Durante el período legislativo que va desde el 1 de marzo a finales del 2021, el Congreso sancionó más de 50 leyes, entre las que se destacan una serie de medidas de alivio fiscal para pequeños contribuyentes, PYMEs y entidades sin fines de lucro; la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos; la ampliación de la denominada Zonas Frías respecto a la tarifa del gas; y la Ley Yolanda de educación ambiental integral. En ese marco, la Cámara de Diputados, a pesar de la pandemia, funcionó normalmente y volvió a la presencialidad plena para llevar adelante su tarea.
El año legislativo comenzó con la media sanción del proyecto que establecía modificaciones al Impuesto a las Ganancias, impulsado por el titular del cuerpo, Sergio Massa, para promover un alivio fiscal para más de un millón de trabajadores. La ley, que luego fue aprobada en el Senado, elevó el piso para el pago del Impuesto a $150 mil, e introdujo una cláusula que le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de actualizar el mínimo no imponible conforme a las paritarias para no afectar el poder adquisitivo de la gente.
En la misma sesión, además, se aprobó una declaración de la emergencia en zonas afectadas por incendios; la prevención y control en del dopaje en el deporte y la Ley de Educación Ambiental Integral, conocida como “Ley Yolanda”, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en medioambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública.
En la segunda sesión, por su parte, se aprobaron cinco proyectos, destacándose la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que redujo del 30% al 25% la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas, y la postergación de las PASO y las Elecciones Generales en el marco de la emergencia sanitaria. También se trató la suspensión de causales de caducidad de los partidos políticos; el fortalecimiento del sistema de bomberos voluntarios y la ayuda a transportistas escolares.
La actividad de la Cámara baja siguió con la aprobación del cupo laboral travesti/trans y la iniciativa para el descuento en las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías”, impulsada por el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, que benefició a usuarios de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y municipios de la provincia de Buenos Aires. En la misma sesión se trataron, por otra parte, el Consenso Fiscal 2020 y la equidad de género en los medios de comunicación.
Cabe destacar que las medidas de alivio fiscal siguieron siendo prioridad para el cuerpo y en julio se aprobó el proyecto que actualizó las escalas del monotributo para generar alivio para más 4 millones de trabajadores de todo el país. La iniciativa, además, estipuló un plan de pagos para aquellos que necesitaban regularizar su deuda, con quita de multas por moratoria.
A su vez, en la misma sesión, se aprobó el marco regulatorio de Biocombustibles, el fomento del ahorro en pesos y la contracepción quirúrgica para personas con discapacidad.
En octubre, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley de alivio fiscal para contribuyentes y entidades sin fines de lucro, también impulsada por Massa, que incluía la condonación total de deudas tributarias para clubes de barrio, cuarteles de bomberos, bibliotecas populares y cooperativas de trabajo, y una nueva moratoria para monotributistas y Pymes. La iniciativa contó con el aval del oficialismo y de la oposición.
Además, el cuerpo aprobó la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos, que busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada y advertir a los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías a través de un sello de advertencia indeleble por cada nutriente crítico en exceso en la cara principal de los productos. También se aprobaron la protección de Niños y Adolescentes con Cáncer; la protección de personas en situación de calle; la jubilación anticipada para trabajadores viñateros; la convenciones contra la discriminación y la Ley Ovina.
Finalmente, en diciembre se celebró la última sesión de la Cámara de Diputados en una prórroga de las sesiones ordinarias y en la que se aprobó la modificación de la Ley de Impuestos a los Bienes Personales subiendo el mínimo no imponible de $2 millones a $6 millones. A su vez, la iniciativa del Frente de Todos también establecía una actualización anual y automática mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del Mínimo No Imponible vigente para el conjunto de los bienes y para los tramos de la escala de alícuotas, para evitar que el mínimo quede desactualizado.
El Senado de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley Fiscal Impositiva, garantizando así la hoja de ruta financiera para el próximo año. La “ley de leyes” proyecta una inversión total de más de 43 billones de pesos y prioriza el gasto social y la infraestructura.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto busca garantizar la sostenibilidad fiscal, proteger a los sectores vulnerables y continuar con las inversiones clave. Se contemplan asignaciones de recursos esenciales como Promoción y Asistencia social ($1.7 billones), Salud ($1.7 billones), y Seguridad ($1.4 billones).
Un punto político central del Presupuesto es la creación de un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, destinado a reclamar recursos adeudados por el gobierno federal.
Alivio fiscal: rebaja de la Patente
En materia de recaudación, el proyecto Fiscal se enfocó en la progresividad y la reducción de distorsiones, sin incrementar la presión tributaria general.
Automotores: se proyecta una rebaja nominal en la patente que beneficiará al 75% de los contribuyentes de la provincia (aproximadamente 1,5 millones de automotores).
Impuesto Inmobiliario: se eliminan cuotas adicionales para el cien por ciento de los propietarios y se estima una reducción de impuestos a pagar en términos reales debido a las actualizaciones nominales.
El senador Marcelo Feliú destacó que la aprobación del Financiamiento garantiza “la viabilidad de la ejecución del plan de Gobierno” e incluye fondos necesarios para los 135 municipios. En la misma sesión, se aprobó la designación de Flavia Terigi como nueva Directora General de Cultura y Educación.
La Legislatura bonaerense se disponía este jueves a la madrugada a aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal que envió el gobernador Axel Kicillof, mientras que se propuso un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10 por el proyecto de financiamiento.
Los diputados provinciales le dieron media sanción a la norma y ahora se esperaba idéntica respuesta en la Cámara alta bonaerense.
Según indicaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, la ley de leyes y la impositiva están en condiciones de ser aprobadas con mayoría simple, aunque sectores de la oposición, como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, votarán en contra.
Con esta postergación, el oficialismo busca estirar los plazos de la negociación con la oposición por lugares en el directorio del Banco Provincia y otros organismos públicos.
El aplazamiento también abre una ventana de tiempo para continuar las tratativas con los intendentes por los fondos para realizar obra pública en los municipios, que buscan recibir el 8% de los USD 3.685 millones del endeudamiento.
De acuerdo a lo que pudo saber NA de fuentes legislativas, el Senado bonaerense podría tratar en espejo las iniciativas que envió el gobernador.
La convocatoria en la Cámara Alta bonaerense era a las 19, pero el horario se atrasó hasta la aprobación de este miércoles por la noche en Diputados.
Paralelamente, el titular del bloque del PRO en Diputados bonaerenses, Matías Ranzini ya anticipó que el bloque amarillo va a votar en contra la Ley Fiscal que envió Kicillof a la Legislatura.
Ranzini acusó al kirchnerismo de “imponer” la eliminación de la exención a ingresos brutos a operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables en su Ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires.
“Quieren recaudar más a toda costa a expensas de encarecer el financiamiento del sector privado, en definitiva el bolsillo de los que quieren invertir”, sostuvo Razini en redes sociales, al tiempo que adelantó que su espacio rechaza la ley impositiva del gobernador.
La Lista Bordó del Consejo de la Magistratura expresó este miércoles su “creciente preocupación” por resoluciones adoptadas en las Comisiones de Disciplina y Acusación que, según afirmó, habilitaron la recepción de testimonios de cargo en expedientes sin haber dado previamente traslado de las denuncias a las juezas involucradas, situación que -advirtió- vulnera el derecho de defensa y el debido proceso.
Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas el pronunciamiento se difundió pocas horas después de una votación ajustada en la Comisión de Disciplina, que resolvió -con el voto doble del presidente César Grau– rechazar el planteo de nulidad presentado por la jueza María Eugenia Capuchetti en el sumario disciplinario que impulsó en su contra el kirchnerismo.
La magistrada había denunciado que se había avanzado en la investigación, incluso con la convocatoria de testigos, sin haber sido notificada conforme al artículo 11 del reglamento, que obliga a informar al juez investigado para que pueda ejercer su defensa.
En ese expediente, los consejeros Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provítola -los tres jueces-, junto con Eduardo Vischi y Hugo Galderisi, votaron a favor de Capuchetti.
Sin embargo, fueron derrotados por la postura de Luis Juez, Alberto Lugones, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y el propio Grau, cuyo voto de desempate definió la resolución.
La Lista Bordó remarcó que tanto en el caso de Capuchetti como en el de la jueza Sandra Arroyo Salgado -investigada por su actuación en la causa de la agresión al diputado José Luis Espert- se verificó la recepción de declaraciones testimoniales en procesos donde aún no se les había dado vista de las denuncias, lo que, según la agrupación, “priva a las magistradas de ejercer su defensa y controlar la prueba”.
El sector advirtió además que en ambos expedientes se tomaron testimonios a personas imputadas en causas penales radicadas en los juzgados donde las juezas investigadas ejercen su función, lo que crea “escenarios propicios para que los acusados intenten mejorar su situación procesal mediante testimonios falaces brindados ante un órgano administrativo”.
La agrupación afirmó que seguirá de cerca el desarrollo de ambos procesos disciplinarios y que sus representantes, Barroetaveña y Díaz Cordero, continuarán reclamando que se respeten las garantías constitucionales y el debido proceso de las magistradas involucradas.
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