Jugada a todo o nada contra la reforma laboral del Gobierno, la CGT realizará este jueves una movilización hacia la Plaza de Mayo que busca ser una demostración de fuerza para bloquear el proyecto en el Congreso.

La concentración, que será la cuarta impulsada por la central obrera desde que Javier Milei asumió la Presidencia y se hará en todas las provincias, contará con la participación de las dos CTA, los movimientos sociales, sectores políticos como La Cámpora y agrupaciones de izquierda. Además, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Aceiteros harán un paro de 24 horas en apoyo del reclamo de la CGT.

El Gobierno hizo algunas concesiones a la CGT al eliminar varios artículos de la versión definitiva de la reforma laboral, pero la CGT mantiene su rechazo al proyecto oficial, elaborado durante semanas en el Consejo de Mayo, porque incluye una regulación muy estricta del derecho de huelga, la prelación de los convenios por empresa y restricciones a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, entre otros puntos.

Las columnas de los distintos sindicatos se concentrarán al mediodía en varios puntos de la zona céntrica porteña y luego marcharán hacia la Plaza de Mayo, donde a las 15 se leerá un documento muy crítico del Gobierno y habrá breves discursos de los 3 cotitulares de la CGT, Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros).

Los integrantes del triunvirato cegetista concurrieron este miércoles a la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por Patricia Bullrich, para brindar su opinión sobre el proyecto oficial: lo calificaron de “regresivo” y de “inconstitucional”.

Los líderes cegetistas, además, reforzaron su operativo de seguridad ante el temor de que haya incidentes generados por infiltrados para perjudicar a la CGT.

Por eso la CGT difundió un comunicado de prensa en el que expresa su “preocupación” por declaraciones de funcionarios libertarios a las que calificó como “provocaciones innecesarias hacia los trabajadores”.

Al mismo tiempo, exigió al Gobierno que “garantice la integridad física y la libertad de quienes participen en la movilización” en rechazo del proyecto oficial, mientras reclamó que “se abstenga de promover discursos estigmatizantes o intimidatorios, ya que profundizan la confrontación y ponen en riesgo la paz social”.

Además del rechazo a la reforma laboral, la CGT también protestará contra el “desfinanciamiento” propuesto en el Presupuesto 2026, que “elimina garantías legales de inversión en educación, ciencia y tecnología”.

“Como central sindical sostenemos que la inversión en estos sectores es fundamental para el desarrollo nacional, la justicia social y el futuro de la Argentina”, dijo la CGT en sintonía con su secretario de Políticas Educativas, Sergio Romero, quien lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Según la CGT, el artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 propone derogar la Ley Nº 26.206, que establece un piso del 6% del presupuesto para educación e ignora la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, que organiza la inversión y define el rol de los estados nacional y provinciales. Además, deroga los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614, que fijan un incremento progresivo de la inversión en ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Y elimina el artículo 52 de la Ley Nº 26.058, que garantiza un fondo no inferior al 0,2% de los ingresos corrientes para educación técnico profesional.

Por eso la CGT reclamó a los legisladores el retiro inmediato del artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026 y advirtió que el alejamiento del Estado de su obligación constitucional “sólo puede resultar en la destrucción del sistema educativo”.

De todas formas, los vínculos entre el Gobierno y la CGT no se rompieron y se mantienen vigentes algunos canales informales de diálogo a través del asesor presidencial Santiago Caputo y los Menem (Martín y Lule).

En la vereda de enfrente, el ala dura de la Casa Rosada, integrada por el ministro Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, flamante senadora nacional, apunta a una reforma laboral que ponga en jaque al poder sindical.

Desde que asumió Milei, la CGT hizo el 27 de diciembre de 2023 una movilización hacia Tribunales contra el DNU 70; dos paros generales de 24 horas, el 24 de enero de 2024 y el 9 de marzo de ese año; un paro de 24 horas con movilización el 9 y 10 de abril de 2025; una movilización callejera por el Día del Trabajador, el 30 de abril de este año, y una marcha por San Cayetano, el 7 de julio.

¿Qué efecto concreto tendrá la nueva protesta de la CGT? El Gobierno está seguro de contar con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso, pero el sindicalismo comenzó un “plan de resistencia”, como lo llama, para que no se sancione la ley. Las próximas semanas serán decisivas para saber quién se quedará con el rédito de haber impuesto fuertes cambios laborales o de haberlos frenado.

Después de que el Gobierno nacional obtuviera la media sanción en los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, el Congreso aprobó la designación de tres auditores generales de la Nación. El tema no estaba en el plenario, como tampoco en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Ejecutivo, y provocó que varios legisladores de los bloques se retiraran del recinto a modo de reclamo.

Todo comenzó con un pedido de moción presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.

Frente a esto, el presidente de la banca del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, cuestionó: “Esta es la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional”. Por esto, subrayó que “la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara”.

Tras manifestar su desaprobación con la jura de los auditores, anticipó que se presentaría una denuncia en la Justicia por tratarse de una medida inconstitucional. “En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara”, reprochó.

“La designación de miembros de AGN (Auditoría General de la Nación) no se encuadra en ninguna de estas categorías, ya que integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento del Congreso”, argumentó. Al remarcar que “no se puede tratar, es anticonstitucional”, aseguró que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza”.

A su reclamo, se sumó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, por lo que su bloque optó por retirarse del recinto junto a las bancadas del PRO, la UCR, y Provincias Unidas.

A pesar de esto, la votación siguió su curso, se aprobaron los nombramientos e, incluso, se tomó juramento a dos de los auditores designados. En el caso de Calletti, asumió el cargo minutos más tarde, debido a que todavía no había llegado al Congreso.

“No sabemos quiénes son”, dijo a TN la diputada Karina Banfi, de la UCR, al recalcar que el tema no se había tratado en comisión previamente.

Previo a esto, se creía que la Auditoría General de la Nación iniciaría el 2026 paralizada, por la cantidad de vacantes existentes. Hasta esta madrugada, el organismo solo se encontraba compuesto por su titular, Jesús Rodríguez Olmos, debido a que ninguna de las Cámaras había designado a sus auditores. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, compuesta por Miguel Ángel Pichetto, y el legislador kirchnerista Juan Manuel Olmos, trabajó para sostener el plan de auditoría.

Así, la comisión bicameral logró en los últimos meses un avance significativo respecto a gestiones anteriores, agilizando el tratamiento de más de 550 expedientes y definiendo las Cuentas de Inversión correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, que abarcan tanto la administración de Mauricio Macri como la de Alberto Fernández.

En la discusión sobre el Programa de Acción Anual (PAA) 2026, se planteó que, según la tradición parlamentaria, tras la aprobación de la bicameral y con las firmas de los presidentes de las comisiones de Presupuesto de Diputados y del Senado —los libertarios Alberto Benegas Lynch y Ezequiel Atauche—, el plan podría considerarse cerrado y validado.

No obstante, con la integración de los auditores nombrados por Diputados, aún quedaría pendiente la definición de los representantes del Senado en la AGN. Previo a esto, el bloque kirchnerista presionó al radicalismo para conformar una mayoría que les permita designar dos miembros propios y uno del partido centenario, con el objetivo de excluir a LLA de la conducción del organismo. Sin embargo, se trató de una estrategia que no dio los frutos esperados para la oposición.

A través de una resolución publicada este jueves en Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete de Ministros formalizó la delegación de facultades administrativas y disciplinarias en cada una de las distintas áreas que componen el organismo, bajo la titularidad de Manuel Adorni.

Mediante la resolución 162/2025, detallaron artículo por artículo las responsabilidades de cada una de las áreas que conforman la cartera. De esta manera, fijaron, entre otras cosas, que cada Secretaría de la Jefatura pueda efectuar designaciones transitorias de su personal, tal como prevé el decreto N° 958/2024 en su segundo artículo.

Aquella normativa habilitaba a los funcionarios responsables de cada área a designar y prorrogar transitoriamente al personal en cargos inferiores a Subsecretario, tanto de planta permanente como extraescalafonarios, en organismos centralizados y descentralizados bajo su jurisdicción y conforme a la estructura vigente. Este cambio estuvo acompañado por la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública mediante el Decreto 959/2024.

En este sentido, la reciente norma concedió la potestad de “prórroga de las designaciones transitorias y las asignaciones de funciones previstas” para el personal propio y otorgó la misma atribución a los titulares de los organismos descentralizados bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete “respecto de los agentes dependientes de cada uno de ellos”.

Seguidamente, la resolución detalló que las Secretarías quedan habilitadas para promocionar al personal que revista planta permanente, también conforme establece el Decreto N° 958/2024 respecto de los agentes en cada Secretaría. A su vez, se las habilita a tomar otras decisiones que en el mencionado decreto estaban a cargo del Jefe de Gabinete, Ministros, Secretarios de la Presidencia, Procurador del Tesoro de la Nación y a los Vicejefes de Gabinete. De esta manera podrán contratar, renovar o prorrogar bajo cualquier modalidad.

En cuanto a la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, el texto establece las atribuciones contempladas en los artículos 2°, 3° y 4° del 958/2024, los cuales refieren a la facultad de efectuar y prorrogar designaciones, regular la posibilidad de disponer promociones para el personal de planta permanente y otras asignaciones de funciones dentro de la estructura administrativa. Estas competencias solo aplican sobre agentes que integren unidades organizativas con rango inferior a Secretaría y que dependan directamente del jefe de Gabinete.

En paralelo, la autoriza a designar personal de gabinete, además de poder ejercer las facultades previstas en el Decreto N° 619/2016―que regula puntos específicos sobre contrataciones en la administración nacional― y el Decreto N° 750/1977, que establece normas sobre la contratación y designación del personal de gabinete, asegurando respaldo para nombramientos y vinculaciones temporales vinculadas a funciones de asesoría y asistencia.

En cuanto a las competencias disciplinarias, el artículo 7° faculta a cada Secretaría a aplicar medidas disciplinarias para sus propios agentes, siguiendo lo dispuesto en la Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. La misma prerrogativa recae sobre el personal de las unidades inferiores mencionadas.

De esta manera, añadieron también que la Subsecretaría de Gestión Administrativa dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dispondrá comisiones de servicios para que personal bajo su órbita realice tareas temporales fuera de su unidad o jurisdicción original. Respecto a la gestión de licencias, el artículo 9° habilita a las áreas encargadas de recursos humanos de ambas Secretarías a conceder licencias previstas en el régimen vigente, excluyendo solamente aquellas referidas a estudios o investigaciones. En tanto, tendrán “facultades para la concesión y limitación de la situación de excedencia, por un período no inferior a tres meses ni superior a seis meses”, prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para la Administración Pública.

La rescisión de vínculos laborales con personal de planta también está contemplada dentro del texto, en el marco del mencionado CCT, al mismo tiempo que refiere a la finalización de contratos reglados en el sector público bajo modalidades distintas a la planta permanente, y según el Decreto N° 1109/2017, que establece procedimientos y condiciones para la contratación y rescisión de estos vínculos en la administración nacional.

La resolución dedica un apartado al otorgamiento y limitación de la licencia para integración familiar, competencia que recae en los responsables de recursos humanos de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa y la Subsecretaría de Gestión Administrativa. Además, confiere a las dos Subsecretarías de Gestión Administrativa la facultad de otorgar o limitar las compensaciones por gastos fijos de movilidad para agentes a su cargo.

Por su parte, el artículo 16° delega en la Subsecretaría de Gestión Administrativa dependiente de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa y en la Subsecretaría homónima dependiente de Innovación, Ciencia y Tecnología la aplicación de las facultades previstas en el Decreto N° 895/2018. Dicho decreto establece procedimientos y facultades específicas para la administración presupuestaria y de recursos, abarcando aspectos como la asignación y ejecución de partidas presupuestarias y el control de gastos en el sector público.

El artículo 17° habilita a las Secretarías a suscribir convenios de colaboración que no impliquen erogaciones presupuestarias, es decir, acuerdos con provincias, municipios u otras entidades públicas o privadas en los que no se comprometan recursos financieros del Estado nacional. Esto permite formalizar acciones conjuntas, asistencia técnica o cooperación institucional de manera descentralizada.