El diplomático Carlos José Fleitas Rodríguez informó que la Comisión Nacional demarcadora de límites (CNDL) del Paraguay realizó tareas en la zona de las 72 islas ubicadas en el río Paraguay sobre las que Argentina y el vecino país avanzan para definir su soberanía.

Los trabajos incluyeron el sobrevuelo con drones para establecer distancias de cada isla con las costas de ambos países.

“La CNDL está haciendo un análisis sobre la situación geográfica de las islas. El fin es establecer la posición paraguaya a la hora de la discusión con nuestros pares argentinos acerca de la soberanía de 72 islas que están sobre el río Paraguay”, expresó el diplomático a medios del vecino país. Todas se encuentran deshabitadas.

El foco está puesto en dos islas en particular: Oliva y Yuquerí. Sobre este par hay “criterios encontrados con las autoridades argentinas”, subrayó Fleitas Rodríguez. El acuerdo que delimita las fronteras entre ambos países data de 1876. Ahí se fijó como premisa la adyacencia: las islas se dividirán por proximidad. Es decir: la soberanía corresponderá al país que tenga su costa más cerca.

Determinar a quién pertenecen es importante para fijar las políticas de pesca, turismo y de infraestructura -como por ejemplo, muelles- en la zona.

Fleitas Rodríguez, titular de la CNDL, realizó estas declaraciones tras reunirse con el gobernador del departamento de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón. Las dos islas en disputa están ubicadas frente a Pilar, la capital de este distrito paraguayo. Del lado argentino está el departamento Laishi, en Formosa.

¿Cómo están las relaciones entre ambos países?

El embajador descartó que exista una puja diplomática entre Argentina y Paraguay por estas islas. “Hay criterios técnicos que tenemos que poner sobre la mesa con las autoridades argentinas para saber cuáles son las directrices que se van a tomar a la hora de definir la soberanía de estas 72 islas”, indicó Fleitas Rodríguez.

En este sentido, señaló que las determinaciones finales deben tomarse sobre la base del consenso. Por eso, puntualizó que se trata de un tema “sensible” que exige que ambos gobiernos “se pongan de acuerdo”.

“Hay que hacer un estudio histórico. El tratado tiene sus años. En los comienzos, las islas estaban más cerca de una costa y luego quedaron más próximas a otra. De allí la importancia del estudio que estamos haciendo con los drones”, comentó. Esto se debe a que el curso del río, sobre todo luego de las crecientes, se va corriendo.

En este sentido, resaltó: “Hay una gran armonía en las negociaciones y las relaciones bilaterales con nuestros pares argentinos. Esta es una discusión eminentemente técnica para que los criterios puedan ser elevados a las autoridades de cada país”, reseñó.

El funcionario guaraní destacó que la divisoria de tierras sobre los ríos Pilcomayo y Paraná ya están completadas. Y que solo restan las localizadas en el curso del Paraguay. Luego, expresó su deseo de que tenga una “pronta solución, dado el grado de amistad que une a los gobiernos del presidente Javier Milei y Santiago Peña”.

Ambos mandatarios compartieron semanas atrás la cumbre del Mercosur en Foz do Iguacu (Brasil). El Presidente argentino aprovechó la ocasión para intentar sumar a su par paraguayo a la cumbre de mandatarios de derecha. La convocatoria no tiene fecha aún, pero se concretaría durante 2026 en Buenos Aires.

Los entendimientos sobre las aguas y las islas en el Alto Paraná están sostenidos en los acuerdos de 1876 y los complementarios de 1945. Pero, en el terreno, presentan complejidades que llevan a permanentes roces entre la Prefectura argentina y la Armada paraguaya.

El último fue en junio de 2023. En esa oportunidad, unos pescadores argentinos fueron abordados por marinos paraguayos en la isla Apipé, frente a Ituzaingó (Corrientes). En esa zona hay una particularidad: Apipé Grande y Chica son territorio argentino, pero el agua del río que las rodea es jurisdicción del Paraguay.

Para establecer una analogía, hay que pensar en una sucursal del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires. El interior del local es jurisdicción bonaerense, pero la vereda es porteña.

Ni el vertiginoso año pasado, ni un Congreso de receso y con guardias mínimas calman las ansiedades ya extremas relacionadas con la reforma laboral, sobre la que se aguardan definiciones concretas para finales del corriente mes o inicios de febrero, en el escenario más optimista. Mientras casi todo el mundo mira hacia Venezuela, la propuesta de modificaciones a la regulación del trabajo en la Argentina tuvo, ante los primeros movimientos de la oposición para bloquearla, a aliados que piden a la Casa Rosada no repetir los errores de diciembre último, los cuales significaron un freno repentino de la misma, pese a haber obtenido dictamen en la Cámara alta.

“Si el Gobierno no complicaba a Diputados con la derogación de leyes sobre universidades y discapacidad que incluyó en el Presupuesto 2026, los votos de reforma laboral estaban en el Senado”, aseguró a Infobae un dialoguista que siguió de cerca las negociaciones. En esa línea, agregó: “Por eso no sorprendió lo que ocurrió luego con las normas que sí se sancionaron. Recuerdo en la sesión del 26 -de diciembre- que, salvo por los que relataban escenarios ficticios, el resto ya sabía ocho horas antes que había un piso de 40 votos. Y fueron varios más. ¿Sabe por qué? Porque el Ejecutivo dio muestras de cumplir con la palabra. Hasta los peronistas lo reconocieron más tarde”.

En el oficialismo también hubo un puñado de integrantes de la bancada que comanda Patricia Bullrich que -con mucha discreción- sugirieron avanzar, en línea con un sector de la Casa Rosada. “Nos favorece todo el orden que impuso la gestión económica y eso da mayor previsibilidad. Dicho esto, la Argentina es un país donde no hay que perder ninguna chance y creo que hubo, hasta lo que ocurrió con el Presupuesto 2026 en Diputados. Es decir: estuvo bien Bullrich en detallar la situación completa al Ejecutivo para tomar una decisión razonable. El inconveniente que se presenta ahora es que regalamos semanas a un kirchnerismo enojado, aunque golpeado. Y nunca se sabe. La CGT ya está haciendo lo suyo y no la juzgo, pero tampoco me hago el distraído”, sentenció un libertario a este medio.

Las normas que se dictaminaron y no arribaron al recinto de la Cámara alta fueron la reforma laboral y los cambios en la ley de glaciares. Allí, Bullrich maneja un interbloque de 21 legisladores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37. Por ende, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y nada es fácil para la administración de La Libertad Avanza a la hora de hablar del Congreso.

Agenda en espera

Junto a la reforma laboral y los cambios en glaciares, otro despacho que aguarda a febrero es el de estabilidad monetaria. En la Cámara baja, este tema no preocupa en demasía a los bloques -en general-, y muchos prefieren dejarlo en la parrilla hasta marzo, cuando Javier Milei inicie un nuevo período de sesiones ordinarias.

Uno que nada debajo de la línea de flotación y podría generar rispideces es el del Código Penal, que ya estuvo incluido en el temario extraordinario de diciembre y no se presentó en mesa de entradas. Tampoco se conoce la modalidad. El oficialismo deslizó a través de una bicameral, algo no aceptado por diversos espacios. Lo más probable es que, al ser un texto pesado y que llevó mucho tiempo calibrarlo, se debata con tranquilidad una vez que Milei pase por el Congreso, en marzo. Allí, el jefe de Estado anunciaría el envío de más iniciativas.

Tras algunas semanas de demora, la firma Autovía Construcciones y Servicios S.A del  grupo Cartellone se hizo cargo de la concesión de la denominada ruta “Del Mercosur”con especial impacto en la localidad bonaerense de Zárate.

Uno de los requerimientos exigidos en el pliego para el primer año era la obligación de la empresa de hacer arreglos y mantenimiento de la calzada, previo a la implementación de los peajes, ante el deterioro del asfalto que se agravó con la inacción de Vialidad Nacional.

La exigencia había generado desinterés en las habituales empresas ligadas al rubro al punto que el gobierno de Javier Milei tuvo que habilitar una línea de créditos  a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para seducir a los interesados, un desembolso que aún no terminó de materializarse en su totalidad.

En ese marco, la empresa sacó este miércoles algunas máquinas para reparación de la rotonda de ingreso a Zárate y el Puente Zárate, junto a un puñado de trabajadores.

La postal fue celebrada por el intendente pro- libertario Marcelo Matzkin quien destacó el  inicio “de las reparaciones que son urgentes dado el grave deterioro de la ruta 12 y afirmó que con la pivatización“empezamos a dejar a de atrás el mal estado de las rutas”.

Al mismo tiempo pidió por los avances en la “concesión y reparación de la ruta 9” que muestra un fuerte deterioro.

El corrimiento de los peajes por ahora en “stand by”

La quita de las cabinas de peaje iniciada por la empresa y algunas gestiones del municipio de Zárate habían ilusionado con la posibilidad de concretar un corrimiento de los lugares de peaje que dividen a la localidad por estar dentro y no en el límite del territorio y requieren de engorrosos trámites de los vecinos para gestionar permisos que los eximan del pago.

Pese a las expectativas, la empresa tendría decidido colocar el sistema de Telepase en el mismo lugar donde se encontraban las cabinas.

“Uno pide todo y es la empresa después del contrato que tienen. Por el momento utilizan las mismas instalaciones” sostuvo Matzkin días atrás en conferencia de prensa, con cierta resignación.

En base a los movimientos de la empresa, todo hace suponer que el Partido de Zárate seguirá dividido.

Es que las  cabinas de peaje sobre Ruta 12 dividían al partido en dos, zona continental y zona insular. Para acceder a los recreos de la isla o para ir y venir, se debe pedir un pase extraordinario siendo residente zarateño, explica el sitio local La Voz de Zárate.

La propuesta municipal era llevar las cabinas de peaje hacia el Paraná Guazú, el límite físico entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos pero la demolición de las garitas fue sólo para instalar un nuevo sistema electrónico de peaje.

De mantenerse la situación, los vecinos tendrán que volver a gestionar un pase extraordinario y adecuarse a este sistema electrónico si no quieren tener multas.