En paralelo a las reformas que el presidente Javier Milei aspira a pasar en sesiones extraordinarias, el Gobierno Nacional diseña la hoja de ruta legislativa para el 2026 que incluye la determinación de implementar cambios en la actual Ley de Salud Mental, lo que -argumentan- atendería un reclamo clave que las familias de pacientes, profesionales y de las Fuerzas de Seguridad. Según supo Infobae de una importante fuente del Poder Ejecutivo, la idea es enviar un proyecto que contemple la modificación de algunos puntos de la ley durante el período de sesiones ordinarias, que inicia el 1° de marzo, en especial sobre el artículo que habilita las internaciones involuntarias para que, en determinados casos, los jueces puedan autorizar la hospitalización.

Se trata de un pedido que mayormente levantaron los familiares desde la sanción de la Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones, que fue promulgada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013, pero que desde su puesta a punto generó polémica por su aplicación. Lo cierto es que el espíritu original de antimanicomialización, que busca preservar los derechos de los pacientes en el sistema de salud, encontró limitaciones en la práctica ante la ausencia de dispositivos necesarios para su correcta aplicación.

A raíz de esa situación, desde el Poder Ejecutivo tienen intenciones de insistir, a través del Ministerio de Salud que comanda Mario Lugones, en los cambios para avanzar en la creación de centros especializados y en la posibilidad de autorizar la internación de determinados pacientes a través de la intervención judicial.

No es la primera vez que la administración libertaria intenta implementar estas modificaciones que estuvieron contempladas en el proyecto original de la Ley Bases, pero que finalmente quedaron afuera de la sanción definitiva de la que supo ser presentada como la megaley.

“Hay que volver atrás y recuperar cosas que funcionaban de la ley anterior”, sintetizaron importantes fuentes oficiales a este medio, luego de haber ensayado -sin éxito- cambios en al menos ocho artículos. Si bien aún se encuentra en plena redacción, el proyecto podría ser anunciado por el mandatario durante la Apertura de Sesiones en el Congreso a principios de marzo.

Las modificaciones aspiraban a habilitar a jueces a adoptar medidas de atención urgente; definían cuatro casos específicos para la internación, planteada como recurso terapéutico excepcional; daba luz verde a la creación de neuropsiquiátricos; dotaba a al defensor de solicitar medidas terapéuticas; planteaba un esquema de modificación en las condiciones de egresos y rehabilitación de los pacientes; y modificaba la composición del Órgano de Revisión.

Los equipos en la tarea trabajan en los detalles, pero, según anticiparon fuentes al tanto del diseño, repetirán algunos de los puntos mencionados que buscaban ser incluidos en la mal llamada Ley Ómnibus de aquel entonces. Los cambios planteados abrieron una polémica mayormente entre activistas del sector, que leyeron las propuestas como una profundización de la manicomialización que buscan combatir.

Sin embargo, por estos días, la Casa Rosada contraargumenta con ejemplos de casos de complejo desenlace como el episodio que terminó con la vida del efectivo de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, que fue asesinado por un hombre identificado como Rodrigo Facundo Roza, que lo apuñaló con un cuchillo en la zona aledaña al MALBA. El psiquiatra del homicida, Jorge Alberto Monforte, fue llevado a juicio por presunto abandono de persona y homicidio culposo y finalmente fue absuelto.

Otra de las claves que fomentaron la determinación de insistir en cambiar el articulado de la ley reside en el testimonio de Marina Charpentier, la mamá del reconocido músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso en el Congreso de la Nación la necesidad de aclarar algunas definiciones difusas vigentes y la falta de herramientas para contener situaciones de brotes y episodios agudos a raíz de trastornos mentales y adicciones. “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, supo contraargumetnar.

A principios de año, la activista y madre del cantante de Tan Biónica cargó contra el Gobierno Nacional al calificar el Presupuesto, prorrogado desde 2023, destinado a salud mental como “un chiste”. “Solo se destina un 10% del presupuesto de salud, y eso cuando hay suerte”, sostuvo en una entrevista a este medio.

La nueva Legislatura tendrá, más temprano que tarde, una instancia de discusión que marcará el pulso de la política porteña en 2026, año clave para las aspiraciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de buscar su reelección en 2027. En febrero se deberán definir las presidencias de las comisiones, votación que se abre tras haber superado la aprobación del Presupuesto local y la definición de las autoridades, y que pondrá en juego la solidez del “pacto de no agresión” que suscribieron el PRO y LLA.

Desde la bancada libertaria, que preside Pilar Ramírez, ya adelantaron que pedirán la presidencia en varias comisiones clave, que podrían ser Hacienda, Planeamiento, Seguridad, Asuntos Constitucionales o Justicia, entre otras. Esto podría tensar el vínculo con el PRO, en sintonía con la discusión nacional que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso, cuando la designación de integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) provocó un fuerte comunicado del partido amarillo y una réplica del presidente del bloque, Cristian Ritondo.

“La relación está rota. Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo”, aseguraron en aquel momento desde la jefatura del bloque, en relación a la designación como auditores a Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

El propio Mauricio Macri siguió de cerca las alternativas de aquella sesión en Diputados. En algún momento, el líder del PRO pensó en Jorge Triaca para ocupar un lugar en la AGN; desde el entorno del expresidente, y ante la consulta de Infobae, también hablaron de una “relación que está rota”, y responsabilizaron al presidente de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial Eduardo Lule Menem, de “haber pactado con los gobernadores del norte y haber cerrado filas con el kirchnerismo”.

Volvemos a la Ciudad de Buenos Aires. Cerca de Jorge Macri hay confianza para el segundo tramo de la gestión, y hablan de un bloque legislativo “más ordenado” y “más fuerte, que pasó de siete a 11 integrantes, y a eso tenés que contar que llegaron personas con mucho señority, como Waldo Wolff, Laura Alonso o la misma Silvia Lospennato”. Se convertirán en el trío de voceros del oficialismo.

En cuanto a la relación con LLA, será fluctuante, como sucede a nivel nacional. Jorge Macri sabe que su futuro está atado a la suerte de Javier Milei. Si el Presidente mantiene el nivel de popularidad que le permitió imponerse en las legislativas, y si mantiene controlado el dólar y la inflación, eso se va a trasladar al candidato que impulse LLA y la competencia con el PRO por el electorado común será más compleja. Es una carrera en la que ya está anotada la senadora Patricia Bullrich. En este escenario, varios dirigentes macristas no ven con malos ojos participar de una PASO de todo el espacio de la centro derecha.

Pero la relación con La Libertad Avanza puede descomponerse. En ese caso, aseguran, “el diferencial es la gestión y hacer que la ciudad funcione”. Y minimizan las aspiraciones de Horacio Rodríguez Larreta, que ya aseguró que buscará ser jefe de Gobierno porteño de nuevo. “El centro ya no existe en la ciudad; los espacios centristas se diluyeron. Estas elecciones mostraron que el centro-derecha es el sector predominante, y el PRO debe competir o pactar ahí”, sostuvo un importante dirigente porteño.

A nivel parlamentario, Larreta logró conformar un bloque de siete integrantes, una cifra importante para el oficialismo si rompe con LLA, porque necesitará esos votos, y los del peronismo, para poder aprobar las leyes. Por eso, también será clave la dinámica de reparto de comisiones con el bloque que preside Claudia Neira, la primera minoría con 20 integrantes, que tiene ahora como referente a Leandro Santoro y que conduce Juan Manuel Olmos, histórico dirigente del PJ porteño.

Otra particularidad de la nueva Legislatura. El influyente empresario y ex presidente de Boca, Daniel Angelici, logró quedarse con la secretaría administrativa, un cargo clave porque maneja el presupuesto del Parlamento, ahora a cargo de Cristián Gribaudo. La conducción política sigue en manos de Matías López, un joven dirigente cercano a Diego Santilli y bien considerado por todos los bloques. También habrá cambios en la Dirección de Prensa.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un gesto político el último lunes. Está decidido a encabezar una construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a nivel nacional. Si bien planteó que el plenario ante mil quinientos integrantes del espacio no fue el lanzamiento de una candidatura ni campaña electoral, sí los convocó “a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires”. Desde hace un tiempo que viene ordenando internamente quiénes estarán activos en esa estrategia.

Con frecuencia casi semanal, los lunes al mediodía el mandatario reúne a un grupo de intendentes y dirigentes en la gobernación bonaerense en La Plata. Hasta allí llegan los mismos nombres: intendentes y algunos ministros provinciales de corte más político. Desde ahí se diseñó que el MDF debe salir de las fronteras de la provincia de Buenos Aires, luego de lo que fue este año electoral, donde además el peronismo convivió y convive con una fuerte interna que tiene al espacio de Kicillof como uno de los sectores activos en esa discusión.

Lo cierto es que desde la mesa política del MDF se definió que algunos de sus integrantes tengan a partir de ahora un rol más activo y de armado político para lo que se viene tanto en territorio bonaerense como en otras provincias no peronistas. La mayoría son nombres conocidos: el intendente de La Plata, Julio Alak; el ex intendente de Florencio Varela y actual director del Banco Provincia, Julio Pereyra; el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo y el saliente director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, son quiénes tendrán responsabilidad política sobre todo en territorio bonaerense, según supo Infobae.

También habrá algunos contactos con las provincias de parte de este grupo. Sin embargo, ese rol quedará para algunos ministros de corte político como Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo de la Comunidad); Carlos Bianco (Gobierno) y la Jefa de Asesores de Ministros, Cristina Álvarez Rodríguez. Días atrás, Bianco por ejemplo, recibió a sectores del peronismo de Santa Fe en su despacho de la gobernación.

Larroque escoltó a Kicillof en su paso por la provincia de Formosa, donde el gobernador fue nombrado “huésped de honor” por su par Gildo Insfrán. A esa actividad también se sumó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Ambos ministros formaron parte de los convenios de cooperación con la provincia de Formosa. Allí, el gobernador convocó a generar un “verdadero pacto” entre las provincias.

El lunes, el gobernador encabezó un plenario del MDF en el que aclaró que no se trataba de un lanzamiento ni entrar en campaña electoral; sino “construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”.

“Venimos a convocar a todos y todas para construir una fuerza política que trascienda a la provincia de Buenos Aires. Vamos a demostrar que hay una alternativa y que no estamos dispuestos a repetir la historia. Venimos a crear futuro: un futuro diferente y mejor para todo el pueblo”, había dicho Kicillof ese día. En primera fila estaban parte de quiénes ya empezaron a generar contactos más allá de la PBA.

Las recorridas no incluirán a Kicillof al menos en inmediato plazo. En el entorno del mandatario admiten que quieren evitar una campaña anticipada. “No son dos años de campaña, ni de una candidatura, es de una construcción, de una vocación y de un trabajo que consiste en presentar una alternativa a Milei en la que la sociedad y sectores que hoy claramente desconfían o se han replegado puedan expresarse y participar”, volvió a enfatizar el gobernador bonaerense este miércoles en declaraciones a Radio 10.

Kicillof quiere expandirse y no limitar su construcción solo al peronismo. Algunos ministros reconocen que hay diálogo con otros gobernadores que “tienen momentos de oposición” al gobierno de Javier Milei; pero que por ahora se limita a eso: a conversaciones.

Los encuentros públicos que había tenido Kicillof con otros gobernadores no peronistas, como Nacho Torres (Chubut) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe), le trajeron críticas internas; puntualmente del sector referenciado en Cristina Kirchner. El argumento es que lo hizo sin aviso y “desconociendo” la realidad de los peronismos en esas provincias. Por lo pronto, Kicillof mantiene la línea con los gobernadores opositores a Milei que, además de Insfrán, en La Plata reconocen que son Sergio Zilliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero).