Durante el período legislativo que va desde el 1 de marzo a finales del 2021, el Congreso sancionó más de 50 leyes, entre las que se destacan una serie de medidas de alivio fiscal para pequeños contribuyentes, PYMEs y entidades sin fines de lucro; la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos; la ampliación de la denominada Zonas Frías respecto a la tarifa del gas; y la Ley Yolanda de educación ambiental integral. En ese marco, la Cámara de Diputados, a pesar de la pandemia, funcionó normalmente y volvió a la presencialidad plena para llevar adelante su tarea.
El año legislativo comenzó con la media sanción del proyecto que establecía modificaciones al Impuesto a las Ganancias, impulsado por el titular del cuerpo, Sergio Massa, para promover un alivio fiscal para más de un millón de trabajadores. La ley, que luego fue aprobada en el Senado, elevó el piso para el pago del Impuesto a $150 mil, e introdujo una cláusula que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de actualizar el mínimo no imponible conforme a las paritarias para no afectar el poder adquisitivo de la gente.
En la misma sesión, además, se aprobó una declaración de la emergencia en zonas afectadas por incendios; la prevención y control en del dopaje en el deporte y la Ley de Educación Ambiental Integral, conocida como “Ley Yolanda”, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en medioambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública.
En la segunda sesión, por su parte, se aprobaron cinco proyectos, destacándose la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que redujo del 30% al 25% la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas, y la postergación de las PASO y las Elecciones Generales en el marco de la emergencia sanitaria. También se trató la suspensión de causales de caducidad de los partidos políticos; el fortalecimiento del sistema de bomberos voluntarios y la ayuda a transportistas escolares.
La actividad de la Cámara baja siguió con la aprobación del cupo laboral travesti/trans y la iniciativa para el descuento en las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías”, impulsada por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, que benefició a usuarios de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y municipios de la provincia de Buenos Aires. En la misma sesión se trataron, por otra parte, el Consenso Fiscal 2020 y la equidad de género en los medios de comunicación.
Cabe destacar que las medidas de alivio fiscal siguieron siendo prioridad para el cuerpo y en julio se aprobó el proyecto que actualizó las escalas del monotributo para generar alivio para más 4 millones de trabajadores de todo el país. La iniciativa, además, estipuló un plan de pagos para aquellos que necesitaban regularizar su deuda, con quita de multas por moratoria.
A su vez, en la misma sesión, se aprobó el marco regulatorio de Biocombustibles, el fomento del ahorro en pesos y la contracepción quirúrgica para personas con discapacidad.
En octubre, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley de alivio fiscal para contribuyentes y entidades sin fines de lucro, también impulsada por Massa, que incluía la condonación total de deudas tributarias para clubes de barrio, cuarteles de bomberos, bibliotecas populares y cooperativas de trabajo, y una nueva moratoria para monotributistas y Pymes. La iniciativa contó con el aval del oficialismo y de la oposición.
Además, el cuerpo aprobó la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos, que busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada y advertir a los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías a través de un sello de advertencia indeleble por cada nutriente crítico en exceso en la cara principal de los productos. También se aprobaron la protección de Niños y Adolescentes con Cáncer; la protección de personas en situación de calle; la jubilación anticipada para trabajadores viñateros; la convenciones contra la discriminación y la Ley Ovina.
Finalmente, en diciembre se celebró la última sesión de la Cámara de Diputados en una prórroga de las sesiones ordinarias y en la que se aprobó la modificación de la Ley de Impuestos a los Bienes Personales subiendo el mínimo no imponible de $2 millones a $6 millones. A su vez, la iniciativa del Frente de Todos también establecía una actualización anual y automática mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del Mínimo No Imponible vigente para el conjunto de los bienes y para los tramos de la escala de alícuotas, para evitar que el mínimo quede desactualizado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay riesgo “extremo” por incendios forestales en varias provincias, por lo que las autoridades solicitan que se apliquen todas las medidas para evitar la propagación del fuego.
Desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego indican que para este lunes 29 de diciembre hay riesgo extremo de incendios en 10 provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Los expertos explican que, sumado a las altas temperaturas, también hay problemas con la sequía y otros factores climáticos.
A comienzos de diciembre, el Gobierno Nacional dio a conocer las nuevas medidas que se tendrán que respetar para evitar incendios forestales en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces ante las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas para la época de verano.
Ante el panorama desfavorecedor, se aplicaron los procedimientos contravencionales pertinentes ante la detección de infractores que generen focos de incendio, disponiéndose que, acreditada la responsabilidad en la producción de tales desastres, se aplicará la sanción máxima establecida por la normativa vigente.
De este modo, se resolvió que se prohíbe el uso de fuego en los mencionados parques nacionales desde diciembre de este año hasta el 30 de abril de 2026.
Dijo Daniel Vega esta mañana en nuestro programa de radio que “eso genera una gran preocupación, no solo en todo el sistema universitario, sino en nuestro caso habida cuenta los daños provocados por la inundación del 7 de marzo”.
El presupuesto que se aprobó el viernes en el Congreso contempla 4.7 billones para el sistema universitario en general y ya desde el CIN y de la Cámara de Diputados se había presentado un número que supera los 7 billones de pesos. “Lo que se aprobó es muy corto para las necesidades del sistema y esto nos va a presentar un año complejo, porque los fondos son insuficientes”, enfatizó el Rector.
A continuación agregó que “la parte salarial y el funcionamiento han quedado totalmente desactualizados, no es algo que el Gobierno nacional desconozca. Haremos recortes pero claramente t odo eso eso tiene un impacto negativo para nuestra comunidad”.
A renglón seguido, Vega expuso que “la preocupación cruza a todos los que desarrollamos tareas en el ámbito universitario, por ejemplo, los más jóvenes que en consecuencia salen a buscar nuevos horizontes”
“No contamos con los fondos para mantener las líneas de investigación activa y nos preocupa que por la falta de fondos, en nuestro caso, no se puedan mantener los edificios o encarar las obras que se necesitan para sostener una infraestructura como la nuestra. Además nosotros en Bahía sufrimos también l.as consecuencias de los dos temporales. Primero el viento y luego la inundación” .
“Estamos preocupados (repitió)… uno no quiere que se le venga abajo la infraestructura.
Respecto de obras, el Rector Vega afirmó que “estamos con recursos propios encarando la primera etapa de la reconstrucción, necesitamos aulas y estamos con una ampliación del comedor. Y el edificio de Ciencias de la Salud está a la espera de que la provincia de Buenos Aires nos financie este proyecto, creemos que en 2026 podremos comenzar con esa obra”.
Por último enfatizó que obviamente esto impacta en todas las dimensiones del sistema universitario, incluída la obra social que está sufriendo el desfinanciamiento. Los salarios no se recuperan y las prestaciones y medicamentos aumentaron, y aumentan, mucho”.
“Este panorama hará que la situación se torne cada vez más tirante”, dijo por último.
La Policía Federal lleva adelante un operativo esta mañana en la financiera Pullman, con sede en San Martín 171 de nuestra ciudad.
Si bien todavía no trascendió oficialmente el motivo del allanamiento, dicha empresa tuvo dos episodios este año que la pusieron en el foco de la noticia.
El segundo, de septiembre, se vincula con el procesamiento de varios integrantes de dos grupos financieros radicados en Mar del Plata, Jonestur y Transcambio, acusados de conformar una asociación ilícita con conexiones internacionales. Esta investigación, que busca establecer vínculos con casos de corrupción de gobierno anteriores, también involucró a miembros de las familias García Navarro e Iraozqui, de Pullman.
Por el momento, lo único que informaron fuentes de la investigación es que la causa que motivó la medida procesal no estaría radicada en nuestro medio sino que sería de la Ciudad de Buenos Aires y que la orden la habría dispuesto la jueza federal porteña María Romilda Servini.
Algunas versiones dan cuenta que se trata de una investigación judicial que se inició hace un año, a partir de reportes del Banco Central relacionados con las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de distintos bancos en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2023, durante las restricciones cambiarias del gobierno de Alberto Fernández.
Por el modo en que se canalizó el dinero (unos 1.400 millones de dólares), se estimó que podría tratarse de una maniobra de “rulo” financiero, de efectivo con un posible origen ilícito, como delitos cambiarios, lavado o fraude a la administración pública).
