La CGT equiparó la reforma laboral que impulsa el Gobierno con un “ataque” contra las obras sociales sindicales porque busca su “desfinanciamiento no como un efecto colateral sino como un objetivo político que apunta a desarticular uno de los principales soportes materiales de la organización sindical y del derecho a la salud”.

Según un informe del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el proyecto oficial “no constituye una simple actualización normativa ni una modernización del mundo del trabajo sino que se trata, por el contrario, de una transformación estructural regresiva que impacta de manera directa y profunda sobre uno de los pilares históricos del modelo sindical argentino: el sistema de obras sociales sindicales”.

“Las obras sociales sindicales no son un privilegio corporativo ni un beneficio accesorio sino que son parte integrante del sistema de seguridad social y cumplen una función esencial de redistribución del ingreso y de garantía del derecho a la salud de millones de trabajadores y sus familias”. Y agrega que “su lógica es solidaria: quienes más aportan sostienen a quienes más necesitan, y su financiamiento está indisolublemente ligado al empleo formal, a la negociación colectiva y a la obligatoriedad de los aportes y contribuciones”.

“La reforma laboral avanza de manera explícita contra este sistema”, advierte el informe de la CGT, tras lo cual detalla: “El artículo 161 reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral. Las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”.

Para la CGT, “no se trata de un dato menor ni de un ajuste técnico: es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para las personas trabajadoras; mientras se reducen los costos empresariales, se pone en riesgo un derecho humano fundamental”.

“Este ataque directo se complementa con mecanismos indirectos, pero no menos graves -asegura el informe cegetista-. La reforma elimina la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos de trabajo. Entre ellas se encuentran los aportes y contribuciones con destino sindical y a las obras sociales. Al disponer que estas cláusulas cesan automáticamente al vencimiento del convenio, salvo acuerdo expreso, se introduce una inestabilidad estructural en el financiamiento del sistema, fortaleciendo la posición de los empleadores y debilitando la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales”.

Asimismo, añade la central obrera, “la voluntarización de aportes y la eliminación de los mecanismos de retención automática fragmentan la recaudación y erosionan el carácter solidario del sistema. Las obras sociales sindicales dejan de contar con flujos previsibles y estables de recursos, quedando expuestas a un desfinanciamiento progresivo que afecta especialmente a aquellas que cubren a los sectores más vulnerables del mundo del trabajo”.

Según la CGT, “el impacto de la reforma se agrava si se lo analiza en conjunto con el resto de las medidas impulsadas: la expansión del monotributo; la exclusión de los trabajadores de plataformas del régimen laboral; la tercerización y la caída sostenida del empleo registrado reducen la base de aportantes al sistema”. Y enfatiza que “menos trabajadores formales implica menos recursos, pero también mayor presión sobre un sistema de salud que debe atender a una población cada vez más precarizada”.

“Nada de esto es casual -prosigue el informe-. La reforma laboral forma parte de una estrategia integral de debilitamiento del sindicalismo, de la negociación colectiva y de los mecanismos de protección social construidos a lo largo de décadas de lucha. El desfinanciamiento de las obras sociales sindicales no es un efecto colateral: es un objetivo político que apunta a desarticular uno de los principales soportes materiales de la organización sindical y del derecho a la salud”.

En el documento de la CGT se precisa cómo funciona en nuestro país el sistema de salud en general y las obras sociales sindicales en particular. “Mucho se ha dicho sobre las obras sociales sindicales, que se constituyen en columna vertebral de un sistema de salud colapsado”, asegura, luego de lo cual detalla que “en nuestro país la salud se aborda de tres maneras: 1) A través de un sistema privado de empresas prepagas (donde las personas se introducen como clientes y abonan una cuota en función de la cantidad de carga de familia que tienen); 2) Un sistema de salud pública constituido por los Hospitales públicos, nacionales, provinciales, municipales completamente desfinanciados; y 3) El sistema de las obras sociales sindicales que se sostiene con un aporte establecido y fijado en función del salario de la persona trabajadora (más allá de cuántas personas comprendan su grupo familiar; o sea, el porcentaje es el mismo ya sea una sola persona o una familia numerosa). Ese porcentaje es de un 3 por ciento a cargo del trabajador y un 6 por ciento a cargo del empleador. El 3 por ciento se deriva a las obras sociales sindicales (quienes tienen auditorías periódicas; controles y no pueden gastar más de un mínimo porcentaje en gastos administrativos; el aporte deben utilizarlo para brindar servicios a sus asociados) y un 6 por ciento que se deriva a un Fondo Solidario de Redistribución que se encarga de cubrir los gastos derivados de las enfermedades más graves y costosas y de la discapacidad (donde, de los 55 millones del Fondo, 50 se los lleva solamente la discapacidad)”.

En el informe se puntualiza que “las obras sociales sindicales además deben integrar entre el 15 y el 20 por ciento (según su naturaleza) a este fondo solidario; tienen a su cargo la obligatoriedad del PMO (Programa Médico Obligatorio) y están obligadas a recibir, a su cargo, monotributistas y personas jubiladas, cosa que las empresas prepagas no, por lo menos hasta el momento (con la desregulación que propuso el Gobierno pueden inscribirse para competir con las obras sociales); hoy, muchos sindicatos están derivando fondos propios a las obras sociales para poder mantener y preservar los servicios”.

“El sistema de salud en general está en crisis, sufre una situación crítica derivada de su desfinanciamiento -sostiene-. De no mediar cambios conducirán a la quiebra. Como bien lo difundieron los medios de comunicación, esta realidad se hizo evidente cuando las empresas de medicina prepaga intentaron duplicar sus tarifas. En ese momento, la sociedad en su conjunto, se preguntó por la gravedad de la situación. Si las prepagas manifiestan que entrarán en quiebra, ¿qué queda para las obras sociales que tienen ingresos que dependen directamente de un porcentaje del salario?”.

“Porque además sumémosle los despidos, la licuación de los salarios, tanto por la pérdida de su poder adquisitivo como por el aumento de los pagos no remunerativos, sin aportes, que golpeó duramente a las obras sociales sindicales. Estas últimas perciben un porcentaje sobre los sueldos devaluados y deben enfrentar gastos bajo la lógica del mercado, donde los medicamentos han triplicado su valor. Los salarios se han convertido en la nueva variable de ajuste, afectando no sólo a las obras sociales, sino también a la capacidad financiera de los sindicatos, la principal ayuda económica”.

Para finalizar, el informe destaca: “Desde el movimiento sindical sostenemos con claridad que no hay modernización posible si se construye sobre la pérdida de derechos. Defender las obras sociales sindicales es defender el derecho a la salud, la solidaridad y la dignidad de quienes viven de su trabajo. La reforma laboral, tal como está planteada, avanza en sentido contrario y profundiza las desigualdades sociales, transfiriendo recursos desde quienes trabajan hacia quienes concentran el poder económico”.

Luego de una primera mitad con altibajos, en la que la oposición complicó sus planes frenando algunas iniciativas en el Congreso y aprobando otras que, a su entender, afectaban el equilibrio fiscal, el presidente Javier Milei comenzará la segunda etapa de su gobierno con la esperanza de iniciarla con el Presupuesto 2026 sancionado, lo que marcaría el primer triunfo legislativo del oficialismo luego de varios meses.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de su entorno, el mandatario nacional pasará la Navidad en la Quinta de Olivos, acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei.

Si bien ambos provienen de una familia de raíces católicas, desde hace tiempo el jefe de Estado viene estudiando la Torá y manifestó sus intenciones de convertirse al judaísmo.

“No lo podría hacer ahora porque el cumplimiento de los preceptos podría hacer colisión con mi actividad de presidente, como por ejemplo a la hora de respetar el shabat. Es más profundo y más a largo plazo”, explicó en una entrevista tiempo atrás.

Por esta razón, el líder libertario no festejará la tradicional fecha cristiana, sino que celebró Jánuca, que este año fue del 14 al 22 de diciembre y conmemora la resistencia del pueblo hebreo.

El lunes, Milei cerró el 2025 junto a sus ministros con una cena que encabezó también en la residencia oficial, luego de la cual les regaló a los funcionarios el libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista estadounidense Walter Block.

Si bien estará lejos de la Casa Rosada, el Presidente aprovechará estos días para trabajar y seguir de cerca el tramo final de las negociaciones por el presupuesto, que se votará este viernes en el Senado.

En las últimas horas, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, conversó con sus pares de otros partidos, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, hizo lo propio con los gobernadores.

Los dos sabían que tenían hasta este miércoles para terminar de garantizar los votos para la iniciativa, ya que iba a ser más difícil contactar en Noche Buena y Navidad a la mayoría de los legisladores, más allá de poder cruzar algún mensaje.

La orden de la ex ministra de Seguridad para los integrantes de su bancada fue que, si alguno se iba para su provincia a pasar las fiestas, tenía que asegurarse de que el viernes estaría en el recinto listo para el debate.

En el oficialismo están confiados en que, habiendo sacado ya los temas que generaban controversia, el texto que consiguió media sanción en Diputados sea también aprobado en el Senado.

Es que, tanto Bullrich como Santilli, al igual que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se opusieron desde un principio a la inclusión en el proyecto de las derogaciones al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

Sin embargo, unos días antes de que el Presupuesto se comenzara a tratar, desde Presidencia llegó la orden de agregar esos puntos en el artículo 75, que generó el enojo de una parte de la oposición, pero también de algunos aliados.

Sin margen para poner en riesgo la sanción definitiva del texto, lo que complicaría al Gobierno no solo porque debería seguir prorrogando la ley de gastos del 2022, sino también porque dificultaría su acceso al crédito internacional, las autoridades nacionales aceptaron no insistir con esas medidas.

Tal como anticipó este medio, el Poder Ejecutivo analizaba reasignar por decreto partidas presupuestarias para hacer frente a los aumentos previstos por la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, pero sin poner en riesgo el déficit cero.

Si bien en un momento se especuló con la posibilidad de agregar en el Senado algún artículo al Presupuesto para, en lugar de derogar estas leyes -como era el plan original-, modificarlas, se optó por priorizar la aprobación del proyecto sin mayores dilaciones.

Si se avanzaba con esa idea, la iniciativa iba a tener que regresar a Diputados, donde tenían previsto tratarla el 29 de diciembre, al filo del cierre de las sesiones extraordinarias, lo cual hubiera demandado más negociaciones y un final incierto.

El viernes, Bullrich buscará su primera victoria al mando del bloque y en el espacio aseguran que cuentan con los votos como para lograrlo, a pesar del enojo en el recinto -de propios y ajenos- por no haber incluido en el Presupuesto un aumento para los senadores.

“A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, sostuvo la vicepresidenta, Victoria Villarruel, tras inaugurar recientemente el oratorio “Santa María Antonia de San José ‘Mamá Antula’”, en la antigua oficina del expulsado entrerriano Edgardo Kueider.

Por su parte, un sector del peronismo, el más duro, presiona ahora para rechazar el artículo 30 del texto, el cual modifica la Ley de Educación Técnico Profesional y plantea modificaciones en el financiamiento de áreas como la ciencia, la tecnología y la defensa.

Cualquier cambio que se haga durante la votación sobre el proyecto que ya tiene media sanción obligará a que se debata nuevamente en Diputados, algo que el Gobierno quiere evitar. El viernes será el día decisivo.

La primera semana del período de sesiones extraordinarias fue compleja para el Gobierno, que no solo vio frustrados sus planes de incluir el capítulo XI al Presupuesto 2026, sino que tensó su relación con el PRO, uno de sus principales aliados legislativos. Sin embargo, en Casa Rosada desestiman la magnitud del enojo que expresa el jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, quien presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la designación de los tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), y descartan que peligre la coordinación conjunta en la Cámara de Diputados.

“No existe, no hubo, ni va a haber ningún problema con el Partido Republicano”, plantearon desde La Libertad Avanza a Infobae. Lo cierto es que luego de la polémica sesión del miércoles en la que Ritondo se mostró abiertamente en disconformidad con la decisión del oficialismo de nombrar a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti al frente de la AGN, se activaron una serie de contactos para intentar contener y conformar al diputado.

En la misma línea, una importante voz del Poder Ejecutivo descartó un acuerdo con la oposición y justificó el movimiento que instrumentó el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el que dejó afuera a Jorge Triaca, el candidato del PRO para el cargo. “Lo que se votó es lo que corresponde en proporcionalidad a la Cámara de Diputados”, argumentó ante este medio.

“Hay que encontrar la manera de vincularse de forma conducente. También tienen que reconocer que el PRO ya no es lo que era. Hoy son un bloque de 12 diputados”, pidió otro alfil violeta en referencia de las quejas que profesa el partido que lidera -en los papeles- Mauricio Macri.

La administración libertaria receptó el malestar del legislador amarillo y designó a Martín Menem y al ministro del Interior, Diego Santilli, del mismo espacio, para la tarea de acercar posiciones. Los tres referentes se reunieron el pasado viernes, lo que no impidió que Ritondo presentara finalmente el recurso de amparo en la justicia para anular los nombramientos.

Con intención de matizar el malestar, el flamante ministro del Interior admitió públicamente que “la calentura del momento” que supo expresar al que referencia como “su hermano” era válida, y anticipó la necesidad de que ambos espacios puedan “encontrar un camino” para trabajar de conjunto. “El trabajo que hace Cristian es muy importante y el trabajo que viene haciendo el PRO sosteniendo las reformas también lo es”, destacó en una entrevista a Radio Mitre.

Tras los contactos cursados hasta entonces, por los pasillos de Casa Rosada aseguran que Ritondo exageró el malestar e incluso algunos deslizan que estaba al tanto de la repartija de sillas de la AGN y que sobreactuó la reacción para marcar un perfil ante los suyos.

Rumbo a un verano de intensa actividad legislativa, no hay quien se muestre preocupado por la coordinación entre el PRO y La Libertad Avanza de cara al futuro. “Vamos a seguir trabajando juntos porque compartimos las mismas ideas, la misma agenda y el mismo electorado”, ratificó un funcionario.

Sin embargo, el optimismo que reina en la administración libertaria encuentra resistencia en la bancada amarilla, que si bien admiten que respaldarán el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral, advierten que la relación “está rota” y que el Poder Ejecutivo, al que acusan de haber negociado con Fuerza Patria, eligió sus aliados entre los que no figura el PRO.

Asimismo, le reclaman la designación de referentes del espacio en delegaciones de ANSES y una silla en el directorio de YPF correspondiente al exdiputado por La Pampa Martín Maquieyra como parte de los acuerdos ya dispuestos e incumplidos. “Todo el mundo sabe que YPF se lo deben a Maquieyra y al PRO otros compromisos desde hace más de un año”, se quejaron desde el espacio.

La tirantez de Ritondo con La Libertad Avanza tuvo se materializó en el vínculo con Martín Menem. Las diferencias datan de algunos meses atrás y llegaron a su punto máximo luego de que el libertario lograra la primera minoría en la Cámara de Diputados a raíz de los traspasos de algunos legisladores que integraban la bancada del PRO como Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Lorena Petrovich. Aunque hay quienes detectan que el quiebre se registró tiempo antes, en la previa a las elecciones de medio término, en la que compitieron en unidad, cuando el riojano no estaba firme en el cargo y el legislador aliado sonaba para sucederlo. “No es nada contra Cristian, pero le jugó mal a Menem”, precisó una fuente legislativa a este medio.