Una abultada bandeja de proyectos libertarios frenados, y un recinto trabado y con cuarto intermedio vigente -hasta el 6 de agosto- representan el resumen de la desafiante agenda que tendrá el Senado hasta fin de año. Problemas de fondos no habrá ya que los legisladores obtuvieron, justo antes del receso invernal, un nuevo aumento en sus dietas -más de 12 millones de pesos, en bruto- por estar atadas a la paritaria de empleados, tal como resolvieron todos los bloques, sin grieta, en 2024.

Como iniciativa más fresca quedó la de propiedad privada, ya muy manoseada entre los 15 borradores que aparecieron post dictamen. Fue el motivo principal del cuarto intermedio y es uno de los textos que desea -aunque ya se lo desplumaron al oficialismo- el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hace pocas semanas fue a defender la ley de Sociedades que, por ahora, no muestra guiños concretos desde la oposición dialoguista.

En caso de resolver el embrollo de propiedad privada el 6 de agosto, durante el mismo mes podría ser sancionada la ley denominada “Hojarasca”, que elimina normativas vetustas. De hecho, la misma estaba pensada para dicha jornada, aunque con la posposición del primer proyecto y la dificultad que tiene para avanzar la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich. Todo quedó como una moneda en pleno vuelo. La porteña destinó más energía a otros objetivos personales y noticiables -con irregular éxito- y dejó a su espacio muy expuesto y sin defensa -incluido al propio Javier Milei- en varias ocasiones.

Con otros articulados se comenzó en comisiones con una fuerte promoción y, a los pocos días, quedaron olvidados. Un claro ejemplo fue la remodelación de la ley de salud mental, aunque desde usinas oficialistas deslizaron a Infobae que, tras las vacaciones, empujarían novedades. También lo hicieron con otros temas que aún aguardan respuesta.

El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo. En mayo último disertó la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.

Por otra parte, iniciativas como ludopatía -todos en guionado silencio- y etiquetado frontal -dinamitar todos los octógonos- ni siquiera son mencionadas. Y días atrás fue girado a tres comisiones -mayor dificultad para hallar aliados y firmar dictamen- el súper RIGI, que ya fue aprobado por la Cámara baja y espera su sanción definitiva.

Mientras que la Casa Rosada ahora pretende que Diputados apure las nuevas modificaciones sobre la inocencia fiscal -increíble que una ley sancionada deba ser cambiada a los pocos meses, lo cual denota el nivel de irresponsabilidad con el que se debaten cuestiones sensibles-, en el Senado se asoman ansiedades por la reforma política. Por fuera del inflado show informativo que se despliega desde Balcarce 50, no hay allí un solo indicio de movimiento y un interés único para suspender -ya no eliminar- las PASO. Y nadie cree que exista alguno no antes de octubre o noviembre.

Para esa época, el Gobierno sueña que la Cámara alta achique las zonas frías -facturas de luz y gas más caras en varios distritos- y ahorrar una millonada para enviar, con holgura de cuentas, el Presupuesto 2027 a Diputados. Esto deberá ocurrir a mitad de septiembre. Un abrir y cerrar los ojos para el ritmo que suele tener el Congreso.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa con la promoción de potenciales articulados para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y una eventual normativa relacionada con el shutdown, como en los Estados Unidos, que implica la paralización de áreas de la administración central en caso de que no hubiese acuerdo por la ley de gastos.

De lo que no queda dudas es, más allá de lo voluminosa de la agenda, es que la misma no tendrá luz verde si La Libertad Avanza no ajusta varias de sus tuercas. Entre errores propios -que sin dudar se podrían haber evitado y el lastre -no sirve como excusa- generado por el indefendible exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el mileísmo perdió un tiempo más que valioso.

Post receso, los aliados pretenderán aprobar textos propios. La buena predisposición se mantendrá, pero menor margen de acción para el Gobierno, que tendrá que decidir si cede o si, como en 2024 y 2025, busca el choque con toda la oposición. Los articulados ya no interesarán mucho y todo se pesará en la balanza electoral.

De acuerdo con el Decreto 617/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia de María Gabriela Real al cargo de presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El licenciado David Guido de Graaff también presentó su renuncia al cargo de subsecretario de Políticas Sociales del mismo organismo. Se trata solo de un acto formal, para poder asumir el puesto que dejó vacante Real.

Los cambios en la cúpula del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales responden a las decisiones tomadas por la ex titular. Según trascendió, la ahora ex funcionaria dejó el cargo para regresar a desempeñarse en el sector privado.

De hecho, Real era considerada una de las colaboradoras técnicas de mayor confianza de Pettovello dentro de Capital Humano.

Durante su gestión, impulsó una agenda orientada a fortalecer la coordinación entre organismos públicos, gobiernos provinciales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, además de promover la incorporación de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial aplicadas al diseño y seguimiento de políticas sociales.

Su reemplazante, David Guido de Graaf también llega con experiencia tanto en la administración pública como en el sector privado.

Su nombramiento representa una continuidad del equipo técnico que venía trabajando bajo la conducción de Real y evita una reorganización más amplia dentro de un organismo considerado estratégico para el diseño y la evaluación de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales ocupa un lugar particular dentro de la estructura de Capital Humano. A diferencia de otras dependencias que administran prestaciones o ejecutan programas, su función consiste en coordinar información, producir diagnósticos, evaluar resultados y generar evidencia para orientar las decisiones de política pública. Esa tarea es clave en un contexto de transformación de los programas sociales y de revisión de los mecanismos de asistencia implementados por la administración nacional.

Cambios en el Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Especiales

El abogado Leandro Horacio Massaccesi presentó su renuncia como miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en representación del Ministerio de Capital Humano.

La dimisión fue aceptada formalmente, a través del Decreto 616/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, dando lugar a un nuevo nombramiento en el organismo dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

A partir de esta vacante, el Gobierno dispuso la designación del abogado Mauro Esteban Brandi como nuevo miembro del Directorio de la CONAE, también en representación del Ministerio de Capital Humano. Brandi ejercerá la función ad honorem durante un período de cuatro años.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue creada por el Decreto N° 995/91 y se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su Directorio está compuesto por nueve integrantes, incluyendo un presidente, un vicepresidente y seis directores representantes de diversas áreas de la Administración Pública Nacional, designados por el Poder Ejecutivo Nacional, más un director ejecutivo-técnico designado por sus pares.

“Este 22 realizaremos cortes en rutas, puentes y accesos de todo el país rechazando la política criminal de este Gobierno nacional que le quita el salario del Programa Volver al Trabajo a los trabajadores más humildes. Más 930.000 personas se quedan sin su salario y eso es muy grave. Esa plata que le sacan a los humildes es plata que va a dejar de girar en los circuitos comerciales de cercanía. Por ende, no solo es un golpe al bolsillo de los trabajadores, sino que es un golpe terrible para las economías locales como verdulerías, kioscos de barrio, almacenes”. La que anuncia el plan de lucha que comenzará este miércoles es Johana Duarte, secretaria gremial de Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la agrupación gremial que concentra a casi dos millones de personas que forman parte de la mano de obra informal que se dedican a changas, trabajos domésticos, acompañamiento de personas mayores, agricultores, cartoneros, entre otras actividades.

Los puntos elegidos para las protestas y los horarios se decidirán la noche anterior y no serán anunciados para evitar que la Policía se anticipe y despliegue un cerco perimetral o les impida llegar a los lugares que en otras oportunidades fueron, por ejemplo, los puentes Saavedra, Pueyrredón, General Paz y Juan Manuel de Rosas; Panamericana y Ruta 197, la Autopista Buenos Aires-La Plata, entre otros puntos de ingresos a la Ciudad de Buenos Aires.

La medida forma parte de un extenso cronograma que desembocará en una “Marcha Federal” que finalizará frente a la Casa Rosada y un paro general, instancia que la CGT aún no anunció oficialmente.

Estas acciones estarán precedidas -junto a sectores sindicales- con la peregrinación del 7 de agosto, en celebración del día del patrono del trabajo que partirá desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, tal como sucede desde la primera marcha histórica de “Los Cayetanos”, que tuvo lugar ese mismo día, pero de 2016.

La movilización fue catalogada como “histórica”. Fue en reclamo durante el gobierno de Mauricio Macri. En esa oportunidad, casi medio millón de personas marcharon de 16 kilómetros en reclamo de “paz, pan tierra techo y trabajo”. Una consigna que tres años después, y a fuerza de protestas, se materializó en la Ley de “Emergencia Alimentaria”.

Los dirigentes de los movimientos sociales nucleados en la UTEP, que tiene como secretario general Alejandro Gramajo, aspiran a que mañana las concentraciones en los puntos de bloqueo sean numerosas. El objetivo es doble: evitar la acción directa de las fuerzas de seguridad que intentarán desalojarlos y, en segundo lugar y quizás hasta más importante, demostrarle al gobierno de Javier Milei que aún conservan poder de convocatoria y ascendencia entre los sectores que representan.

Uno de los logros que La Libertad Avanza se ufana de haber conseguido es el de haber inactivado las marchas y piquetes semanales sobre la Avenida 9 de Julio, en el centro porteño, el Obelisco y zonas aledañas.

El protocolo antipiquetes implementado desde el Ministerio de Seguridad, en época de Patricia Bullrich, y que Alejandra Monteoliva hace cumplir a rajatablas tuvo mucho que ver con el desaliento de los cortes de calles. Hasta los jubilados son obligados a abandonar la calzada cada miércoles de protesta frente al Congreso de la Nación.

La decisión del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de suprimir programas como el Potenciar Trabajo -sobre el cual tenían injerencia los dirigentes sociales- y transformarlos en otros, como el Volver a Trabajar, que acaba de eliminar; y quitarle el manejo de la ayuda alimentaria estatal que realizaban los movimientos populares como el Evita, Barrios de Pie, el Polo Obrero y entre otros, el Frente Popular Darío Santillán, tuvieron impacto sobre la concurrencia a las marchas y convocatorias.

Desde los espacios que integran la UTEP, devalúan esa visión con otras observaciones: “La gente ya no aguanta la represión policial y muchos no tienen ni para el pasaje”.

Los funcionarios de la ministra anticiparon que si los piqueteros cortan accesos de injerencia federal “van a ser desalojados”. Y recuerdan: “Como siempre se va a cumplir con el protocolo antipiquetes”.

En diálogo con este medio, Duarte insistió en que dejar casi a un millón de personas sin la percepción de los $78.000 mensual del programa Volver a Trabajar “es un llamado de atención urgente también a gobernadores e intendentes que si no denuncian este ajuste la crisis les va a explotar a ellos también en cada territorio donde no van a poder hacer frente al impacto que se genera al quitar este circulante de dinero en las economías regionales”. Por esa razón, opinó: “Si no hay salario para los más humildes no van a haber paz social para ningún gobierno”.

El Gobierno ya anunció su decisión de no dar marcha atrás con la medida, que fue avalada por la Cámara Federal de San Martín, que hace dos semanas, revocó la medida cautelar dictada en primera instancia y que obligaba al Ministerio de Capital Humano, a mantener el programa “Volver al Trabajo”, lo que habilitó el cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. El fallo le permite al Gobierno nacional materializar lo que ya anunció Sandra Pettovello: reemplazar ese sistema de asistencia por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, también opinó sobre la determinación de la Casa Rosada: “El Gobierno sigue avanzando alevosamente, pisoteando la vida de jubilados, personas con discapacidad, estudiantes, trabajadores”. Además, consideró: “El modelo político de La Libertad Avanza muestra su cara más cruda. Mientras los funcionarios se enriquecen, Milei celebra un equilibrio fiscal ficticio y una inflación apaciguada por el derrumbe del consumo de las mayorías y las importaciones indiscriminadas”.

Las protestas del miércoles 22 están precedidas por la “Jornada Patria por la Cultura del Encuentro: ‘De Francisco a León XIV en tiempos de polarización’”, que se realizó el sábado en las instalaciones del Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole, en el municipio de Almirante Brown.

De la jornada de reflexión y diálogo sobre “los desafíos y oportunidades que plantean las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial, poniendo en el centro la dignidad humana, la inclusión y la búsqueda del bien común”, participaron las Pastorales Sociales de los 12 obispados de la zona Metropolitana de Buenos Aires; Mariano Cascallares , vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; Monseñor Jorge Lugones, Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora y Monseñor Carlos José Tissera, obispo de la Diócesis de Quilmes y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Entre otros, también estuvieron presentes, la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe de Gabinete Carlos Bianco.

Al finalizar la jornada, la Region Buenos Aires de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un “mensaje final” de dos carilla en la que sostiene: “Nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común, donde se priorizan intereses sectoriales: esto ha generado una sociedad fragmentada y dividida, existiendo una marcada disociación entre lo que discute la ‘clase dirigente’ y las necesidades de nuestro pueblo, agobiado por una situación cada vez más alarmante de falta de trabajo (o trabajo precario), pobreza y exclusión”.