Tras el bombardeo de leyes libertarias en el Senado, el oficialismo comenzó con el peinado fino de algunos textos y deslizó, en los últimos días, indicios de concesiones a sus aliados para acercar posiciones. Pica en punta la iniciativa relacionada con el blindaje a la “propiedad privada”, mientras que la reforma electoral -dinamitar las PASO, más otros tantos jugueteos- y la “renovada” norma sobre discapacidad -sin cumplir la insistencia del Congreso, sancionada con dos tercios- continúan paralizadas, ni siquiera, con un debate en comisiones.

Para lo primero, un capítulo se aproxima a borrarse: el referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Es decir, la regularización de barrios populares que en su momento fomentó la exministra macrista Carolina Stanley y referentes piqueteros, como el actual diputado cristinista Juan Grabois. Fue votada con amplísimo apoyo de los espacios políticos de esa época y operadores de distintas esferas suelen vanagloriarla como el ejemplo de “consenso”. En el Senado se prometería -risas de fondo- analizar algo por separado y a futuro.

A pesar de haber integrado la administración del confeti amarillo, el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defenestró el Renabap el 8 de abril pasado, cuando disertó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General de la Cámara alta, que presiden -el a veces despistado- Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), de La Libertad Avanza (LLA).

Sturzenegger sentenció: “En 10 años se ha resuelto el 0,08% de los casos sobre la superficie total. Necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso. Ley que fracasó en su objetivo”. Y sumó: “Pretender que iba a solucionar un funcionario sentado en Maipú y avenida Libertador en todo el territorio nacional era una imposibilidad. Bloqueó cualquier posibilidad de solución y sacó de la cancha a todos los instrumentos para resolver estos problemas”, sostuvo. Lo que de verdad se esconde, detrás de esto, son millonadas.

Es curiosa la oposición a este punto. El Gobierno pretende trasladar la posta a las provincias y municipios -quienes se encuentran “en el territorio” 24/7-, sin precisiones sobre los fastuosos fondos. A diferencia de lo que ocurrió con la ley de glaciares y el lema “los recursos son de los distritos” -avalado por la Constitución, en el artículo 124-, los dialoguistas ahora sugieren que una decisión -que implica estar “in situ”- continúe en Nación.

Otro que hizo uso de la palabra en el plenario fue el Arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Oscar Carrara, quien sugirió no aplicar modificaciones en el ReNaBaP. “Son 6.467 villas o barrios populares, con cinco millones de personas”, remarcó.

Carrara además mencionó impuestos pegados años atrás a este sistema, como el PAIS y el de grandes riquezas -que detesta la Casa Rosada-, y recordó el amplio “consenso” entre bancadas. No olvidó mencionar al Papa Francisco y su lema de “tierra, techo y trabajo”.

En cuanto a la potestad de los distritos, sería aún más llamativa la postura que prima en algunos partidos para destrabar la puja por venta de tierras a manos extranjeras: como no hay acuerdo sobre porcentaje o número, quedaría a cargo de cada gobernador.

Algunos mandatarios locales suelen creerse los más rápidos del condado: cuando quema la papa, que la agarre Nación. Si hay algo más jugoso, defensa irrestricta de los derechos de los distritos. Esto fue bien marcado en la gestión macrista y, ahora, en la mileísta. Amplio silencio durante las kirchneristas. Explica, en parte, el hastío de algunos votantes. Y, con el ajuste brutal del Gobierno, todo se hace más evidente.

En modo siesta aguardan las leyes electoral y de discapacidad. Con más posibilidad de entendimiento se asoma la de salud mental. La oposición pidió más expositores para lo último, y libertarios quieren apurar el despacho sobre propiedad privada. Prevén una sesión -no confirmada aún- para el 14 de mayo. No obstante, ya están disponibles otras órdenes del día para armar dicho convite.