de operaciones.

En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el texto introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pago de participaciones para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

Sturzenegger se mostrará en las próximas horas en una Cámara alta que aún le frena -por ahora sigue en pie para el este jueves- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Dictaminada hace largas semanas atrás, la iniciativa se convirtió en un problema para la jefa libertaria, Patricia Bullrich. Las bancadas dialoguistas le desplumaron el texto en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ya se tuvo que aplazar en una sesión y, pese a que faltan menos de 24 horas para un nuevo encuentro en el recinto, los aliados reclaman mayores modificaciones a la ex ministra de Seguridad, que no logra blindar una propuesta que pierde forma y volumen con el correr de los días.

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