La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Bloque Piquetero y Territorios en Lucha, aprobó en asambleas realizadas en todo el país un plan de medidas de fuerza escalonadas contra las políticas sociales y económicas del gobierno de Javier Milei, que incluye cortes de ruta por tiempo indeterminado si el Poder Ejecutivo incumple la medida cautelar que sostiene el programa Volver al Trabajo, y una marcha federal que culminaría en un paro general antes de fin de año.

La resolución surgió de las asambleas del 9 de junio, convocadas frente a las sedes de las secretarías de Trabajo de todo el país. En esos encuentros, la UTEP confluyó con expresiones de izquierda como Territorios en Lucha y el Bloque Nacional Piquetero bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. El secretario general de la UTEP, y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, ha evaluado la situación como “una emergencia social desbordante”.

La estrategia aprobada opera en dos planos simultáneos. El primero gira en torno al programa Volver al Trabajo, uno de los continuadores del Potenciar Trabajo, que desde hace dos meses se sostiene por una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La medida obliga al Gobierno a mantener los pagos de ese programa social mientras se resuelve la cuestión de fondo. El gobierno apeló ese fallo y la causa ya es analizada por la Cámara Federal de San Martín.

La resolución judicial frenó el intento del Gobierno de cerrar el programa y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar los pagos a más de 926.000 beneficiarios, quienes perciben $78.000 mensuales —monto congelado desde el inicio de la gestión libertaria—.

En el caso de incumplir esta cautelar —desde la cartera de Sandra Pettovello afirman que no lo harán—, la UTEP activará cortes de ruta en todo el país, en algunos casos por tiempo indeterminado. El reclamo incluye además un aumento del salario atado al salario mínimo vital y móvil. Si el Gobierno mantiene el cumplimiento judicial, la organización definirá en los primeros días de julio el tenor de una jornada de protesta cuyas características dependerán de esa realidad.

El segundo plano articula una coordinación más amplia con el movimiento sindical. El 18 de junio, en la sede histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Azopardo al 800, el triunvirato cegetista conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello recibió a Gramajo y luego a los titulares de las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky y Hugo Godoy. Del encuentro también participaron confederaciones como la COSITMECOS, la CATT, la CASIA, la CSIRA y la CATHEDA, además de gremios docentes universitarios. El diagnóstico fue compartido: el rumbo económico profundiza el debilitamiento del entramado industrial, genera pérdida de puestos de trabajo y deterioro del poder adquisitivo.

De ese encuentro, surgió la coincidencia en construir un plan de lucha sostenido y escalonado, con capacidad de involucrar a todas las organizaciones confederadas.

La CGT moderó las expectativas sobre una huelga general inmediata y optó por un esquema gradual en el que cada sector presente sus demandas de forma coordinada, aunque voces como las de Roberto Baradel y Daniel Catalano, junto a Yasky y Godoy, insisten en acelerar las manifestaciones en la vía pública.

Desde la UTEP, la proyección de ese plan apunta a una marcha federal que recorra las provincias durante semanas y culmine en un lugar emblemático de las luchas populares, para desembocar en un nuevo paro general antes de fin de año. “La idea es hacer la mayor cantidad de acciones posibles que confluyan en un plan de lucha común de todos los sectores afectados por la crisis económica”, sostienen desde la UTEP.

La agenda de movilizaciones inmediatas incluye el 26 de junio, cuando las organizaciones sociales participarán del acto por los asesinatos de los militantes sociales el aniversario de los asesinatos el 26 de junio de 2002 por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el Puente Pueyrredón.

En los próximos días, además, algunas organizaciones recorrerán comercios y supermercados para solicitar alimentos ante la escasez que registran los barrios populares.

Un relevamiento realizado por la organización Libres del Sur en barrios populares de la provincia de Buenos Aires revela que el 86% de los hogares está en situación de estrés económico, el 77% de las familias se privó de consumir lácteos, carnes, verduras y cereales por falta de dinero, y 4 de cada 10 familias comen menos para poder pagar deudas. El informe también indica que 8 de cada 10 jubilados afirman que su jubilación no alcanza para alimentarse y que el 66% de las familias suprime comidas.

El 7 de agosto, día del Patrono del Trabajo, la UTEP conmemora los 10 años de la primera marcha de San Cayetano realizada bajo el gobierno de Mauricio Macri y que contó con el apoyo del fallecido Papa Francisco. La organización trabaja en una gran jornada multisectorial que convoque a sectores gremiales, estudiantiles, del feminismo y del movimiento de Derechos Humanos, y mantiene diálogo con la Iglesia, que históricamente ha acompañado la marcha de los trabajadores de la economía popular desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo.

“La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”.

Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y uno de los dirigentes que realizó una semana de ayuno frente a la Casa Rosada realizó el siguiente diagnóstico ante una consulta de Infobae: “El Gobierno no para de ajustar, no hay límite para el ajuste. Los salarios siempre van abajo de la inflación”. Castro señaló también el impacto del aumento de tarifas y el encarecimiento de los productos básicos: “La mejor estrategia para que el salario te rinda es tener la comida barata y, por supuesto, tarifas accesibles. Son todas las cosas que no tiene nuestro pueblo”. Y resumió el alcance de la precarización: “Tenes que hacer dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir”.

La coordinación entre las centrales obreras también tuvo proyección internacional. En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Suiza, las delegaciones argentinas actuaron de común acuerdo y alzaron la voz contra lo que señalan como intentos del Gobierno por desmantelar el sistema de relaciones laborales vigente.

Las movilizaciones de la UTEP se inscriben en un cuadro social que un informe técnico sobre situación de calle en Argentina, publicado este mes por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral retrata con datos precisos.

El informe advierte que el perfil de quienes llegan a la calle se transformó de manera estructural. Si bien históricamente predominaban los varones adultos solos, los referentes territoriales consultados reportan una diversificación que incluye familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia y jóvenes desvinculados de sus entornos familiares. La causa más frecuente es la incapacidad de pagar alquileres ante la desocupación y la falta de oportunidades laborales.

La radiografía del trabajo indica que: solo el 14,75% de las personas en situación de calle terminó el secundario, el 61,5% no recibe asistencia económica estatal y cerca del 54% sufrió violencia desde que está en la calle. A ese cuadro se suma que 1 de cada 2 hogares en Argentina presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% con déficit compuesto, cuantitativo y cualitativo.

El documento señala que la Ley Nacional 27.654 de “Situación de calle y familias sin techo”, sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de diciembre de 2021 representó un avance al reconocer a estas personas como sujetos de derecho, pero advierte que su implementación es débil por la falta de lineamientos operativos homogéneos y de financiamiento. Por su parte, el Decreto 373/2025, que trasladó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gran parte de las responsabilidades de ejecución, generó, según el informe, mayores riesgos de profundizar desigualdades territoriales.

La interna sindical volvió a recalentarse. Un grupo de unos 20 sindicatos que lideran Gastronómicos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad acordaron proponer a la CGT la realización de un paro de 36 horas con movilización a la Plaza de Mayo y la entrega de las obras sociales al Estado para que se haga cargo de administrarlas ante el agravamiento de su situación financiera y la “falta de soluciones” desde el Gobierno.

Las decisiones, como anticipó Infobae, se consensuaron en un encuentro realizado este martes por la tarde en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), al que concurrió una veintena de dirigentes sindicales alineados con Luis Barrionuevo y aliados como Omar Maturano (La Fraternidad) y Mario Calegari (UTA).

Hubo una presencia sorpresiva: concurrió el titular de la UOM Capital, Roberto Bonetti, equidistante en la interna de la CGT, quien fue como invitado especial. Por eso también se acordó reclamar que se designe una comisión normalizadora del sindicato metalúrgico, intervenida por la Justicia ante el desplazamiento de Abel Furlán, pero integrada por trabajadores de la actividad.

Además de los dirigentes mencionados, a la reunión también concurrieron Sebastián Maturano (La Fraternidad), Carlos Acuña hijo (estaciones de servicio), Gastón Frutos (panaderos), Daniel y Gustavo Vila (Carga y Descarga), Oscar Rojas (maestranza), Roberto Solari (guardavidas), Luis Cejas (viajantes), Facundo Aveiro (químicos), Dina Toledo (perfumistas) y Salvador Basile (tabaco), Argentino Geneiro, Sandra Barrionuevo y Laura Sasprizza (todos de Gastronómicos).

En el encuentro, que se extendió durante 3 horas, se coincidió en rechazar un plan de lucha contra el Gobierno basado en el “modelo francés”, que incluiría huelgas sectoriales y escalonadas, como promueve el triunvirato de la CGT y los sindicatos del transporte, entre otros.

En la visión de Barrionuevo y sus aliados, la única forma de “castigar” a la administración libertaria por sus políticas es mediante una paralización total de actividades de 36 horas y no con paros sectoriales.

Para este grupo sindical, la cúpula de la CGT está siendo “demasiado tolerante” con el gobierno de Javier Milei y deben tomarse medidas drásticas para que se rectifiquen las medidas oficiales: “Lo pudieron hacer en las universidades, así que hay otro camino que podemos seguir ”, señaló un dirigente afín al barrionuevismo.

Para ello, este sector considera que tiene un poder de fuego decisivo porque en sus filas están, por ejemplo, el gremio de los conductores de locomotoras (La Fraternidad), el que agrupa a los choferes de colectivos (UTA) y el de los empleados de estaciones de servicio.

La reunión en Gastronómicos se convirtió en un desafío al esquema de conducción actual de la CGT, de impronta dialoguista, que impulsa una modalidad distinta de protestas porque cree que no están las condiciones para un paro general que tenga un alto acatamiento.

La semana pasada, en un encuentro realizado en la CGT con confederaciones sindicales, se produjo un intenso debate sobre el nuevo plan de lucha y Maturano dio la nota al proponer un paro por tiempo indeterminado, propuesta que no tuvo consenso entre sus colegas.

Los líderes cegetistas convocaron al Consejo Directivo para este jueves, a las 14, con el fin de debatir las “acciones gremiales” que se llevarán adelante, entre otros temas oportunidad en la que el bloque de Barrionuevo y sus aliados (que tienen 8 representantes en ese cuerpo) harán la propuesta del paro de 36 horas y la entrega de las obras sociales al Estado, pero pedirán que se defina en un plenario de secretarios generales de la CGT que debería ser citado “en forma urgente”.

En medio de este clima tenso, este miércoles al mediodía se reunirá la mesa chica de la CGT para analizar la situación general y, sobre todo, el gesto desafiante de los rebeldes identificados con Barrionuevo y Maturano.

La propuesta más inesperada de los disidentes de la CGT es justamente la vinculada con las obras sociales y responde a las crecientes dificultades que tienen los sindicalistas para administrarlas y financiar las prestaciones médicas con recursos propios.

En abril pasado, la CGT advirtió que la crisis de las obras sociales es “casi terminal”, por lo cual existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema sindical de salud, que surgen del aporte de los trabajadores.

En un informe realizado por el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), se enfatizó que “un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.

Mientras continúa la incertidumbre en el Senado por el proyecto de propiedad privada, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expondrá esta tarde para defender la nueva ley de Sociedades que empuja la Casa Rosada. El funcionario y hombre de confianza de los hermanos Milei se presentará, desde las 15.30, en la comisión de Legislación General, que comanda la oficialista Nadia Márquez (Neuquén).

Durante la jornada también disertarán la subsecretaria de planeamiento estratégico de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán; y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez. El objetivo del Gobierno es impulsar un renovado régimen jurídico societario integral que regule la constitución, funcionamiento, transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades, como contó Infobae a inicios del corriente mes.

En las últimas horas, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió: “La mayor autonomía y las menores restricciones por parte de los organismos del Estado que se propone es loable en muchos aspectos, pero puede generar distorsiones en la responsabilidad empresarial, tanto para los propios socios como para terceros. En concreto, la eliminación del requerimiento de capital mínimo, así como la supresión de la obligatoriedad de constituir la reserva legal y la liberación de la disponibilidad de las reservas existentes, desprotegería a acreedores ante posibles vaciamientos”.

Según la CAC, “el proyecto profundiza la digitalización de la vida societaria, por ejemplo, a través de firmas digitales, domicilios electrónicos, libros digitales y trámites íntegramente remotos”. En ese sentido, agregó: “Debería preverse una adopción optativa o al menos gradual, particularmente considerando las asimetrías existentes en las unidades productivas del país en lo que refiere a capacidad para adoptar tales transformaciones”.

La institución luego observó que “se habilitaría a declarar expresamente que una sociedad opera mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de Inteligencia Artificial sin recursos humanos para su operación ordinaria”, por lo que “surge el interrogante de quién asume el dolo penal, el fraude o la responsabilidad civil si el patrimonio de la sociedad automatizada se vacía o resulta insuficiente”.

Esto apunta, de manera específica, a la creación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain. De aprobarse, se podrían constituir y operar íntegramente en entornos virtuales, con protocolos y reglas autoejecutables.

Por otra parte, se habilitan las participaciones sociales digitales y “tokenizables”: el articulado reconoce la posibilidad de emitir y transferir participaciones sociales en formato digital y de utilizar mecanismos tecnológicos para la gestión societaria, la votación, la representación y la trazabilidad de operaciones.

En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el texto introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pago de participaciones para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

Sturzenegger se mostrará en las próximas horas en una Cámara alta que aún le frena -por ahora sigue en pie para el este jueves- la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Dictaminada hace largas semanas atrás, la iniciativa se convirtió en un problema para la jefa libertaria, Patricia Bullrich. Las bancadas dialoguistas le desplumaron el texto en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ya se tuvo que aplazar en una sesión y, pese a que faltan menos de 24 horas para un nuevo encuentro en el recinto, los aliados reclaman mayores modificaciones a la ex ministra de Seguridad, que no logra blindar una propuesta que pierde forma y volumen con el correr de los días.